Bases Constitucionales del 24 de febrero de 1822
| Autor | Marina del Pilar Olmeda García |
| Páginas | 71-82 |
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ESTUDIO CRÍTICO
241822
Marina del Pilar Olmeda García*
PLANTEAMIENTO
E
L SISTEMA jurídico de un Estado, su Constitución, su legislación
ordinaria y reglamentaria demuestran el grado de desarrollo de
una sociedad. La promulgación de normas fundamentales que rijan la
actividad humana, que determinen la organización jurídica y política
de un pueblo, que reconozcan los derechos y precisen los deberes de
los individuos y de ellos con las autoridades, representa una constan-
te de la humanidad que obedece a las necesidades esenciales que su
propia existencia y evolución exige.
En el desarrollo histórico de México, su derecho y sus instituciones
jurídicas en particular, revelan también el grado de desarrollo de la
sociedad mexicana. Se parte, de que los impulsores de la lucha por
la independencia, del movimiento de reforma y de la Revolución mexi-
cana tuvieron entre sus finalidades el que México se constituyera como
un Estado de Derecho, en el que el poder se subordinara al Derecho.
Esta finalidad es una tarea que no se agota con la promulgación de los
textos constitucionales, sino que por el contrario es un proceso nor-
mativo que se proyecta a través del tiempo, y que se vertebra con la
creación de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposi-
ciones que en su conjunto integran el sistema jurídico de una nación.
La evolución del ordenamiento constitucional para calificar a
México como un Estado de Derecho, se desarrolló a la par de pugnas
políticas entre los grupos de poder: entre republicanos y monarquistas
al conformar la vida independiente a principios del siglo XIX; por las
disputas entre federalistas y centralistas en el nacimiento de la vida
independiente; por las luchas entre liberales y conservadores en la
segunda mitad del mencionado siglo XIX; por la resistencia contra las
fuerzas invasoras del exterior; a través, también de la resistencia de
*Doctora en Educación por la Universidad Iberoamericana y estudios de doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad
de Castilla La Mancha. Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California. Miembro del Sistema Nacional de Inves-
tigadores, nivel II.
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