Las Áreas Naturales Protegidas, paraíso de bandas criminales

AutorAlejandro Melgoza Rocha

Abordo de un jeep, el guarda-parque de La Laguna de Chacahua, Gabriel Ramos Olivera, salió la mañana del 18 de agosto de 2017 rumbo a una reunión de trabajo. El biólogo de 37 años, considerado por sus colegas como uno de los vigilantes más experimentados en ese parque nacional, ya había comenzado su jornada de trabajo desde antes de las 8:00 horas.

A la altura de El Zapotalito, comunidad oaxaqueña donde lo conocían como Gabo, fue interceptado y acribillado por dos sujetos montados en una motocicleta. Vestido con botas beiges, pantalón de corte militar y una casaca con el logo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), quedó tendido en el suelo, sangrando.

Desde aquel día, según cuenta un familiar, la procuraduría local no tiene avances en la investigación sobre los responsables del asesinato del guardaparque, quien trabajó seis años vigilando la flora y fauna de la laguna, declarada como uno de los humedales más importantes en el mundo.

Lo que le pasó a Gabo se enmarca en la serie de delitos cometidos por el crimen organizado en contra de biólogos de la academia y dependencias públicas. La razón es que, desde la administración de Felipe Calderón, los narcos se fueron apoderando de las zonas ricas en recursos naturales donde habitualmente se hacen labores de estudio, protección e inspección.

De acuerdo con documentos y entrevistas a exfuncionarios ambientales, académicos y consultores, en áreas naturales protegidas de 16 entidades se ha reportado que grupos criminales han llevado a cabo homicidios, torturas, lesiones, amenazas, secuestros y bloqueos.

"A mí me tocó tener registros y situaciones difíciles de ocupación de los territorios (..) Hubo momentos en que se presentaron dificultades para desarrollar los trabajos de conservación y dar seguimiento a los programas de manejo y aplicación de la ley", revela en entrevista el maestro Luis Fueyo, quien fue comisionado de la Conanp entre 2010 y 2015.

Y el doctor Raúl Arriaga, integrante de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental (AMIA), señala: "Prácticamente en todas las áreas protegidas del norte y del sur, donde no hay actividad económica, son espacios propicios para la acción delincuencial. No podemos entrar a hacer trabajo y te la juegas si te agarran".

El doctor Israel Alvarado, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), especializado en criminalidad ambiental, coincide en entrevista por separado: "Hay casos de cárteles que les pedían piso a los inspectores para hacer su trabajo. Lo más reiterativo que sucede es que no les permiten el acceso y los amenazan (...) La gente más agresiva son los talamontes; en operativos los recibían a tiros y con armamento sofisticado. Son...

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