El papel de las areas naturales protegidas en el desarrollo local: el caso de la peninsula de Baja California.
| Autor | Riemann, Hugo |
| Cargo | Report |
The role of Natural Protected Areas in Local Development: The Case of the Peninsula of Baja California
INTRODUCCIÓN
Las áreas naturales protegidas (ANP) en sus distintas modalidades han sido consideradas como la mejor alternativa para la preservación de los recursos naturales (ConANP, 2009). Su carácter de espacios territoriales sometidos a control estatal supone el mantenimiento y la protección de los recursos naturales ahí localizados. El proceso de su establecimiento en distintos países tiene como antecedente moderno la creación del parque nacional de Yellowstone, a finales del siglo xix. A partir de ese momento se empiezan a formular en el mundo diversas iniciativas para la protección de áreas naturales con distinta intencionalidad: conservación de flora y fauna, recursos hídricos, o recreación y esparcimiento. A la fecha, más de 160 países cuentan con al menos un ANP bajo alguno de los regímenes reconocidos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En México, el proceso de creación de ANP se inicia en 1917 con el establecimiento del Parque Nacional Desierto de los Leones, alcanza un lugar importante en la agenda durante la administración de Lázaro Cárdenas--cuando se establecieron poco más de treinta parques nacionales--y presenta un significativo incremento durante los setenta, la llamada "década ambiental mundial".
Las ANP tienen asociados costos de oportunidad (Scherl etal, 2004), aunque sobre esto existen opiniones encontradas (unep, 2007; Wilkie et al, 2006; Burnie, 1994; Barton Bray et al, 2003; Klooster, 2000; Brockington et al., 2006). Por un lado se argumenta que las reglas de operación de las ANP promueven un mayor bienestar para la población que en ellas se asienta; por otro, se argumenta que las condiciones de pobreza en las ANP tienen un efecto negativo en los objetivos de las mismas. Se presume que las ANP pueden exacerbar las condiciones de pobreza, bajo el supuesto de que los esquemas tradicionales de conservación restringen el acceso a los recursos naturales y tienden a deprimir las posibilidades de desarrollo económico de las comunidades rurales, presuntamente dependientes de dichos recursos para su subsistencia. Ambas ideas demandan mayor análisis, sobre todo la segunda, pues poco o nada se sabe sobre las repercusiones sociales que las restricciones en el aprovechamiento tradicional de los recursos imponen a los pobladores de estas áreas.
Generalmente, en las ANP vive una población que desarrolla distintas actividades en los sectores primario, secundario y terciario, aunque sólo las reservas de la biosfera son conceptualizadas como áreas de conservación y aprovechamiento, diferenciando en su interior dos ámbitos: las áreas núcleo, con total exclusión de presencia humana, excepto para actividades de investigación, y las áreas de amortiguamiento, donde se llevan a cabo actividades de manejo y aprovechamiento de recursos naturales con un mínimo de impacto ambiental y un uso sostenido de los recursos (UNESCO, 2007).
A la fecha, México ha integrado 25 250 963 hectáreas en una red de 173 áreas naturales protegidas, de las cuales 57 cuentan con programas de manej o y representan 34.14 por ciento del total del área protegida en el país. De las seis categorías que actualmente integran la red de ANP, las reservas de la biosfera, las áreas de protección de flora y fauna y los parques nacionales representan 84.2 por ciento de la totalidad del territorio nacional bajo algún régimen de protección. De la superficie restante, 15.8 por ciento corresponde a monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales y santuarios (Conanp, 2009). Aun cuando la cifra rebasa el mínimo 10 por ciento del área nacional recomendada por la UICN, sería aún más optimista confirmar que las ANP cumplen cabalmente con el cometido para el que fueron creadas: que en ellas está presente la riqueza natural del país y que representan un espacio de oportunidad para el desarrollo de las poblaciones locales.
A diferencia de otros países donde el establecimiento de un área protegida frecuentemente implica el desalojo de la población que en ella habita (Burnham 2000; Keller y Turek, 1999; Nabokov y Loendorf, 2004; Spence, 2000; West et al., 2006), en México las ANP se han creado donde existen centros de población, como es el caso de las reservas de la biosfera de La Michilía o Mariposa Monarca. En aparente reconocimiento a esa condición cultural, la política de establecimiento de ANP considera a la población residente como un componente fundamental. Esto es patente en al menos dos de las seis categorías de ANP definidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente o lgeepa (dof, 1988b, 2000b): las reservas de la biosfera y las áreas de protección de flora y fauna; ambas contemplan de manera explícita la posibilidad de que la población local pueda realizar actividades de manejo de recursos naturales. En realidad, el arraigo de las personas a su lugar de origen no permite una opción alterna.
Las ANP tienen propósitos definidos en sus respectivas declaratorias; no obstante, no son ajenas a las presiones del desarrollo económico nacional. Lo anterior supone problemas de deterioro ambiental, pérdida de germoplasma y una dinámica socioeconómica difícil de controlar; a esto se suma la dificultad de convencer a la población local de las ventajas de proteger los recursos de su entorno que, por cierto, reconoce como su modus vivendi (los casos de las reservas de la biosfera Alto Golfo de California y Montes Azules son ilustrativos).
A la fecha, no existen estudios longitudinales en los que se haya llevado a cabo un análisis de la repercusión de las ANP sobre el desarrollo y el bienestar de las comunidades. En ese sentido, no existe una respuesta a la pregunta sobre si las ANP promueven el desarrollo comunitario o, por el contrario, son un obstáculo para elevar la calidad de vida de sus habitantes. Por lo anterior, el objetivo de esta aportación es analizar el papel de las ANP de la península de Baja California en el desarrollo local, entendido como el cambio favorable de las condiciones de bienestar de las comunidades ahí asentadas. Establecemos como hipótesis nula para este diagnóstico que las comunidades que viven en las ANP no se diferencian de manera significativa en su nivel de bienestar social de las comunidades periféricas y, como hipótesis alterna, que las comunidades dentro de las ANP presentan mejores condiciones de bienestar.
[ILLUSTRACIÓN OMITIR]
El estudio se enmarca en el universo de áreas protegidas de la península de Baja California, una unidad fisiográfica claramente diferenciada del resto del país. Políticamente dividida a lo largo del paralelo 28 en los estados de Baja California y Baja California Sur, la región registró en el año 2000 una población de 3 356 639 habitantes, de los cuales 16.7 por ciento corresponde a población rural. Con una extensión cercana a los 143 000 [km.sup.2], a la que se agregan aproximadamente 2 000 [km.sup.2] de territorio insular, en sus vertientes Pacífico y Golfo de California, representa 7.4 por ciento del territorio nacional y contiene 33.5 por ciento del área natural protegida de carácter federal. De su territorio terrestre, 48.2 por ciento está contenido dentro de una de las tres categorías de ANP que allí se localizan: parques nacionales, áreas de protección de flora y fauna, y reservas de la biosfera (mapa 1 y cuadro 1) (dof, 2000a; INEGI, 2000; Conanp, 2009).
METODOLOGÍA
Para llevar a cabo el objetivo planteado se hace un análisis que atiende a dos vertientes:
CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LAS ANP
Se realiza una revisión de las regulaciones y organizaciones burocráticas inherentes a las ANP del país. En particular, con el propósito de determinar las características de los factores sociales y las propuestas de desarrollo social contemplados en el manejo de las ANP de la península de Baja California, se revisan los Programas de Manejo (pm) publicados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (ConANP, 2000a, 2000b, 2000c, 2000d, 2003, 2006, 2007), así como las inversiones realizadas a través de los Programas de Desarrollo Regional Sustentable (Proders) (1) y los Programas de Empleo Temporal (PET). Esta aproximación permite contextualizar la gestión de las ANP y constituye la base para el reconocimiento del trabajo institucional y su posibilidad de cambio.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL CONTEXTO SOCIAL EN LAS ANP Y ÁREAS PERIFÉRICAS
El procedimiento implicó dos fases. En primer lugar, para determinar los posibles efectos diferenciales en el desarrollo de las comunidades dentro de las áreas protegidas, se analizó el cambio ocurrido en el transcurso de diez años en el bienestar de las localidades al interior de las áreas protegidas de la región de estudio y se contrastó con el cambio ocurrido en las localidades periféricas que presentaran condiciones rurales semejantes. Este procedimiento se llevó a cabo mediante el uso de un sistema de información geográfica detallado en el apéndice.
En segundo lugar, para analizar el posible cambio en el nivel de bienestar en las poblaciones de los dos grupos de localidades, de los censos de 1990 y 2000 se obtuvieron cinco variables: 1) porcentaje de población analfabeta de 15 años o más, 2) porcentaje de población sin primaria concluida, 3) porcentaje de hacinamiento, 4) porcentaje de viviendas con piso de tierra y 5) datos absolutos de población. Cada variable se analizó siguiendo al Consejo Nacional de Población (Conapo, 2004), por medio de regresiones estadísticas. Cabe anotar que, de la metodología establecida por el Conapo, se excluyeron cuatro variables: población sin servicio sanitario, sin energía eléctrica, agua entubada y salario. Las primeras tres por ser no representativas del contexto rural y la última porque no se contó con información en el censo de 1990.
El subconjunto de cinco variables no nos permite construir el índice absoluto de marginación sensu Conapo...
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