Breve análisis de la regulación de las acciones colectivas
| Autor | Neófito López Ramos |
| Páginas | 89-104 |
89
BREVE ANÁLISIS DE LA REGULACIÓN
DE LAS ACCIONES COLECTIVAS
Neófito LÓPEZ RAMOS
“El derecho a un ambiente sano o adecuado
para el bienestar y el desarrollo de la persona
no solamente puede ser concebido en sí mis-
mo como un derecho fundamental, sino como
el cauce por el cual fluyen los derechos funda-
mentales a la vida, a la salud y correlativamente
al recurso judicial, a la participación y al dere-
cho a la información en toda materia que inci-
da en una vida digna, de calidad y segura”.
SUMARIO: I. Introducción. II. Regulacióndelasaccionescolectivasen
México. III. Legitimación de la acción colectiva. IV. Competenciadeljuez
federalcivilenlaaccióncolectiva. V. Los sujetos titulares de la acción colectiva
son la colectividad o un grupo de personas (artículo 579). VI. Prescripción de
la acción colectiva. VII. Sujetos legitimados o titulares de la acción colectiva.
VIII. Requisitos de la demanda. IX. Desechamiento de la demanda. X. Le-
gitimación en la causa. XI. Legitimación en el proceso. XII. Ratificación de
la demanda. XIII. Ratificación de pruebas. XIV. Audiencia final. XV. Sen-
tencia. Su contenido. XVI. Cumplimiento de las sentencias. XVII. Medidas
precautorias. XVIII. Costas. XIX. El fondo. XX. Conclusiones.
I. INTRODUCCIÓN
El hombre es la única especie que produce derecho como signo
distintivo de cultura y medio necesario para el desarrollo de una
sociedad que implica la convivencia en un grupo de manera ordenada
y en un espacio de libertad recíproca.
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NEÓFITO LÓPEZ RAMOS
Es el ser humano quien reconoce en sí mismo y en sus semejantes una
dignidad a la que atribuye derechos inherentes, no es que la naturaleza
otorgue derechos, sino que la condición humana se exige a sí misma el re-
conocimiento y respeto a la vida, para que otro no pueda arrancarla sin la
represión correspondiente, y a la libertad como una facultad de decidir qué
hacer, cómo y dónde, en reciprocidad hacia el otro.
En cada época y lugar se han enfrentado la dignidad humana y el po-
der político y económico. La autoridad ha aparecido como una necesidad
de equilibrio y compensación de fuerzas. El Estado se ha justificado a través
del derecho, dotándose de facultades y reservando para sí el uso legítimo de
la fuerza institucionalizada para, a través de las leyes y su aplicación, garan-
tizar y preservar el orden público, que tiene como componentes el interés
social, la justicia y la seguridad para mantener la paz y el desarrollo de cada
individuo y grupo dentro de la sociedad.
Frente al abuso del poder público y el florecimiento de dictaduras y
Estados totalitarios, ha surgido la necesidad de tener presente que el ser
humano desde que es viable y nace vivo merece la protección de la ley, es
ahí donde la dignidad humana asoma como la base indispensable de toda
legislación.
La persona humana es otra vez el centro de la preocupación y las insti-
tuciones del Estado justifican su existencia porque reconocen un cúmulo de
derechos indispensables sin los cuales se haría nugatoria la vida, la libertad
y la seguridad en sus manifestaciones más elementales que impiden el abuso
del poder y permiten su ejercicio mediante recursos y garantías judiciales.
La diferenciación entre derechos de primera, segunda y tercera gene-
ración, o hasta de una cuarta, es útil para explicar la evolución jurídica y el
camino de reconocimiento que han seguido derechos que no aparecían ní-
tidamente distinguidos en otras épocas ya que se mezclaban con otros o no
se preveía una especial regulación sustantiva y procesal para ellos; asimis-
mo, en otras épocas no se preveía la existencia de tribunales o autoridades
administrativas especializadas que se hicieran cargo de la reparación a la
infracción a derechos que siendo fundamentales como la vida y la libertad,
no tenían una tutela especial frente al abuso del poder.
Al lado de los derechos patrimoniales e individuales, inherentes a una
sola persona, claramente definidos en la legislación constitucional y civil
que los desarrolla, surgieron otros que ya no pertenecen a la persona, sino
al grupo o colectividad, se trata de los derechos sociales de los trabajadores,
comuneros y ejidatarios que fueron reconocidos por primera vez en nuestra
Constitución mexicana del 5 de febrero de 1917.
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