Bases Fundamentales para la Reglamentación del Trabajo
Por el Lic. Luis R. Lagos.
Señores Congresistas:
Asunto de tan grande interés social y jurídico es éste, que no obstante las dificultades de todo género que encuentra el que se dedica a estudiarlo, y a pesar de que opinar siquiera sobre la serie de problemas que encierra, es motivo para inteligencias privilegiadas y para hombres de grande experiencia y estudio, y, por lo mismo, algo superior a mis fuerzas, no rehuso aceptar la invitación que la H. Comisión Permanente me ha hecho, honrándome de este modo para formular mis ideas sobre el particular, por razón de disciplina y porque tengo la convicción de que contribuir en alguna forma, por muy deficiente que ésta sea, la resolución de nuestros grandes problemas nacionales, es no sólo patriótico, sino una obligación de todo mexicano.
La redacción del tema indica que no se trata de buscar la reglamentación del art. 123 de la actual Constitución de la República, sino de dar al sustentante una libertad completa para formular nuevas bases en que fundar una adecuada reglamentación del trabajo o para adoptar las contenidas en la referida Constitución, con las reformas que sean necesarias; pero siempre dando las explicaciones y exponiendo los principios de los cuales se deriven.
Las ideas que me propongo desarrollar son: "Consideraciones generales sobre la reglamentación del trabajo en México. Las huelgas, el arbitraje y la conciliación."
Hasta la fecha en que la revolución acaudillada por don Venustiano Carranza, se convirtió en un Gobierno de hecho, organizado bajo un sistema personalista, militar y absoluto, sin sujeción a más leyes que las emanadas de la voluntad de un solo hombre, no se había sentido la necesidad urgente de una legislación especial que regulara las relaciones entre patrones y operarios.
Se observaba el movimiento legislativo que tenía lugar en Europa, se tenían noticias del incremento que las asociaciones obreras estaban tomando en las grandes naciones, y era por tanto de preverse que México no podría ser una excepción en este movimiento evolutivo.
La última gran Guerra Europea, lo mismo en el orden político que en el económico, ha transformado todos los valores: y así vemos que pensadores que han escrito durante ella y con posterioridad, dirigen fuertes ataques a la vieja organización social; muchos de ellos buscan en la descentralización del Estado y en las corporaciones, un medio de equilibrio social más estable, y otros, de la talla de León Duguit, inician una transformación completa del derecho, tomando como base de él la doctrina de Durkheim sobre la división del trabajo social.
La revolución rusa nos presenta otra tendencia social que hasta hoy ha constituido una serie de desastres, pero que indudablemente representa una fuerza que impondrá nuevos derroteros a la organización de las sociedades; y, por último, las escuelas socialistas, todas ellas divergentes, extienden su esfera de acción en múltiples finalidades.
Ya nadie acepta el contrato social de Rousseau, ni las doctrinas de Hobbes, ni siquiera el utilitarismo de Benthan que han generado la constitución de los Estados modernos, y por ello es lógico admitir que asistimos al principio de una nueva era en la organización de las sociedades.
En esto, como en todo movimiento social, las causas son múltiples y, por lo tanto, imposibles de definir, y las consecuencias escapan a toda previsión. La guerra ha sido simplemente un factor que ha precipitado este movimiento.
Por lo que respecta a la cuestión obrera, lo único que podemos poner en evidencia, es la existencia de una lucha, en la cual la pasión y el sentimiento de las masas obran como fuerzas ciegas al servicio de fanáticos o de agitadores políticos que buscan en ellas apoyo a sus propios intereses; pero no sabemos cuál podrá ser la resultante definitiva, ni cuales las resistencias con que tropiecen.
Esta lucha se traduce en un ataque desenfrenado a todo lo que significa capital; y en virtud de las distintas tendencias relativas a una nueva organización social, por ahora el resultado sería, de no haber una seria e inteligente medida por parte del Gobierno para evitar el mal, la destrucción del orden social actual, sin que exista definido ningún otro que lo sustituya.
La cuestión obrera ha tenido nacimiento y desarrollo en los países poderosamente industrializados, en donde la competencia en todos los ramos de la producción, las grandes crisis y el desarrollo del maquinismo deja a numerosos obreros sin trabajo, y en donde, por consiguiente, los salarios han tendido a bajar hasta el límite señalado por la famosa ley del bronce.
En los países nuevos como México, donde la industria se ha formado al amparo de subvenciones y altas tarifas aduanales que alejan la competencia de. las industrias similares en el extranjero, donde los capitales extranjeros y nacionales pueden invertirse en múltiples empresas y dar trabajo al que lo solicite, donde la agricultura no puede desarrollarse por falta de brazos y vías de comunicación, donde, en suma, existen condiciones naturales distintas y aun contrarias a las que prevalecen en Europa, el fenómeno sólo se explica por la ley de la imitación y por una errónea política gubernamental.
La revolución iniciada bajo el Plan de Guadalupe, tenía solo un fin político; pero más tarde, el deseo de crearse prosélitos, la necesidad de hacerse de recursos, no bastando para ello el papel moneda cuyo desprestigio iba aumentando de día en día, y la falta de probidad de muchos elementos que buscaban en la revolución, mejor dicho, en el desorden, un medio de acumular riquezas y poder, que mediante una labor honrada no hubieran logrado, llevar a cabo actos que dieron origen a aquella célebre frase de un Ministro: "Hay que tomar dinero de donde lo haya".
Estos atentados necesitaban una justificación, y nada más a propósito para ello que acogerse a las doctrinas socialistas que, por otra parte, tienen la ventaja de atraer a los que de ellas participan de buena fe.
Ya en este camino, no era posible volver al orden constitucional anterior sin que quedaran destruidos muchos principios y muchas disposiciones emanadas del Gobierno de facto militar que imperaba, y que eran necesarios para el sostenimiento del mismo gobierno con carácter legal; y entonces se impuso la necesidad de formar una nueva Carta Fundamental; pero como no había la seguridad de contar con la opinión pública para dar forma conveniente para los fines perseguidos, a la nueva Constitución, en las elecciones para el Congreso relativo, se puso especial cuidado en eliminar a los elementos que no fuesen de "la causa" es decir, que no estuviesen identificados, por conveniencia o por simpatía, con el Gobierno imperante.
El resultado de las elecciones fue la formación de un Congreso en el cual, al lado de muy pocos hombres de cultura intelectual reconocida, entre los que se pueden contar algunos de buena fe, había una aplastante mayoría de militares ignorantes y de socialistas inspirados en literatura barata, que ahogaban las opiniones de los primeros y nulificaban sus votos. El mismo proyecto de Constitución que contenía algunas modificaciones pertinentes a la Constitución de 57, redactado por uno de los intelectuales que asesoraban al Jefe de la Revolución, fue modificado esencialmente por este grupo.
Con estos elementos, era muy fácil dar cabida en la nueva Constitución a los preceptos que actualmente forman el artículo 123, como fue fácil dar carácter constitucional a la absurda ley de 6 de enero de 1915, a cuyo amparo se despoja inicuamente de sus tierras a los propietarios de haciendas para dotar de ejidos a pueblos reales o imaginarios con perjuicio de la agricultura, con mengua de la justicia y con descrédito del país.
En alguna otra ocasión, en la Orden Mexicana de Abogados, exprese la opinión que entonces tenía, y que ahora sostengo con más fuerza, de que el...
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