Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

EmisorPleno
JuezEduardo Medina Mora I.,Guillermo I. Ortiz Mayagoitia,Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,José Fernando Franco González Salas,Juan Luis González Alcántara Carrancá,Javier Laynez Potisek,Yasmín Esquivel Mossa,Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,Alberto Pérez Dayán,Norma Lucía Piña Hernández,Juan Díaz Romero,Ana Margarita Ríos Farjat,Luis María Aguilar Morales,Jorge Mario Pardo Rebolledo
Fecha de publicación15 Ene 2021
Número de registro29620
  1. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA PROMOVERLA (ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA).

    II. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEBE ESTAR A DISPOSICIÓN DE LOS SOLICITANTES DE MANERA GRATUITA CUANDO SEA ACCESIBLE POR VÍA ELECTRÓNICA EN FUENTES APROPIADAS Y SU CONSULTA SE SUJETA SÓLO A LA DISPONIBILIDAD MATERIAL Y FÍSICA DE ESPACIOS, EQUIPOS Y CAPACIDAD TÉCNICA (ARTÍCULO 31, PÁRRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE "COMPETENCIA ECONÓMICA).

    III. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. CUANDO SE SOLICITA INFORMACIÓN PÚBLICA A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, SE TIENE POR ATENDIDO EL PEDIMENTO MEDIANTE LA UBICACIÓN DE LAS FUENTES DE CONSULTA AL SOLICITANTE (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 31, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA).

    IV. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS CON ASUNTOS QUE TRAMITE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, EN TANTO NO SE ACTUALICE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 106 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 98 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SE REGIRÁN ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LO DISPUESTO EN LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA (ARTÍCULO 35, PÁRRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA).

    V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 148 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 154 DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, SE CONSIDERARÁN COMO VIOLACIONES GRAVES DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y DELITOS DE LESA HUMANIDAD LOS QUE SE ESTABLEZCAN COMO TALES EN LOS TRATADOS RATIFICADOS POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA O EN LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES, CUYA COMPETENCIA SEA RECONOCIDA POR EL ESTADO MEXICANO, ASÍ COMO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES (ARTÍCULO 48 DEL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA).

    VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. FORMALIDADES PARA LA REPRESENTACIÓN EN LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, QUE SON INCOMPATIBLES CON LOS PRINCIPIOS DE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 54, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "MEDIANTE UNA CARTA FIRMADA ANTE DOS TESTIGOS, SIN NECESIDAD DE RATIFICACIÓN PREVIA DE FIRMAS NI FORMALIDAD ALGUNA", DEL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA).

    VII. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. ES VIABLE EXIGIR CIERTA FORMALIDAD EN LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN FORMULA UNA SOLICITUD DE EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO (DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES), PUES SE PERMITIRÁ QUE UN TERCERO ACTÚE A NOMBRE DEL TITULAR O QUIEN SE DICE SERLO (ARTÍCULO 54, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "LA REPRESENTACIÓN A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 122 DE LA LEY GENERAL Y 123 DE LA LEY, PODRÁ RECAER EN UN TERCERO AUTORIZADO" Y "CUANDO LA SOLICITUD DE DATOS PERSONALES SE HAGA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SE ACTÚE EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PREVENDRÁ AL SOLICITANTE PARA QUE ACREDITE SU PERSONALIDAD", DEL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA).

    VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ CON EFECTOS ÚNICAMENTE ENTRE LAS PARTES Y A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 54, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "MEDIANTE UNA CARTA FIRMADA ANTE DOS TESTIGOS, SIN NECESIDAD DE RATIFICACIÓN PREVIA DE FIRMAS NI FORMALIDAD ALGUNA", DEL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA).



    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 206/2017. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 3 DE MARZO DE 2020. PONENTE: A.G.O.M.. SECRETARIO: M.A.N.V..

    Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al tres de marzo de dos mil veinte, emite la siguiente:

    Sentencia

    Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 206/2017, la cual fue promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en contra de diversos artículos del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Comisión Federal de Competencia Económica.

    I.A. y trámite del asunto

    1. Interposición de la demanda. El veintiuno de junio de dos mil diecisiete, P.F.M.D., quien se ostentó como director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (de ahora en adelante el "INAI"), promovió una demanda de controversia constitucional en representación del mencionado órgano autónomo. En ésta impugnó de la Comisión Federal de Competencia Económica (de ahora en adelante la "Cofece") lo que sigue:

    • La regularidad constitucional de los artículos 31, 35, primer párrafo, 39, 48 y 54 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Comisión Federal de Competencia Económica (de ahora en adelante el "reglamento"), publicado en el Diario Oficial de la Federación del diez de mayo de dos mil diecisiete.

    2. Conceptos de invalidez. Se plantearon los siguientes razonamientos y conceptos de invalidez:

    a) Aclaraciones previas. Existe legitimación activa y pasiva en términos del inciso l) de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal, aclarándose que la activa se justifica en razón de que el INAI, se encuentra facultado para demandar cualquier vulneración al derecho de acceso a la información. El apartado A, fracción VIII, del artículo 6o. de la Constitución General establece que la Federación debe de contar con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía, el cual es responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.

    b) Asimismo, se destaca que en materia de transparencia y datos personales, el parámetro de regularidad es lo dispuesto tanto en la Constitución como en las leyes generales o las leyes marco de la materia. Siendo un punto clave para entender entonces la irregularidad constitucional que se cuestiona el hecho de que, el emitirse el reglamento, se utilizó como fundamento lo previsto en la Ley Federal de Competencia Económica; sin embargo, el problema de tal cuestión es que cuando se expidió dicha ley no existían todavía las leyes generales en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Es decir, existen inconsistencias entre la Ley Federal de Competencia Económica y las leyes generales, lo cual termina reproduciéndose en el reglamento impugnado de la Cofece.

    c) Conceptos de invalidez. Dicho lo anterior, se argumenta que los artículos 31, 35, 39, 48 y 54 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cofece son contrarios a los artículos 6o., 16 y 73, fracción XXIX-S, de la Constitución Federal y los mecanismos, principios, bases y procedimientos normados en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Lo anterior, en suma, ya que las normas reclamadas prevén nuevos supuestos e hipótesis que, no sólo restringen el acceso a la información, sino que lo modulan como derecho humano cuando ello es competencia exclusiva del Congreso de la Unión, contraviniéndose a su vez los principios de supremacía de la ley y de reserva de ley.

    d) Para justificar esta postura, en primer lugar, se resaltaron como premisas argumentativas las que siguen:

    • En materia de derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales, el Poder Reformador de la Constitución estableció, sobre los mismos, competencias exclusivas de la Federación; es decir, en la Constitución General se prevé que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión el desarrollar los principios y bases en materia de acceso a la información y protección de datos personales, lo cual conlleva una proscripción a toda autoridad material y formalmente legislativa de los tres niveles de gobierno para que se abstengan no sólo a legislar en contra de las normas emitidas por el Congreso de la Unión, sino a crear nuevos supuestos o hipótesis normativas.

    • El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, por un lado, que en materia de derechos humanos es competencia exclusiva del Congreso de la Unión su desarrollo y modulación y, por otro, que los organismos constitucionales autónomos si bien cuentan con facultades cuasi-legislativas, les resulta aplicable el principio de supremacía jerárquica de la ley.

    • Al resolver las acciones de inconstitucionalidad 75/2015 y 87/2015, el Tribunal Pleno fue enfático en sostener la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para regular materias de derechos humanos. Lo cual involucra que, si a las entidades federativas les está vedado establecer regulación en materia de derechos humanos y en materia del parámetro de regularidad constitucional, con mayor razón les está vedados a los organismos constitucionalmente autónomos hacerlos.

    • Por su parte, en la controversia constitucional 117/2015, el Tribunal Pleno delimitó las facultades cuasi-legislativas con las que cuentan los organismos constitucionales autónomos, ciñéndolos al principio de supremacía jerárquica de la ley.

    e) Atendiendo a estas consideraciones, el INAI explica de manera detallada las razones de invalidez en cuanto a cada una de las normas impugnadas, bajo los siguientes argumentos.

    f) El artículo 31 del Reglamento de la Cofece establece que la consulta de la información pública se debe sujetar a la disponibilidad material y física de espacios, equipos y capacidad técnica; en ese tenor, la norma resulta inválida porque tal supuesto de acceso a la información no se encuentra contemplado en el artículo 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ni en el numeral 130 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por ello, se crea un supuesto que no fue previsto por el Congreso de la Unión y que, a su vez, impone una restricción y limitante al ejercicio del derecho humano de acceso a la información, violando lo previsto en los artículos 6o., 17 y 73, fracción XXIX-S, de la Constitución Federal.

    g) Adicionalmente, se contraviene directamente el mandato del Congreso de la Unión contenido en el artículo 12 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual prevé que: "Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta ley, la Ley Federal y las correspondientes de las entidades federativas, así como demás normas aplicables."

    h) El artículo 54 del citado Reglamento de la Cofece también es invalido, pues incorpora requisitos adicionales a lo previsto en la Constitución y en la legislación general y federal de la materia respecto a cómo los particulares pueden presentar una solicitud de información a través de un representante: se agrega como requisito jurídico novedoso que esa representación se acredite mediante carta poder ante dos testigos. En la Constitución Federal y en la ley general (artículos 122 a 124) y/o en la ley federal (artículo 125), ambas en materia de transparencia, sólo se indica como requisito para solicitar información a través de un representante que se refiera el nombre y datos generales de tal persona, sin necesidad de acreditación de la representación (lo cual se entiende porque para acceder a información pública no es necesario acreditar ningún interés jurídico).

    i) El artículo 35 del reglamento prevé que los expedientes relacionados con asuntos que tramite la Cofece en ejercicio de sus funciones, en tanto no se actualice lo previsto en los artículos 106 de la Ley General de Transparencia y 98 de la Ley Federal de Transparencia, se regirán única y exclusivamente por lo dispuesto en la Ley de Competencia; dando lugar a que las unidades administrativas correspondientes puedan identificar y separar la información a que se refiere la fracción IX del artículo 3 de la ley de competencia para evitar que los demás agentes económicos puedan acceder a la misma. En ese sentido, la deficiencia constitucional de la norma radica en que, ajeno a los momentos en que la legislación general y federal de transparencia autoriza a la autoridad a clasificar la información, el reglamento permite su inaplicación e implementa un nuevo momento (supuesto novedoso) de clasificación de información que no fue previsto por el Congreso de la Unión.

    j) A saber, los artículos 106 de la Ley General y 98 de la Ley Federal, ambas en materia de transparencia, sólo permiten clasificar la información en los siguientes momentos: recepción de una solicitud de información, determinación mediante resolución de autoridad competente y generación de versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia. Empero, contrario a lo regulado por la Cofece, no hay viabilidad para hacer una reserva de información con independencia a esos momentos, pues de lo contrario se vulnerarían los artículos 1o., 6o., 17 y 73, fracción XXIX-S, de la Constitución Federal.

    k) Sin que sea obstáculo para dicha determinación que la Ley de Competencia prevea cuestiones diversas y pueda resultar supletoria al reglamento, ya que aunque esta legislación de competencia no resulta armónica con lo establecido en las citadas leyes general y federal en materia de transparencia, debe atenderse siempre a la norma posterior, especial y jerárquicamente superior, como lo es la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Debiéndose aplicar el principio de progresividad en su sentido positivo, pues lo realizado por la Cofece conllevó realmente a una limitación del derecho de acceso a la información en sentido regresivo. Se cita en apoyo el criterio reflejado en la tesis jurisprudencial 1a./J. 85/2017 (10a.), de título y subtítulo: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO Y EXIGENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS."

    l) Por otro lado, en relación con el artículo 39 del reglamento, se dice que se cuestiona ante su estrecha relación con el numeral 35 previamente detallado. Así, se explica que este diverso precepto faculta a su vez a los titulares de las unidades administrativas a llevar a cabo la clasificación de la información en los momentos establecidos en los artículos 106 de la ley general y 98 de la ley federal, pero también se les autoriza para que, en términos de la Ley de Competencia, puedan identificar la información que contenga datos sensibles o personales en sus expedientes para garantizar su resguardo para así evitar que otros agentes económicos puedan acceder a ella. Al igual que con la norma reglamentaria anterior, se afirma que este precepto resulta inconstitucional, toda vez que se crean supuestos novedosos de acceso a la información, invadiendo facultades del Congreso de la Unión al generar hipótesis que no están previstas en la legislación general y federal (en particular, en los referidos artículos 106 y 98). Se reiteran la mayoría de los razonamientos relativas al artículo 35.

    m) Por último, se solicita la invalidez del artículo 48 del reglamento, en el cual se regula lo relativo a las violaciones graves de derechos fundamentales y delitos de lesa humanidad. Para el actor, hay una invasión de facultades del Congreso de la Unión al regular cuestiones de derechos humanos, tales como sus violaciones graves y crímenes de lesa humanidad; máxime que de conformidad con el artículo 28 constitucional, tales cuestiones no están dentro de sus atribuciones. Se destaca el contenido de las acciones de inconstitucionalidad 36/2015 y sus acumuladas 37/2015, 40/2015 y 41/2015 resueltas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que se determinó que las cuestiones del ámbito de derechos humanos no pueden estar circunscritas a la facultad reglamentaria de los órganos constitucionales autónomos como la Cofece.

    3. Trámite de la demanda. El veintidós de junio de dos mil diecisiete, el Ministro presidente de la Suprema Corte tuvo por interpuesta la demanda, ordenó formar y registrar el expediente como 206/2017 y, por razón de turnó, designó como instructor del procedimiento al Ministro A.G.O.M..

    4. Subsecuentemente, el Ministro instructor, por acuerdo de veintitrés de junio siguiente, admitió la demanda y tuvo como autoridad responsable a la COFECE, emplazándola a dar contestación y a enviar copia certificada de todas las documentales relacionadas con la norma impugnada. Además, ordenó dar vista del asunto al procurador general de la República para que manifestara lo que a su interés conviniera.(1)

    5. Contestación de la demanda. El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, E.A.H.M., titular de la Dirección General de Asuntos Contenciosos de la Cofece, en representación de la misma, dio contestación de la demanda en los términos siguientes:

    a) Causales de improcedencia. El asunto debe sobreseerse con motivo de varias causales de improcedencia. En primer lugar, mediante el Acuerdo ACT-PUB/21/06/2017, el Pleno del INAI sólo autorizó la presentación de la controversia constitucional en relación con los artículos 31, 35, primer párrafo, 48 y 54 del citado reglamento. Por ende, debe declararse la improcedencia del juicio por lo que hace al artículo 39, ya que no fue voluntad del órgano autónomo autorizar su impugnación y el director general de Asuntos Jurídicos lo hizo motu proprio.

    b) En segundo lugar, el INAI no cuenta con legitimación ad causam para interponer la controversia constitucional al no existir ninguna afectación o agravio a su esfera jurídica. Si bien en la demanda se sostiene que la legitimación deriva de que es el órgano encargado para garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, no puede pasarse por alto que dicha atribución no es suficiente para justificar la procedencia; incluso, se reconoce en la propia demanda que la afectación competencial sería resentida por el Congreso de la Unión y no por el propio INAI.

    c) Sin que cambie esta postura los principios, bases y facultades en materia de acceso que se reconocen en las fracciones I, III, IV, VI y VIII del apartado A del artículo 6o. constitucional, pues en la demanda no se aprecia que los motivos de invalidez sustentados por el INAI busquen precisamente demostrar una afectación a esa órbita competencial. En particular, se afirma que a pesar de que la fracción VIII del apartado A del artículo 6o. disponga que el INAI debe garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos particulares, no puede pasarse por alto que también se indica de forma expresa que ello se hará en los términos que establezca la ley y no hay norma jurídica alguna que prevea la atribución del INAI para imponerse como ente legislativo frente a las demás autoridades de derecho público. Los alcances del marco que regula la materia de transparencia es competencia exclusiva del Congreso de la Unión y, por ende, es éste el único facultado para considerar si existe o no interferencia en su competencia materialmente legislativa, no así el INAI. Se cita como apoyo para la petición de sobreseimiento la tesis jurisprudencial P./J. 50/2004, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN."

    d) Por último, en tercer lugar (y bajo la aclaración de que en el momento de la contestación se encontraba pendiente de resolver un recurso de reclamación contra la admisión de la controversia en el que justo se alegó la falta de legitimación en el proceso), se reitera que debe sobreseerse el asunto dado que la persona que acudió a representar al INAI no contaba con las facultades necesarias para ello. Atendiendo a los artículos 41, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción VI, y 35, fracción XVIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6 y 12, fracciones I y III, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se afirma que la demanda fue presentada en "suplencia por ausencia" por el director general Jurídico del INAI; sin embargo, se explica que no existe en la normatividad aplicable de este órgano constitucional autónomo una disposición que permita a dicho director actuar en suplencia para presentar una controversia constitucional a nombre del comisionado presidente y del Pleno del órgano. Esa facultad de representación le corresponde al comisionado presidente.

    e) Inclusive, se destaca que además la suplencia por ausencia no fue motivada, contradiciendo los requisitos para que opera dicha figura en términos del criterio tomado por la Segunda Sala en la contradicción de tesis 211/2014. Insistiéndose que si bien el artículo 32 del estatuto interno indica que la actuación del director general jurídico se hará "cuando se requiera su intervención" y que a esta dirección le corresponde rendir la contestación de controversias constitucionales, ello no es una autorización normativa para poder accionar una controversia constitucional a nombre del INAI.

    f) Aclaraciones previas. Superado lo anterior, como consideración previa, se señala que los conceptos de invalidez que vierte el INAI son infundados, puesto que no es cierto que los artículos impugnados contravengan el principio de reserva de ley, al restringir el acceso a la información y modularlo como un derecho humano, cuando ello es competencia exclusiva del Congreso de la Unión y el principio de supremacía constitucional al contravenir lo establecido en la Constitución, en la Ley General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

    g) Al resolver la controversia constitucional 117/2014, la Corte ha reconocido que el régimen regulatorio de los organismos constitucionales autónomos, como lo es la Cofece, no es de la misma naturaleza que la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal. En ese sentido, las atribuciones para expedir ordenamientos normativos propios de la Comisión no corresponde a la reglamentaria del artículo 89, fracción I, constitucional, sino a lo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado propia del modelo de Estado regulador, que busca preservar el principio de división de poderes y la cláusula democrática, e innovar en la ingeniería constitucional para insertar en organismos autónomos competencias cuasi-legislativas, cuasi-jurisdiccionales y cuasi-ejecutivas suficientes para regular ciertos sectores especializados de interés nacional.

    h) No obstante, la Cofece quedó

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