Autoridades energéticas tendrían atribuciones judiciales con nueva Ley de Hidrocarburos

Fecha de publicación06 Abril 2021
AutorKarolGarcía
Foto: Reuters

Los principales riesgos que enfrentará la industria si se aprueban las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos para que el Estado rescinda permisos de importación, distribución y comercialización de combustibles restituyendo el mercado a Petróleos Mexicanos (Pemex) radican en la violación al Estado de derecho en que se incurrirá si las autoridades energéticas toman atribuciones de autoridades judiciales.

Así lo consideraron expertos que participaron en la mesa de diálogo para analizar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, convocados por la Comisión de Energía en la Cámara de diputados.

César Humberto Cadena, del clúster energético de Nuevo León, consideró que en primer término las empresas mexicanas piden que si se da un trato preferencial a la empresa estatal, lo cual es deseable ya que conviene a todo el país que se fortalezca, este trato también debería extenderse al resto del empresariado mexicano, particularmente a quienes ya tienen inversiones en gasolineras y plantas de distribución y que cumplen con los requisitos de almacenamiento mínimo de cinco días de inventarios y todos los requisitos legales, económicos y ambientales, que son muchos.

“No estamos pidiendo exentar trámites, sino la certeza de que se respetará lo que ya hemos invertido en tiempo, energía y sobre todo de nuestros ingresos para generar empleos en el país. Los permisos que tenemos pasaron por múltiples autoridades, desde Economía, Competencia, estados, municipios, la propia Secretaría de Energía, Ambiente y la Comisión Reguladora de Energía. Si estamos en regla, pedimos respetuosamente que se garanticen nuestras inversiones”, dijo.

En tanto, Rosannety Barrios, quien fue directora de Hidrocarburos en la pasada administración, explicó que uno de los principios que se plasman en las modificaciones es la suspensión de permisos si existen violaciones a la ley, lo que de hecho ya existe en la actual redacción, pero que ahora se incluye como atribución discrecional para la autoridad energética, que no tiene lineamientos, personal o capacidades de dictaminar respecto a delitos por robo o contrabando de combustibles.

Aunque la experta admitió que el robo de combustibles es un problema que afecta a las finanzas nacionales, y que para Pemex significó pérdidas de...

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