¿Borrón sin cuenta nueva? La injusticia transicional en guerras civiles económicas
| Autor | Luis De la Calle - Andreas Schedler |
| Cargo | Doctor en Ciencia Política por el Instituto Universitario Europeo (Florencia) - Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Viena |
| Páginas | 195-220 |
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¿Borrón sin cuenta nueva? La injusticia transicional en guerras civiles económicas
Neither peace nor justice? On transitional injustice in economic civil wars
Luis de la Calle,* Andreas Schedler**
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial- SinDerivar (CC BY-NC-ND) 4.0 Internacional
Perfiles Latinoamericanos, 29(57) | 2021 | e-ISSN: 2309-4982 doi: dx.doi.org/10.18504/pl2957-008-2021
Recibido: 30 de septiembre de 2019 Aceptado: 19 de agosto de 2020
Resumen
Ante la persistencia de la violencia criminal organizada en México, se ha discutido la posibilidad de superarla usando medidas de justicia transicional. ¿Qué tan viable sería su aplicación? Tratamos de responder a esta pregunta en dos pasos. Primero, trazamos un mapa conceptual de la violencia societal organizada que nos permite identificar la llamada narcoviolencia como una guerra civil económica y distinguirla de las guerras civiles políticas. Después, discutimos la aplicabilidad de la justicia transicional al contexto mexicano. Aunque identificamos analogías importantes, terminamos resaltando un obstáculo infranqueable: la justicia transicional solo puede servir como vía pacificadora si el Estado que recurre a ella para desarmar a las bandas criminales tuviera la capacidad de garantizar que ese desarme sea permanente.
Palabras clave: violencia societal, narcoviolencia, crimen organizado, guerra civil económica, México, justicia transicional, amnistía, capacidad estatal.
Abstract
Given the persistence of organized criminal violence in Mexico, scholars have raised the possibility of overcoming it through transitional justice measures. We try to assess the viability of such a strategy in two steps. First, we draw a conceptual map of organized societal violence that allows us to identify so-called narcoviolence as an economic civil war, distinct from political civil wars. We then discuss the applicability of justice measures to the Mexican context. Although we identify important analogies, we end up highlighting an insurmountable obstacle: justice measures can only work as a pacifying strategy if the state that strives to disarm criminal gangs had the capacity to ensure that their disarmament was permanent.
Keywords: societal violence, criminal war, narcoviolence, economic civil war, Mexico, transitional justice, amnesty, state capacity.
* Doctor en Ciencia Política por el Instituto Universitario Europeo (Florencia). Profesor-investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide) (México), e Investigador Residente en el Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences (casbs), Universidad de Stanford | luis.delacalle@cide.edu | orcid: https://orcid.org/0000-0003-2099-4746
** Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Viena. Profesor-investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide) (México) | andreas.schedler@ cide.edu | orcid: https://orcid.org/0000-0003-2821-613X
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Introducción1
La investigación sobre guerras civiles es uno de los campos más prolíficos, no solo en los estudios de la violencia, sino en la ciencia política en general. Cientos de artículos y libros han sido publicados en las pasadas décadas, y la sofisticación teórica y empírica de este programa de investigación ha ayudado a cimentar la idea de que nuestra comprensión de los conflictos civiles ha llegado a ser bastante avanzada. Por desgracia, en lugar de una acumulación lineal de conocimiento, hemos asistido a controversias persistentes sobre temas clave, como las implicaciones causales de la diversidad étnica para los conflictos domésticos (Cederman, Gleditsch, & Buhaug, 2013). Sin embargo, pocos estudios han cuestionado los fundamentos conceptuales y ontológicos del campo (Staniland, 2012).
A diferencia de la investigación sobre terrorismo, donde (casi) cada autor está obligado a ofrecer una nueva definición, la literatura sobre guerras civiles se ha protegido bastante de cuestionamientos ontológicos de su objeto de estudio. Ha evitado lidiar con la pregunta conceptual: “¿Qué es una guerra civil?” El surgimiento de la violencia criminal organizada a gran escala en México y otras partes de América Latina ha planteado un desafío inesperado a la definición canónica de guerra civil. Académicos, así como políticos, periodistas y líderes sociales han estado intentando descifrar la “guerra contra el narco”. Aunque la violencia de las drogas suele ser retratada públicamente como una forma de “guerra”, solo unos pocos le han concedido intuitivamente el estatus ontológico de “guerra civil”, ya que dicha violencia no gira en torno a objetivos políticos.2Pues bien, en este artículo argumentamos que la falta de motivos políticos no priva a la guerra contra las drogas de las características esenciales de una guerra civil, que es un conflicto violento a gran escala entre actores dentro de un país. En realidad, lo convierte en un subtipo específico de guerra civil que proponemos llamar guerra civil “económica”. En contraste con las guerras civiles “políticas”, en las que los insurgentes atacan al Estado para lograr objetivos políticos, en las guerras civiles económicas los grupos armados luchan entre sí y contra el Estado para alcanzar objetivos económicos. Para apreciar las similitudes profundas que unen a estos dos subtipos de conflicto civil, proponemos
1 Agradecemos a tres dictaminadores anónimos sus excelentes comentarios. Por supuesto, los errores que hayan quedado en el texto son responsabilidad nuestra.
2 Una guerra, de acuerdo con su definición léxica y minimalista, es “lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación” (Diccionario de la Lengua Española, www.dle.rae.es).
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redibujar el mapa conceptual de la violencia societal. A los motivos de la violencia nuestra reconceptualización añade una distinción analítica novedosa: la “dirección” de la violencia dentro de las relaciones sociales establecidas de poder (rebelión, competencia y dominación).
A partir de esta reclasificación novedosa de los tipos de conflictos domésticos, dedicamos la segunda parte del trabajo a discutir la posible aplicación de esquemas de justicia transicional, tradicionalmente empleados en la resolución de conflictos políticos, a la pacificación de guerras económicas. Si bien encontramos semejanzas relevantes en varias dimensiones, nuestra valoración final es que la justicia transicional no puede aplicarse a conflictos criminales si el Estado es incapaz de garantizar que en la nueva etapa dejarán de existir las condiciones que contribuyeron a generar la guerra criminal.
La controversia conceptual
En la última década del siglo xx, el colapso de la Unión Soviética tuvo consecuencias inmediatas en el ámbito de los conflictos internos. El fin de la competencia entre las superpotencias parecía significar el fin de la ideología en las guerras civiles, y efectivamente indujo un rápido final a muchas guerras que habían sido combatidas bajo banderas ideológicas (Kalyvas & Balcells, 2010). Según algunos observadores, las “nuevas” guerras civiles surgidas tras la caída de la Unión Soviética se caracterizaron por carecer de motivos ideológicos. Se alimentaron por el autointerés material (Enzensberger, 1993) o el resentimiento étnico (Kaldor, 2006). En una revisión escéptica pero conciliatoria del debate, Stathis Kalyvas cuestionó la profundidad del cambio ideológico después de la Guerra Fría. Para él, las supuestamente ideológicas “viejas” guerras civiles estuvieron sistemáticamente contaminadas por motivos privados, mientras que las “nuevas” guerras presuntamente apolíticas a menudo contienen elementos de discurso político (Kalyvas, 2001). Posteriormente, Collier & Hoeffler (2004) generalizaron la noción de guerra privada, apolítica. Todas las guerras internas, afirmaron audazmente, se basan más en motivos materiales (“avaricia”) que en demandas políticas de justicia (“agravios”). Su artículo animó una serie de argumentos defensivos sobre la naturaleza política de las insurgencias políticas (Kalyvas, 2015).
Este debate ha sido revivido por las oleadas de violencia que se han extendido a través de varios países latinoamericanos, especialmente Brasil, El Salvador, Honduras, México y Venezuela. En todos estos países, la confluencia de Estados relativamente débiles con organizaciones criminales poderosas ha producido niveles anuales de homicidios que se encuentran muy por encima del umbral
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que la Organización Mundial de la Salud define como “epidemia” (10 por cada 100 000 habitantes). El conflicto que ha atraído más miradas ha sido la guerra contra las drogas en México. Su gran magnitud, su rápido crecimiento, su nivel de crueldad pública y la vecindad del país con los Estados Unidos, pueden explicar el gran interés que ha despertado.
Las guerras son luchas letales entre actores colectivos. Cuando las confrontaciones entre grupos armados dentro de un Estado causan más de mil “muertos en batalla” por año, los académicos hablan convencionalmente de “guerra civil” (Sarkees & Wayman, 2010). Al menos desde 2001, el México democrático ha experimentado niveles de violencia interna que superan este umbral convencional. Después de su crecimiento durante la presidencia de Felipe Calderón, sus cifras de víctimas han sido vertiginosas. Para los quince primeros años del actual periodo democrático del país, las estimaciones nos hablan de alrededor de 140 mil...
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