Acciones de contención del gobierno de Estados Unidos ante las muertes por sobredosis de fentanilo en el periodo 2014-2024
| Autor | Jhonatan Emir González Calderón |
| Cargo | Escuela Nacional de Antropología e Historia |
| Páginas | 61-90 |
Resumen
En este artículo se recopilan y exploran las medidas gubernamentales más relevantes
que las administraciones de los presidentes estadounidenses Barack Obama, Donald
Trump y Joe Biden realizaron durante sus respectivos mandatos para combatir el
consumo y el tráfico de fentanilo ilícito hacia Estados Unidos, a efecto de reducir el
número de muertes por sobredosis de opioides y brindar atención médica y tratamiento
a los usuarios con problemas de adicción a las drogas.
Palabras clave: fentanilo, opioides, drogas, política de drogas, Estados Unidos.
Abstract
This article compiles and explores most relevant government measures to combat the
consumption and trafficking of illicit fentanyl to the United States, in order to reduce
the number of opioid overdose deaths and provide medical care and treatment to
users with drug addiction problems during administrations of Barack Obama, Donald
Trump and Joe Biden.
Key words: fentanyl, opioids, drugs, drug policy, United States.
Artículo recibido: 12/05/2024
Apertura del proceso: 09/07/2024
Aprobado: 27/08/2024
Jhonatan Emir González Calderón*
Acciones de contención del gobierno
de Estados Unidos ante las muertes por
sobredosis de fentanilo en el periodo 2014-2024
US government containment actions against
fentanyl overdose deaths in the period 2014-2024
* Maestro en relaciones internacionales. Profesor de la Escuela Nacional de Antropología
e Historia [jhonatan.gonzalez@enah.edu.mx]
DOI: http://doi.org/10.24275/00000000
Política y Cultura, julio-diciembre 2024, núm. 62, pp. 61-90
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Jhonatan Emir González Calderón
ISSN-e: 2954-4130
introducción: lacrisisdelosopioidesdelsigloxxi
comoproblemapúblicoenestadosunidos
Alo largo del siglo XXI, Estados Unidos enfrenta
una de las crisis por consumo de drogas más
catastróficas de su historia. Desde 1999 las muertes
por sobredosis aumentaron considerablemente: pasaron de 16 800, en ese año,
a más de 106 000 en el 2021.1 Este incremento en el número de decesos por
consumo de drogas tiene su explicación en lo que denominamos “la crisis
de los opioides2 del siglo XXI”, para diferenciarla de otras etapas de consumo
masivo de opiáceos y opioides como el de la morfina en la segunda mitad del
siglo XIX,3 y la heroína entre 1920 y 19304 y el repunte de la década de 1980.5
La nueva crisis de los opioides del siglo XXI comenzó en la década de 1990
y se caracteriza por tres momentos: la prescripción irresponsable de opioides
para el tratamiento del dolor, el aumento en el consumo de la heroína y el
crecimiento exponencial en el consumo y muertes por sobredosis de fentanilo
ilícito.
De 2013 a 2014 se incrementaron 16% las muertes vinculadas con pres-
cripciones de opioides y también se elevaron 28% los decesos relacionados con
abuso de heroína. De igual manera, las muertes que involucraban sobredosis
de fentanilo y/o tramadol se dispararon 79% según el Centro Nacional de
Estadísticas de Salud (NCHS por sus siglas en inglés).6 Estos datos mostraban
1 National Institute on Drug Abuse, “Índices de muertes por sobredosis”, Estados Unidos,
7 de julio de 2023
indices-de-muertes-por-sobredosis>, fecha de consulta: 1 de junio de 2024.
2 Un opioide es cualquier sustancia, natural o sintética, cuya estructura es similar a la de
los derivados del opio (por ejemplo, la morfina) y, por lo tanto, emula sus efectos sobre el
cuerpo humano.
3 Esperanza Regueras Escudero y José López Guzmán, “Análisis histórico de la epidemia
de opioides en Estados Unidos (Parte I)”, Multidisciplinary Pain Journal, núm. 1, 2021
mpainjournal.com/analisis-historico-de-la-epidemia-de-opioides-en-estados-unidos-parte-i80>,
fecha de consulta: 20 de mayo de 2024.
4 Idem.
5 Sabine Cherenfant (ed.), The opioid crisis, Nueva York, Greenhaven Publishing, 2020.
6 Centers for Disease Control and Prevention, “Drug Overdose Deaths Involving Fentanyl,
2011-2016”, Estados Unidos, 21 de marzo de 2019 /2019/03/21/4427/>,
fecha de consulta: 1 de junio de 2024.
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un avance desmedido de la crisis de los opioides y sus terribles consecuencias
para la sociedad estadounidense, especialmente entre los sectores juveniles
de la población y también las comunidades más marginadas. Aunque los
casos de sobredosis de fentanilo ya se habían documentado cuando menos
desde la década de 1980, fue en el 2014 cuando comenzó un incremento
considerable de las muertes por sobredosis asociadas con este opioide, como
se muestra en la gráfica 1. Para el 2015, el fentanilo7 se convirtió en la causa
número uno de muertes por sobredosis, desplazando a sustancias como la
heroína o las metanfetaminas.
El problema del consumo y muertes asociadas con el fentanilo en Estados
Unidos se enmarca en dos contextos más amplios: el primero es, como se
mencionó, la crisis de los opioides del siglo XXI, la cual ha tenido varias
olas. El otro es el histórico problema de abuso de drogas de la sociedad
estadounidense que se puede remontar, cuando menos, hacia mediados del
7 El fentanilo es un opioide sintético fabricado por primera vez en la década de 1960 por
el doctor Paul Janssen, en Bélgica. Su uso inicial fue para realizar anestesias y tratar el dolor.
Se considera un producto eficaz para el ejercicio médico, pues es 50 veces más potente que
la heroína y hasta 100 veces más fuerte que la morfina. Sin embargo, su uso sin supervisión
o producción no profesional puede tener consecuencias mortales.
gráfica 1
Muertes por sobredosis de opioides,
principalmente fentanilo, en Estados Unidos
Fuente: elaboración con datos del National Institute on Drug Abuse.
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siglo XIX.8 El fentanilo, como parte de estos dos procesos, comenzó a tener
gran relevancia en la opinión pública, cobertura en los medios de comuni-
cación y tratamiento en el gobierno estadounidense desde el 2014, por ello
se toma esta fecha para iniciar el análisis de la política de drogas de Estados
Unidos en lo relativo a los opioides, especialmente fentanilo.
La narrativa dominante en Estados Unidos destaca que la principal razón del
aumento en el consumo y sobredosis se encuentra en factores externos como
la producción y distribución ilegal de opioides hacia su territorio desde China y
México, países a los cuales ha señalado en diferentes ocasiones como el origen
del problema9 y a los que exhorta a realizar mayores esfuerzos para combatir
la fabricación y contrabando de drogas sintéticas.10 Este tipo de argumentos se
traducen en el impulso, planteamiento, consolidación y ejecución de políticas
que consideran el tema de las drogas como un problema de seguridad pública
o de seguridad nacional, fortaleciendo narrativas y acciones que han promovido
los paradigmas de seguridad, securitización y vigilancia, desde la esfera
estatal, en todo el mundo, usando el asunto de las drogas –especialmente su
oferta– como pretexto para implementar acciones de contención en el sentido
de preservar el interés y la seguridad nacional, consolidando un discurso y
régimen internacional de drogas de corte criminalizador.11
Por otro lado, en la opinión pública,12 la sociedad civil,13 e incluso en la
academia,14 también se enfatiza que la respuesta recurrente de Estados Unidos
8 Para una revisión más detallada de estos dos puntos pueden consultarse las siguientes
obras: Kelly E. Dunn, The Oxford Handbook of Opioids and Opioid Use Disorder, Nueva York,
Oxford University Press, 2023; y Elizabeth Kelly Gray, Habit Forming: Drug Addiction in
America, 1776-1914, Nueva York, Oxford University Press, 2022.
9 Drug Enforcement Administration, “Fentanyl flow to the United States”, Estados Unidos,
enero de 2020 /2020-03/DEA_GOV_DIR-008-20%20
Fentanyl%20Flow%20in%20the%20United%20States_0.pdf> fecha de consulta: 8 de septiembre
de 2024.
10 Vanda Felbab-Brown, China y el control de las drogas sintéticas: el fentanilo, la
metanfetamina y sus precursores, Estados Unidos, marzo de 2022
edu/es/articles/china-y-el-control-de-las-drogas-sinteticas-el-fentanilo-la-metanfetamina-y-sus-
precursores/> fecha de consulta: 8 de septiembre de 2024.
11 Peter Andreas y Ethan Nadelmann, Policing the globe. Criminalization and crime control
in International Relations, Reino Unido, Oxford University Press.
12 El País, “La guerra contra las drogas: medio siglo de derrotas para América Latina”, España,
17 de junio de 2021
medio-siglo-de-derrotas-para-america-latina.html>, fecha de consulta: 2 de septiembre de 2024.
13MUCD-Transform Drug Policy Fundation, Terminando la guerra contra las drogas. Cómo
ganar el debate en América Latina, México, 2017.
14 Giovanni Molano Cruz (ed.), América Latina en la guerra contra las drogas. Una mirada
multidimensional a un fenómeno global, Bogotá, Fescol, 2021.
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para hacer frente al problema de las drogas en su territorio ha sido el combate
a la oferta de las mismas, por medio de operaciones fuera de su territorio, las
cuales han afectado la soberanía de otros Estados y han tenido consecuencias
sociales graves para los habitantes de los países donde estas acciones –de
carácter policiaco, punitivo y militar– se han ejecutado. Sin embargo, ¿hasta
qué punto Estados Unidos sigue manteniendo este tipo de política de drogas
que privilegia el combate a la oferta –manteniendo el discurso de la seguridad
nacional y la criminalización de la oferta y demanda de drogas– frente a
otras posibilidades que pueden centrarse en otros aspectos más allá de la
narrativa de seguridad?, ¿cómo resolver el problema de drogas en Estados
Unidos fuera del discurso de seguridad pública y seguridad nacional?, ¿cómo
replantear el enfoque tradicional de política de drogas estadounidense de
corte criminalizador?
Este artículo se desarrolla a partir de la siguiente pregunta: ¿de qué manera
el asunto de la crisis de los opioides, centrada en el tema del fentanilo,
modifica la política de drogas en Estados Unidos? Se sostiene que, aunque
Estados Unidos mantiene un discurso público y criminalizador que señala a
otros países como los responsables directos de su problema con las drogas
(en lo que concierne a fentanilo, México y China), en los hechos se ha visto
forzado a destacar cada vez más el problema principal de las muertes por
sobredosis de fentanilo: el consumo interno masivo y desregulado. El objetivo
es mostrar cómo Estados Unidos, sin abandonar su política de drogas con
enfoque en el combate a la oferta de carácter punitivo, policiaco y militar,
complementa su acción política tradicional con un enfoque de prevención,
tratamiento y reducción de daños. Es decir, se busca enfatizar cómo Estados
Unidos transita de una política de drogas centrada en la seguridad nacional y
la seguridad pública hacia un enfoque de salud pública, cuando menos dentro
de su territorio. Se pretende también destacar las acciones de salud pública
en Estados Unidos para contener la crisis de los opioides para demostrar este
cambio. Para exponer con mayor detalle lo anterior, este texto se divide en
cuatro apartados: el primero ofrece la perspectiva metodológica que sigue
este artículo desde la propuesta del análisis de política de drogas de Alison
Ritter. Los tres restantes describen, recopilan y analizan, respectivamente,
las principales declaraciones, acciones e iniciativas que las administraciones
Obama, Trump y Biden desplegaron respecto al tema del fentanilo desde el
2014. Finalmente, se exponen algunas conclusiones.
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elanálisisdepolíticadedrogas: conceptoymétodo
El término droga se usa para aludir a cierta gama de sustancias psicotrópicas.
Sin embargo, la palabra encierra una carga negativa, sustentada, muchas veces,
sobre una evaluación moral o política que trata de expresar una especie de
“naturaleza prohibida” y, por lo tanto, condenable.15 Desde la óptica descrita,
la relación ser humano-droga no es legítima del todo, por lo que se justifica
algún tipo de intervención que regule dicha relación.
Las posiciones, acciones y declaraciones de un gobierno que determinan,
influyen o moldean la relación de una sociedad con las drogas constituyen
un primer marco de referencia para definir lo que se entiende por política de
drogas. La importancia de conocer una postura gubernamental se debe a que
configura las tendencias sociales, imaginarios colectivos, prácticas individuales,
así como usos y abusos de las diferentes sustancias conocidas como drogas.
Para este ensayo se usa la propuesta metodológica de Alison Ritter,16 quien
señala que el análisis de la política de drogas se enfoca en la revisión de
las intenciones gubernamentales, tal como se documenta en declaraciones
oficiales, leyes y regulaciones, así como en la explicación de las decisiones
que un gobierno toma para definir el tratamiento que le dará al asunto de las
drogas y las maneras concretas en que llevará a cabo dicho tratamiento, en
el contexto particular en el que se encuentra. Los elementos que brindan el
panorama más concreto de la política de drogas de un Estado son la retórica
gubernamental, las acciones implementadas y las regulaciones formuladas.
En sintonía con lo que propone Ritter, el método seguido para la construc-
ción de este texto contempló la consulta de diversas declaraciones oficiales
contenidas en sitios electrónicos que corresponden a una amplia gama de
medios de comunicación. Se accedió también a los principales comunicados
oficiales que emitió la Casa Blanca en el periodo 2014-2024 relacionados
con el tema de política de drogas y crisis de los opioides, así como minutas,
boletines y pronunciamientos del Congreso y Senado de Estados Unidos y
algunos estados de la Unión Americana. De esta manera, gran parte de la
información localizada pudo ser contrastada o comparada para no hacer uso
solamente de la narrativa gubernamental.
Los reportes e informes de organizaciones no gubernamentales vinculadas
con la problemática sirvieron también para confrontar algunas declaraciones y
15 Tobby Seddon, “Inventing drugs: A genealogy of a regulatory concept”, Journal of Law
and Society, vol. 43, núm. 3, septiembre de 2016, pp. 393-415
com/doi/epdf/10.1111/j.1467-6478.2016.00760.x>, fecha de consulta: 2 de septiembre de 2024.
16 Alison Ritter, Drug Policy, Nueva York, Routledge, 2022.
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datos, así como para mostrar el contexto de reformulación de política de drogas
que atraviesa Estados Unidos. Sin embargo, para exponer cómo se mantiene
un enfoque punitivo-prohibicionista en el asunto de drogas, se acudió también
a información producida por la Drug Enforcement Administration (DEA),
los Departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos, y diferentes
comisiones especializadas, entre las que destaca la Comisión para el Combate
del Tráfico de Opioides Sintéticos.
De esta manera, toda la información fue recopilada y analizada para construir
un seguimiento histórico que diera detalle de las principales acciones que cada
administración estadounidense ejecutó desde el 2014 con el fin de reducir el
número de muertes por sobredosis en el consumo de opioides al interior de
aquel país. La literatura académica y especializada también se consultó para,
en primer lugar, tener un punto de partida para el análisis y, segundo, para
adentrarse en un contexto más detallado de cómo se aborda el tema de la crisis
de los opioides y reforzar o desplazar el planteamiento de este texto.
Alison Ritter17 sugiere enfocar la mirada en las llamadas drogas ilícitas, es
decir, aquellas sustancias que el Estado busca controlar su uso, producción o
distribución dentro de un conjunto social por medio de algún tipo de regulación
o restricción. Para ello, se deben contemplar las diferentes partes que conforman
un determinado sistema político, así como el aparato administrativo concreto
que existe dentro del sistema. También deben observarse el entramado jurídico
y los diferentes niveles normativos (locales, nacionales y/o internacionales) que
operan o influyen en la conformación de las leyes.
Por otro lado, Ritter argumenta que la política de drogas de un gobierno
puede clasificarse también de acuerdo con el objetivo que persigue o con el
ámbito de acción política que despliega. En el primer rubro pueden apreciarse
al menos cuatro áreas: a) reducir la oferta de drogas; b) disminuir la demanda de
drogas; c) reducir los daños que se derivan del consumo y la oferta de drogas
(como el contexto de criminalidad); y d) prevenir que los miembros de una
sociedad se acerquen y/o comiencen a consumir algún tipo de droga. Respecto
de los ámbitos de acción política se encuentran las siguientes manifestaciones:
a) vigilancia y cumplimiento de las leyes relacionadas con el uso de drogas; b)
programas y/o políticas de tratamiento de usuarios; c) programas y/o políticas
de reducción de daños; y d) programas y/o políticas de prevención.
De manera tradicional, Estados Unidos ha sido objeto de varios estudios
de diversa naturaleza acerca de sus esfuerzos por reducir la oferta de
estupefacientes en su territorio, especialmente respecto a operaciones fuera
17 Idem.
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de su país con énfasis en la erradicación de cultivos ilícitos, desmantelamiento
de laboratorios clandestinos para sintetizar drogas y el combate frontal a
grupos del crimen organizado. Los estudios sobre la llamada “guerra contra
las drogas”, especialmente sus efectos sobre América Latina o los países
considerados productores, son ejemplo de ello.18
En cuanto al tema del fentanilo, dentro de la crisis de los opioides del siglo
XXI, existen algunos estudios que analizan las causas y consecuencias de esta
problemática sanitaria. Destacan dos publicaciones recientes que hacen énfasis
en la política de drogas de Estados Unidos y en la respuesta gubernamental
para detener las miles de muertes por sobredosis que ocurren cada año. Estos
dos textos sirvieron de base para marcar la ruta de exposición de las acciones
gubernamentales concretas que se detallan en los siguientes apartados, pero
también se mencionan para proporcionar dos estudios a los cuales recurrir
para analizar los contextos político, social, clínico e incluso de género, de la
crisis de los opioides. El primero, un texto clave, es la compilación de artículos
que realizó Sabine Cherenfant,19 la cual contiene una serie de ensayos que
ubican los orígenes de la crisis de los opioides dentro de Estados Unidos y,
más precisamente, al interior de su ramo clínico y médico. Un aspecto que
debemos destacar es que, si bien se alude al fentanilo fabricado de manera
clandestina por grupos del narcotráfico como la sustancia que provoca la
muerte por sobredosis, la crisis comenzó en la sobreprescripción de opioides
que convirtió en adictos a centenas de miles de estadounidenses. Estas recetas
médicas provinieron de consultorios médicos y clínicas bien establecidas, como
documenta el libro de Cherenfant.
Otro texto, muy cercano en el tiempo a la elaboración de este artículo,
es el de Gail Ukockis,20 quien también ofrece un amplio panorama de los
orígenes de la crisis y el contexto político en el que surge, pero dedicando
parte de su trabajo a analizar los efectos de los opioides y la respectiva política
18 Existe una abundante literatura sobre estos temas, por mencionar algunos destacan Bruce
Bagley, Drug Trafficking and Organized Crime in the Americas: Major Trends in the Twenty-
First Century, Estados Unidos, Wodrow Wilson Center, 2012; Peter Andreas, Border Games,
Estados Unidos, Cornell University Press, 2000; Peter Andreas y Ethan Nadelmann, Policing
the globe. Criminalization and crime control in International Relations, Reino Unido, Oxford
University Press, 2006; Peter H. Smith (comp.), El combate a las drogas en América, México,
Fondo de Cultura Económica, 1993; y para los efectos sociales en México de la campaña
estadounidense contra las drogas véase Froylán Enciso, Nuestra historia narcótica. Pasajes
para (re)legalizar las drogas en México, México, Debate, 2015.
19 Sabine Cherenfant, The opioid crisis, Estados Unidos, Greenhaven Publishing, 2020.
20 Gail Ukockis, The opioid crisis: A policy case study, Reino Unido, Oxford University
Press, 2024.
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de drogas sobre ciertas comunidades: niños, mujeres, personas en situación de
pobreza, algunas minorías étnicas y comunidades marginadas. Un gran aporte
de este texto es hacer ver que, si bien se requiere de una gran respuesta
estatal para hacer frente al problema de las muertes por sobredosis a escala
nacional, también debe haber una serie de políticas que tomen en cuenta
los contextos particulares de las comunidades referidas y establecer medidas
sectoriales para brindar mejores y más prontas soluciones.
barackobama: lasaccionesiniciales
Barack Obama llegó a la Casa Blanca en noviembre de 2008. Destacó por
convertirse en el primer presidente de Estados Unidos de origen afroamericano.
En el tema del tráfico de drogas, Obama apoyó una de las políticas hacia
el exterior más destacadas de la década de 2010: la Iniciativa Mérida, un
ambicioso programa de cooperación en materia de seguridad entre Estados
Unidos, México y países de Centroamérica para combatir al narcotráfico y
el crimen organizado. Dicha iniciativa reforzaba la línea prohibicionista y el
combate frontal contra las personas vinculadas con el trasiego de drogas. No
obstante, este tipo de esfuerzos fueron criticados por considerarse que no
habían sido eficaces y no eran balanceados,21 sin mencionar que para países
como México habían resultado en una crisis de violencia que, en vez de
disminuir el poder de fuego de los grupos del crimen organizado, lo había
aumentado. Estos cuestionamientos impulsaron al gobierno de Estados Unidos
a contemplar alternativas.
Durante la administración Obama, el problema principal con las drogas fue
el consumo y contrabando de heroína. Sin embargo, las acciones del entonces
presidente estadounidense para atender la crisis de los opioides comenzaron
a destacar hasta el 2015. En ese año, Obama emitió una convocatoria para
formar grupos interdisciplinarios de trabajo entre los que hacía un llamado
relevante a especialistas del sector salud, con el objetivo de que se capacitaran
en un periodo de dos años para atender a los consumidores de opioides. A
este llamado se sumaron empresas y organizaciones (como Google o la Major
League Baseball) realizando importantes donativos para la causa. De manera
interna en el gobierno se giraron órdenes en las diversas dependencias para
que, en el ámbito de sus facultades, coadyuvaran a cumplir dos metas: a)
21 Maureen Meyer, “Obama y la Iniciativa Mérida: ¿el inicio de un cambio o continuidad
de la fallida guerra contra las drogas?”, en Raúl Benítez Manaut (ed.), Crimen organizado e
Iniciativa Mérida en las relaciones México-Estados Unidos, México, CASEDE, 2010.
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brindar los recursos y atenciones necesarias para que los profesionales de la
salud se actualizaran en el tema de la prescripción de opioides; y b) mejorar el
acceso a los programas de tratamiento y rehabilitación de usuarios de drogas.22
Una de las medidas más contundentes para frenar la crisis de los opioides
durante el periodo de Obama se dio cuando el Congreso de Estados Unidos
aprobó la Ley Integral de recuperación y adicciones de 2016 (Comprehensive
Addiction and Recovery Act), la cual propuso aumentar la disponibilidad en
el mercado de la naloxona (medicamento clave para revertir una sobredosis
de fentanilo), fortalecía los programas de monitoreo de prescripción de
medicamentos (PDMP por sus siglas en inglés) y brindaba asistencia a los
estados en materia de educación y prevención de consumo de drogas. En
términos de valoración, la medida contó con un presupuesto aprobado de
más de 181 millones de dólares, aunque esta cifra fue considerada por algunos
sectores como insuficiente.23 También se modificaron las atribuciones de las
instituciones médicas para obtener datos más precisos sobre los pacientes y
los medicamentos que éstos recibían para aliviar sus dolencias.24
Los resultados no fueron los esperados. Las muertes por sobredosis de
opioides siguieron en aumento. A inicios de 2016, la administración Obama
solicitó al Congreso de Estados Unidos la aprobación de 1 100 millones de
dólares para seguir atendiendo el asunto de la crisis de los opioides. Sabiendo
que ese año sería el último de su administración, Obama realizó la solicitud
para que el gobierno entrante tuviera los recursos necesarios para seguir
atendiendo el tema de las muertes por sobredosis de opioides. Cerca de 90%
del dinero estaba destinado a los estados, específicamente a sus respectivos
sistemas de salud, con el objeto de que se pudiera expandir la atención médica
para brindar tratamiento a los usuarios de opioides. La distribución se haría
de acuerdo con la gravedad de la crisis que enfrentara cada entidad. El resto
del presupuesto estaba dirigido a los proveedores de tratamiento médico y
22 The American Presidency Project, “Fact Sheet: Obama Administration Announces Public
and Private Sector Efforts to Address Prescription Drug Abuse and Heroin Use”, 21 de octubre
de 2015
public-and-private-sector-efforts-address>, fecha de consulta: 24 de mayo de 2024.
23 Forbes, “Obama Signs Opioid Legislation, Despite Funding Concerns”, Estados Unidos,
23 de julio de 2016
legislation-despite-funding-concerns/?sh=39104abc6806>, fecha de consulta: 24 de mayo de 2024.
24AAMC, “Obama Administration Announces Actions to Address Opioid and Heroin
Epidemic”, Estados Unidos, 8 de julio de 2016
washington-highlights/obama-administration-announces-actions-address-opioid-and-heroin-
epidemic>, fecha de consulta: 24 de mayo de 2024.
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rehabilitación y un apartado para medir la efectividad de los programas.25
Las medidas de Obama para contener el abuso de opioides en la sociedad
estadounidense tenían un fuerte componente de reducción de daños, lo cual
fue celebrado por algunas organizaciones que habían pugnado por años
cambiar el paradigma prohibicionista de la política de drogas de Estados
Unidos.26 Medidas como otorgar jeringas nuevas a los usuarios de drogas,
la ampliación de la oferta de naloxona o los programas de rehabilitación de
consumidores significaban un giro en el tradicional tratamiento público de
drogas. No obstante, tampoco era una política más abierta. La penalización
del consumo seguía existiendo, lo cual significaba que también se mantenía
la criminalización de los usuarios.
En septiembre de 2016, Barack Obama anunció la implementación de
la Semana de Concientización sobre la Epidemia de Heroína y Opioides
Recetados (Prescription Opioid and Heroin Epidemic Awareness Week). Esta
jornada buscó ser un espacio para llamar a la población estadounidense en
general, así como a la comunidad internacional, a tomar en cuenta las medidas
de prevención gubernamentales para frenar las muertes por sobredosis de
opioides. Lo anterior estuvo acompañado de una serie de acciones en las
que estuvieron involucrados distintos miembros del gabinete y diferentes
secretarías de Estado e instancias gubernamentales. Entre los esfuerzos
destacaban los siguientes:27
• Prevención basada en evidencia y controles focalizados.
• Reducción de la oferta de fentanilo.
• Prevenir las sobredosis de fentanilo por medio del uso de naloxona.
• Expansión del acceso a tratamientos de rehabilitación.
• Mejorar la salud mental y los tratamientos para usuarios de sustancias
para los beneficiarios del programa Tricare.
25 White House, “Statement by National Security Council Spokesperson Ned Price on
US-China Enhanced Control Measures for Fentanyl”, Estados Unidos, 3 de septiembre de
2016
security-council-spokesperson-ned-price-us-china>, fecha de consulta: 24 de mayo de 2024.
26 Drug Policy Alliance, “El plan de opiáceos del presidente Obama publicado hoy
promueve importantes políticas de reducción de daños”, Estados Unidos, 28 de marzo de
2016
major-harm-reduction-policies/>, fecha de consulta: 24 de mayo de 2024.
27 White House, “Fact Sheet: Obama Administration Announces Prescription Opioid and
Heroin Epidemic Awareness Week”, Estados Unidos, 19 de septiembre de 2016
obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/09/19/fact-sheet-obama-administration-
announces-prescription-opioid-and-heroin>, fecha de consulta: 24 de mayo de 2024.
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• Apoyo a las comunidades rurales e indígenas.
• Reclutamiento y capacitación de profesionales de la salud.
• Retiro de opioides de prescripción innecesarios.
Frente a los mínimos resultados, el gobierno de Obama se justificaba diciendo
que la oferta de los opioides era bastante abundante y eso hacía complicado
cualquier medida de contención para reducir el problema del consumo. A finales
de 2016, la administración Obama se acercó a la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) para solicitar el ingreso de dos ingredientes clave del fentanilo a
la lista de sustancias controladas de la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes. Desde el Senado se levantaron voces, como la del demócrata
Ed Markey, que solicitaban que el asunto del fentanilo fuera el tema prioritario
a resolver y pedían también que fuera la principal cuestión política en las
relaciones con China y con México.28 Con este tipo de declaraciones y solicitudes
se enfatizaba que la raíz del problema era externa.
Para algunos analistas, la administración de Barack Obama tardó
demasiado en dar una respuesta al tema de la crisis de los opioides.29 Desde
el 2008, año en el que Obama llegó al poder, las sobredosis por drogas,
principalmente metanfetaminas y heroína, ya eran un problema serio. No fue
sino hasta que las muertes se dispararon que la administración Obama se vio
forzada a actuar. Sin embargo, a pesar de los múltiples esfuerzos y los amplios
presupuestos destinados para frenar la crisis de los opioides en los últimos
tres años de su gestión, la crisis se agravó y sería uno de los principales retos
para la siguiente administración.
donaldtrump: lacrisisdesaludpública
Al tiempo que Obama realizaba sus últimos esfuerzos institucionales para
frenar la tendencia de muertes por sobredosis de opioides en Estados Unidos,
se celebraban también en aquel país las elecciones para renovar el gobierno
federal. La candidata demócrata Hillary Clinton, partido al que pertenecía
28 CNN, “Droga 50 veces más potente que la heroína causa decenas de muertes”, Estados
Unidos, 16 de diciembre de 2016
veces-mas-potente-que-la-heroina-esta-causando-decenas-de-muertes-por-sobredosis/>, fecha
de consulta: 20 de mayo de 2024.
29 The Washington Post, “The fentanyl failure”, Estados Unidos, 13 de marzo de 2019
administration/>, fecha de consulta: 13 de marzo de 2024.
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Acciones de contención del gobierno de Estados Unidos ante las muertes por sobredosis
Política y Cultura, julio-diciembre 2024, núm. 62, pp. 61-90
Obama, perdió los comicios frente al republicano Donald Trump. El triunfo del
empresario causó controversia por las polémicas declaraciones que, cuando
era candidato, realizó a lo largo de su campaña. El tema de migración fue
especialmente relevante por las posturas antimigratorias de Trump, quien
asumió la titularidad del Poder Ejecutivo de Estados Unidos en enero de 2017.
Desde su campaña, Trump había acuñado el término de “bad hombres”
para referirse a las personas –de origen mexicano– que introducían fentanilo
y otras drogas. Con estas palabras aludía directamente a los llamados cárteles
de la droga y enfatizaba la responsabilidad del gobierno mexicano en el
asunto de la crisis de los opioides. Esta narrativa fue muy poderosa durante
su campaña y también le sirvió una vez que se colocó al frente del gobierno
para ganar popularidad y legitimidad en sus acciones. Para algunos autores,
el discurso de los “bad hombres” de Trump fue una poderosa estrategia
propagandística que se extendió por diversos actores políticos y grupos
sociales que apoyaban políticas de drogas de corte punitivo y, por lo tanto,
de orden criminalizador.30
Sin embargo, al momento de asumir Trump el poder se habían registrado
más de 63 mil muertes por sobredosis en 2016, de las cuales poco menos de 20
mil estaban asociadas con el consumo de opioides, principalmente fentanilo.
La crisis de los opioides seguía en aumento, pero el gobierno estadounidense
parecía no poner suficiente atención al asunto. De hecho, una de las primeras
acciones de Trump fue el intento de eliminar la Ley del Cuidado de Salud a
Bajo Precio (Affordable Care Act, también conocida como Obamacare). No
obstante, a lo largo de ese año, el incremento sin precedentes de las cifras
de muertes por sobredosis y la prospectiva de un crecimiento todavía mayor
hicieron que el gobierno diera un giro al asunto. De esta forma, en marzo
de 2017 Trump dio pie a que se estableciera la Comisión del Presidente
para la Lucha contra la Adicción a las Drogas y la Crisis de Opioides, la cual
tenía como misión “estudiar el alcance y la eficacia de la respuesta federal a
la adicción a las drogas y la crisis de opioides y hacer recomendaciones al
presidente para mejorar la respuesta”.31
30 Guadalupe Correa-Cabrea, “Paradojas del trumpismo, la crisis del fentanilo y la guerra
contra los cárteles”, México, Revista Norteamérica, 2024
unam.mx/index.php/nam/article/view/668/895>, fecha de consulta: 14 de agosto de 2024.
31US Department of State, “Presidente Donald J. Trump toma medidas respecto a la
adicción a drogas y la crisis de opioides”, Estados Unidos, 26 de octubre de 2017
2021-translations.state.gov/2017/10/26/presidente-donald-j-trump-toma-medidas-respecto-a-la-
adiccion-a-drogas-y-la-crisis-de-opioides/>, fecha de consulta: 21 de abril de 2024.
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ISSN-e: 2954-4130
En octubre de 2017, Trump declaró a la crisis de los opioides como una
emergencia nacional de salud pública. Triunfante ante la prensa, el presidente
estadounidense mostró el documento firmado por él, donde se desplegarían
una serie de medidas para frenar la ahora crisis sanitaria. El punto central de
la iniciativa era la asignación de un mayor presupuesto y la posibilidad de
obtener todavía más dinero por medio de la disposición de los recursos de otros
programas de salud, como el de la lucha contra el virus de inmunodeficiencia
humana.
El documento señalaba que “el presidente Donald J. Trump está movili-
zando a todo su gobierno para abordar el problema de la adicción a las
drogas y el abuso de opioides con la declaración de una Emergencia Nacional
de Salud Pública a fin de resolver la crisis de opioides”.32 Entre las acciones
que se desplegaron estuvo una serie de instrumentaciones para permitir la
telemedicina, es decir, un programa para que las personas pudieran tener
consultas médicas a distancia e, incluso, recibir una receta médica de la misma
forma. Esto estaba principalmente dirigido para las personas que tenían
problema en el abuso de sustancias o contaban con algún padecimiento de
salud mental.
También se incluían una serie de disposiciones para eliminar los retrasos
burocráticos en el proceso de contratación de personal médico por parte de las
instituciones de Salud Pública de Estados Unidos. Otra medida contemplaba
asignar recursos, según disponibilidad, al Departamento del Trabajo para
ofrecer subsidios a los trabajadores desplazados de su puesto laboral debido
a la crisis de los opioides.
Por otra parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) pusieron en marcha una
campaña de concientización sobre medicamentos prescritos con el objetivo de
llamar nuevamente la atención de que no se debía abusar en los medicamentos
–principalmente opioides– para manejar las dolencias. La Administración
de Medicamentos y Alimentos emitió una serie de nuevas regulaciones
que exigían nuevos requisitos a los fabricantes de opioides con receta. El
Departamento de Estado sostuvo reuniones con la industria farmacéutica para
contemplar la investigación y desarrollo de analgésicos menos adictivos que
pudieran reemplazar a los opioides en el mercado.
Las medidas implementadas, derivadas de la declaratoria de emergencia
nacional, fueron bien recibidas y hubo gran ánimo sobre éstas. No obstante,
también se señalaba que los esfuerzos no eran suficientes. En especial, el
32 Idem.
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tema del dinero era visto como algo que se otorgaba a cuentagotas. La prensa
señalaba que a pesar de que la crisis de los opioides era una prioridad para
el gobierno, las muertes se seguían incrementando.33 Como respuesta a las
demandas por un mayor presupuesto, el senador por Pensilvania, Robert
Casey, presentó la propuesta de la Ley para Combatir la Epidemia de Opioides
(Combatting the Opioid Epidemic Act), la cual buscaba asignar 45 mil millones
de dólares para financiar programas de prevención, detección, monitoreo y
tratamiento de personas usuarias o adictas a los opioides.34
La Comisión de Trump para la Lucha contra la Adicción a las Drogas y la
Crisis de Opioides –conformada por los gobernadores Chris Christie (Nueva
Jersey), Charlie Baker (Massachusetts), Roy Cooper (Carolina del Norte), el
legislador Patrick J. Keneddy, la doctora Bertha Madras y la procuradora de
Florida, Pam Bondi–, presentó su informe final sobre el asunto del problema
de los opioides en noviembre de 2017. El informe destacaba las acciones
emprendidas por la administración Trump y agrupó en los siguientes bloques
las recomendaciones concretas para seguir fortaleciendo el combate a la crisis
de los opioides:35
• Mantener los fondos federales para los diversos programas de prevención
y mejorar la cooperación entre el gobierno federal y los estados.
• Fortalecer los programas de prevención de consumo de opioides, ampliar
la cooperación del Departamento de Educación con los sistemas estatales
y fortalecer las estrategias de reducción de oferta de sustancias.
• Continuar con los tratamientos para adictos a los opioides, medicamentos
para revertir sobredosis y métodos de rehabilitación de consumidores de
diversas sustancias.
• Impulsar el ámbito de investigación y desarrollo para desplazar a los
opioides como analgésicos.
33 The Washington Post, “Fighting fentanyl”, Estados Unidos, 22 de marzo de 2019
www.washingtonpost.com/graphics/2019/national/fentanyl-epidemic-trump-administration/>,
fecha de consulta: 31 de marzo de 2024.
34US Congress, S.2004, Combating the Opioid Epidemic Act, Estados Unidos, 25 de
octubre de 2017 , fecha
de consulta: 2 de febrero de 2024.
35 The President’s Comission on combatig drug addiction and the opioid crisis, Final
Report, Estados Unidos, 1 de noviembre de 2017
sites/whitehouse.gov/files/images/Final_Report_Draft_11-15-2017.pdf>, fecha de consulta: 2
de febrero de 2024.
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Las recomendaciones elaboradas por la comisión sintetizaron mucho del
panorama que definió la política para frenar la crisis de los opioides emprendida
por Trump. Además, fueron en sintonía con la narrativa que en medios de
comunicación, sectores académicos y diversos grupos políticos defendían
como acciones necesarias que el gobierno debía ejecutar para detener los
decesos por sobredosis, así como mejorar una serie de programas como los de
monitoreo de drogas, de tratamiento médico asistido, de reducción de abuso
de sustancias, de control y aseguramiento de drogas, de prevención y de lucha
contra el crimen organizado interno y trasnacional.36
Las acciones de Trump tuvieron un efecto inmediato sobre las cifras de
muertes por sobredosis. El 2017 finalizó con 70 mil decesos por sobredosis
de drogas; mientras que el 2018 cerró con 67 mil. Aunque la diferencia
era mínima, marcaba una clara desaceleración que generaba una buena
expectativa frente al desolador contexto. Los datos respaldaban la política de
Trump. En el camino de las iniciativas legislativas, Donald Trump firmó en
octubre de 2018, un año después de la declaratoria de emergencia nacional
de salud pública, la Ley de Prevención de Trastornos por Uso de Sustancias
que Promueve la Recuperación y el Tratamiento de Opioides para Pacientes
y Comunidades (Substance Use–Disorder Prevention that Promotes Opioid
Recovery and Treatment for Patients and Communities Act), también conocida
como Ley Support, la cual ampliaba medidas como la telemedicina, los
tratamientos médicos y el mejoramiento de los programas de monitoreo de
drogas (seguimiento de medicamentos prescritos).37
A lo largo de 2019 volvió a marcarse una tendencia creciente de muertes
por sobredosis de opioides. La prensa volvió a señalar que a pesar de ser
una prioridad, los decesos seguían ocurriendo. Las críticas por la falta de
fondos suficientes para combatir la emergencia sanitaria volvieron sobre la
administración de Trump. El presidente estadounidense aseguró a mediados
de ese año que su gobierno había destinado más de 1 800 millones de dólares
en ayuda directa para que los estados pudieran tener recursos suficientes
y atender la problemática de los opioides. Además, afirmó que durante los
años fiscales de 2018 y 2019 se habían asegurado al menos seis mil millones
de dólares adicionales para prevenir el abuso de sustancias, una variedad
de adicciones y servicios de rehabilitación. En cuanto al tráfico ilícito de
opioides, durante 2018 el gobierno de Trump aseguró 2.2 toneladas (cinco
36 Idem.
37 American Hospital Asociation, The Suport for patients and communities act of 2018,
Estados Unidos, 24 de octubre de 2018
legislative-adv-patients-and-communities-act.pdf>, fecha de consulta: 15 de marzo de 2024.
77
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Política y Cultura, julio-diciembre 2024, núm. 62, pp. 61-90
mil libras) de fentanilo en las fronteras de su país, lo cual equivalía a más de
1 800 millones de dosis letales “suficientes para matar a cada estadounidense
cuatro veces”.38 En el tema de acciones contra los traficantes se presumió el
desmantelamiento de más de tres mil organizaciones delictivas dedicadas al
narcotráfico en el territorio estadounidense.
Una constante de la campaña de Trump contra el fentanilo fueron los
reiterados señalamientos que el titular del ejecutivo arrojó en contra del
gobierno chino. Desde la perspectiva estadounidense gran parte del problema
de la crisis de los opioides se debía a la amplia demanda de fentanilo ilícito
que existía en las calles, el cual, según las autoridades estadounidenses, era
procesado y contrabandeado desde México por parte grupos del crimen
organizado, quienes obtenían los precursores químicos desde China al
importarlos ilegalmente. Lo anterior se vio agravado por el contexto de la
guerra comercial que iniciaron Estados Unidos y China en marzo de 2018.
Durante la disputa económica se dieron una serie de declaraciones
entre los presidentes Trump y Xi Jinping. Particularmente el presidente
estadounidense fue muy incisivo en las “recomendaciones” hacia su homólogo
chino para frenar la exportación clandestina de fentanilo. En la prensa y redes
sociales, Trump instó al gobierno chino a tomar medidas más enérgicas contra
los fabricantes de opioides ilícitos. Incluso llegó a sugerir que China debía
aplicar la pena de muerte a los narcotraficantes, lo cual traería “resultados
increíbles”.39
En los últimos meses de 2019 apareció una nueva variante del coronavirus,
denominado SARS-CoV-2, mismo que provocaba la enfermedad llamada
covid-19. Fue en China donde los casos del nuevo coronavirus comenzaron
a esparcirse de una manera acelerada y fue considerado como el epicentro
de contagios que pronto ascendió al grado de pandemia global. En Estados
Unidos, el primer caso se registró el 21 de enero de 2020 y desde ese día el
número de infectados fue en ascenso en proporciones por millones.
La pandemia provocada por el nuevo coronavirus frenó los esfuerzos en
salud para combatir la crisis de los opioides debido a que el sistema sanitario
estadounidense tuvo que reorientar sus recursos para hacer frente a esta nueva
38 White House, “President Donald J. Trump Has Dedicated His Administration to
Fighting Back Against the Opioid Crisis”, Estados Unidos, 5 de septiembre de 2019
trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-dedicated-
administration-fighting-back-opioid-crisis/>, fecha de consulta: 13 de marzo de 2024.
39 Drug Policy Alliance, “El impulso de Trump para la represión china contra el fentanilo
es moralmente reprobable y resultará contraproducente”, Estados Unidos, 5 de diciembre
de 2018
reprehensible-and-will-backfire/>, fecha de consulta: 13 de marzo de 2024.
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situación. Los tratamientos, programas de rehabilitación y otros servicios de
apoyo en el tema de los opioides se vieron reducidos. Además, el contexto de
aislamiento y estrés fueron factores que potenciaban el consumo de diversas
drogas y también incrementaban los riesgos de muertes por sobredosis.40
Las medidas para enfrentar la crisis de los opioides durante el 2020
tuvieron, además de la pandemia del coronavirus, otro elemento en contra: las
elecciones presidenciales. En noviembre de 2020 se celebrarían los comicios
para designar al nuevo presidente de Estados Unidos, evento en el cual Trump
podía reelegirse por un periodo más de cuatro años o ser relevado en el cargo
por uno de sus contrincantes del Partido Demócrata. Se llegó a pensar que la
carrera presidencial eclipsaría al asunto de los opioides, sin embargo, el tema
se hizo relevante en la opinión pública y la agenda política pero por señalar
los enormes fallos de la administración Trump para resolver el asunto. Desde
el Senado estadounidense se criticó que a pesar de las abundantes partidas
de dinero destinadas al asunto de los opioides, los resultados financieros y
sociales eran un completo desastre.41
Pocas semanas antes de la elección presidencial de Estados Unidos, el CDC
reportaba más de 70 mil muertes por sobredosis de drogas, cifra que superaba
al total de decesos de 2019. La opinión pública señalaba que Trump había
fallado en el tratamiento de la pandemia del coronavirus y que también había
fracasado en el problema de los opioides. Estos puntos fueron utilizados por
sus críticos para atacar su campaña de reelección. Además, los opositores al
republicano llamaban la atención sobre la intención de Trump por derogar
la Ley de Asistencia Asequible (Affordable Care Act), lo cual podía dejar en
una situación delicada a muchos adictos a los opioides. Se estimaba que
cerca del 40% de usuarios que recibían un tratamiento para rehabilitación lo
hacían en los términos de dicha ley.42
40 Leana S. Wen y Nakisa B. Sadeghi, “The opioid crisis and the 2020 US election: crossroads
for a national epidemic”, Estados Unidos, National Center for Biotechnology Information, 6
de octubre de 2020 ,
fecha de consulta: 14 de marzo de 2024.
41US Senate. Budget Committee, “The Trump budget is a disaster for fighting the opioid
epidemic”, Estados Unidos, 2020 SBC%20Trump%20
Budget%20Opioid%20Epidemic%20Fact%20Sheet%202-25-20%20FINAL.pdf>, fecha de consulta:
14 de marzo de 2024.
42 NPR, “Opioid Crisis: Critics Say Trump Fumbled Response To Another Deadly Epidemic”,
Estados Unidos, 29 de octubre de 2020
crisis-critics-say-trump-fumbled-response-to-another-deadly-epidemic>, fecha de consulta: 13
de febrero de 2024.
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Política y Cultura, julio-diciembre 2024, núm. 62, pp. 61-90
En noviembre de 2020, tras una larga y disputada jornada, Trump perdía
las elecciones para reelegirse como presidente de Estados Unidos. Con 306
votos electorales, frente a los 232 de Donald Trump, el demócrata Joe Biden
se convertía en el cuadragésimo sexto presidente de los Estados Unidos, justo
en el contexto de los picos más altos de contagios y muertes por el nuevo
coronavirus y con un cierre de 2020 que dejaría más de 91 mil decesos por
sobredosis de drogas, de los cuales más de 68 mil se debían al consumo de
algún tipo de opioide.
joebiden: ladoblecrisissanitaria
Joe Biden asumió la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 2021.
El tema prioritario para la nueva administración era lo relativo a los casos
de infectados y decesos relacionados con el SARS-CoV-2. Por ello, una de
las primeras acciones del gobierno entrante fue el despliegue de un Plan
Nacional de Preparación para el covid-19.43 Sin embargo, el asunto de la
crisis de los opioides seguía empeorando. Antes de abandonar la presidencia,
Donald Trump había formulado un plan de último minuto consistente en
permitir que el personal médico pudiera recetar buprenorfina. Este fármaco
no era de libre prescripción, para poder recetarlo los médicos necesitaban un
permiso conocido como “exención-X” (X-waiver)44 que amparaba el uso del
medicamento. Trump había permitido que la buprenorfina pudiera recetarse
libremente ya que se usaba para el tratamiento de adicción a los opioides
con buenos resultados. Sin embargo, Biden no siguió este camino y volvió a
exigir la X-waiver a cualquier profesional de la salud que quisiera realizar una
prescripción médica de buprenorfina. La administración de Biden consideraba
que al no exigir el permiso se había desatado una oleada irresponsable de
recetas médicas cuyo efecto podía ser contraproducente. La situación fue
todo un dilema puesto que había posturas a favor y en contra sobre el uso
libre o restringido del analgésico.45
43 White House, “Plan Nacional de Preparación para el covid-19”, Estados Unidos, 2020
44 Se trataba de un permiso especial que el gobierno otorgaba a los médicos para recetar
ciertos medicamentos.
45 The Washington Post, “Biden kills Trump plan on opioid-treatment prescriptions”,
Estados Unidos, 27 de enero de 2024
biden-kills-buprenorphine-waiver>, fecha de consulta: 13 de marzo de 2024.
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Política y Cultura, julio-diciembre 2024, núm. 62, pp. 61-90
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El asunto anterior pondría sobre la mesa un interesante debate que marcó
la directriz de la reflexión alrededor de qué enfoque debe estar presente en
las acciones dirigidas a solucionar el tema de las muertes por sobredosis
de fentanilo y cómo deberían ejecutarse. Por un lado, se encontraba la
perspectiva tradicional, vinculada con el prohibicionismo de la política
de drogas, ejemplificado por las restricciones y regulaciones, así como
prohibiciones en el uso de fármacos, especialmente los opioides. A esto se
sumaban los operativos contra los traficantes dentro y fuera del territorio de
Estados Unidos. Desde otro punto de vista, se proponía que la legislación de
drogas debía ser más abierta para enfocarse en una política centrada en la
salud, la rehabilitación, la no criminalización y el acceso oportuno a fármacos
que podían revertir una sobredosis, ayudar en el tratamiento de adicciones
y mejorar la calidad de vida.
Algunos legisladores solicitaron a Biden que el combate a la crisis de los
opioides tuviera más contundencia en la aplicación de la ley. Se le pedía al
presidente estadounidense la prohibición total del fentanilo y sus análogos,
además de una modificación a las leyes para tener penas más severas contra los
narcotraficantes en el asunto de la producción y comercio ilícito de opioides.46
En mayo de 2021, Joe Biden realizó un decreto en el cual se ampliaba la
lista de análogos del fentanilo para su restricción en Estados Unidos, es decir,
se criminalizaba su comercialización y se perseguiría con mayor contundencia
a los traficantes. Esta ampliación del programa temporal de emergencia de la
Ley de Análogos del Fentanilo (Extending Temporary Emergency Scheduling
of Fentanyl Analogues Act)47 fue severamente criticada debido a que algunos
opioides de la familia del fentanilo tenían fines médicos y esto ponía al personal
de salud en una situación delicada. Además, con la extensión de la ley y la
clasificación las penas por traficar sustancias se elevaban considerablemente,
lo cual afectaba todavía más a ciertas comunidades ya de por sí marginadas.
Organismos de la sociedad civil denunciaron que esto sólo propiciaba la
represión hacia criminales menores y procesos de encarcelamiento masivo.
La sociedad civil organizada solicitó a la administración de Biden una
reformulación de la política de drogas para el tema de la crisis de los opioides.
Consideraban que las medidas habían abandonado el enfoque de la salud
46 Bloomberg, “Fentanyl Deaths Fuel Pressure on Biden to Toughen Enforcement”, Estados
Unidos, 20 de julio de 2021
biden-to-toughen-enforcement>, fecha de consulta: 15 de febrero de 2024
47US Congress, H.R.2630 - Extending Temporary Emergency Scheduling of Fentanyl
Analogues Act, Estados Unidos, 16 de abril de 2021
congress/house-bill/2630?s=1&r=9>, fecha de consulta: 16 de abril de 2024.
81
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Política y Cultura, julio-diciembre 2024, núm. 62, pp. 61-90
pública. En una carta dirigida al gobierno expresaron que la propuesta de Biden
al Congreso de Estados Unidos sobre el fentanilo y sustancias relacionadas
(Biden FRS Proposal) no iba a salvar vidas “ni haría que la sociedad esté más
segura”.48 Algunas de las consecuencias de la nueva clasificación que proponía
Biden sobre las sustancias relacionadas con el fentanilo eran la criminalización
de los sectores afroamericanos y la posibilidad de que se cometieran
arbitrariedades, por parte de la autoridad, en la formulación y seguimiento
de casos vinculados con el nuevo entramado legal. Los pronunciamientos
puntualizaban que “en lugar de ampliar la criminalización, deberían ampliarse
drásticamente los programas que ayuden a las personas a sobrevivir sin importar
qué drogas consuman”.49
El gobierno de Joe Biden se vio fuertemente presionado por sus decisiones.
Junto a las críticas de su política de drogas tenía los casos de muertes por
sobredosis y decesos por covid-19 en aumento. El confinamiento también
provocó que el consumo de alcohol entre la población fuera en aumento.
A la crisis de los opioides y a la pandemia del SARS-CoV-2 se le sumaba el
problema de una crisis de salud mental en Estados Unidos. De esta manera,
los esfuerzos se siguieron encaminando en la ruta prohibicionista de reducir
la oferta de drogas a toda costa y de atender las demandas de tratamiento
y rehabilitación de adictos por medio de mayores aportes al presupuesto
destinado para este ámbito.
La crisis de los opioides no dio tregua. En los primeros cinco meses
de 2021 ya se habían registrado más de 100 mil muertes por sobredosis de
drogas. La prensa constantemente publicaba notas cuestionándose sobre si la
administración de Biden podría realmente resolver la crisis del fentanilo.50 Ante
los escasos resultados, el gobierno estadounidense volvió a llamar la atención
sobre las variables externas: China y México como partes fundamentales del
problema y su baja disposición para cooperar o medidas poco efectivas para
frenar el tráfico ilícito de drogas hacia Estados Unidos.
48 Human Rights Watch, “Nearly 100 Groups Oppose Biden’s Plan to Make Misguided
Temporary Drug Criminalization Policy Permanent”, Estados Unidos, 22 de octubre de 2021
misguided-temporary-drug-criminalization>, fecha de consulta: 15 de marzo de 2024.
49NBC News, “The war on drugs didn’t work. But Biden is doubling down on it with
fentanyl analogs”, Estados Unidos, 23 de noviembre de 2021
think/politics-policy/fentanyl-drug-overdose-deaths-are-rising-biden-administration-rcna6384>,
fecha de consulta: 1 de abril de 2024.
50BBC, “Can Joe Biden’s plan stop the flow of fentanyl to the US?”, Estados Unidos, 21
de noviembre de 2023 , fecha de
consulta, 14 de marzo de 2024.
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Política y Cultura, julio-diciembre 2024, núm. 62, pp. 61-90
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Uno de los documentos más importantes en el asunto de la crisis de los
opioides producidos durante la administración de Biden fue el reporte final de
la Comisión para el Combate del Tráfico de Opioides Sintéticos (Commission
on Combating Synthetic Opiod Trafficking), organismo creado en el 2020 y
donde participaba un variado grupo de dependencias de Estado: el Senado
estadounidense, la Cámara de Representantes, la Oficina de la Política Nacional
para el Control de Drogas (ONDCP), la Administración de Control de Drogas
(DEA), el Departamento de Seguridad Interior, el Departamento de Defensa, el
Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado y la Dirección Nacional
de Inteligencia (DNI).
El informe de la Comisión fue relevante no sólo por las instituciones
participantes y el contexto adverso en el que se generó; sus resultados y
recomendaciones fueron integrales. Sin embargo, llamó la atención el énfasis
que se le dio a México y a China, y a sus respectivas políticas domésticas,
como elementos que no sólo no abonaban a la cruzada estadounidense sino
que la obstaculizaban:
México es la principal fuente de fentanilo ilícito y sus análogos en la actualidad.
En México, los cárteles fabrican estas drogas en laboratorios clandestinos
con ingredientes (precursores químicos) que provienen en su mayoría de la
República Popular China. Debido a que el fentanilo ilícito es muy poderoso y
una pequeña cantidad rinde bastante, los traficantes ocultan dosis difíciles de
detectar en paquetes, vehículos y personas y contrabandean la droga a través
de la frontera entre Estados Unidos y México. Es difícil de confiscar dado que
una pequeña porción física de esta potente droga es suficiente para satisfacer la
demanda estadounidense, lo que la hace altamente rentable para narcotraficantes
y vendedores.
De hecho, el tráfico de opioides sintéticos ofrece una alternativa más rentable
que la heroína para los narcotraficantes mexicanos. El gobierno mexicano, por una
parte para mantener la estabilidad y por otra porque el problema del narcotráfico
ha trascendido su capacidad actual de la aplicación de la ley, recientemente adoptó
un enfoque de “abrazos, no balazos” para gestionar la situación de los grupos del
crimen organizado trasnacional. Sin embargo, estos enfoques no han podido dar
solución a los problemas del tráfico de drogas y son necesarios más esfuerzos.51
51 Commission on Combating Synthetic Opioid Trafficking, Final Report, Estados Unidos,
8 de febrero de 2022 /EP68838.html>, fecha
de consulta: 14 de febrero de 2024.
83
Acciones de contención del gobierno de Estados Unidos ante las muertes por sobredosis
Política y Cultura, julio-diciembre 2024, núm. 62, pp. 61-90
La Comisión identificó una serie de nuevos retos para el gobierno
estadounidense en el tratamiento de la crisis de los opioides, los cuales había
que considerar al momento de formular acciones de contención. Entre éstos
se encontraban los siguientes:52
• La fabricación de drogas ilegales ha facilitado el contrabando al trasladarse
del campo hacia el laboratorio.
• Los problemas geopolíticos obstaculizan las acciones para interrumpir el
suministro de opioides ilícitos hacia Estados Unidos.
• Los opioides sintéticos son muy potentes y fáciles de producir, y se pueden
transportar pequeñas cantidades para obtener enormes ganancias.
• Las redes sociales y las nuevas plataformas digitales, así como los sistemas
logísticos de comercialización, hacen que la distribución ilícita sea difícil
de interrumpir.
• El aumento de la demanda sigue impulsando la oferta de opioides sintéticos.
• Los factores externos, incluida la pandemia del nuevo coronavirus, impul-
saron el aumento en el uso de sustancias.
• Los opioides sintéticos ofrecen ventajas económicas y tácticas que permiten
a los delincuentes evadir fácilmente los esfuerzos por aplicar la ley.
Ante este panorama, la Comisión recomendaba las siguientes acciones
como parte de la respuesta gubernamental ante los nuevos retos surgidos:53
• El desarrollo de un organismo central más unificado para coordinar la
planificación, la implementación y evaluación de todas las políticas de
drogas en Estados Unidos.
• Interrumpir el suministro de drogas mediante una supervisión y aplicación
de la ley en específico.
• Que el enfoque de salud pública y de reducción de la demanda sean el
eje en la lucha contra el tráfico de opioides para así reducir el número
de compradores potenciales.
• Ampliar la colaboración con otros países involucrados en la producción
y distribución de opioides sintéticos y precursores.
• Mejorar la vigilancia y el análisis de datos para permitir evaluaciones más
oportunas e intervenciones efectivas.
52 Idem.
53 Idem.
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Jhonatan Emir González Calderón
ISSN-e: 2954-4130
En cuanto al tema de China, se mantenía la postura sobre la responsabilidad
del país asiático en el problema de la crisis de los opioides por ser el origen
de la producción ilícita. También se destacaba la necesidad de aumentar la
cooperación bilateral entre ambos gobiernos y realizar una petición a China
para que redoblara esfuerzos para detener el tráfico ilegal, a pesar de que
desde el 2021 el gobierno de Estados Unidos reconoció que la clasificación
del fentanilo y sus análogos realizada por la administración de Xi Jinping
en sus listas de fiscalización de drogas habían contribuido notablemente a
disminuir los envíos del opioide ilícito hacia el continente americano.54
El gobierno de Joe Biden recuperó la intención de las recomendaciones
y puntos anteriores en su Estrategia Nacional de Control de Drogas de
2022. El eje central del documento versó alrededor de evitar las sobredosis
por abuso de sustancias, especialmente opioides. La política de drogas se
mantuvo con las medidas ya implementadas durante los primeros dos años del
presidente demócrata y su antecesor republicano: prevención e intervención
temprana; reducción de daños; tratamiento para los desórdenes en el uso
de sustancias; recuperación de la calidad de vida; reducción de la oferta
nacional e internacional de drogas; mejoras en la justicia penal y la seguridad
pública; y recolección de datos y generación de información para producir
intervenciones basadas en evidencia.55
Para que la estrategia funcionara era preciso tener suficientes recursos para
financiar, en especial, los amplios servicios médicos requeridos en materia de
prevención y tratamiento. Biden solicitó al Congreso de Estados Unidos, para
el presupuesto de 2024, más de 46 mil millones de dólares para las agencias
del Programa Nacional de Control de Drogas, un monto que fue catalogado
como “histórico”.56 La opinión pública estuvo conforme con estas medidas
puesto que la política de drogas seguía las recomendaciones de numerosas
organizaciones y legisladores que pedían al gobierno apostar por un enfoque
de salud pública y reducción de daños57 e ir abandonando la perspectiva
54 U.S.-China Economic and Security Review Commission, “Illicit Fentanyl from China: An
Evolving Global Operation”, Estados Unidos, 24 de agosto de 2021 
research/illicit-fentanyl-china-evolving-global-operation>, fecha de consulta: 15 de marzo de 2024.
55 Office of National Drug Control Policy, National Drug Control Strategy, Estados Unidos,
2022
2022Strategy.pdf>, fecha de consulta: 3 de enero de 2024.
56 White House, “President Biden Calls for Historic Funding to Beat Fentanyl”, Estados
Unidos, 11 de abril de 2023
to-beat-fentanyl/>, fecha de consulta: 15 de marzo de 2024.
57 Bipartisan Policy Center, Combating the opioid crisis, Estados Unidos, 2022
bipartisanpolicy.org/download/?file=/wp-content/uploads/2022/04/FINAL-Combating-the-
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Acciones de contención del gobierno de Estados Unidos ante las muertes por sobredosis
Política y Cultura, julio-diciembre 2024, núm. 62, pp. 61-90
prohibicionista y punitiva. Incluso, las sugerencias fueron escalando en el
ámbito de la liberalización de la política de drogas para proponer, de manera
cada vez más frecuente y directa, la despenalización en el consumo de ciertas
sustancias para no criminalizar a sectores y usuarios y enfocar los esfuerzos
hacia casos más importantes, así como poner en la balanza pública los “costos
de la guerra contra las drogas”.58
Durante el primer trimestre de 2023, una serie de congresistas del Partido
Republicano de Estados Unidos, junto con una coalición multiestatal, ante la falta
de resultados del gobierno de Biden y condenando la falla en los esfuerzos del
gobierno mexicano por combatir a los grupos del crimen organizado, a pesar de
haberse firmado el Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública
y Comunidades Seguras entre ambos países, propusieron que se catalogara a
los llamados cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas
como una medida para detener el tráfico de fentanilo usando medidas de
despliegue de fuerza militar más contundentes y contemplando la posibilidad
de una intervención armada en México para lograr el objetivo.
En una carta dirigida al presidente Joe Biden y al secretario de Estado Antony
Blinken, autoridades y representantes de diversas entidades federativas de
Estados Unidos señalaban lo siguiente a manera de petición al gobierno federal:
Colectivamente, el statu quo destructivo causado por el fentanilo y la violencia
está costando cientos de miles de vidas estadounidenses cada año. Esta catastrófica
pérdida de vidas es inexcusable, sin embargo, ha recibido una respuesta anémica
del gobierno federal. Para proteger a los estadounidenses de estas organizaciones
terroristas, debe tomar medidas decisivas contra los cárteles mexicanos de la droga
designando al Cártel de Sinaloa, al Cártel de Jalisco Nueva Generación y a otros
cárteles en situaciones similares como organizaciones terroristas extranjeras.59
La petición fue controvertida entre diversos sectores políticos tanto de
Estados Unidos como entre los mexicanos. Añadía bastante tensión a la
Opioid-Crisis-Smarter-Spending-to-Enhance-the-Federal-Response.pdf>, fecha de consulta: 26
de mayo de 2024.
58 William Martin y Katharine Neill Harris, Drug Policy Priority Issues for Biden Administration,
Estados Unidos, Baker Institute for Public Policy, 2021
house/111301/documents/HHRG-117-JU08-20210311-SD009.pdf>, fecha de consulta: 10 de marzo
de 2024.
59 Commonwealth of Virginia. Office of the Attorney General, “Letter to President Biden and
Secretary Blinken”, Estados Unidos, 8 de febrero de 2023
gov/sites/default/files/images/press/Letter%20to%20the%20President%20and%20Secretary%20
of%20State.pdf>, fecha de consulta: 12 de febrero de 2023.
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relación bilateral México-Estados Unidos en materia de cooperación contra
el narcotráfico y ponía en tela de juicio las acciones para frenar el tráfico de
fentanilo ilícito en ambos lados de la frontera. Sin embargo, varios analistas
coincidieron en que esta propuesta no prosperaría y era más bien parte de
una estrategia de opositores al régimen de Joe Biden para obtener cobertura
mediática y respaldo político utilizando el tema del fentanilo y la crisis de
los opioides, lo cual era bastante efectivo por el número de decesos por
sobredosis que seguían en aumento. No obstante, la polémica petición
marcaba un punto de inflexión puesto que colocaba la atención ciudadana
sobre la administración Biden y sus resultados en diferentes temas políticos.
Mientras ocurrían las solicitudes de lanzar una campaña militar contra
las organizaciones del crimen organizado en México, Biden puso en marcha
la Operación Loto Azul (Blue Lotus) para reforzar los patrullajes y vigilancia
en la frontera con México con el objetivo de detener cualquier contrabando
de droga hacia territorio estadounidense. La iniciativa quedó a cargo del
Departamento de Seguridad Interior y, de manera concreta, incluyó aumentos
en inspecciones focalizadas, un mayor número de unidades caninas, así
como la implementación de tecnología avanzada a lo largo de la frontera.
Además, la operación también estaba diseñada para ayudar a desarrollar
casos penales contra las organizaciones criminales trasnacionales dedicadas
al tráfico de fentanilo.60
En diez días, a partir de su lanzamiento, la Operación Loto Azul logró
realizar 18 incautaciones, 16 arrestos federales y dos arrestos estatales. Las
autoridades estadounidenses realizaron aseguramientos por más de 900 libras
de fentanilo, más de 700 libras de metanfetamina y más de 100 libras que
tenían como destino el territorio interior de Estados Unidos.61
Poco después de la Operación Loto Azul, la DEA mostró los resultados
de la Operación Última Milla (Last Mile), una campaña que había iniciado
el 1 de mayo de 2022 y que estaba dirigida a detener el tráfico de drogas
sintéticas, como metanfetaminas y fentanilo, realizado por el denominado
Cártel de Sinaloa y el llamado Cártel Jalisco Nueva Generación dentro de
Estados Unidos. En la investigación realizada por la DEA se anunció que:
60US Inmigration and Customs Enforcement, “Operación Loto Azul impide que más de
900 libras de fentanilo ingresen a Estados Unidos en su primera semana”, Estados Unidos, 22
de marzo de 2023
mas-de-900-libras-de-fentanilo-ingresen-ee-uu-en-su>, fecha de consulta: 15 de marzo de 2024.
61 Idem.
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Acciones de contención del gobierno de Estados Unidos ante las muertes por sobredosis
Política y Cultura, julio-diciembre 2024, núm. 62, pp. 61-90
Los carteles de Sinaloa y Jalisco utilizan redes de distribución en varias ciudades,
violentas pandillas callejeras locales y traficantes individuales en todo Estados Unidos
para inundar las comunidades estadounidenses con fentanilo y metanfetamina,
fomentar la adicción, alimentar la violencia y matar estadounidenses.
Lo que también es alarmante es que las plataformas de redes sociales
estadounidenses son el medio por el que lo hacen. Los cárteles utilizan las redes
sociales y plataformas encriptadas para llevar a cabo sus operaciones y llegar a
las víctimas, y cuando su producto mata a estadounidenses, simplemente intentan
victimizar a los millones de otros estadounidenses que son usuarios de las redes
sociales.62
Entre los logros de la Operación Última Milla estaban el seguimiento a
1 436 investigaciones, 3 337 arrestos, la incautación de 44 millones de pastillas
de fentanilo, aseguramiento de 6 500 libras en polvo, 91 mil libras de fentanilo,
8 497 armas de fuego y más de 100 millones de dólares. Algo innovador fue el
trabajo cibernético, ya que se realizaron investigaciones a profundidad para dar
con redes criminales que operaban en plataformas digitales de comunicación
como Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, WhatsApp, Telegram, Signal,
Wire y Wickr. Lo anterior era resultado del trabajo de poco más de un año.63
Para Estados Unidos, el asunto del fentanilo iba más allá de sus fronteras,
así que la respuesta debía ser integral y ejecutarse de manera coordinada en
todo el mundo. Con el secretario de Estado, Antony Blinken, como portavoz,
el gobierno hizo un llamado a conformar la Coalición Global para abordar
las amenazas de las drogas sintéticas (Global Coalition to Address Synthetic
Drug Threats). La convocatoria tenía como objetivo reunir “a países de todo
el mundo en un esfuerzo concertado para prevenir la fabricación y el tráfico
ilícitos de drogas sintéticas, identificar tendencias emergentes en materia de
estupefacientes y responder con eficacia a los impactos para la salud pública”.64
Las tres líneas de acción que seguiría la Coalición Global eran: a) prevenir
la fabricación y el tráfico ilícitos de drogas sintéticas; b) identificar amenazas
emergentes y patrones de consumo de drogas; y c) promover intervenciones
y servicios de salud pública para prevenir y reducir el consumo de drogas, las
62US Department of Justice, “DEA Operation Last Mile Disrupts Fentanyl Trafficking Fueled
by the Sinaloa and Jalisco Cartels”, Estados Unidos, 5 de mayo de 2023
gov/opa/pr/dea-operation-last-mile-disrupts-fentanyl-trafficking-fueled-sinaloa-and-jalisco-
cartels>, fecha de consulta: 10 de mayo de 2024.
63 Idem.
64US Department of State, “Launch of Global Coalition to Address Synthetic Drug Threats”,
Estados Unidos, 23 de junio de 2023
synthetic-drug-threats/>, fecha de consulta: 25 de junio de 2023.
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sobredosis y otros problemas relacionados con la salud. La convocatoria de
Blinken tuvo una nutrida respuesta. Para marzo de 2024, al menos 149 países
y 14 organizaciones internacionales eran parte de la Coalición Global, y todos
trabajaban “para elaborar medidas y resultados en un corto periodo, y acelerar
la respuesta global al aumento de las amenazas de las drogas sintéticas”.65
En noviembre de 2023, el presidente chino Xi Jinping visitó Estados
Unidos. Biden y Xi se reunieron en la ciudad de San Francisco para abordar
diversos temas, entre éstos el del fentanilo. El presidente Joe Biden destacó
los resultados del trabajo diplomático en materia de cooperación para la
reducción de la oferta del fentanilo. Entre estos logros, Biden hizo énfasis
en la política de China para regular su industria farmacéutica, en especial
a aquellas empresas dedicadas a fabricar precursores químicos. También
reconoció las labores policiales contra traficantes chinos y el congelamiento
de cuentas bancarías, así como la información que China compartió con otros
organismos gubernamentales e internacionales para dar seguimiento a envíos
de contrabando y con traficantes de drogas en tiempo real.66
Derivado de la reunión Biden-Xi, el gobierno estadounidense anunció
el lanzamiento de una iniciativa conjunta entre China y Estados Unidos para
frenar el tráfico de drogas, todo en el marco de la cooperación bilateral entre
ambos Estados. Entre las acciones a ejecutar se encontraban las siguientes:67
• Anuncio de un enfoque estratégico para interrumpir comercialmente la
cadena global de suministro de fentanilo ilícito.
• Incremento de la seguridad en las fronteras.
• Implementación de tecnología de detección de fentanilo.
• Ampliación del Programa Área de Alta Intensidad de Narcotráfico (HIDTA
por sus siglas en inglés).
• Enfocar los esfuerzos contra las cadenas globales de suministro de produc-
tos ilegales.
• Lanzamiento de la Coalición Mundial para abordar las amenazas de las
drogas sintéticas.
65US Department of State, “Global Coalition to Address Synthetic Drug Threats”, Estados
Unidos, 15 de marzo de 2024
drug-threats/>, fecha de consulta: 15 de marzo de 2024.
66 White House, “FACT SHEET: Biden-Harris Administration Continues Progress on Fight
Against Global Illicit Drug Trafficking”, Estados Unidos, 16 de noviembre de 2023
www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/11/16/fact-sheet-biden-harris-
administration-continues-progress-on-fight-against-global-illicit-drug-trafficking/>, fecha de
consulta: 15 de marzo de 2024.
67 Idem.
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Acciones de contención del gobierno de Estados Unidos ante las muertes por sobredosis
Política y Cultura, julio-diciembre 2024, núm. 62, pp. 61-90
• Regular los precursores químicos utilizados para producir fentanilo ilícito.
• Desplegar acciones policiales contra todos los aspectos y participantes
de la cadena global de suministro del fentanilo ilícito.
• Establecimiento del Comité Trilateral de Fentanilo, en colaboración con
México y Canadá para frenar el tráfico de fentanilo ilícito.
conclusiones
Desde el 2014, las diferentes administraciones de los presidentes estadouni-
denses que han ocupado la Casa Blanca dedicaron múltiples esfuerzos para
detener el número de muertes por sobredosis vinculadas con el consumo de
opioides en aquel país, así como a frenar la producción y tráfico ilícito de
los mismos, principalmente el fentanilo.
En este texto se argumenta que el drástico aumento de muertes por
consumo de drogas, principalmente opioides, en Estados Unidos, propició que
las diferentes administraciones de aquel país en la última década reaccionaran
de una manera muy precipitada para contener en el corto plazo la tendencia
mortal referida. Esto provocó que la política de drogas estadounidense tenga
un enfoque más balanceado (tanto en el ámbito institucional como en el
presupuestal) entre las estrategias punitivo-prohibicionistas y las iniciativas
centradas en la prevención del consumo y la reducción de daños.
El consumo y abuso de fentanilo en los últimos años tuvo resultados
catastróficos, por lo que las diversas iniciativas gubernamentales han requerido
de millonarias inversiones y partidas del gasto público para frenar la crisis
sanitaria. Como se expuso, los fondos permitieron el despliegue de numerosos
programas en los ámbitos de la salud pública, las campañas de prevención y
tratamiento, así como en operaciones de patrullaje y operativos de alto nivel
contra redes del crimen trasnacional.
En su intento por reducir las muertes por sobredosis de opioides, el
gobierno de Estados Unidos modificó sus acciones en términos de la política
prohibicionista tradicional, la cual no ha perdido su esencia de criminalizar
y castigar el uso de diversas sustancias, pero comienza a coexistir con un
enfoque de salud pública. Este último es más abierto respecto del uso de
diversas drogas y apuesta por un enfoque de concientización, tratamiento
y reducción de daños. La prueba son las múltiples acciones que desde la
administración Obama hasta Biden han tenido lugar para frenar las muertes
por sobredosis, enfocándose ya no en la eliminación de la oferta de opioides
sino en la reducción de la demanda y en el tratamiento de los usuarios.
Las diferentes administraciones de Estados Unidos emplearon todos los
recursos y medidas posibles para lograr un resultado efectivo que puediera
90
Política y Cultura, julio-diciembre 2024, núm. 62, pp. 61-90
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traducirse, en un primer momento, en una reducción notable de los decesos.
La conjunción de iniciativas y combinación de enfoques de política de drogas
se ejemplifica en campañas como “Salva vidas de la sobredosis” (Save lifes
from overdose), la cual es un llamado a la acción a todos los grupos, sectores,
actores y dependencias de la sociedad estadounidense para que se sumen
a la cruzada gubernamental contra los opioides de origen ilícito, haciendo
énfasis en el apoyo para desmantelar las redes internacionales de tráfico, la
ampliación de la disponibilidad de medicamentos para revertir una sobredosis
(como la naloxona) y –algo que se presenta como novedoso– no sólo financiar
los tratamientos de rehabilitación en términos físicos sino también tratar el
asunto de la salud mental.
Lo anterior también muestra que la política de drogas en Estados Unidos
es cada vez más flexible, dejando a un lado el monopolio de la decisión al
Estado y buscando el consenso, o por lo menos invitar al diálogo, con diversos
grupos sociales, estatales o no. También ha fomentado la participación e
involucramiento de las administraciones de los diferentes niveles de gobierno,
de los distintos poderes del Estado, incluso del partido político de oposición.
En ese sentido, el problema del fentanilo y la crisis de los opioides es
transversal al Estado y, por lo tanto, las respuestas no han sido unilaterales
del todo.
Queda pendiente un análisis más detallado sobre los retos y puntos de
encuentro que Estados Unidos tiene con otros países involucrados en el asunto
del fentanilo, como México y China, puesto que las tensiones geopolíticas
y los intereses de política exterior también son factores relevantes para la
configuración doméstica de la política de drogas. Es necesario también un
estudio para indagar qué tanto este cambio o complemento en la política
de drogas de Estados Unidos modificó el régimen global de prohibición de
drogas y la llamada “guerra contra las drogas” en los países productores. Sin
embargo, en el contexto interno de Estados Unidos, es un primer esfuerzo
por ofrecer un panorama de acercamiento para presentar un balance de las
acciones puestas en marcha y demostrar cómo se ha desenvuelto este cambio-
complemento en la política de drogas estadounidense, a pesar de mantener
su discurso tradicional.
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