Anfitrión de la Cumbre y cazador de ecologistas

AutorMartha Martínez

El 29 de marzo de 2003, agentes de la Policía Judicial del Estado de Chihuahua detuvieron sin orden de aprehensión a Isidro Baldenegro en la comunidad de Coloradas de la Virgen, acusado de posesión de mariguana y armas de uso exclusivo del Ejército.

Doce días antes de su detención había logrado que un tribunal especial declarara ilegal la tala de árboles en la comunidad, resolución que se sumó a las que desde 2002 obtuvo en contra de la tala inmoderada del bosque. Tras ocho días de detención, fue puesto en libertad por falta de pruebas.

El caso de Isidro es paradójico, pues mientras en México era encarcelado, procesado y exhibido ante los medios de comunicación, a nivel internacional era reconocido por su lucha en favor del medio ambiente con el Premio Goldman en 2005, una especie de Nobel para los defensores del medio ambiente.

En las últimas dos décadas, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han documentado al menos 55 casos de defensores del medio ambiente, abogados, funcionarios públicos e integrantes de comunidades indígenas que han sido asesinados, desaparecidos, torturados, encarcelados y amenazados por denunciar la tala clandestina de árboles, oponerse a la operación de empresas mineras e impedir la construcción de proyectos hidroeléctricos que invaden zonas naturales.

Esta cifra podría ser mayor, pues de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en abril de 2009 otorgó medidas de protección a 107 defensores del medio ambiente que se encontraban en riesgo sólo en el estado de Guerrero.

La lista de casos documentados muestra que 18 activistas fueron asesinados; 17 fueron acusados de delitos como portación ilegal de armas, delincuencia organizada, ataque a las vías de comunicación y homicidio; 16 fueron torturados, atacados con arma de fuego o heridos; 2 se encuentran desaparecidos y 2 más fueron testigos cuando comandos armados emboscaban y asesinaban a sus familiares.

Se trata de ecologistas a los que las autoridades omitieron otorgarles medidas de seguridad a pesar de que denunciaron jurídica y públicamente las amenazas de las que eran objeto.

Resalta el caso de los hermanos Jaime y Aquilino Loaeza Juárez, activistas de Temoxcaltepec, Oaxaca. Ambos han sido atacados y amenazados en cuatro ocasiones a partir de que fundaron, en 2006, la Organización de Pueblos Unidos por la Defensa de sus Tierras, organismo civil que promueve la organización de la comunidad para impedir la invasión de áreas naturales. A pesar de ello, no cuentan con medidas de protección.

La mayoría de los casos se presentan en el estado de Guerrero. Le siguen el estado de México, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, Morelos, Michoacán, Guadalajara y Sonora.

La situación de los defensores del medio ambiente...

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