AMLO concentra el poder

AutorErnesto Núñez y Martha Martínez

Con el inicio de la llamada "Cuarta Transformación", comenzará a implementarse un nuevo modelo de gobierno en el que múltiples funciones se concentrarán en la Presidencia de la República.

De acuerdo con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública (aprobadas gracias a la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado), desde la Oficina de la Presidencia se manejarán los Programas Sociales prioritarios, la Comunicación Social, los asuntos jurídicos, la estrategia digital e incluso la preservación de la memoria histórica.

Según el nuevo organigrama del gobierno federal, la Presidencia contará con un consejo asesor empresarial, un consejo asesor en materia de seguridad, un consejo de memoria, una coordinación de desarrollo rural y comisiones presidenciales que no existían.

Desde Presidencia, cuatro funcionarios podrán hacer nombramientos en secretarías de Estado, ejecutar presupuestos y decidir políticas: Alfonso Romo, Jefe de la Oficina; Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo; Julio Scherer Ibarra, consejero Jurídico, y Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social.

En el rediseño gubernamental destacan, además, las nuevas facultades de la Secretaría de Hacienda, para establecer el sistema de compras consolidadas y el nombramiento de los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas, quienes sustituirán a los Oficiales Mayores, y la centralización de los órganos internos de control (OIC) desde la Secretaría de la Función Pública.

Es decir, los secretarios de Estado operarán con al menos cuatro funcionarios nombrados desde otra instancias: Titular de Administración y Finanzas (antes Oficial Mayor), Jefe de Unidad Jurídica, contralor o titular de OIC y enlace de Comunicación.

La creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la sustitución de la Sedesol por la Secretaría del Bienestar también forman parte de la "Cuarta Transformación".

OFICINA DE LA PRESIDENCIA

Para ejercer el poder, Andrés Manuel López Obrador recurrirá a una figura creada por Carlos Salinas de Gortari en diciembre de 1988: la Oficina de la Presidencia, que ocupó el polémico José Córdova Montoya hasta el 30 de marzo de 1994 y que entró en desuso en 1997, cuando Ernesto Zedillo decidió desaparecerla.

La oficina fue retomada por Felipe Calderón en diciembre de 2006, para otorgarle facultades extraordinarias de gobierno e influencia política a su principal colaborador, Juan Camilo Mouriño.

Con Enrique Peña Nieto, la Oficina fue ocupada por Aurelio Nuño (quien operó desde ahí las reformas del Pacto por México) y por Francisco Guzmán.

En las reformas aprobadas por Morena para preparar el arribo del nuevo Presidente, se mantiene la Oficina como instancia de "apoyo directo" al titular del Poder Ejecutivo, "para el seguimiento permanente de las políticas públicas y su evaluación periódica". Y se especifican tres tareas adicionales:

"Definir tecnologías de informática, tecnologías de la información y comunicación (TIC), y gobierno digital. Formular y conducir la política de comunicación social del gobierno federal, y establecer el modelo organizacional y de operación de las unidades administrativas que realicen actividades en esta materia. Difundir y proyectar el derecho a la Memoria de la Nación".

Adicionalmente, el Presidente electo anunció que desde esta Oficina se coordinará el consejo asesor de empresarios, en el que confluyen dueños y representantes de las televisoras (Ricardo Salinas Pliego, Olegario Vázquez Aldir y Bernardo Gómez), y otros empresarios: Carlos Hank González, Miguel Alemán, Miguel Chávez, Daniel Rincón y Sergio Gutiérrez.

La Oficina será coordinada por el empresario Alfonso Romo, quien desde hace un par de años es uno de los colaboradores más cercanos de López Obrador.

'SUPERDELEGADOS'

Una de las reformas más importantes a la ley de la APF fue la del artículo 17, que anteriormente sólo establecía la existencia de delegaciones u "órganos administrativos desconcentrados" de las Secretarías de Estado, con facultades para resolver en la materia de cada dependencia y dentro del ámbito territorial específico. Con este artículo, se dio pie a la creación de una red de delegados del gobierno federal (al menos uno por cada Secretaría y órgano desconcentrado), que tenían interlocución con los gobiernos locales y la facultad de operar programas sociales.

En 2002, los panistas Felipe Calderón y Diego Fernández de Cevallos denunciaron que, a través de esa red de funcionarios, el PRI se dedicaba a boicotear al gobierno de Vicente Fox, pues los delegados seguían siendo militantes del tricolor.

Al llegar a la Presidencia, en 2006, Calderón nombró a militantes panistas en la mayor parte de las delegaciones y, aunque seguían adscritos a las Secretarías de Estado, en los hechos los delegados eran coordinados por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño.

De 516 delegaciones que había en 2009, 350 eran encabezadas por militantes del PAN, ejerciendo un presupuesto de más de 8 mil millones de pesos.

Con Enrique Peña Nieto, los priistas volvieron a las delegaciones a partir de 2012, y no faltaron las denuncias de la oposición acerca del uso político que se hacía de estas oficinas. El PAN denunció, en Puebla y Veracruz, que los delegados federales eran los verdaderos jefes de las campaña priistas locales.

En su administración, López Obrador contará con un ejército de "coordinadores estatales de Programas de Desarrollo" (todos con el perfil de operadores de Morena en sus estados) y con una oficina que, desde la Presidencia, tutelará a estos "súperdelegados".

Gabriel García Hernández, quien fuera director de Adquisiciones de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal cuando AMLO fue jefe de Gobierno, será el coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo.

Electo senador plurinominal, Gabriel García se ha convertido en uno de los colaboradores más cercanos a López Obrador, aunque manteniendo un bajo perfil hasta el momento.

El coordinador...

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