Busca país sanar herida del pasado

AutorJacqueline Fowks

EL NORTE / Perú

Ayacucho.- A fines de julio empezó una campaña de ataques contra la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y ésta, en la víspera de concluir su mandato, respondió a congresistas y militares retirados que -sin haber leído el informe final- adelantaron juicios para desprestigiarlo y cuestionar las pruebas que el Ministerio Público podrá usar para abrir procesos judiciales en 70 casos de violación a los derechos humanos ocurridos entre 1980-2000.

El General Germán Parra Herrera afirmó el 15 de agosto que los mandos militares en retiro podrían estudiar la posibilidad de iniciar acciones legales si determinan que el informe de la CVR incluye infundios o calumnias contra oficiales que participaron en la guerra contrasubversiva.

El viernes 29, la suspendida legisladora fujimorista, Martha Chávez, advirtió que la CVR pretendería con su informe crear una plataforma de relanzamiento de la izquierda, así como la reinvindicación de Sendero Luminoso (SL). Ese mismo día, en Huamanga (Ayacucho) el presidente de la CVR, Salomón Lerner, aclaró que ésta ha sido la primera vez que se ha recogido información sobre los crímenes cometidos por SL y destacó que el informe final califica a dicha organización como subversiva, terrorista y con potencial genocida. Así contestó también a los legisladores Rafael Rey y José Barba (conservadores), quienes desde julio señalaban que el informe sería favorable a los terroristas.

"Han tenido la desvergüenza de desconocer nuestras conclusiones. Eso es desfachatez, obcecación y caradura", aseveró Lerner.

El líder del APRA y ex Presidente peruano, Alan García, comentó que en el informe: "No hay responsabilidad penal atribuida a Alan García. Por ley militar, el Presidente nunca da órdenes directas. Yo no conozco la acepción real de la responsabilidad política", y luego añadió que no pedirá disculpas por los crímenes que ocurrieron en su administración porque no se lo han pedido de manera explícita. El caso más documentado de ejecuciones extrajudiciales durante su Gobierno fue la matanza en el penal El Frontón, en 1986.

El informe final señala como principal perpetrador a SL y como responsable político del episodio de violencia a la clase política que gobernó entre 1980 y 2000, es decir, al Gobierno de Fernando Belaúnde (Acción Popular, 80-85), al de Alan García (APRA, 85-90) y al de Alberto Fujimori, especialmente desde el 5 de abril de 1992, cuando inició una alianza con los militares.

El rechazo al dígito

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR