Agenda extraordinaria, políticos ordinarios

AutorCarole Simonnet

Una agenda sobrecargada de asuntos cruciales derivados de los 95 compromisos del Pacto por México se mantiene atorada en el Congreso y obliga a los legisladores a trabajar a marchas forzadas para buscar acuerdos que han aplazado durante meses.

Temas tan relevantes como la legislación secundaria de las reformas educativa y en telecomunicaciones; las reformas en materia de combate a la corrupción y transparencia; una nueva reforma político-electoral; un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales; leyes que eviten el sobreendeudamiento de estados y municipios, la reforma al sistema financiero, entre otros, esperan su turno para ser procesados en un periodo extraordinario de sesiones que no termina de cuajar.

El miércoles pasado, al salir de una reunión de trabajo de apenas 40 minutos, los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados y el Senado evidenciaron con frases lapidarias su propia parálisis legislativa, al no tener dictámenes listos para convocar a los prometidos periodos extraordinarios.

"No hay nada resuelto... ni la fecha", sentenció el líder del PRD en el Senado, Miguel Barbosa.

A su vez, el coordinador de los diputados del PAN, Luis Alberto Villarreal, condensó en un enunciado la falta de coincidencias entre los partidos sobre los temas prioritarios a desahogar: "la fracción del PAN no está en la posibilidad de atender una reforma financiera mientras no haya aprobado una reforma político-electoral".

Villarreal advirtió que si no se atiende la propuesta blanquiazul, no se avanzará en las iniciativas que empuja el Ejecutivo a través de sus bancadas. Minutos antes, en la Comisión Permanente, presentó una iniciativa para impulsar la reelección de legisladores y alcaldes y la segunda vuelta presidencial.

Por su parte, los perredistas enfatizaron que no tendría caso convocar a un extraordinario sin la inclusión de las reformas para fortalecer al IFAI y crear una Comisión Nacional Anticorrupción.

Pero el líder priista en el Senado, Emilio Gamboa, respondió que en tres días es imposible resolver una reforma constitucional, sin siquiera saber de qué se trata.

Las Juntas de Coordinación Política se dieron un nuevo plazo, hasta el próximo martes, para acelerar por separado la construcción de consensos.

La saturación de la agenda pone en peligro la discusión de la reforma energética y fiscal, ya anunciadas por el Ejecutivo para su próxima presentación y discusión durante el periodo ordinario de sesiones que arranca el 1o. de septiembre.

La pausa electoral

Las elecciones en 14 entidades el pasado 7 de julio detuvieron entre mayo y julio la marcha del Pacto por México y el trabajo legislativo en el Congreso.

Después de un arranque caracterizado por la aprobación de las reformas constitucionales en educación y telecomunicaciones, el mecanismo del Pacto por México -firmado el 2 de diciembre por el presidente Enrique Peña Nieto y los dirigentes de PRI, PRD y PAN- evidenció su desgaste frente a las disputas electorales.

El Consejo Rector -presidido por el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, entre el 19 de junio y el 6 de agosto- se limitó en tres meses a negociar y firmar un adendum de 11 puntos que comprometía al gobierno federal y los partidos a blindar las elecciones y a dar prioridad a una reforma político-electoral y una Ley de Partidos que evitarían futuras distorsiones en la competencia electoral.

También se estipuló la obligación de crear un sistema nacional de programas sociales y acelerar las reformas en materia de transparencia, deudas estatales y combate a la corrupción.

Pero las fricciones inherentes a la campaña electoral frenaron cualquier acuerdo. Los resultados de las elecciones, que favorecieron al tricolor en la mayoría de las alcaldías y de los Congresos locales, provocaron que durante tres semanas más los dirigentes de PAN y PRD amagaran con salirse del Pacto si no se daba prioridad a la reforma política-electoral y se sancionaba primero las presuntas irregularidades cometidas por gobernadores y funcionarios.

Paralelamente, en el Congreso los diputados y senadores dieron prioridad a las campañas y congelaron la agenda.

El líder del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, reconoció abiertamente que los recursos que recibió su bancada sirvieron para cubrir los gastos de aviones, hoteles y alimentos de los senadores que hicieron proselitismo electoral.

Aunque para reglamentar la reforma educativa aprobada en febrero pasado se formaron a partir del 11 de mayo tres grupos de trabajo con legisladores, funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y representantes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el Ejecutivo no ha llegado aún a ningún acuerdo, por lo que siguen sin presentarse ante la Comisión Permanente las iniciativas de la ley orgánica del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la ley del Servicio Profesional Docente y los ajustes a la Ley General de Educación.

A decir del presidente de la Comisión de Educación en el Senado, el panista Juan Carlos Romero Hicks, sólo el INEE registra avances notables pero las otras dos leyes se han atorado por diferencias sobre el mecanismo de evaluación de los maestros y su permanencia. Ello, pese a que se vence el 26 de agosto el plazo fatal para aprobarlas.

El vicecoordinador de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, cercano a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, pone en duda la capacidad del Congreso de procesarlo en tiempo y culpa a la SEP de ello. "La autoridad tiene que acercarse a negociar con los sindicatos, hay un chorro de chamba y no los veo que estén haciendo la tarea", afirma.

Mientras que el diputado del PRI y secretario de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, José Enrique Doger, justifica el tiempo transcurrido. "No ha habido desatención ni descuido de parte del Ejecutivo, lo que sucede es que son ordenamientos que revisten cierta complejidad, queremos que salga lo mejor posible para que no sea letra muerta", subraya.

En el periodo electoral se detuvieron, por diferencias políticas, las reformas en materia de transparencia para crear la Comisión Nacional Anticorrupción y dotar de autonomía constitucional al IFAI.

Desde que el pasado lunes 29 de abril -un día antes del cierre del periodo ordinario de sesiones-, los diputados priistas y verdes intentaron modificar en comisiones la minuta del Senado que da autonomía constitucional al IFAI, las negociaciones se congelaron completamente.

Los legisladores no avanzaron tampoco en la reglamentación de las candidaturas ciudadanas y otras figuras establecidas en la reforma electoral de 2012 pese a que el plazo legal para aprobarlas venció el...

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