Análisis crítico y constitucional de la reforma fiscal para 2003
| Autor | Ortiz, Sainz y Erreguerena, SC |
| Cargo | Abogados |
| Páginas | A15-A50 |
A continuación, exponemos algunos comentarios sobre diversos preceptos contenidos en la reforma que se comenta, sin pretender ser exhaustivos.
Independientemente de los comentarios adicionales contenidos en el apartado "Ingresos acumulables en el régimen general de actividades empresariales y profesionales", relativo al impuesto sobre la renta de las personas físicas, de la redacción del artículo 16-Bis, se desprende que aquellos contribuyentes sujetos a un proceso de concurso mercantil, que no tuvieren pérdidas pendientes de amortizar, sí tendrían obligación de acumular el monto de la deuda condonada por sus acreedores, en virtud de no ubicarse en la regla de excepción, contenida en el numeral en comento.
Para estos casos, consideramos que la disposición sería violatoria de la garantía de equidad tributaria, de acuerdo con la tesis que a continuación se transcribe:
RENTA. EL ARTICULO 109, FRACCION XI, PENULTIMO PARRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, AL OTORGAR UN TRATO DISTINTO A LOS TRABAJADORES DE LA FEDERACION Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS RESPECTO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA INICIATIVA PRIVADA. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en múltiples criterios, ha sostenido que el aludido principio constitucional radica, medularmente, en la igualdad ante la misma ley fiscal de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, quienes, en consecuencia, deben recibir un mismo trato, lo que implica que las normas tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos de gravamen que se ubiquen en una situación diversa; en otros términos, el principio de equidad obliga a que no exista distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales, sin que para ello haya una justificación objetiva y razonable, por lo que el valor superior que persigue consiste en evitar que existan normas que, destinadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan desigualdad como efecto de su aplicación, al generar un trato distinto en situaciones análogas o al propiciar efectos iguales sobre sujetos que se ubican en situaciones dispares; además, el propio Máximo Tribunal de la República ha sostenido que para cumplir con el citado principio, el legislador no sólo está facultado, sino que tiene la obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, es decir, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales. Acorde con lo antes expuesto, el artículo 109, fracción XI, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del primero de enero de dos mil dos, viola el principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al otorgar una exención ilimitada a los trabajadores al servicio de la Federación y de los Estados respecto de los ingresos que obtengan por concepto de gratificaciones, aguinaldo y prima vacacional, restringiendo a treinta y quince días de salario mínimo, respectivamente, la exención concedida a los demás trabajadores asalariados por la obtención de los mismos ingresos, toda vez que da un trato distinto a sujetos del tributo que se ubican en una misma situación, es decir, establece un régimen fiscal de exención distinto para los trabajadores al servicio del Estado y de las Entidades Federativas, sin que exista en la propia ley, en la exposición de motivos o en los dictámenes correspondientes de la discusión de dicha ley una justificación objetiva y razonable. Lo anterior se corrobora con el hecho de que ambos tipos de trabajadores son personas físi-
Amparo en revisión 170/2002. Verónica Huerta López. 31 de octubre de 2002. Mayoría de ocho votos; votó en contra Olga Sánchez Cordero de García Villegas (Ausentes Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán). Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarias: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco y Lourdes Margarita García Galicia.
Amparo en revisión 233/2002. Mauricio Munguía Ramírez. 31 de octubre de 2002. Mayoría de ocho votos; votó en contra Olga Sánchez Cordero de García Villegas (Ausentes Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán). Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarias: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco y Lourdes Margarita García Galicia.
Amparo en revisión 241/2002. Ricardo García de Quevedo Ponce. 31 de octubre de 2002. Mayoría de ocho votos; votó en contra Olga Sánchez Cordero de García Villegas (Ausentes Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán). Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarias: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco y Lourdes Margarita García Galicia.
Amparo en revisión 373/2002. María Cristina Alcalá Rosete y otros. 31 de octubre de 2002. Mayoría de ocho votos; votó en contra Olga Sánchez Cordero de García Villegas (Ausentes Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán). Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarias: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco y Lourdes Margarita García Galicia.
Amparo en revisión 442/2002. Luis Angel Villa Piñera. 31 de octubre de 2002. Mayoría de ocho votos; votó en contra Olga Sánchez Cordero de García Villegas (Ausentes Genaro...
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