Asunto Nº 3020 del H. Congreso del Estado de Chihuahua, 26-08-2021

Fecha de publicación26 Ago 2021
EstatusPendiente
Autor de la iniciativaDip. Blanca Gámez Gutiérrez (PAN)
LegislaturaLXVI / III Año / II DP

"2021 Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México "

2021 Año de las Culturas del Norte”


H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

P R E S E N T E.-


Quien suscribe, BLANCA GÁMEZ GUTIÉRREZ, diputada en la Sexagésima Sexta Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68 fracción I de la Constitución, 167, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 76 y 77 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias; todos ordenamientos del Estado de Chihuahua, acudo ante esta Representación Popular a someter a su consideración iniciativa de ley con carácter de Decreto a fin de reformar el artículo 177 del Código Penal del Estado de Chihuahua, con la finalidad de incrementar la pena en el delito de estupro, para asegurar a las y los adolescentes el acceso a la justicia y una tutela efectiva a los Derechos Humanos, dando cumplimiento a la obligación que tiene el estado de garantizar el interés superior de la infancia, al tenor de la siguiente:



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS


La violencia sexual en contra de niñas y niños es un grave problema a la que se enfrenta el Estado Mexicano, esta modalidad de violencia a la que niñas, niños y adolescentes se enfrentan produce daños graves tanto físicos como psicológicos, incluso de manera irreversible. La violencia sexual puede ser entendida, como cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física.


El Estado mexicano como miembro de la comunidad internacional ha firmado y ratificado una serie de convenciones que tutelan los derechos de niñas, niños y adolescentes, de mujeres, de grupos en situación de vulneración, además de la conocida reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, aún existen en las legislaciones, principalmente en las penales, tipos específicos que carecen de armonización con un esquema protector de derechos humanos.


En las observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto combinados de México, del Comité de los Derechos del Niño1 emitidas el 3 de julio de 2015 en el párrafo 31 el comité expresa su preocupación por la impunidad reinante en los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, específicamente en el inciso b, manifiesta su preocupación por la “…c) La creciente violencia, incluida la violencia sexual, y acoso en las escuelas y la elevada tasa de adolescentes que son víctimas de malos tratos en Internet…” de igual manera en el párrafo 33 expresa en específico “…Aunque toma nota de la aprobación de un protocolo de asistencia a los niños víctimas de abusos sexuales, el Comité expresa preocupación por la elevada prevalencia de la violencia sexual ejercida contra los niños, en particular las niñas. El Comité considera muy preocupante que los violadores puedan eludir el castigo si contraen matrimonio con la víctima. También le preocupa que la actual propuesta de reforma del Código Penal Federal relativa a la prescripción de los delitos de abusos sexuales contra niños no proteja adecuadamente sus derechos…”


Frente a estas consideraciones y preocupaciones expresadas por el comité de manera específica el comité insta al estado parte, en este caso al estado mexicano, en su párrafo 34 inciso d) para que “…Prevenir, investigar y enjuiciar todos los casos de abusos sexuales de niños y castigar debidamente a las personas declaradas culpables…” párrafos posteriores el comité continua señalando sus preocupaciones en relación al embarazo adolescente, en mujeres adolescentes a partir de los doce años de edad, esto dentro del contexto creciente de violencia sexual.


De acuerdo a dicho informe en México los mecanismos legales para fincar responsabilidades a los autores de cometer delitos contra niños y niñas, son aún muy débiles para garantizar un debido proceso que permita una protección a sus derechos en los ámbitos en los que se desarrolla. Se carece de instancias apropiadas para registrar casos de torturas, tratos crueles y degradantes en niñas y niños, incluidos la violencia y abuso sexual, y prevalece una cultura que trata de manera secundaria a los derechos de la infancia. En particular, cuando nos referimos al abuso sexual (en todas sus modalidades) no se ha logrado realizar investigaciones que muestren información relevante que permita analizar y dar cuenta de la dimensión del problema en nuestro país.


Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID2) 2018, las 5.5 millones de mujeres adolescentes (15 a 19 años):


Representan 16.7% de las mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años).

La edad mediana a la primera relación sexual fue de 17.5 años.

El 60.4% de las adolescentes usó algún método en su primera relación sexual. De quienes no lo hicieron, el motivo principal fue que ellas no tenían planeado tener relaciones sexuales (36.4%), el desconocimiento de su uso o de dónde obtenerlos (17.3%) y que tenía deseo de embarazarse (16%).

17.9% de las adolescentes son sexualmente activas3.

El 15.8% ha estado embarazada alguna vez. En las localidades de menos de 15 mil habitantes, este porcentaje aumenta a 19.8%, y disminuye a 13.3% en las localidades de 15 mil y más habitantes.

12.2% ha tenido por lo menos un hijo/a nacido vivo.

3.3% se encontraban embarazadas al momento de la entrevista, de las cuales 46.2% querían esperar o no deseaban embarazarse.


Muertes maternas4

En 2019 se registraron 695 muertes maternas en el país, de las cuales 66 (9.5%) corresponden a menores de 20 años; entre las que se incluyen seis casos de niñas de 10 a 14 años.


Partos y nacimientos5

De los 2.0 millones de nacimientos registrados en 2019, el 16.6% (348,046)

fueron de madres de menores de 20 años: 339,539 en adolescentes y 8,507

nacimientos en niñas menores de 15 años.

En el 81.8% de los casos de madres menores de 20 años, se trataba de su

primer hijo/a.


Violencia de pareja y maltrato obstétrico6

El 36.2% de las adolescentes que tuvieron un parto entre 2011 y 2016, vivieron experiencias de maltrato obstétrico durante el mismo. Entre las mujeres de 15 a 49 años, es de 33.4%.

Cuatro de cada diez madres adolescentes (41.2%) señalaron haber vivido por lo menos un incidente de violencia de pareja en los últimos 12 meses. Entre las adolescentes sin hijas/os, es de 29.2%.


Por su parte el informe que rinde UNICEF “PARA CADA NIÑO” denominado LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN MÉXICO7, establece que:

“…En México, el embarazo adolescente es una de las razones por las que 9 de cada 10 adolescentes han abandonado la escuela; ello no sólo afecta su proyecto de vida y la oportunidad de desarrollarse, sino también a sus hijos… Además, el embarazo adolescente es un problema de salud pública; ya que la maternidad a temprana edad conlleva mayores probabilidades de mortalidad y morbilidad tanto de la madre como del recién nacido…”


En el informe también concentran información respecto a las enfermedades de transmisión sexual, de las cuales señala que otro riesgo al que los adolescentes están expuestos ante las relaciones sexuales sin protección es el contagio de infecciones de transmisión sexual (ITS). De acuerdo con la ENSANUT 2012, 2.3% de adolescentes de ambos sexos reportó haber acudido a consulta médica en los últimos doce meses por esta causa. Aunque se trata de un porcentaje bajo, la incidencia de casos nuevos de las principales ITS en las y los adolescentes, mostrada en la Tabla 3.1.1, revela que las mujeres son más vulnerables al contagio, y que la incidencia se magnifica entre los 15 y 19 años de edad8.




La proporción nacimientos registrados fue más alta en algunas entidades federativas del país durante el periodo 2000-2014: Coahuila registró 22.6% del total de partos entre mujeres menores de 20 años, seguido por Chihuahua con 22.5%, Durango con 21.1%, Nayarit con 20.4%, Campeche con 20.2% y Sinaloa con 20.3%. En contraste, las entidades con menor porcentaje de natalidad entre adolescentes fueron Baja California Sur con 18%, Jalisco con 17%, Querétaro con 16% y la Ciudad de México con 15.8%.9

En el país se estima que uno de cada cinco alumbramientos es de una mujer menor de 20 años de edad; la ENIM 2015 indicó que la tasa de natalidad de adolescentes (entre 15 y 19 años) es de 88 en áreas urbanas y de 93 en zonas rurales. Además, cerca del 40% de los embarazos adolescentes se concentra en el segundo quintil de pobreza10.Gran parte de los factores de riesgo están directamente relacionados con esta última, entre los cuales se encuentran efectos intergeneracionales -adolescentes embarazadas que probablemente son hijas de madres adolescentes- debut sexual temprano y violencia de la pareja o abuso sexual11.


Se estima que una de cada dos adolescentes de entre 12 y 19 años de edad que inicia su vida sexual se embaraza por causas relacionadas con la violencia sexual, nupcialidad temprana, omisión del uso o uso incorrecto de anticonceptivos o falta de educación integral en sexualidad. La ENADID indica que 48.5% de los embarazos en adolescentes no son planeados; sin embargo, en numerosas ocasiones las adolescentes desean un embarazo ante la falta de otras oportunidades, o viven en contextos donde la maternidad es el único papel valorado de la mujer12


Adicionalmente el embarazo en adolescentes repercute en la permanencia en las aulas: más del 90% de las madres entre 12 y 19 años no asiste a clases13. Cabe mencionar que la relación entre el embarazo de adolescentes y los bajos niveles de educación no sólo afecta la asistencia escolar, matrícula y conclusión de estudios de las madres, sino también...

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