Anula Argentina leyes del perdón
| Autor | Carlos Arias y Alejandro Pairone |
REFORMA/ Argentina
BUENOS AIRES.- La impunidad de los represores de la dictadura militar argentina (1976-1983) comenzó a desmoronarse definitivamente ayer, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara la inconstitucionalidad de las leyes del perdón que impedían su juzgamiento desde 1986.
Con siete votos a favor de la inconstitucionalidad, una abstención y un voto en contra, la Corte dijo que son ilegales las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sancionadas en 1986 y 1987 por el ex Presidente Raúl Alfonsín para frenar los juicios contra militares por violaciones a los derechos humanos entre 1976 y 1983.
El fallo afirma que las leyes del perdón son incompatibles con los tratados internacionales suscritos por Argentina, y que fue posible gracias que el Presidente Néstor Kirchner convocó en 2003 a reemplazar a los magistrados designados por el ex Presidente Carlos Saúl Menem por otros más sensibles a los derechos humanos.
Los hijos, familiares, hermanos, hoy se reconcilian con la justicia porque este fallo es un grito de aire fresco, enfatizó el Presidente Néstor Kirchner.
El abogado constitucionalista Ricardo Gil Lavedra, ex Ministro de Justicia durante el Gobierno de Fernando de la Rúa y quien formó parte como juez de la Corte que condenó a los jefes de las juntas militares en 1985, dijo a REFORMA que la trascendencia del fallo está en afirmar que los delitos de lesa humanidad no pueden ser prescriptibles ni susceptibles de amnistía.
La última dictadura militar argentina hizo desaparecer a 30 mil disidentes.
La Ley de Punto Final fue promulgada en diciembre de 1986 y limitaba el tiempo para iniciar juicios contra represores. La de Obediencia Debida, votada en mayo de 1987 tras un alzamiento militar, redujo la responsabilidad criminal a las cúpulas de la dictadura, y liberó a torturadores, violadores y asesinos con el argumento de que sólo obedecieron órdenes.
En los últimos años, ambas leyes sufrieron un derrotero judicial que se inició en 1998, cuando jueces federales de primera instancia las declararon inconstitucionales y reabrieron los procesos frenados en 1986 y 1987.
A su vez, el Congreso las derogó en 1999, y en agosto del 2003 las declaró insanablemente nulas, al intentar suprimir retroactivamente el bene. cio que se concedió a los acusados.
Para fallar, la Corte se basó en el caso de Marta Hlaczik y José Poblete, desaparecidos en 1978. Su hija, Claudia, fue secuestrada, entregada a un militar y recién recuperó su...
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