Aeropuerto de Santa Lucía: operación fuera de la ley
| Autor | Rafael Quintana Miranda |
| Cargo | Rafael Quintana Miranda es doctor en derecho, catedrático de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, ex secretario de Estudio y Cuenta de la SCJN, magistrado en retiro de los Tribunales Agrarios y vicepresidente del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM. |
| Páginas | 11-13 |
18 abogacía Agosto 2021
[ Experiencias ]
LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 19
En este artículo, cuyo tema central es la actividad del Ejército
en la operación del proyecto del Aeropuerto de Santa Lucía, el
autor sostiene que no basta con la emisión de un decreto pre-
sidencial para atribuir facultades o competencia al cuerpo cas-
trense y, con base en ellas, desarrollar las obras y las actividades
respectivas, sino que debe atenderse a lo establecido en nuestra
Constitución y en las leyes secundarias, así como al debido pro-
ceso legislativo, antes de implementar medidas de este tipo.
AEROPUERTO
DE SANTA LUCÍA:
Rafael Quintana Miranda
operación fuera de la ley
L
que fue conocido en la época colonial como Estancia
de Santa Lucía, propiedad del Colegio Máximo de
San Pedro y San Pablo (de origen jesuita, franciscano
y después agustino), y que a partir de 1576 empezó a desa-
rrollarse como hacienda de ganado menor.
Como consecuencia del deterioro y el lento abandono del
P. A. Alfredo Lezama Álvarez, el 24 de noviembre de 1952: “La
base aérea se encuentra inmediatamente al sur del pueblo de
San Lucas Xolox, un asentamiento originalmente fundado por
los mexicas en las orillas del lago de Xaltocan”.1
El presidente Miguel Alemán Valdés, los días 30 de junio
y 1º de julio, ambos del año 1952, expropió los terrenos eji-
dales situados en los poblados San Jerónimo Xanacahuacán
(3-11-01 hectáreas), San Pedro Pozohuacán (98 hectáreas), los
Reyes Acozac (51-92-50 hectáreas), Tecámac (168 hectáreas),
todos del municipio de Tecámac, así como San Lucas Xoloc,
municipio de Tecameca (34 hectáreas), todos en el Estado de
México, para utilizarlos en la ubicación de la entonces base
militar número uno.2
Los antecedentes mencionados pretenden reforzar la deci-
sión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
quien ha señalado la participación del Ejército y de las Fuerzas
Armadas en apoyo del país, pero no ha contemplado, bien a
bien, las facultades del fuero militar en actividades meramente
civiles.
Dicho lo anterior, en consideración de la importancia del
tema, a raíz del desayuno que se realizó el 22 de octubre de
2019, en el que estuvo presente el secretario de la Defensa
Nacional, general de división Luis Crescencio Sandoval Gon-
zález, así como otros altos jefes de la plana mayor del Ejército
mexicano, el general de división en retiro Carlos Gaytán Ochoa,
con patriotismo y valentía, aseguró que “en México la sociedad
está polarizada políticamente porque la ideología dominante,
que no mayoritaria, se basa en corrientes pretendidamente de
izquierda que acumularon durante años gran resentimiento”.
un fortalecimiento del Ejecutivo que propicia decisiones estra-
tégicas que no han convencido a todos. Llama la atención su
comentario, pues el general Gaytán Ochoa tiene una larga
hoja de servicios en las Fuerzas Armadas.
Ante los altos mandos del Ejército reunidos en la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (SDN), el general continuó con su
participación en los términos siguientes: “Ello nos inquieta,
nos ofende eventualmente, pero sobre todo nos preocupa, toda
vez que cada uno de los aquí presentes fuimos formados con
valores axiológicos sólidos que chocan con la forma con que
hoy se conduce al país”.3
Mencionamos lo anterior en virtud de que el jefe del Eje-
cutivo federal encargó al Ejército mexicano la construcción,
operación y administración del aeropuerto que está en marcha
en el poblado de Santa Lucía, Estado de México. Nuestro pro-
pósito es contrastar la decisión, de acuerdo con lo dispuesto en
determinar si la misma se encuentra debidamente soportada
en el marco legal vigente; pero sostenemos lo contrario, con
el siguiente argumento.
La Constitución general, en su artículo 89, establece como
facultades y obligaciones del presidente, las siguientes: “[...]
VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley
respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada per-
manente, o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea,
para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.
Por su parte, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanosen su artículo 1, señala que el Ejército y la Fuerza
Aérea son instituciones armadas permanentes que tienen las
misiones generales de apoyar y atender necesidades imperiosas
a la población civil.
También hay que tomar en cuenta lo previsto en el artículo
37 del reglamento interior de la SDN, que a la letra dice: “La
Dirección General de Ingenieros es el órgano administrativo
encargado de coadyuvar a satisfacer las necesidades de vida
y operación de la secretaría mediante trabajos destinados a
proporcionar seguridad, comodidad e higiene en alojamientos
e instalaciones diversas; asesorar a los mandos en aspectos
de su especialidad, y abastecer de materiales y otros artícu-
los de su responsabilidad”.
Como podemos apreciar, en la normativa constitucional y
legal se advierte de manera clara que el Ejército mexicano tiene
cuenta con facultades para llevar a cabo misiones de carácter
civil, como es la construcción de un aeropuerto en Santa Lucía,
y mucho menos para encargarse de su organización operativa,
jurídica y de control. Los trabajos civiles no militares sólo los
pueden hacer los encargados militares que soliciten licencia
o que se encuentren en retiro, que hasta ahora no es el caso.
Ahora bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a
través de la pretendida ideología de tratar de dar soluciones a
las necesidades del país, ha hecho un atento llamado a las Fuer-
zas Armadas para que tengan mayor participación en activi-
dades públicas y civiles, pero en algunos casos esa participa-
ción puede incurrir en atentados contra la norma suprema
fundamental y otras leyes secundarias. Por eso ponemos a
consideración de los lectores un análisis crítico en torno de las
determinaciones tomadas por el Ejecutivo federal respecto de
la presencia militar en diversas áreas civiles, como la creación
de una empresa paraestatal para la construcción y operación
del Aeropuerto de Santa Lucía en el Estado de México.
Fotos:www.gob.mx/aifa
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