Barren con el pasado, ponen bases de 4T
| Autor | Claudia Salazar |
Con una mayoría absoluta de Morena y partidos aliados, al arrancar los trabajos de la legislatura electa en 2018, el Gobierno federal empezó a cimentar los cambios administrativos de lo que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha calificado como un nuevo régimen.
El entramado jurídico de la 4T empezó con la expedición de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución, con el que se buscó la regulación de las remuneraciones de los funcionarios públicos, no sólo del Gobierno federal sino también de los Poderes de la Unión y de todos los entes públicos con autonomía constitucional.
La emisión de tal ley sirvió para sustentar la reducción de salarios en el Gobierno federal para que ganaran menos que el Presidente de la República y obligar a los entes autónomos a reducir sus salarios.
Una segunda reforma de importancia fueron los ajustes a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para fincar la estructura del nuevo Gobierno.
En la reforma se le dio mayor peso a la función del Consejero Jurídico de la Presidencia y le dieron más atribuciones a la Oficina de la Presidencia, como definir políticas de informática y formular y conducir la política de comunicación social del Gobierno federal.
También se estableció que el titular del Poder Ejecutivo podía contar en las entidades federativas con las llamadas súper delegaciones de Programas para el Desarrollo, que tienen a su cargo la coordinación e implementación de planes y programas sociales del Gobierno federal, como son las becas a jóvenes y las pensiones a adultos mayores.
Se precisó que habría una Coordinación General de Programas para el Desarrollo que quedó adscrita a la Presidencia de la República, mientras que las delegaciones dependen de la Secretaría de Bienestar.
También se retiraron las funciones de seguridad y protección civil de la Secretaría de Gobernación y se creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y a Desarrollo Social se le cambió el nombre por Secretaría de Bienestar.
Otra reforma para cimentar a la 4T fue la Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado, para precisar en forma permanente las medidas de austeridad del gasto público federal y administración de los recursos económicos con criterios de transparencia y honradez.
Se obligó a que la ley abarcara a los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos constitucionales autónomos.
Al arrancar la 64 Legislatura también se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que era uno de los puntos pendientes del Gobierno de Peña Nieto, y con el cual se reglamentó la organización, el funcionamiento y el ejercicio de atribuciones de la Fiscalía como órgano público autónomo.
Como parte de los acuerdos contraídos en el nuevo T-MEC, la 64 Legislatura hizo una importante reforma en materia laboral, sobre libertad sindical y justicia laboral.
La nueva Ley de Amnistía es otra de las ofrecidas por el Presidente López Obrador, que se aprobó a favor de las personas a las que se les haya ejercido acción penal o tengan sentencia firme, siempre y cuando no sean reincidentes respecto del delito del que están acusados.
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