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| Autor | Orona, Carlos Heriberto Flores |
INTRODUCCIÓN
Se reconoce que la inseguridad es un factor que afecta no solo a la actividad económica, sino a todas las actividades sociales. Garantizar la seguridad pública es un reto que enfrentan los gobiernos. En este sentido, un parámetro para establecer la consolidación de la seguridad pública es a través del aumento o disminución de la delincuencia; por ello, desde la administración pública se establecen diversas estrategias para garantizar la seguridad pública, mismas que van desde modificaciones a la ley, hasta el incremento de recursos monetarios destinados a la seguridad. Dado que son múltiples los factores que inciden en la actividad delictiva, y cada uno de ellos amerita un estudio detallado, el presente artículo centra el análisis en el gasto público ejercido en seguridad como mecanismo para mitigar la actividad delictiva.
En la diversa literatura sobre el gasto público en seguridad queda el debate sobre el impacto que tiene el gasto destinado a la seguridad en la disminución de la actividad delictiva. Sirva de ejemplo el estudio de Foglia (2017), en donde reconoce que el gasto público en seguridad en muchos casos no se ha traducido en una disminución de la delincuencia. De hecho, argumenta que a pesar de que los países tengan tasas de crecimiento positivas, el nivel de inseguridad se ha incrementado. Por esto, más que aumentar el gasto público en seguridad, lo que se recomienda es encontrar otros mecanismos para la mitigación de la actividad delictiva o una mejor asignación del recurso.
En este sentido, Jaitman y Keefer (2017) sostienen que la mayor parte del gasto público en seguridad se asigna a las policías y, en menor medida, el gasto se asigna a la aplicación de justicia y la prevención. Por lo anterior, se reconoce la necesidad de desarrollar políticas de prevención de delitos y políticas de gasto en seguridad de largo plazo, que busquen atacar las causas y no las consecuencias de la delincuencia. De acuerdo con Soria (2018), si el gasto en seguridad pública se orienta a prevenir la inseguridad, gasto social, infraestructura u otro rubro que repercuta en el cambio cultural, el crecimiento económico y la generación de empleo permitirían impulsar una mayor igualdad social y de oportunidades, lo que se traduciría en una disminución de la delincuencia.
Al respecto, Sumano (2020) argumenta que la eficacia de la política de prevención de la delincuencia dependerá de las instituciones y controles sociales que estén presentes en la sociedad. Por ejemplo, el autor señala que un programa de prevención de violencia escolar no será exitoso si no se combina con programas que fomenten estilos de crianza positiva. Los programas para la crianza positiva no serán exitosos para los jóvenes sin la presencia de oportunidades. Los programas de inserción laboral para los jóvenes no serán exitosos si no se complementan con calles vigiladas por la policía. Por lo tanto, la prevención social de la delincuencia sólo podrá tener éxito cuando exista un contexto institucional suficientemente fuerte en la comunidad que la sustente.
En este sentido, Zúñiga (2016) destaca que la delincuencia es perjudicial en distintos ámbitos de la economía y la sociedad, pues constituye una amenaza específica para la supervivencia de las personas honestas, de negocios y la seguridad de los consumidores. Así, no solo es suficiente la certeza en el comportamiento de los mercados lo que productores como consumidores necesitan, sino que la seguridad pública es un factor que proporciona confianza para el desarrollo positivo de la economía y la sociedad.
Asimismo, Cortez y Grijalva (2021) establecen que, desde el punto de vista de los incentivos económicos, la explicación de la delincuencia ha sido considerada desde dos perspectivas. Por un lado, está la visión individual, la cual se centra en la decisión de las personas de cometer o no un delito y las variables que influyen en su resolución. Por otro lado, está la visión agregada, en la que se considera que las diferencias que existen en la incidencia criminal en un nivel agregado se deben a la influencia estructural de factores sociales y económicos del entorno.
Por lo tanto, y más allá de la asignación del gasto público en seguridad en los diferentes rubros, el debate también se ha centrado en la cantidad de recurso monetario destinado al tema de seguridad. Por ejemplo, en los países de América Latina, donde la delincuencia ocupa el primer lugar entre los problemas más importantes, de acuerdo con la opinión pública, incluso por encima de la corrupción y otros problemas económicos, el gasto en seguridad pública representa en promedio 5 por ciento del gasto público total, lo que equivale a una tercera parte de lo que se gasta en educación y salud. Esto va de la mano de una fuerte demanda por parte de la sociedad de tener mejores niveles de vida y seguridad. En este contexto, el presupuesto destinado a la seguridad pública parece insuficiente (Foglia, 2017).
De acuerdo con la Encuesta de Seguridad Urbana (Ensu), el principal problema social que enfrentan los mexicanos son la inseguridad y la delincuencia (Soria, 2018); estas mismas afirmaciones también son señaladas por la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG). En esta última, desde 2011 hasta 2017, en promedio, 70 por ciento de las personas coincide en que el tema de inseguridad y delincuencia es lo que más afecta a la sociedad en México, y un aspecto que agrava esta situación es la corrupción; por ello, subsanar el problema de inseguridad ayudaría a mejorar los niveles de la actividad económica y de bienestar social (Martínez y Morones, 2019).
Así pues, en México, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (2019), el gasto en seguridad pública de 2008 a 2019 representó en promedio alrededor del uno por ciento del producto interno bruto (PIB). Para 2019, el gasto en seguridad representó apenas 0.96 por ciento del PIB, 14.3 por ciento menos que en 2018; 0.96 por ciento representa 4 por ciento del gasto total aprobado. El destino del gasto en seguridad pública se divide en tres ejes:
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Prevención del delito, que representa 14 por ciento del gasto. Involucra:
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Prevención, protección y fortalecimiento de seguridad pública.
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Acciones del gobierno para el respeto a derechos.
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Promoción y prevención de derechos humanos.
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Acceso a la información.
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Combate al crimen, que representa 42 por ciento. Involucra:
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Coordinación de la seguridad pública.
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Combate a la corrupción.
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Fuerzas armadas en apoyo a la seguridad pública.
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Justicia, que representa 44 por ciento del gasto. Involucra:
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Investigar y perseguir.
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Impartición de justicia, reclusión y readaptación social.
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Atención, observación, defensa y supervisión de los derechos humanos.
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Asesoría jurídica.
Al respecto, Fuentes y Sánchez (2017) argumentan que las acciones que se han llevado a cabo en México para combatir la delincuencia se han centrado en medidas reactivas y poco se hace en términos de generar acciones preventivas que consideren un contexto sociodemográfico en donde se presentan las oportunidades para que se cometan los delitos.
De acuerdo con datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2019), la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) señala que 33.9 por ciento de los hogares en México contó con por lo menos un integrante, víctima del delito. En 93.2 por ciento de los delitos no hubo denuncia, o no hubo inicio de una averiguación previa o carpeta de investigación. Asimismo, los datos señalan que de 2017 a 2018 hubo una disminución en la tasa de incidencia delictiva, que pasó de 39 369 delitos por cada cien mil habitantes en 2017 a 37 807 delitos por cada cien mil habitantes en 2018.
En este contexto, donde el tema de la inseguridad tiene especial interés en la agenda económica y social, el presente documento tiene por objetivo analizar y cuantificar la contribución que tiene el gasto público destinado a seguridad pública en la mitigación de la delincuencia en las entidades federativas de México. En adelante el documento se estructura como sigue: en el segundo apartado, "Marco de discusión", se presenta la discusión teórica y empírica; el tercer apartado, "Metodología", la metodología y el análisis de estadística descriptiva; en el cuarto apartado se presentan los resultados, y en el último se presentan las conclusiones.
MARCO DE DISCUSIÓN
El análisis empírico de la actividad delictiva en la economía se remonta, según Becker (1968), en la ponderación del costo de oportunidad de la mejor situación que le atrae a un individuo la relación entre beneficio o castigo. En esta toma de decisión casi espontánea; algunos individuos toman la decisión de llevar a cabo alguna actividad delictiva. Dicha actividad se convierte en un problema de inseguridad que afecta no solo a la actividad económica sino también a la sociedad en su conjunto. Por ello, los gobiernos formulan y emplean diversas estrategias para mitigar el problema de la inseguridad, y un mecanismo para hacerlo es a partir del gasto público.
Por otro lado, Vilalta y Fondevila (2018) mencionan que la prevención del delito no es materia de experimentación científica, pero sí requiere un acervo de conocimiento sobre las buenas y las malas prácticas. En todo caso, en el contexto presente, lo que se debe buscar rápida y colaborativamente es una reducción del daño económico y de los efectos negativos que tiene en la sociedad un empresariado asediado por el delito.
De esta manera, a nivel social, dadas las altas tasas de delincuencia, el gobierno se ve obligado a gastar una parte significativa de su presupuesto en prevención del delito, en la financiación de agencias encargadas de aplicar la ley, en gestión de centros de detención y cárceles, y en la implementación de programas de seguridad pública, por lo que un mayor gasto público en seguridad resultaría razonable (Daniele y Marani, 2008).
No obstante...
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