Amparo a Proceso por el veto publicitario

AutorJorge Carrasco Araizaga

Entrampado en su arbitrariedad, el gobierno de Felipe Calderón fue emplazado por el Poder Judicial para que explique con precisión los criterios legales a partir de los cuales distribuye la publicidad oficial, rubro al que ha canalizado casi 19 mil millones de pesos en lo que va del sexenio.

Por primera vez una resolución judicial conmina a la autoridad federal a esclarecer la forma en que distribuye los recursos públicos destinados a la publicidad oficial, considerada por los principios internacionales como información gubernamental y no como una concesión de las autoridades en turno.

Emitido el 16 de marzo pasado, el emplazamiento es resultado de un amparo promovido por Proceso contra la “explicación” de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) respecto de las normas a partir de las cuales contrata publicidad en los medios impresos, la fundamentación jurídica para que la revista haya dejado de recibir anuncios de esa institución durante el actual gobierno y los criterios que la publicación debe cumplir para obtener anuncios de esa dependencia.

Información similar fue requerida por la revista a 23 dependencias federales entre el 24 de septiembre y el 4 de octubre de 2010 mediante un cuestionario de cinco preguntas elaborado al amparo del derecho de petición previsto en el artículo octavo de la Constitución.

Sólo 18 contestaron. Lo hicieron de forma idéntica: enviaron un machote con la firma de los respectivos directores de Comunicación Social. La excepción fue la Secretaría de Gobernación, en cuyo caso contestó el subsecretario de Normatividad de Medios, Héctor Villarreal.

Al tiempo que se tramitaba el amparo y sobre todo después de que se resolviera a favor de la revista, cinco instituciones gubernamentales –las secretarías de Marina, Educación Pública, Desarrollo Social, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social y Nacional Financiera– intentaron colocar anuncios publicitarios en las páginas del semanario, pero no fue posible debido a que el litigio judicial aún no se resuelve en definitiva.

El amparo, interpuesto por Proceso el 24 de enero último, busca que el gobierno federal explique sus criterios para disponer del dinero público destinado al gasto de la publicidad oficial. El recurso se promovió como consecuencia de las respuestas insuficientes al cuestionario.

Con base en el derecho constitucional del artículo octavo y no en la Ley de Transparencia, Proceso hizo cinco preguntas a cada una de las instancias federales requeridas:

  1. - ¿Cuál es la normatividad que rige la contratación de publicidad en medios de comunicación impresos por parte del gobierno federal?

  2. - ¿Cuáles son los criterios específicos que aplica el gobierno federal para contratar publicidad en medios de comunicación impresos?

  3. - ¿Qué órgano del gobierno federal se encarga de que la normatividad y criterios referidos en los puntos 1 y 2 sean observados en la contratación de publicidad en medios de comunicación impresos, y cuáles son las consecuencias de...

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