Artículo 132

Páginas1071-1074
AutorJorge Fernández Ruiz
| 1071 |
ARTÍCULO 132
Los fuertes, los cuarteles, almacenes de depósito y demás bienes inmuebles destinados por el
Gobierno de la Unión al servicio público o al uso común, estarán sujetos a la jurisdicción de
los Poderes Federales en los términos que establezca la ley que expedirá el Congreso de la
Unión; más para que lo estén igualmente los que en lo sucesivo adquiera dentro del territorio
de algún Estado, será necesario el consentimiento de la legislatura respectiva.
COMENTARIO
I. Marco teórico conceptual
El artículo en comento, uno de los pocos que conserva vigente su texto original,
cumple dos propósitos; el primero, consistente en sujetar a la jurisdicción federal
los inmuebles destinados por el Gobierno de la Unión al servicio público o al uso
común, en la fecha del inicio de la vigencia de la Constitución de 1917. El segundo
propósito estriba en condicionar la sujeción a la jurisdicción federal de los inmuebles
que en lo sucesivo adquiera el Gobierno federal en el territorio de algún estado, a que
la legislatura respectiva otorgue su consentimiento para tal efecto.
1. Inmuebles del Gobierno federal en 1917. En cuanto al primer propósito, se advierte
que el precepto en cuestión establece una excepción a la regla general contenida, des-
de su versión original, en la fracción II del artículo 121 constitucional, consistente en
que “Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación”.
Merced a dicha excepción, se sujetan a la jurisdicción federal los bienes inmuebles desti-
nados por el Gobierno de la Unión al servicio público o al uso común, para cuya determi-
nación se requiere esclarecer qué se entiende por servicio público, y qué por uso común.
2. El servicio público. La noción de servicio público cobró gran importancia doc-
trinal a principios del siglo , pero no solo los doctrinarios se interesaron en esa
noción, también los legisladores se ocuparon de ella utilizando la locución servicio
público con muy distintas acepciones y significados, aun en un mismo ordenamiento
legal. De esta suerte, aparece en singular o en plural tanto en los textos constitucio-
nales como en los códigos, leyes y reglamentos, de donde ha pasado a la vida cotidia-
na a través de los medios de comunicación masiva, en los que no hay día en que no
se mencionen a los servicios públicos.
Empero, la noción de servicio público no ha logrado unificarse en la doctrina ju-
rídica por lo que, como hace siglo y medio, adolece de imprecisión, habida cuenta de
sus distintas interpretaciones, lo cual no impide desde entonces que tanto el legisla-
dor como el juez y el doctrinario empleen frecuentemente la expresión servicio pú-
blico como si se tratase de un concepto claro y unánimemente definido en la mente
de todos, cuando en realidad ni la doctrina, ni la legislación, ni la jurisprudencia han

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