Administración de la privación legal de la libertad (corresponsabilidad en el sistema de justicia penal)
| Páginas | 149-167 |
| Autor | Mario Galán |
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ADMINISTRACIÓN DE LA PRIVACIÓN LEGAL
DE LA LIBERTAD
(
corresPonsabiliDaDenelsisteMaDeJusticiaPenal)
Mario
Galán
suMario:
I. Presentación. II. Retribución o prevención. III. Estado y ius
puniendi. IV. Marco constitucional, estructura y organización del sistema
de justicia. V. Inocencia o culpa, medida cautelar o sanción. VI. Conclusio-
nes. VII. Bibliografía.
I.
Presentación
La prisión es posiblemente uno de los apartados históricos más obscuros de la
humanidad. Son muchos los ejemplos que al respecto se tienen registrados y
que la caracterizan. A pesar de la cantidad de maleficios, castigos y crueldad,
la cárcel como institución (espacio físico-arquitectónico) o como pena, con-
tinúa siendo el medio favorito para castigar delincuentes, cuestionándose en
gran medida sus resultados sancionadores y disuasivos.
Es preciso agregar que este trabajo es el resultado de incontables días
de asombro, estupor y razonamiento pero también de noches de insomnio,
producto de la vivencia impotente de observar cómo el crecimiento pobla-
cional y la sobrepoblación en los centros de internamiento, producto de las
detenciones de hordas de criminales indiciados en pro de la procuración y
la medida cautelar privativa de libertad sobre procesados que privilegia la
impartición en el sistema de justicia penal le gana la partida a elementos
que históricamente han sido estáticos y requieren de constante inversión
económica por parte del Poder Ejecutivo: la capacidad instalada, la infraes-
tructura, la clasicación, la reinserción social, los sistemas de vigilancia, el
personal penitenciario y, sobre todo, al propio Estado de derecho y el respe-
to a los derechos humanos.
En nuestros días, paradójicamente, el sobreutilizado, agotado y desar-
ticulado sistema carcelario mexicano, a pesar de todo, está en crecimiento.
150
MARIO GALÁN
Es irónico pensar en la diversidad de formas miméticas y entrópicas que
adopta la estructura y organización del vetusto sistema penitenciario mu-
nicipal, estatal y federal para enfrentar la obligatoria exigencia que generó
la reforma penal constitucional en el híbrido contexto que signica la tran-
sición del viejo sistema inquisitivo al nuevo oral acusatorio, en cuyo contu-
bernio de un plumazo pasó de la pena de prisión a la pena privativa de li-
bertad, desplazando el n utilitario de la readaptación por el retributivo de
la reinserción social, a lo cual, como si esto fuera poco, se le debe anexar el
complejo y riesgoso fenómeno del comportamiento criminal que aprovecha
las capacidades, el temor, los vacíos de poder y los contados espacios de la
organización del Estado y la sociedad para su benecio personal, cobrando
facturas que se pagan con la vida, sin importar las múltiples y costosas se-
cuelas que produce y lo hará en las presentes y futuras generaciones.
Es oportuno decir, que en virtud de que todas las leyes y tratados que
se establezcan en la República mexicana deben emanar de los preceptos
establecidos en la Constitución (para efectos de no contradecir sus disposi-
ciones), nuestro análisis en este trabajo se orienta especícamente hacia el
fuero federal (sobre asuntos que afectan a la nación); aunque son aplicables
en lo correspondiente al fuero común (la sociedad y a los individuos), ya
que en la realidad se encuentran íntimamente relacionados, tanto así que
su separación en la materialidad es a conveniencia estrictamente teórica.
En este tenor, el sistema aplica sanciones privativas de libertad en coordi-
nación con el resto de las partes que integran el sistema de justicia penal, quien
de manera rme debe refundarse aprovechando la alineación de capacidades
con el conocimiento y aplicación de ley y el respeto a los derechos humanos,
en lugar de seguirle el juego a la actual política de prevención penal, es decir,
apostar a crear leyes y endurecerlas para resolver la delincuencia y criminali-
dad, creando una inación punitiva penal,1 expresada por la “…disgregación
de lo que por naturaleza debería permanecer unido, coordinado”,2 ya que la
Federación y cada estado tiene sus normas propias,3 en lugar de fortalecerse
en una estrategia federada que atienda el fenómeno criminal.
1
Peláez Ferrusca, Mercedes, “Legislación penal y derechos humanos. Una aproxima-
ción”, Derecho penal y Estado democrático, México, INACIPE, 1999, pp. 58 y 59.
2
Peláez Ferrusca, Mercedes, Algunas reflexiones sobre la unificación del sistema penitenciario
nacional. Liber ad honorem Sergio García Ramírez, México, UNAM, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, 1998, t II., p. 1455.
3
En este caso, 33 códigos penales, 33 procesales penales, 33 leyes privativas y restricti-
vas de la libertad, 32 leyes de adolescentes en conicto con la ley penal, etcétera. Al respecto,
sería sano considerar la aplicación del Federalismo en la ejecución y cumplimiento o la uni-
cación a través de un subsistema ejecutivo nacional.
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