Sin aplicarse casi, el nuevo sistema de justicia se dirige

AutorJorge Carrasco Araizaga

Todavía no ha sido puesto en operación de manera completa el nuevo sistema de justicia penal y los gobernadores de todo el país ya quieren reformarlo, porque le achacan el aumento de la inseguridad en México.

Pero detrás de su pretensión está el incumplimiento de los gobiernos estatales y federal para capacitar a los policías, ministerios públicos, defensores públicos, personal penitenciario y todos los operadores del nuevo modelo, pese a los millonarios recursos que recibieron y que tuvieron ocho años para hacerlo.

El presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, ya anunció un paquete de reformas a la Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales, mientras que el PRI tiene en la Cámara de Diputados una iniciativa que especialistas no dudan en calificar de contrarreforma a lo aprobado por el propio Congreso en 2008.

María Novoa, directora del área jurídica del Centro de Investigación para el Desarrollo, AC (CIDAC), experta en reformas de sistemas de justicia penal en América Latina, asegura que los gobernadores desconocen o se han desentendido de la operación del sistema penal acusatorio, que este domingo 18 cumple un año de haber entrado en vigor en todo el país.

A trompicones

La operación del sistema de justicia penal mexicano está empezando, pero nació con grandes rezagos y obstáculos. Apenas entrado en vigor, el Ejecutivo federal decidió la desaparición de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), y mediante un acuerdo con los poderes Legislativo y Judicial decidió que la operación recayera en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como si fuera un asunto meramente de esta materia.

Ni siquiera se han definido, en el gobierno federal ni en los locales, los criterios para homologar los registros de su operación, no hay ningún sistema tecnológico que permita el intercambio efectivo de información entre las instituciones y menos un modelo homologado de investigación delictiva en las procuradurías.

En el caso de la Procuraduría General de la República no se ha reformado el marco jurídico para su operación y funcionamiento bajo el sistema de justicia adversarial.

El resultado es que pilares del sistema, como la defensoría pública, se mantienen a la cola de la operación. Este año, de acuerdo con Novoa, esa área ni siquiera recibió presupuesto. Otra de las innovaciones del nuevo sistema es la asesoría a las víctimas, pero hasta octubre de 2016 el gobierno federal sólo tenía 66 asesores jurídicos en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y los estados, 699 en total.

Sólo la mitad de los estados tenían sus propias CEAV.

De acuerdo con el estudio Hallazgos 2016: Seguimiento y evaluación de la operación del sistema de justicia penal en México, elaborado por Novoa y dado a conocer el miércoles 14, la parte más débil del sistema es la seguridad pública. Los policías, los primeros en responder a...

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