El adelgazamiento de la Segob

AutorErnesto Núñez

De la Secretaría de Gobernación surgieron, en el siglo XX, ocho candidatos a la Presidencia de la República. Sólo uno de ellos perdió las elecciones, justo el año en el que cayó el régimen priista.

Durante más de medio siglo, el despacho del Palacio de Covián simbolizó el poder del sistema; encumbró y frustró carreras políticas, administró las ambiciones de los herederos de la Revolución, reguló las relaciones del Ejecutivo federal con gobernadores, presidentes municipales, las Cámaras del Congreso, los sectores sociales, los sindicatos, los empresarios, las iglesias y la oposición. Premió y castigó. Y, a su modo, garantizó la gobernabilidad.

Durante 48 años, entre 1940 y 1988, hubo 11 secretarios de Gobernación, la mayoría de los cuales duraron casi todo el sexenio en el cargo. El último de esa estirpe fue Manuel Bartlett Díaz, quien estuvo ahí todo el sexenio de Miguel de la Madrid.

En los 23 años siguientes, en coincidencia con la transición, han pasado por ese despacho 14 secretarios, tres más que en la etapa anterior, y algunos de ellos han durado menos de un año en el cargo.

Dos tragedias y dos nombramientos que no satisficieron las expectativas del Presidente provocaron que Felipe Calderón haya nombrado ya a cinco secretarios: Francisco Ramírez Acuña, Juan Camilo Mouriño, Fernando Gómez Mont, Francisco Blake Mora y Alejandro Poiré. En todos los casos heredaron un cargo sin las atribuciones y el poder que se tenía en el antiguo régimen.

El despacho de Bucareli es hoy en día, según el especialista Ignacio Marván y tres ex secretarios de Gobernación (Manuel Bartlett, Francisco Labastida y Santiago Creel), una oficina disfuncional que ya no tiene los instrumentos para cumplir las principales tareas que le asigna la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Entre esas funciones, que hoy en día ya no se cumplen a cabalidad, destacan: "conducir la política interior que compete al Ejecutivo", (artículo 27, fracción XII); "... favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para mantener las condiciones de gobernabilidad democrática", (fracción XVII); "formular, regular y conducir la política de comunicación social del Gobierno Federal y las relaciones con los medios masivos de información", (fracción XXVII), y "contribuir a dar sustento a la unidad nacional, a preservar la cohesión social y a fortalecer a las instituciones de gobierno" (fracción XXX).

Los entrevistados coinciden en que, tras los ajustes hechos por Vicente Fox en el año 2000 y por Calderón en el 2006, la Secretaría de Gobernación no garantiza ya la gobernabilidad del país.

El desdibujamiento

El 13 de diciembre de 1998, el Ejecutivo federal creó la Policía Federal Preventiva, un cuerpo civil que pretendía atender la crisis de seguridad que estalló durante el sexenio de Ernesto Zedillo, y se puso bajo el mando del entonces secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa.

El esquema de operación funcionó menos de dos años, pues el 30 de noviembre del 2000 el aún presidente Zedillo promulgó el decreto de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear la Secretaría de Seguridad

Pública, a la que se transfirieron el mando de la PFP y las atribuciones que en materia de seguridad le estaban encomendadas a Gobernación.

El diseño hecho por el equipo de transición de Vicente Fox buscaba "despolitizar" la seguridad y hacer más eficiente la lucha contra la delincuencia. Pero hoy en día, esa decisión es vista como un error incluso por uno de sus principales protagonistas: Santiago Creel.

Sobre ese periodo, el entonces secretario de Gobernación admite que el diseño institucional que le tocó a él operar durante cinco años (diciembre de 2000 a junio de 2005) no era el adecuado.

"Gobernación ya no es lo que fue antes de la alternancia, pero tampoco responde a la problemática actual del país. En aras de combatir la antigua Secretaría de Gobernación, es decir la policía política, se separaron las funciones de seguridad para depositarlas en una nueva Secretaría; sin embargo, quedó un híbrido. Se dejaron a Gobernación funciones como la migración, pero sólo administrativamente, porque no tiene capacidad de proteger fronteras.

"Todo esto me ha hecho pensar, después del diseño de Fox en el 2000 y de haber operado ese diseño, que no es el óptimo ni el conveniente para enfrentar la problemática que vive el país", comenta Creel.

Pero quitarle la operación de la seguridad interna no fue el único cambio que hizo Fox en detrimento de Gobernación: en su administración se crearon las coordinaciones de enlace legislativo, que dieron a cada Secretaría de Estado la posibilidad de cabildear sus asuntos con la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

La Subsecretaría de Enlace Legislativo se mantuvo, pero en los hechos el titular de Segob dejó de ser el interlocutor con el Congreso. Funcionarios panistas y legisladores de esa época recuerdan cómo la Secretaría de Hacienda adquirió más peso que Gobernación en la relación con los diputados y con los gobernadores, pues la negociación del Presupuesto de Egresos excluyó por completo a los funcionarios de Gobernación.

En octubre del 2002, Fox y su esposa Marta Sahagún dieron otro golpe a la Segob al operar el llamado "decretazo", que eliminó el 12.5 por ciento de los tiempos fiscales del Estado en la televisión concesionada, con lo que quedó patente que la relación del Ejecutivo con los medios masivos y la política de comunicación social se manejaban desde Los Pinos y no en Bucareli.

Con todo, Creel fue el...

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