La Agenda 2030 y las asociaciones público-privadas en el sector carcelario en México

AutorMariela Díaz Sandoval/Alberto Espejel Espinoza
CargoDra. en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México/Doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Páginas15-47
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Dignitas 38 • ISSN: - • eISSN: -
La Agenda 2030 y las asociaciones público-privadas en el sector
carcelario en México
The 2030 Agenda and Public-Private Partnerships in the Prison Sector
in Mexico
Mariela Díaz Sandoval *
Alberto Espejel Espinoza**
Resumen
El trabajo aborda un aspecto neurálgico de la Agenda 2030, en el caso mexicano,
enmarcado en el objetivo “Paz, Justicia e Instituciones sólidas”, tal es el caso de
la creación de penales bajo el esquema de asociaciones público-privadas (). A
más de cinco años de implementación del esquema de  en el sector carcela-
rio, el trabajo provee evidencia empírica sobre que no existe diferencia significa-
tiva entre un penal construido bajo dicho esquema y uno construido bajo el es-
quema tradicional (público). En ese sentido, el trabajo concluye apuntando dos
cuestiones: primero, la necesidad de repensar la estrategia de seguridad, dando
menor peso a los esquemas de mano dura para “...promover sociedades pacíficas
e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para to-
dos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas…” (Organización de
las Naciones Unidas [], 2016: 71); segundo, llamar la atención sobre que los
problemas de origen (en virtud del tipo de reglas del juego en el caso mexicano)
de las  pueden presentarse en otros sectores clave de la Agenda 2030, en lo
que concierne a la provisión de servicios o infraestructura.
Palabras clave: Asociaciones público-privadas, sector carcelario, Agenda 2030,
inseguridad.
* Dra. en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, sede México. Profesora-investigadora del Instituto Internacional de
Estudios Políticos Avanzados (IIEPA) de la Universidad Autónoma del Estado
de Guerrero. Candidata al Sistema Nacional de Investigadores (). Correo
electrónico: madiasan@gmail.com. Sus líneas de investigación son asociaciones
público-privadas, violencia política en razón de género, partidos políticos.
** Doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México
(). Profesor-investigador del área política de la División de Ciencias
Socioeconómicas de la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán de la .
Miembro del , nivel 1. Correo electrónico: alberto.espejel.espinoza@gmail.
com. Sus líneas de investigación son partidos políticos, seguridad y violencia,
asociaciones público-privadas.
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Abstract
The work research a key aspect of the 2030 Agenda, in Mexican, framed in the objec-
tive Peace, Justice and Solid Institutions, such is the case of the creation of penalties
under the Public-Private Partnerships (PPP) scheme. After more than five years of
implementing the PPP scheme in the prison sector, the work provides empirical evi-
dence that there is no significant difference between a prison built under that scheme
and the traditional (public) scheme. In that sense, the work concludes by pointing to
two issues. First, the need to rethink the security strategy, giving less weight to hard-
handed schemes to "promote peaceful and inclusive societies in sustainable develop-
ment, facilitate access to justice for all and create effective, responsible and inclusive
institutions". Second, to draw attention to the fact that the problems of origin (by
type of rules of the game in the Mexican case) of PPPs may arise in other key sectors
of the 2030 Agenda, in regard to the provision of services / or infrastructure.
Keywords: Public-Private Partnerships, Prison Sector, 2030 Agenda, Insecurity.
Introducción
Sin lugar a dudas, México atraviesa por una aguda crisis de seguridad.
El 2019 fue el año más violento de su historia; sin embargo, el presente
año probablemente lo supere. Las respuestas brindadas al respecto se
han enmarcado en lo punitivo; pese a esto, los saldos han sido nega-
tivos, basta revisar el estancamiento o, en el peor de los casos, creci-
miento de los delitos de alto impacto de 2007 a la fecha.
Ahora bien, como parte de esa misma estrategia, a finales del
sexenio de Felipe Calderón se optó por construir penales bajo una fi-
gura denominada asociaciones público-privadas () con el objetivo
de acabar con la sobrepoblación, la violación a los derechos humanos,
entre los principales. Sin embargo, la apuesta fue errónea, dado que
en su implementación se presentaron problemas relacionados con las
reglas del juego, las cuales han generado magros resultados en materia
de derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas.
En ese tenor de ideas, la Agenda 2030 y su objetivo 16 “Paz, jus-
ticia e instituciones sólidas” animan la revisión puntual, no realizada
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a la fecha, de los problemas de origen e implementación del esquema
de  en el sector carcelario.
La hipótesis del trabajo es que el esquema de  implementa-
do en el sector carcelario como parte de la estrategia de combate a
la inseguridad en México no ha logrado resolver la sobrepoblación,
autogobierno, violaciones a los derechos humanos, entre otros pro-
blemas característicos de los penales en México. La razón es la pre-
valencia de problemas en las reglas del juego, que se ha traducido en
complicaciones para cumplir la construcción de penales, así como en
materia de transparencia y cumplimiento de los derechos humanos
en su interior.
Por ende, en el marco de la Agenda 2030, se invita a la reflexión
del ámbito carcelario con el objetivo de reducir significativamente
las formas de violencia al interior de los penales, promover el Estado
de derecho en su interior y proteger las libertades fundamentales,
logrando que nadie esté por encima de la ley y que el trato sea iguali-
tario, así como contar con instituciones eficaces y transparentes que
rindan cuentas.
La metodología utilizada es de corte cualitativa debido a que se
realiza un análisis de contenido (Andréu, 2018) de fuentes directas e
indirectas —informes, artículos especializados, así como hemerogra-
fía—, seleccionadas mediante un muestreo de conveniencia (Patton,
2002), con el fin de dar cuenta de un fenómeno históricamente rele-
vante y lograr una mirada holística del mismo (Ragin, 2008).
Adicionalmente, se realizó la triangulación de materiales o
fuentes empíricas oficiales, como Banco Nacional de Obras y Ser-
vicios Públicos (BANOBRAS) (2018), de organizaciones de la socie-
dad civil, como Documenta (2016), así como de órganos autónomos,
como la Comisión Nacional de Derechos Humanos () (2019),
para lograr confiabilidad en la interpretación de los datos (Taylor y
Bogdan, 1984).

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