Asunto Nº 499 del H. Congreso del Estado de Chihuahua, 12-11-2021

Fecha de publicación12 Noviembre 2021
EstatusPendiente
Autor de la iniciativaDip. Omar Bazán Flores (PRI)
LegislaturaLXVII / I Año / I P.O.


Diputado Omar Bazán Flores

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

P R E S E N T E.-


El suscrito Omar Bazán Flores, Diputado de la LXVII Legislatura del Honorable Congreso del Estado, integrante al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las facultades que me confiere el artículo 65, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como el numeral 68 fracción I de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, los ordinales 169, 170, 171, 174 fracción I, 175 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, acudo ante esta Honorable Representación, a fin de presentar, iniciativa con carácter de Punto de Acuerdo, para que se instruya a la Auditoría Superior del Estado por conducto de la Comisión de Fiscalización de esta Soberanía se practique una auditoría especial, a la Universidad Autónoma de Chihuahua, derivado del análisis del contenido del acta número 591, de la sesión de fecha 29 de junio de 2021, del Consejo Universitario de dicha entidad, por constituir una evidencia mediante la cual se presume la custodia irregular de recursos públicos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



Ante el deber asumido por el Estado mexicano de emprender acciones efectivas para combatir la corrupción, el veintisiete de mayo de dos mil quince, se publicó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución General.

En el respectivo Dictamen de la Cámara de Diputados se reafirma que el Constituyente Permanente reconoció la necesidad de establecer medidas encaminadas para esos efectos, bajo las consideraciones siguientes:



  1. El servicio público trae aparejada una responsabilidad agravada frente a los ciudadanos.

  2. Los actos de corrupción producen daños relevantes en el desempeño estatal.

  3. Las externalidades de la corrupción “impactan en el crecimiento económico nacional: según el Foro Económico Mundial, la corrupción es la mayor barrera a la entrada para hacer negocios en México, aún por encima de la inseguridad”, esto es, afectando el desarrollo en nuestro país.

  4. La corrupción ha logrado instaurarse en el Estado Mexicano como “un sistema con capacidad de autorregularse y, por ende, de actualizar mecanismos de defensa frente a esfuerzos gubernamentales para combatirla.”

  5. Necesidad de establecer mayores estándares de buen gobierno y concentrar los esfuerzos en la prevención de actos de corrupción.


Se consideraron como estrategias para eliminar la corrupción:



  1. Fortalecer los canales de comunicación entre el Estado y la sociedad civil.

  2. Mejorar los estándares de transparencia, rendición de cuentas y de respuesta hacia los ciudadanos.

  3. Fortalecer los controles internos y externos para combatir la corrupción bajo un esquema legal homogéneo y de coordinación en el actuar de las autoridades competentes.


Por estas razones, el Estado mexicano consideró que la medida adecuada y efectiva para combatir la corrupción, fue la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción sujeto a los siguientes principios.

  1. Crear una instancia incluyente de todos los órdenes de gobierno y establecer la participación ciudadana como condición indispensable en su funcionamiento.

  2. Considerar los objetivos planteados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y, por lo tanto, promover la honestidad, investigación, detección y, en su caso, sanción de los servidores públicos y de los particulares en temas de combate a la corrupción.

  3. La integración del Sistema Nacional Anticorrupción obedece a la determinación de atender la fiscalización, investigación, control, vigilancia, sanción, transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos, así como fomentar la participación ciudadana.


En el referido Dictamen se precisó lo siguiente:

Así, por primera vez en México, contaremos con un sistema integral y transversal, alejado de intereses personales, pues sus finalidades son muy claras: generar mayores estándares en el servicio público y combatir de manera definitiva los actos de corrupción.

En suma, con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción podremos erradicar las prácticas de corrupción que tanto daño han causado a nuestra sociedad y confirmar el compromiso del Estado mexicano para contar con gobiernos abiertos.

De igual forma, la idoneidad de la medida también se justifica por su alcance nacional, las entidades federativas deberán establecer sistemas locales anticorrupción, aspecto derivado de las iniciativas dictaminadas. Es así, que estos sistemas locales servirán como mecanismos de coordinación para el diseño, evaluación de políticas de educación, concientización, prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la promoción de la integridad pública”.

La intención del Constituyente Permanente fue fortalecer el combate a la corrupción y garantizar el respeto de los derechos humanos de los gobernados.

Se buscó que esa intención se materializara con la reforma antes mencionada cuyos propósitos específicos fueron los siguientes: Asegurar el manejo de recursos públicos conforme a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, por ende, combatir la opacidad, despilfarro y deshonestidad en la administración de dichos recursos. De ese modo, garantizar la efectividad del derecho humano supraindividual al desarrollo y eliminar los obstáculos que afecten no sólo ese derecho, sino también los demás derechos humanos.

Así, el artículo 113 constitucional estableció el Sistema Nacional Anticorrupción como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. En dicho precepto se establecen las bases mínimas a las que debe sujetarse dicho sistema.

Es por ello que en este contexto nacional de combate a la corrupción cobra relevancia el hecho de que si esta Soberanía da cuenta de evidencias que pueden constituir la custodia irregular de recursos públicos, se ejerzan las facultades expeditas para investigar y evitar en su caso el daño al erario público y sancionar conforme a las leyes aplicables a los servidores públicos que hayan incurrido en dicha responsabilidad.

En el acta número 591, de la sesión de fecha 29 de junio de 2021, del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua se hizo constar entre otras cosas lo siguiente, que evidencia que se pretende disponer de bines del dominio público del...

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