Acuerdo de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SUP-AG-0173-2022-Acuerdo1), 2022

EmisorSala Superior (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México)
Número de expedienteSUP-AG-0173-2022
Fecha17 Agosto 2022
Tribunal de OrigenNO APLICA
Tipo de procesoAsuntos generales

ACUERDO DE SALA

ASUNTO GENERAL

EXPEDIENTE: SUP-AG-173/2022

COMPARECIENTE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA

PARTE ACTORA: M.P.E.E.R.C.

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE M.

MAGISTRADA PONENTE: M.A.S.F.

SECRETARIO: JULIO CÉSAR PENAGOS RUIZ

COLABORARON: E.B.R.T.Y.M.A.C.A..

Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil veintidós.

Acuerdo por el que la Sala Superior determina que: i) tiene competencia formal conocer de la consulta planteada; ii) es improcedente el medio de impugnación promovido por la parte actora, al no haberse agotado previamente la instancia partidista, sin que se justifique su conocimiento “per saltum”; y iii) se reencauza a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de M..

ANTECEDENTES

De los hechos narrados en el escrito de demanda, así como de las constancias que obran en el expediente, se advierte lo siguiente:

  1. Convocatoria. El dieciséis de junio de dos mil veintidós[1], el Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario para llevar a cabo el procedimiento de renovación de diversos cargos y puestos intrapartidistas, a excepción de la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional; En la que se previó, entre otros aspectos, la realización de congresos distritales a nivel nacional, previo registro y aprobación de sus participantes.

  1. Registro en el proceso de selección. A decir de la parte actora, en su oportunidad, presentó su solicitud para participar, entre otros, en el III Congreso Nacional Ordinario.

  1. Congresos Distritales. De conformidad con lo previsto en la convocatoria, los días treinta y treinta y uno de julio, se llevaron a cabo las asambleas distritales de M. a nivel nacional, entre las cuales figura la celebrada en el distrito electoral federal 06 con cabecera en Mazatlán, S..

  1. Juicio de la ciudadanía. Inconforme, el tres de agosto, la parte actora[2] promovió, per saltum, juicio de la ciudadanía, ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa[3], quien, a su vez, lo remitió a esta Sala Superior.

  1. Acuerdo de remisión a la Sala Superior. Mediante acuerdo plenario de once de agosto, el Tribunal local, sometió a consideración de esta Sala Superior la competencia para conocer del presente asunto.

  1. Registro, turno y radicación. Recibidas las constancias, la Presidencia de este Tribunal Electoral ordenó integrar el expediente SUP-AG-173/2022 y turnarlo a la ponencia de la Magistrada M.A.S.F., a fin de que determine lo que conforme a derecho proceda y, en su caso, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral[4]; en su oportunidad, la Magistrada Instructora radicó el expediente en la Ponencia a su cargo.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Actuación colegiada. La materia sobre la que versa la presente determinación corresponde al conocimiento de la Sala Superior, mediante actuación colegiada, de conformidad a lo previsto en el artículo 10, fracción VI, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como en la Jurisprudencia 11/99, de rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR.

Lo anterior, porque en el caso se debe determinar el cauce que debe darse a la controversia planteada por la parte actora en relación a la celebración de los Congresos Distritales de M. rumbo al III Congreso Nacional Ordinario.

Por tanto, la decisión que al efecto se tome no es una cuestión de mero trámite y se aparta de las facultades de quien funge como ponente para la instrucción habitual del asunto, al estar implicada una modificación en la sustanciación ordinaria del procedimiento.

SEGUNDO. Competencia. Esta Sala Superior considera que tiene competencia formal para conocer del asunto toda vez que se controvierten, entre otros, los resultados consignados en asambleas distritales celebradas por M. los días treinta y treinta y uno de julio, rumbo al III Congreso Nacional Ordinario, en este sentido, dichos cargos a elegir corresponden a la integración de un órgano nacional de decisión, además, el acto impugnado es atribuido a un órgano nacional de un partido político de la misma naturaleza, que está relacionado con la elección de sus dirigentes nacionales, materia de conocimiento de esta Sala Superior.

Además, al controvertirse los resultados de las asambleas distritales en las que se eligieron de manera simultánea diversos cargos, de entre los cuales se encuentran los congresistas nacionales para integrar el III Congreso Nacional de MORENA, se advierte que la controversia no tiene impacto en una entidad federativa específica, de ahí que no se actualiza la competencia del Tribunal Electoral local ni de alguna de las Salas Regionales, sino de esta Sala Superior.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución general; 164; 166, fracción III, inciso c); 169, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 79; 80, numeral 1, inciso g), y 83, numeral 1, inciso a), fracción II, de la Ley de Medios.

TERCERO. Cuestión previa. Si bien una vez que esta Sala Superior determinó que es formalmente competente para conocer la controversia planteada, lo procedente sería el cambio de vía del asunto general a juicio de la ciudadanía, no obstante, atendiendo al sentido de la presente determinación a ningún fin práctico conduciría, debido a que dicho juicio resulta improcedente, como a continuación se expone.

CUARTO. Improcedencia y reencauzamiento. Esta Sala Superior considera que es improcedente el medio de impugnación promovido por la parte actora, ya que no se cumple el principio de definitividad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10, párrafo 1, inciso d), de la Ley de Medios.

En efecto, los medios de impugnación sólo serán procedentes cuando se agoten todas las instancias previas y se realicen las gestiones necesarias para ejercer el derecho vulnerado, en la forma y en los plazos establecidos en las leyes respectivas.

Al respecto, en la Ley General de Partidos Políticos[5] se establece que una vez que la militancia agote los medios partidistas de defensa, estará en posibilidad de acudir ante la instancia jurisdiccional electoral competente[6].

Además, esta Sala Superior ha considerado[7] que los institutos políticos gozan de la libertad de auto organización y auto determinación, motivo por el cual emiten normas propias que regulan su vida interna, por lo que las autoridades electorales –administrativas y jurisdiccionales– solamente podrán intervenir en sus asuntos internos en los términos que establezcan la propia Constitución y la ley, privilegiando su derecho de autoorganización.

Así, en condiciones ordinarias, se presume que las instancias partidistas son instrumentos aptos para reparar adecuadamente las violaciones generadas por el acto o resolución cuestionada[8], e incluso regularmente permiten una mayor inmediatez entre la ciudadanía y el acceso a la justicia.

Únicamente, de manera excepcional, la ciudadanía queda relevada de cumplir con la carga de agotar las instancias partidistas y legales previas, para que, “per saltum”, la instancia federal tenga conocimiento directo de su medio de impugnación.

Sin embargo, para que se actualice dicha excepción, es necesario que las instancias previas no sean formal y materialmente eficaces o impliquen una afectación o amenaza seria para restituir a los promoventes en el goce de sus derechos de manera adecuada y oportuna.

Ello, como sucede cuando el tiempo de tramitación y resolución de la impugnación partidista o legal, implique una merma considerable o la extinción de las pretensiones, efectos o consecuencias pedidas[9].

Caso concreto.

De la lectura de la demanda se advierte que la parte actora controvierte, en esencia, los resultados correspondientes al distrito...

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