Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

EmisorPrimera Sala
JuezJuan Luis González Alcántara Carrancá,Luis María Aguilar Morales,Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,Norma Lucía Piña Hernández,José Ramón Cossío Díaz,Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,Jorge Mario Pardo Rebolledo
Fecha de publicación14 Agosto 2020
MateriaDerecho Fiscal
Número de registro29455

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 218/2019. MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 27 DE NOVIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LA MINISTRA NORMA L.P.H., J.M.P.R., A.G.O.M.Y.J.L.G.A.C.. DISIDENTE: L.M.A.M.. PONENTE: N.L.P.H.. SECRETARIO: A.G.P..
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de junio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, A.L.C.R., como presidente municipal y M.d.C.B.R., en su carácter de síndica, ambos del Ayuntamiento de Las Vigas de R., Estado de Veracruz de I. de la Llave, promovieron controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de I. de la Llave, de quien reclamaron lo siguiente:(1)
"IV. Actos reclamados
"1. De la autoridad señalada se demanda la invalidez de las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que se haya emitido para la realización de la indebida retención de las aportaciones y/o participaciones federales que le corresponden al Municipio de Las Vigas de R., Veracruz, por el concepto de Ramos Generales 28 y 33, en lo particular del:
"a) El FISMDF (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal) del año 2016, por la cantidad de $3'395,377.06 (tres millones trescientos noventa y cinco mil trescientos setenta y siete pesos 06/100 M.N.), correspondientes a los meses de agosto y septiembre y octubre de 2016.
"b) El Fondo General de Participaciones, relación 6, participaciones junio 2016, por la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos cero centavos M.N.).
"c) En este caso, se reclama también el pago de los intereses generados por la omisión de pago de los recursos del FISMDF (Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal) del año 2016 y de los recursos del Fondo General de Participaciones, relación 6, participaciones junio 2016. Pago de interés que deberá hacer a mi representada, hasta el día en que se haga pago total de dichas participaciones.
"Cantidades que fueron entregadas hace meses al Gobierno del Estado de Veracruz, por la secretaria de Hacienda y Crédito Público.
"2. Se reclama de la autoridad antes señalada la invalidez de cualquier orden para llevar a cabo los descuentos y retención indebida de las aportaciones y/o participaciones federales, que le corresponden al Municipio que representamos por concepto de Ramos Generales 28 y 33, y en particular del:
"a) El FISMDF (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal) del año 2016, por la cantidad de $3'395,377.06 (tres millones trescientos noventa y cinco mil trescientos setenta y siete pesos 06/100 M.N.), correspondientes a los meses de agosto y septiembre y octubre de 2016.
"b) El Fondo General de Participaciones, relación 6, participaciones junio 2016, por la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos cero centavos M.N.).
"c) En este caso, se reclama también el pago de los intereses generados por la omisión de pago de los recursos del FISMDF (Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal) del año 2016 y de los recursos del Fondo General de Participaciones, relación 6, participaciones junio 2016. Pago de interés que deberá hacer a mi representada, hasta el día en que se haga pago total de dichas participaciones.
"Cantidades que fueron entregadas hace meses al Gobierno del Estado de Veracruz, por la secretaria de Hacienda y Crédito Público.
"3. Se reclama la omisión de la autoridad aquí señalada como demandada, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales a su cargo, así como a lo dispuesto en el numeral sexto párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal, toda vez que han sido omisas en entregar las aportaciones o participaciones federales por el concepto de Ramos Generales 28 y 33, y en lo particular del:
"a) El FISMDF (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal) del año 2016, por la cantidad de $3'395,377.06 (tres millones trescientos noventa y cinco mil trescientos setenta y siete pesos 06/100 M.N.), correspondientes a los meses de agosto y septiembre y octubre de 2016.
"b) El Fondo General de Participaciones, relación 6, participaciones junio 2016, por la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos cero centavos M.N.).
"c) En este caso, se reclama también el pago de los intereses generados por la omisión de pago de los recursos del FISMDF (Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal) del año 2016 y de los recursos del Fondo General de Participaciones, relación 6, participaciones junio 2016. Pago de interés que deberá hacer a mi representada, hasta el día en que se haga pago total de dichas participaciones.
"Cantidades que fueron entregadas hace meses al Gobierno del Estado de Veracruz, por la secretaria de Hacienda y Crédito Público.
"4. Se declare en la sentencia que se pronuncie en la controversia constitucional que ahora inicio, la obligación de las autoridades demandadas de restituir y entregar las cantidades que inconstitucionalmente han detenido a las aportaciones y/o participaciones federales, que corresponden al Municipio que representamos, provenientes del fondo por el concepto de Ramos Generales 28 y 33, y en lo particular del:
"a) El FISMDF (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal) del año 2016, por la cantidad de $3'395,377.06 (tres millones trescientos noventa y cinco mil trescientos setenta y siete pesos 06/100 M.N.), correspondientes a los meses de agosto y septiembre y octubre de 2016.
"b) El Fondo General de Participaciones, relación 6, participaciones junio 2016, por la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos cero centavos M.N.).
"c) En este caso, se reclama también el pago de los intereses generados por la omisión de pago de los recursos del FISMDF (Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal) del año 2016 y de los recursos del Fondo General de Participaciones, relación 6, participaciones junio 2016. Pago de interés que deberá hacer a mi representada, hasta el día en que se haga pago total de dichas participaciones.
"Cantidades que fueron entregadas hace meses al Gobierno del Estado de Veracruz, por la secretaria de Hacienda y Crédito Público. ..."(2)
2. SEGUNDO.—Antecedentes. Los antecedentes del asunto narrados en la demanda, son los siguientes:
• El Municipio de Las Vigas de R. es parte integrante de la división territorial, así como de la organización política y administrativa del Estado de Veracruz de I. de la Llave, en términos de lo dispuesto en los artículos 3o. y 68 de la Constitución Política de esa entidad federativa.
• El dos de enero de mil novecientos setenta y nueve, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, la Federación y el Estado de Veracruz celebraron el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus anexos, publicado el veintiocho de diciembre de ese año, por lo que a partir de la entrada en vigor del convenio se desincorporó de la esfera competencial del Congreso Local la atribución de crear contribuciones que recayeran sobre hechos imponibles gravados por leyes federales, en tanto la Federación se obligó a entregar al Estado de Veracruz y a sus Municipios las participaciones que les correspondiesen, en términos de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal y el presupuesto de egresos de la Federación, correspondiendo a la Legislatura Local establecer su distribución entre los Municipios en una normatividad general.
• Como consecuencia de lo anterior, el Municipio actor tiene derecho a recibir las participaciones que la Federación envía por conducto del Estado de Veracruz, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en el que sean recibidos por la entidad federativa y el retraso en su entrega da lugar al pago de intereses de conformidad con los artículos 6o., párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal y 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de I. de la Llave.
• Aunque el Gobierno de Veracruz recibió oportunamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las aportaciones federales, incurrió sin justificación alguna en la omisión absoluta de entregarlas al Municipio actor, sin que a la fecha haya regularizado su entrega, en específico las relativas a los meses de agosto, septiembre y octubre del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, con lo cual impide al Municipio actor acceder al ingreso al que tiene derecho y, por tanto, lo imposibilita para atender sus funciones constitucionalmente encomendadas.
• El Municipio actor ha realizado llamados y requerimientos con el propósito de que el Gobierno del Estado pague las cantidades correspondientes al FISMDF, por la cantidad de $3'395,377.06 (tres millones trescientos noventa y cinco mil trescientos setenta y siete pesos 06/100, moneda nacional) correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis.
3. TERCERO.—Conceptos de invalidez. Se esgrimieron, en síntesis, los conceptos de invalidez siguientes:
• La autoridad demandada, al omitir de forma absoluta la entrega de los fondos federales viola el principio de integridad de los recursos municipales, aunado a que no existe justificación para que éstos no se entreguen en forma completa, transgrediéndose así también la libertad de administración hacendaria prevista en el artículo 115, fracción IV, constitucional.
• No existe por parte del Municipio actor alguna manifestación de voluntad para que las autoridades estatales omitan la entrega de recursos, ni algún convenio con el demandado a fin de comprometer los montos correspondientes. De ahí que al no recibir los recursos demandados, se transgrede, en perjuicio del Municipio actor, el principio de autonomía financiera.
• La entrega extemporánea de los recursos genera el pago de intereses.
• De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Federal, la intervención de la autoridad demandada respecto de los fondos de participaciones que por ley corresponden a los Municipios es de mediación, control y supervisión de su manejo, pero no de disposición, suspensión o retención.
• El Gobierno del Estado de Veracruz no tiene facultades para retener el entero de los fondos de aportaciones del Ramo 33, por lo que la omisión de entregarlos de manera puntual transgrede los principios de integridad y libre administración de los recursos económicos municipales y violenta el Sistema Federal de Coordinación Fiscal, así como el diverso principio de reserva de fuentes de ingreso a los Municipios, referente a que éstos tendrán asegurados los recursos necesarios para atender sus necesidades y responsabilidades públicas.
• La controversia constitucional resulta oportuna, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 43/2003, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA MIENTRAS AQUELLAS SUBSISTAN."
• Derivado de la omisión de entregar los recursos, y con plenitud de jurisdicción, la Suprema Corte habrá de determinar con precisión la tasa de interés que deberá cubrir el Estado de Veracruz, a efecto de que no se mal interprete el contenido del artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal. En específico, será necesario que se precise si la tasa de interés aplicable es la vigente en la fecha en que se dejaron de entregar los recursos, o la vigente en la fecha en que se dicte la sentencia en la controversia constitucional.
4. CUARTO.—Artículos constitucionales señalados como violados. Los preceptos que la parte actora estima violados son los artículos 14, 16, 17, 20, 40, 41, 115, 116, 122 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. QUINTO.—Trámite de la controversia y admisión de la demanda. Por acuerdo de diez de junio de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró la controversia constitucional con el número de expediente 218/2019 y ordenó turnar el asunto a la Ministra Norma Lucía P.H..(3)
6. Mediante proveído de once de junio de dos mil diecinueve, la Ministra instructora tuvo por presentada la demanda únicamente por lo que ve a la síndica municipal, determinó admitirla a trámite, tuvo como demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de I. de la Llave y ordenó su emplazamiento, así como dar vista a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y a la Fiscalía General de la República.(4)
7. SEXTO.—Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Mediante escrito presentado el tres de septiembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el secretario de Gobierno del Estado de Veracruz de I. de la Llave, en representación del Poder Ejecutivo de dicha entidad dio contestación a la demanda.(5)
8. En esencia, el demandado alegó que la controversia constitucional resultaba improcedente toda vez que el Municipio accionante no había agotado la vía legalmente prevista en la Ley de Coordinación Fiscal para resolver el conflicto en primer término, sin que en el caso se actualizara el supuesto de excepción al principio de definitividad, consistente en la transgresión directa de la Constitución o la invasión de esferas competenciales del Municipio.
9. Por otro lado, afirmó que también se actualizaba la improcedencia del presente procedimiento, toda vez que los actos reclamados habían dejado de surtir sus efectos, puesto que los recursos reclamados correspondían al ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis, el cual evidentemente ya había concluido, sin que el Municipio actor hubiere acreditado que los recursos provenientes de las aportaciones federales reclamadas ya hubieran sido comprometidos a fin de que tengan una ultra-actividad para los ejercicios fiscales subsecuentes, por lo que, de ordenarse el pago de estos recursos en favor del Municipio, se contravendría el principio de anualidad presupuestal.
10. Además, el poder demandado manifestó que ante una eventual condena, debía concederse un plazo prudente, razonable y adecuado, para cumplir con la ejecutoria de un modo que no se desatendieran compromisos y obligaciones programados por la entidad veracruzana para el ejercicio fiscal vigente.
11. En otro orden de ideas, la parte demandada señaló que la controversia constitucional también era improcedente por extemporánea, actualizándose así la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia. Esto debido a que la demanda debió presentarse dentro del plazo de treinta días siguientes a aquel en el que el actor tuvo conocimiento del acto combatido, esto es, a partir del día siguiente en que feneció el plazo establecido al Estado por la Ley de Coordinación Fiscal para realizar la entrega de los recursos al Municipio actor, aunado a que éste siempre tuvo pleno conocimiento de la calendarización de la entrega de las ministraciones.
12. Precisó que no se podía aplicar el criterio referente a que tratándose de omisiones, la oportunidad para la promoción de la demanda se actualiza de momento a momento, pues la omisión combatida derivó de un acto positivo consistente en la recepción por parte del Ejecutivo del Estado de los recursos reclamados.
13. Respecto a los conceptos de invalidez, el demandado precisó que de existir algún derecho en favor del promovente, éste recaería únicamente respecto de las cantidades que no le hubieren sido entregadas o transferidas, lo cual demostraría con las documentales que en su momento aportaría a la controversia constitucional.
14. SÉPTIMO.—Pruebas del Poder Ejecutivo de Veracruz. Mediante oficio recibido en esa misma fecha –tres de septiembre de dos mil diecinueve– en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suscrito por la directora general jurídica de la Secretaría de Gobierno y delegada del Poder Ejecutivo de Veracruz, se remitieron diversas pruebas documentales, consistentes, básicamente, en el informe de pagos y adeudos que la Tesorería de esa entidad federativa tenía registrados respecto del Municipio actor, así como los reportes de operaciones bancarias que demostraban las trasferencias de recursos efectivamente realizadas.(6)
15. OCTAVO.—P. del consejero jurídico del Ejecutivo Federal y de la Fiscalía General de la República. Tanto el consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal, como el fiscal general de la República se abstuvieron de formular pedimento en el presente asunto.
16. NOVENO.—Audiencia. Agotado el trámite respectivo, el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria de la materia, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se admitieron las pruebas documentales ofrecidas durante la instrucción, se tuvieron por formulados los alegatos hechos valer por el delegado del Municipio actor y se puso el expediente en estado de resolución.(7)
17. DÉCIMO.—Avocamiento. Mediante proveído de once de noviembre de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de la Primera Sala determinó que ésta se avocara al conocimiento del asunto, por lo que ordenó enviar los autos a la ponencia de la Ministra instructora para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.(8)
CONSIDERANDO:
18. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se plantea un conflicto entre un Municipio del Estado Veracruz de I. de la Llave y el Poder Ejecutivo de dicha entidad, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
19. SEGUNDO.—Precisión de los actos impugnados. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a precisar los actos que son objeto de la controversia constitucional.
20. En el apartado denominado "acto reclamado" el Municipio actor señaló como tal la invalidez de cualquier orden, instrucción, autorización o aprobación emitida para retener indebidamente, así como el incumplimiento de la obligación a cargo del poder demandado, consistente en entregar al Municipio actor los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), por la cantidadde $3'395,377.06 (tres millones trescientos noventa y cinco mil trescientos setenta y siete pesos 06/100, moneda nacional) correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, así como la omisión de entregar los recursos que le corresponden del Fondo General de Participaciones, por el mes de junio de dos mil dieciséis, que ascienden a la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100, moneda nacional); el pago de intereses generados por el retraso injustificado en la entrega de dichos recursos y la declaratoria de que la autoridad demandada ha retenido indebidamente los recursos indicados.
21. Valorando el escrito de demanda en su integridad, se estima que si bien el Municipio actor refirió que impugnaba las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones llevadas a cabo para la indebida retención de ciertos recursos públicos, advirtiendo la causa de pedir, se llega a la conclusión que lo que realmente reclamó no fueron actos específicos de descuento o retención, sino la omisión total de entrega de dichos recursos, puesto que el Municipio actor puso de manifiesto que hasta la fecha de la presentación de su demanda no había recibido dichos recursos.
22. Así, esta Primera Sala considera que lo efectivamente impugnado es la omisión total del Ejecutivo del Estado de Veracruz de ministrar los recursos económicos correspondientes al Municipio accionante por concepto del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), por la cantidad de $3'395,377.06, (tres millones trescientos noventa y cinco mil trescientos setenta y siete pesos 06/100, moneda nacional) correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis y del Fondo General de Participaciones, por $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100, moneda nacional), que corresponden al mes de junio de dos mil dieciséis, así como los intereses por el retraso en la transferencia de esos recursos.(9)
23. TERCERO.—Oportunidad. Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente por ser una cuestión de orden público y estudio preferente.
24. Al respecto, es de destacar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido reiterativa en torno al criterio de tener por actos positivos: a) los descuentos; b) los pagos parciales; c) el reclamo de intereses con motivo de descuentos o pagos parciales; y, d) la negativa expresa del Estado de entregar los recursos a personas determinadas. Por otro lado, ha sostenido que configura una omisión la falta absoluta de entrega de los recursos. Además, ha precisado que en una misma demanda se pueden reclamar actos positivos u omisiones, por lo que el cómputo debe hacerse de manera independiente según el tipo de vencimiento, sea quincenal, mensual, etcétera(10).
25. Respecto a los actos positivos el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia dispone que el plazo para la promoción de la demanda será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.(11) Por el contrario, cuando lo que se impugna son omisiones, este Alto Tribunal ha establecido que la oportunidad se actualiza de momento a momento mientras subsistan.
26. En el caso en análisis el Municipio actor impugna un acto omisivo por parte del Ejecutivo del Estado de Veracruz consistente en la falta de entrega de la cantidad de $3'395,377.06 (tres millones trescientos noventa y cinco mil trescientos setenta y siete pesos 06/100, moneda nacional) perteneciente a aportaciones federales, específicamente al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), por los meses de agosto, septiembre y octubre del ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis, y la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100, moneda nacional), del Fondo General de Participaciones, que corresponde al mes de junio, de ese mismo ejercicio fiscal de dos mil dieciséis.
27. En esa tesitura se estima que el acto impugnado constituye una omisión total puesto que lo reclamado por el Municipio actor es la falta de entrega absoluta de las cantidades referidas. Por tanto, si la oportunidad para impugnar las omisiones absolutas se actualiza de momento a momento, resulta que la presente controversia constitucional fue presentada en tiempo.
28. Lo anterior máxime cuando en el caso de aportaciones y participaciones federales su entrega se prevé directamente en la Constitución Federal de manera anual, esto de manera sucesiva en los ejercicios fiscales.(12)
29. Por estas razones, debe desestimarse la causal de improcedencia planteada por el Poder Ejecutivo en cuanto alega que la demanda resulta extemporánea toda vez que el Municipio actor tuvo conocimiento de la retención o falta de pago desde la fecha límite en la que le debieron ser entregados los recursos, constituyendo lo impugnado un acto positivo.
30. En ese sentido debe precisarse que el solo vencimiento de la fecha en la que el Estado debió entregar las cantidades al Municipio, no torna en un acto positivo la falta de entrega de dichos recursos, pues la conducta que se reclama sigue siendo la misma, la omisión absoluta de ministrarlos; de ahí que se actualice el supuesto de oportunidad definido en los párrafos anteriores.
31. CUARTO.—Legitimación activa. Por cuanto hace a la legitimación activa, debe tenerse presente que el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé lo siguiente:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
"...
"i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales."
32. Por su parte, los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, ambos de la ley reglamentaria de la materia señalan, expresamente, lo siguiente:
"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia."
"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."
33. De los preceptos legales reproducidos se desprende, sustancialmente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre un Estado y uno de sus Municipios en relación con la constitucionalidad de sus actos, y que tendrá el carácter de actor, la entidad, poder, u órgano que la promueva, la cual deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que, en términos de la norma que lo rige, esté facultado para representarlo.
34. En el presente caso, la demanda de controversia constitucional fue suscrita por M.d.C.B.R., en su carácter de síndica del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Las Vigas de R., Estado de Veracruz de I. de la Llave, quien demostró tener tal carácter mediante la copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección, expedida por el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz el siete de junio de dos mil diecisiete.(13)
35. Cabe señalar que dicha funcionaria cuenta con facultades suficientes para representar al Municipio actor de conformidad con el artículo 37, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, tal como se advierte de dicho precepto normativo:
"Artículo 37. Son atribuciones del síndico:
"I.P., defender y promover los intereses del Municipio en los litigios en los que fuere parte, delegar poderes, comparecer a las diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos, formular posiciones y, en su caso rendir informes, promover el juicio de amparo y el juicio de lesividad. Para delegar poderes, otorgar el perdón judicial, desistirse, transigir, comprometerse en árbitros o hacer cesión de bienes municipales, el síndico requiere la autorización previa del Cabildo;
"II. Representar legalmente al Ayuntamiento;
"III. a XIV."
36. En ese sentido, se concluye que la persona que suscribe la demanda se encuentra legitimada para promover la presente controversia constitucional en representación del Municipio actor, en términos del artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal.
37. QUINTO.—Legitimación pasiva. La autoridad a la que se le reconoció el carácter de demandada fue al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de I. de la Llave.
38. En el caso, compareció en representación del Poder Ejecutivo demandado E.P.C.B., en su calidad de secretario de Gobierno del Estado de Veracruz de I. de la Llave, quien acreditó tal carácter con la copia certificada del nombramiento expedido por el gobernador del Estado, el uno de diciembre de dos mil dieciocho.(14)
39. Sobre el particular, deben tenerse presentes los artículos 49, fracciones XVIII y XXIII, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de I. de la Llave; 8, fracción X, 9, fracción I, y 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de I. de la Llave y 15, fracción XXXII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz de I. de la Llave, así como al acuerdo delegatorio que autoriza al secretario de Gobierno y al subsecretario jurídico y de Asuntos Legislativos a representar al titular del Ejecutivo Estatal, así como al Gobierno del Estado de Veracruz de I. de la Llave en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, cuyo contenido es el siguiente:
Constitución Política del Estado de Veracruz de I. de la Llave
"Artículo 49. Son atribuciones del gobernador del Estado:
"...
"XVIII. Representar al Estado, para efectos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal;
"...
"XXIII. Las demás que la Constitución Federal, esta Constitución, las leyes federales y las del Estado le otorguen."
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de I. de la Llave
"Artículo 8. El titular del Poder Ejecutivo, además de las atribuciones que expresamente le confiere la Constitución Política del Estado, podrá:
"...
"X. Designar a quien lo represente en las controversias a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal, y en los demás juicios en que intervenga con cualquier carácter; así como a quien lo represente ante el Congreso del Estado, para efectos de lo previsto en los artículos 35, fracción III y 36, ambos de la Constitución Política del Estado."
Capítulo II
De la administración pública centralizada
"Artículo 9. Para el estudio, planeación, resolución y despacho de los asuntos de los diversos ramos de la administración pública centralizada, el titular del Poder Ejecutivo contará con las siguientes dependencias:
"I. Secretaría de Gobierno ..."
"Artículo 17. La Secretaría de Gobierno es la dependencia responsable de coordinar la política interna de la entidad y tendrá la competencia que expresamente le confiere la Constitución Política del Estado, esta ley y demás legislación aplicable."
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz de I. de la Llave
"Artículo 15. El titular de la secretaría tendrá las facultades siguientes:
"...
"XXXII. Representar legalmente al Gobierno del Estado y al gobernador ante cualquier instancia administrativa, legislativa, fiscal o jurisdiccional, de carácter federal, estatal o municipal, e intervenir en toda clase de juicios en que sea parte, incluyendo el juicio de amparo, por sí o por conducto de la Subsecretaría Jurídica y de Asuntos Legislativos y/o su Dirección General Jurídica prevista en este reglamento; así como presentar denuncias o querellas penales, coadyuvar con el Ministerio Público o la Fiscalía General, contestar y reconvenir demandas, oponer excepciones, comparecer en las audiencias, ofrecer y rendir pruebas, presentar ale-gatos, nombrar delegados o autorizados en los juicios en que sea parte, recibir documentos y formular otras promociones en juicios civiles, fiscales, administrativos, laborales, penales o de cualquier otra naturaleza, intervenir en actos y procedimientos en general, recusar Jueces o Magistrados, e interponer todo tipo de recursos."
Acuerdo delegatorio
"Primero. Se delega y autoriza a los titulares de la Secretaría de Gobierno y de la Subsecretaría Jurídica y de Asuntos Legislativos, para que de forma conjunta o separada en nombre y representación del Gobierno del Estado, así como en nombre y representación del titular del Poder Ejecutivo, se apersonen y representen con todas las facultades, interpongan medios de defensa y en general, realicen todo tipo de trámites en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en las que intervengan el Poder Ejecutivo y el Estado de Veracruz de I. de la Llave, con cualquier carácter.
"Segundo. El presente acuerdo delegatorio se expide sin perjuicio de que el titular del Ejecutivo ejerza por sí mismo las facultades que le otorga la normatividad vigente de la materia."
40. De lo transcrito, se advierte que el Poder Ejecutivo Local tiene la atribución de designar a su representante tratándose de controversias constitucionales, pero además que el titular de la Secretaría de Gobierno está facultado para representar al gobernador del Estado ante cualquier instancia jurisdiccional, aunado a que el propio Ejecutivo Local expresamente autorizó al secretario de Gobierno para representarlo en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
41. De acuerdo con lo expuesto, es de concluirse que el secretario de Gobierno del Estado de Veracruz de I. de la Llave cuenta con legitimación para comparecer a la presente controversia constitucional en representación del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa.
42. SEXTO.—Causas de improcedencia. Además de la causal de improcedencia relacionada con la extemporaneidad de la demanda, misma que quedó debidamente abordada en el capítulo relativo a la oportunidad, el Ejecutivo del Estado hace valer, de forma expresa, dos causales más relacionadas, la primera, con la falta de agotamiento de la vía legalmente prevista para la solución de la controversia y la segunda, con la cesación de los actos reclamados. Pero también, hace manifestaciones que sugieren una falta de legitimación pasiva, pues afirma que las omisiones de pago reclamadas, en su caso, no se verificaron durante la administración del actual Gobierno del Estado de Veracruz.
43. Con relación a la falta de agotamiento de la vía legal, el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia establece que la controversia constitucional será improcedente cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto.(15)
44. Sin embargo, este Alto Tribunal ha establecido que dicha improcedencia no se actualiza cuando lo que se alegue en la controversia sea la violación directa a la Constitución General, pues en dicho supuesto no es necesario que el afectado agote previamente el referido recurso, ya que ante la trascendencia de la violación reclamada, es posible acudir directamente al medio de regularidad constitucional.(16)
45. En consecuencia, en el presente asunto debe declararse infundada la referida causal hecha valer por el Ejecutivo Local, pues precisamente lo que el Municipio actor sostiene es que los actos impugnados generaron una violación directa a la Constitución General, específicamente al artículo 115, fracción IV, pues la retención indebida de los recursos federales, vulneró los principios de integridad de los recursos y libre hacienda municipal.
46. Lo mismo debe decirse respecto de la supuesta cesación de efectos de los actos impugnados. El Ejecutivo Local alega que los actos reclamados han cesado sus efectos toda vez que los recursos que se reclaman correspondían al ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis, el cual obviamente se encuentra concluido, por lo que no es posible realizar actualmente la entrega de dichos recursos, pues con ello se estaría vulnerando el principio de anualidad presupuestal, máxime cuando el Municipio no acreditó que tales recursos ya estuvieran comprometidos.
47. Debe decirse que no asiste la razón al poder demandado, puesto que pierde de vista que el acto impugnado en la presente controversia es una omisión total de entrega de los recursos pertenecientes al Municipio.
48. En esa tesitura, tal y como quedó expuesto en el considerando relativo a la oportunidad de la demanda, el Tribunal Pleno ha sostenido de manera consistente que los efectos de las omisiones se actualizan de momento a momento y persisten en el tiempo hasta que dicha omisión desaparezca, es decir, hasta que se entreguen los recursos reclamados.
49. En consecuencia si el Municipio actor afirma que a la fecha, las cantidades correspondientes al: (a) Fondo de Infraestructura Social Municipal atinentes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis; y, (b) Fondo General de Participaciones, por el mes de junio de ese mismo año; no han sido entregadas, debe entonces estimarse que dicha omisión sigue surtiendo sus efectos hasta el día de hoy y seguirán hasta en tanto no se entreguen, cuestión que precisamente habrá de analizarse en el fondo de la presente controversia, de ahí que no sea posible estimar que en el caso han cesado los efectos del acto impugnado.
50. Por último, en el oficio de contestación a la demanda, el Poder Ejecutivo señala que la falta de entrega de recursos son actos de otra administración, en tanto que el Municipio actor no ha probado que la actual administración del Ejecutivo Local no se encuentre regularizada en la entrega de recursos federales.
51. Respecto de planteamientos de esta índole, la Sala ha estimado(17) que, el hecho que el actual gobernador alegue que inició su encargo en un periodo distinto y posterior al en que, en su caso, ocurrieron las omisiones demandadas y que, en consecuencia, no es responsable de los hechos que se le imputan, no lo libera –en principio– de una posible responsabilidad, pues la obligación corresponde al poder que encabeza de forma abstracta y no a él como persona física.
52. Por ende, con independencia de quién represente en determinado momento al Ejecutivo Estatal, existe un reclamo legítimo en su contra y, consecuentemente, deberá atender las obligaciones que sean atribuidas al Poder Ejecutivo, al ser quien ejerce el cargo al momento de demandarse la supuesta omisión, de ser el caso.
53. SÉPTIMO.—Estudio de fondo. De conformidad con lo precisado en los apartados anteriores, la materia de la presente controversia constitucional es determinar si el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz I. de la Llave ha incurrido en la omisión en la entrega de los recursos económicos reclamados por el Municipio actor.
54. Para analizar esta cuestión se retoman los precedentes que han resuelto, tanto el Tribunal Pleno como esta Primera Sala de la Suprema Cortede Justicia de la Nación, en relación con lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal en materia de hacienda municipal.(18)
55. En efecto, se ha sostenido que la fracción IV del artículo 115 constitucional establece un conjunto de previsiones con el objeto de regular las relaciones entre los Estados y los Municipios en materia de hacienda y recursos económicos municipales. Se prevén diversas garantías jurídicas de contenido económico, financiero y tributario a favor de los Municipios, lo que resulta congruente con el propósito del Constituyente Permanente –fundamentalmente a partir de las reformas de mil novecientos ochenta y tres y mil novecientos noventa y nueve– de fortalecer la autonomía municipal a nivel constitucional.
56. El cumplimiento de los contenidos de dicha fracción del artículo 115 constitucional garantiza el respeto a la autonomía municipal. Lo anterior se advierte en la tesis aislada 1a. CXI/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(19) de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."
57. En particular, para lo que a este caso interesa, se ha señalado lo siguiente:
a) Que los Estados tienen como base de su división territorial y de su organización política y administrativa al Municipio Libre.
b) Se consagra el principio de libre administración de la hacienda municipal, que es consustancial al régimen que estableció el Poder Reformador de la Constitución Federal a efecto de fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, con el fin de que éstos puedan tener libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades. Lo anterior de conformidad con las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos.
c) Este principio de libre administración de la hacienda municipal rige únicamente para una parte de los recursos que integran la hacienda municipal y no para la totalidad de los mismos.(20)
d) Tanto las participaciones como las aportaciones federales forman parte de la hacienda municipal, pero sólo las primeras están comprendidas dentro del régimen de libre administración hacendaria.
e) Las aportaciones federales son recursos preetiquetados por los diversos fondos previstos por la Ley de Coordinación Fiscal. Esto no debe entenderse en el sentido de que los Municipios no tengan facultades de decisión en el ejercicio de las aportaciones federales, sino que se trata de una preetiquetación temática en la que los Municipios tienen flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo a sus propias necesidades y dando cuenta de la utilización de los mismos, a posteriori, en la cuenta pública correspondiente.(21)
f) Esto último se ha entendido como el principio de ejercicio directo por parte del Ayuntamiento de los recursos que integran la hacienda pública municipal.(22)
g) Derivado de la finalidad constitucional del principio de libertad hacendaria, se ha reconocido el principio de integridad de los recursos federales destinados a los Municipios,(23) que consiste en que los Municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa de los citados recursos, de manera que la entrega extemporánea genera en su favor el pago de los intereses correspondientes.
h) El artículo 115, fracción IV, inciso b), establece que las participaciones deben ser cubiertas a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados; de ahí que quien incurre en mora debitoria está obligado a pagar intereses.(24)
58. La Ley de Coordinación Fiscal(25) en su artículo 6o., en relación con las participaciones federales,(26) establece lo siguiente:
a) La Federación deberá entregar las participaciones que correspondan a los Municipios por conducto de los Estados.
b) Dicha entrega deberá efectuarse dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba.
c) El retraso en las entregas de tales participaciones dará lugar al pago de intereses a la tasa de recargos que establezca el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones.
d) En caso de incumplimiento de los Estados, la Federación hará la entrega directa a los Municipios descontando la participación del monto correspondiente, previa opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.
e) Las participaciones deben cubrirse en efectivo, sin condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9o. de la propia Ley de Coordinación Fiscal.
f) Las entidades federativas, a más tardar el quince de febrero, deberán publicar en su Periódico Oficial, así como en su página oficial de Internet, el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados de las participaciones que las entidades reciban y de las que tengan obligación de participar a sus Municipios o demarcaciones territoriales. También deberán publicar trimestralmente en el periódico oficial, así como en la página oficial de Internet del gobierno de la entidad, el importe de las participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación la lista de las entidades que incumplan con esta disposición.(27)
g) El incumplimiento a las obligaciones de información previstas en el inciso anterior será sancionado en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.(28)
59. Precisados los alcances de los principios de autonomía municipal y libertad hacendaria, conviene referir que a las participaciones y aportaciones federales las rigen los principios de inmediatez y agilidad.
60. La Ley de Coordinación Fiscal establece expresamente que los recursos federales participables se entregarán a los Municipios de manera ágil e incondicionada. El artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal establece que las participaciones federales deberán ser entregadas a los Municipios en efectivo, sin condicionamiento alguno y por conducto de los Estados dentro de los cinco días siguientes a aquel en que las reciba. En caso de retraso, se genera la obligación del pago de intereses, cuya tasa de cálculo tendrá como base la que haya establecido el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones.
61. Asimismo, prevé que en caso de incumplimiento, la Federación hará la entrega directa a los Municipios, descontando la participación del monto que corresponda al Estado.
62. De lo anterior se observa que la Ley de Coordinación Fiscal establece una regla general de inmediatez que rige el entero de los recursos federales participables a los Municipios, en el sentido de que, si bien deben ser entregados por conducto de los gobiernos estatales, no pueden estar sujetos a condicionamiento alguno.
Caso concreto
63. El Municipio actor reclama la omisión de entrega por parte del Ejecutivo del Estado de Veracruz de los recursos correspondientes a: (I) aportaciones federales, específicamente al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), de los meses de agosto, septiembre y octubre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, por la cantidad total de $3'395,377.06 (tres millones trescientos noventa y cinco mil trescientos setenta y siete pesos 00/100, moneda nacional); y, (II) participaciones federales correspondientes al Fondo General de Participaciones, relativas a junio de dos mil dieciséis, por un total de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100, moneda nacional).
I. Aportaciones federales (FISMDF)
64. Con relación a las aportaciones del Fondo para la Infraestructura Social, la Ley de Coordinación Fiscal establece en su artículo 32, segundo párrafo, en relación con los diversos 33 y 35,(29) que los Estados deberán entregar a sus respectivos Municipios los recursos que les corresponden, conforme al calendario de enteros en que la Federación haga a los Estados y que ello debe hacerse de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines a que se destinará el fondo.
65. Ahora bien, entre las constancias exhibidas por el Poder Ejecutivo demandado destaca el oficio TES-VER/4016/2019,(30) en el que la tesorera de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado señaló que ya se habían entregado los siguientes montos al Municipio actor:
En referencia a los recursos correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se detallan a continuación las ministraciones efectuadas al Municipio, así como las transferencias electrónicas que hacen constar el pago de las mismas, contenida en 7 fojas útiles, debidamente certificadas:


66. En ese mismo oficio, la tesorera informó que los recursos correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis (que fueron los reclamados en la demanda), estaban pendientes de pago:
De lo anterior, se advierte en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV) registros pendientes de pago correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre del ejercicio fiscal 2016, reclamados por el Municipio actor, que a continuación se detallan:


67. Por tanto, tal como se adelantó, esta Primera Sala llega a la conclusión de que, como fue solicitado en la demanda, se actualiza una omisión en ministrar al Municipio actor los multicitados fondos federales relativos a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mi dieciséis, equivalentes a $3'395,377.06 (tres millones trescientos noventa y cinco mil trescientos setenta y siete pesos 06/100, moneda nacional), en tanto que, posterior a ese informe del tesorero, no se advierte que se hubieren efectuado dichos depósitos (no se aportaron más pruebas).
68. La suma de las cantidades adeudadas, reconocidas por el demandado en el oficio TES-VER/4016/2019, dan como resultado el monto total de $3'395,377.06 (tres millones trescientos noventa y cinco mil trescientos setenta y siete pesos 06/100, moneda nacional), que coincide con el que reclama, precisamente, el Municipio actor.
69. Ahora bien, es criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que ante la falta de entrega o entrega tardía de recursos federales, deben pagarse al Municipio actor los intereses correspondientes.
70. En ese sentido, en el punto décimo del referido acuerdo de distribución de los recursos del FISMDF para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, se estableció el siguiente calendario para la ministración por parte del Estado de Veracruz a sus Municipios:


71. En consecuencia, si en el presente asunto quedó acreditado que el Ejecutivo del Estado de Veracruz omitió entregar las cantidades que les corresponden al Municipio por concepto de FISMDF por los meses de agosto, septiembre y octubre, lo procedente es también condenar a dicho poder al pago de los intereses que se hubiesen generado como consecuencia de dicha omisión, hasta la fecha de su depósito, en términos del considerando de efectos de esta sentencia.
II. Participaciones federales (Fondo General de Participaciones)
72. Por otra parte, respecto al reclamo por la falta de entrega de las participaciones correspondientes al Ramo 28 (Fondo General de Participaciones) del mes de junio, es criterio reiterado de esta Suprema Corte que estos recursos son justamente montos de dinero que se les entregan a los Municipios por concepto de la recaudación federal participable; recursos que forman entonces parte de la hacienda municipal y a los cuales le son aplicables los referidos principios constitucionales que derivan del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal. El fundamento de estos recursos federales por participación son, entre otros, los artículo 2o., 6o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.(31)
73. La entrega de estos recursos se encuentra reglamentada en el siguiente acto: "Acuerdo por el cual se da a conocer el Calendario de Entrega, Porcentaje, Fórmulas y Variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada Municipio del Estado de Veracruz de I. de la Llave, por concepto del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, de los Ingresos derivados de la aplicación del art. 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal, del Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, para el ejercicio fiscal 2016", publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el doce de febrero de dos mil dieciséis. De este acuerdo deriva lo que sigue:


74. Como se ha señalado, el Municipio impugna la omisión total de enterar la cantidad que le corresponde del Fondo General de Participaciones por el mes de junio de dos mil dieciséis.
75. Al respecto, la tesorera de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, en oficio TES-VER/4016/2016,(32) expresamente manifestó lo siguiente:
"Por lo que hace a los recursos del Fondo General de Participaciones del ejercicio fiscal 2016, se advierte en el SIAFEV registros pendientes de pago correspondientes al mes de junio, por la cantidad reclamada de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.)."
76. En función de lo anterior, esta Primera Sala llega a la conclusión de que se acredita la existencia de una obligación de hacer y el incumplimiento de la misma por parte de la autoridad demandada a partir, en primer lugar, de lo relatado en la demanda de controversia en torno al Fondo General de Participaciones y, en segundo lugar, a lo aceptado por el propio poder demandado en las documentales aportadas como prueba a esta instancia. En el oficio TES-VER/4016/2019, la tesorera de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz reconoció la existencia de un registro pendiente de pago por el mes de junio de dicho rubro (confesión que no se encuentra refutada por algún otro elemento del expediente).
77. Consecuentemente, dado que se actualiza una violación al artículo 115, fracción V, de la Constitución Federal que garantiza la autonomía municipal, mediante el respeto a los principios de integridad y el ejercicio directo de los recursos públicos municipales, al no haberse demostrado por el demandado la transferencia del monto antes mencionado, sino que, por el contrario, se aceptó la omisión (concediendo las pretensiones del Municipio actor), se condena a su entrega y al pago de los respectivos intereses a favor del Municipio en términos de lo expuesto en el apartado de efectos.
78. En atención a las consideraciones anteriores, resulta fundada la presente controversia constitucional, por lo que esta Primera Sala declara la invalidez de las omisiones impugnadas y condena al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de I. de la Llave al pago de los siguientes conceptos:
• $3,395,377.06 (tres millones trescientos noventa y cinco mil trescientos setenta y siete pesos 00/100, moneda nacional), por los meses de agosto, septiembre y octubre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).
• $200,000.000 (doscientos mil pesos 00/100, moneda nacional), por concepto de recursos del mes de junio de dos mil dieciséis, del Fondo General de Participaciones.
• Los intereses generados desde la fecha en que la autoridad demandada tenía la obligación de realizar los pagos correspondientes y hasta la fecha de su total liquidación.
79. OCTAVO.—Efectos. De conformidad con lo dispuesto por las fracciones IV, V y VI del artículo 41 de la ley reglamentaria de la materia,(33) esta Primera Sala debe determinar los efectos de la presente sentencia.
80. Esta Primera Sala determina que los efectos de la presente sentencia se traducen, por una parte, en la entrega de las cantidades demandadas respecto a los recursos del FISMDF (por los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis), así como el pago de los intereses que se hayan generado por dicha omisión y, por otra parte, en la entrega de la cantidad demandada respecto a los recursos del Fondo General de Participaciones (del mes de junio de dos mil dieciséis) y el pago de los intereses por esa omisión.
81. Para ello se concede al Poder Ejecutivo del Estado del Estado de Veracruz de I. de la Llave un plazo de noventa días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que le sea notificado este fallo, a fin de que realice lo conducente para que sean suministrados los recursos reclamados y los intereses que resulten sobre el respectivo saldo insoluto hasta la fecha de liquidación conforme a la tasa de recargos que establezca el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones.(34)
82. Por lo que hace a la condena de pago de intereses, se estima pertinente puntualizar que debe tomarse como fecha de inicio de los actos omisivos los días límite de entrega al Municipio actor que se especificaron en el estudio de fondo (en las tablas sombreadas en el considerando relativo al estudio).
83. En caso de que los recursos estatales ya hayan sido entregados al Municipio actor durante la sustanciación de la presente controversia, queda incólume la condena del pago de intereses referida previamente.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve
PRIMERO.—Es procedente y fundada la presente controversia constitucional.
SEGUNDO.—Se declara la invalidez de la omisión atribuida al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de I. de la Llave, precisada en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta ejecutoria y para los efectos expresados en el considerando octavo de la misma.
TERCERO.—Se ordena al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz actuar en los términos expresados en el considerando octavo de esta resolución.
N.; por oficio, a las partes y, en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de cuatro votos de la Ministra Norma Lucía P.H. (ponente), J.M.P.R., A.G.O.M. y presidente J.L.G.A.C.. En contra del voto emitido por el Ministro L.M.A.M..
Nota: Las tesis de jurisprudencia P./J. 43/2003, P./J. 12/2005 y P./J. 98/2009 citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XVIII, agosto de 2003, página 1296, XXI, marzo de 2005, página 814 y XXX, julio de 2009, página 1536, respectivamente.



________________
1. Fojas 1 a 39 de este expediente.
2. Específicamente a fojas 1 a 9 de este toca.
3. I., fojas 263 y 264.
4. I., fojas 265 a 268.
5. I., fojas 319 a 338.
6. I., fojas 344 a 356.
7. I., foja 381.
8. I., foja 385.
9. Sirve de fundamento a lo anterior la jurisprudencia P./J. 98/2009, emitida por el Tribunal Pleno de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."
10. Dichos parámetros han sidodesarrollados tras la resolución, entre otras, de las controversias constitucionales 5/2004, 20/2005,(sic) 98/2011, 37/2012, 67/2014, 78/2014, 73/2015 y 118/2014.
11. "Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos."
12. "Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
"...
"IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:
"...
"b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. ..."
13. Foja 41 de este toca.
14. I., foja 341.
15. "Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto."
16. Así se refleja en la jurisprudencia siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI EN LA DEMANDA SE PLANTEAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES NECESARIO AGOTAR LA VÍA PREVISTA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE).—El artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las controversias constitucionales son improcedentes cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del conflicto; sin embargo, esta causal de improcedencia no opera, aunque existan otros medios de defensa previstos en las legislaciones locales, cuando en la demanda se invocan violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque estas cuestiones sólo toca resolverlas a la Suprema Corte de Justicia. Ahora bien, el artículo 56, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Veracruz-Llave establece que corresponde al Poder Judicial de esa entidad ‘garantizar la supremacía y control de esta Constitución mediante su interpretación y anular las leyes o decretos contrarios a ella’; y los artículos 64, fracción III, y 65, fracción I, del mismo ordenamiento dan competencia a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado para tramitar esas controversias así como para formular los proyectos que el Pleno de dicho tribunal local resolverá en definitiva. Por lo tanto, los promoventes de la diversa controversia constitucional prevista en la fracción I del artículo 105 constitucional no tienen la carga de agotar previamente aquel medio de defensa local si en la demanda respectiva plantean violaciones inmediatas y directas a la Ley Fundamental.". (Novena Época. Registro digital: 177329. Instancia: Pleno. Tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.X., septiembre de dos mil cinco, materia constitucional, tesis P./J. 116/2005, página 893)
17. Por todas, véase la ejecutoria relativa a la controversia constitucional 140/2016, párrafos 25 y 26. Sentencia de cuatro de julio de dos mil dieciocho. Aprobada por unanimidad de cinco votos de la Ministra y los Ministros: Z.L. de L., quien se reservó el derecho de formular voto concurrente, C.D., quien se reservó el derecho de formular voto concurrente, P.R., G.O.M. (ponente) y presidenta P.H..
18. Como precedentes se pueden citar la controversia constitucional 14/2004, resuelta por unanimidad de once votos en sesión de dieciséis de noviembre de dos mil cuatro y la contradicción de tesis 45/2004-PL, fallada por unanimidad de once votos, en sesión de dieciocho de enero de dos mil cinco; mismos que han sido reiterados en diversos casos.
19. Primera Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.X., noviembre de 2010, página 1213.
20. Sobre este tema, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se ha pronunciado en diversas tesis de jurisprudencia, entre las cuales se encuentran, las tesis P./J. 5/2000 y P./J. 6/2000, de rubros: "HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS. (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)." y "HACIENDA MUNICIPAL. CONCEPTOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).", consultables en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, febrero de dos mil, en las páginas quinientos quince y quinientos catorce, respectivamente.
21. Este criterio se contiene en la tesis de jurisprudencia P./J. 9/2000, de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL. LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES FORMAN PARTE DE AQUÉLLA, PERO SÓLO LAS PRIMERAS QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA". Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, febrero de dos mil, página 514.
22. El principio de ejercicio directo de los recursos que integran la hacienda municipal, previsto en el último párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal, se desarrolló por el Tribunal Pleno al resolver la controversia constitucional 12/2004, en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil cuatro. Del asunto anterior derivó la jurisprudencia P./J. 12/2005, cuyos rubro y texto son los siguientes: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 12 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS QUE INTEGRAN LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL CONTENIDO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La citada disposición del presupuesto de egresos de la Federación para el año 2004, al otorgar a los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable la facultad de aprobar la determinación del monto y el rubro al cual se aplicarán las aportaciones federales provenientes del ramo 33 –Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios en lo relativo al fondo de aportaciones para la infraestructura productiva rural–, contraviene el principio de ejercicio directo que, con apego a las normas aplicables, tienen los Ayuntamientos sobre los recursos que integran la hacienda pública municipal, de acuerdo con el último párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
23. Al resolver la controversia constitucional 5/2004 del Municipio de Purépero, Estado de Michoacán, este Alto Tribunal determinó que la Constitución no solamente ha atribuido en exclusividad una serie de competencias a los Municipios del país, sino que ha garantizado también que los mismos gozarán de los recursos económicos necesarios para cumplir con dichas responsabilidades constitucionales, por lo que una vez que la Federación decide transferir cierto tipo de recursos a los Municipios con la mediación administrativa de los Estados, hay que entender que el artículo 115 constitucional garantiza a dichos Municipios su recepción puntual y efectiva, porque la facultad constitucional exclusiva de programar y aprobar el presupuesto municipal de egresos de la que gozan presupone que deben tener plena certeza acerca de sus recursos.
24. Al respecto, también se ha sostenido que no obstante que dicho precepto sólo se refiere a las participaciones federales, la obligación de pago de intereses derivada del mismo, resulta igualmente aplicable a las aportaciones federales, atendiendo a que estos recursos también integran la hacienda municipal, por lo que el citado orden de gobierno tiene derecho a contar con ellos en tiempo a fin de poder llevar a cabo, de manera inmediata, los programas para los que fueron destinados.
25. El objeto de la referida ley se establece en el artículo 1o., de texto:
"Artículo 1o. Esta ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como con los Municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento."
26. Como precedentes podemos citar el paquete de controversias constitucionales en las que diversos Municipios del Estado de Sonora impugnaron del Estado la falta de entrega oportuna de sus participaciones federales y aportaciones federales, en dicho paquete de asuntos, se encontraban, entre otras, la controversia constitucional 105/2008 fallada por esta Primera Sala en sesión de 19 de octubre de 2011.
El artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal es del tenor siguiente:
"Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 20% de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las Legislaturas Locales establecerán su distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general, atendiendo principalmente a los incentivos recaudatorios y principios resarcitorios, en la parte municipal, considerados en el artículo 2o. del presente ordenamiento.
"La Federación entregará las participaciones a los Municipios por conducto de los Estados, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba; el retraso dará lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones; en caso de incumplimiento la Federación hará la entrega directa a los Municipios descontando la participación del monto que corresponda al Estado, previa opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.
"Los Municipios y, tratándose del Distrito Federal, sus demarcaciones territoriales, recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que corresponda al Estado en los términos del último párrafo del artículo 2o. de esta ley.
"Las participaciones serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9o. de esta ley. Los Gobiernos de las entidades, a más tardar el 15 de febrero, deberán publicar en su periódico oficial, así como en su página oficial de Internet el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados, de las participaciones que las entidades reciban y de las que tengan obligación de participar a sus Municipios o demarcaciones territoriales. También deberán publicar trimestralmente en el periódico oficial, así como en la página oficial de Internet del gobierno de la entidad, el importe de las participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación la lista de las entidades que incumplan con esta disposición. Las publicaciones anteriores se deberán realizar conforme a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
"El incumplimiento a las obligaciones de información previstas en este artículo será sancionado en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos."
27. Este párrafo fue reformado el nueve de diciembre de dos mil trece y se alude a su redacción vigente.
28. De igual manera este párrafo se reformó el nueve de diciembre de dos mil trece.
29. "Artículo 32. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determinará anualmente en el presupuesto de egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del total de la recaudación federal participable el 0.303% corresponderá al Fondo para la Infraestructura Social Estatal y el 2.197% al Fondo para Infraestructura Social Municipal.
"Este fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a los Estados por conducto de la Federación y a los Municipios a través de los Estados, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de esta ley.
"Para efectos del entero a que se refiere el párrafo anterior no procederán los anticipos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7o. de esta ley. ..."
"Artículo 33. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los Estados y los Municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros: ..."
"Artículo 35. Los Estados distribuirán entre los Municipios los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, con una fórmula igual a la señalada en el artículo anterior, que enfatice el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos Municipios con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para ello, utilizarán la información estadística más reciente de las variables de rezago social a que se refiere el artículo anterior publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. En aquellos casos en que la disponibilidad de información no permita la aplicación de la fórmula antes señalada, se utilizarán las siguientes cuatro variables sumadas y ponderadas con igual peso cada una de ellas:
"...
"Con objeto de apoyar a los Estados en la aplicación de sus fórmulas, la Secretaría de Desarrollo Social publicará en el Diario Oficial de la Federación, en los primeros quince días del ejercicio fiscal de que se trate, las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal para cada Estado.
"Los Estados, con base en los lineamientos anteriores y previo convenio con la Secretaría de Desarrollo Social, calcularán las distribuciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal correspondientes a sus Municipios, debiendo publicarlas en sus respectivos órganos oficiales de difusión a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, así como la fórmula y su respectiva metodología, justificando cada elemento.
"Los Estados deberán entregar a sus respectivos Municipios los recursos que les corresponden conforme al calendario de enteros en que la Federación lo haga a los Estados, en los términos del penúltimo párrafo del artículo 32 de la presente ley. Dicho calendario deberá comunicarse a los gobiernos municipales por parte de los gobiernos estatales y publicarse por estos últimos a más tardar el día 31 de enero de cada ejercicio fiscal, en su respectivo órgano de difusión oficial."
30. Foja 346 de este expediente.
31. "Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación federal participable que obtenga la Federación en un ejercicio.
"La recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por todos sus impuestos, así como por los derechos de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por dichas contribuciones y excluyendo los conceptos que a continuación se relacionan: ..."
"Artículo 6o. Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 20% de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las Legislaturas Locales establecerán su distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general, atendiendo principalmente a los incentivos recaudatorios y principios resarcitorios, en la parte municipal, considerados en el artículo 2o. del presente ordenamiento.
"La Federación entregará las participaciones a los Municipios por conducto de los Estados, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba; el retraso dará lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones; en caso de incumplimiento la Federación hará la entrega directa a los Municipios descontando la participación del monto que corresponda al Estado, previa opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.
"Los Municipios y, tratándose del Distrito Federal, sus demarcaciones territoriales, recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que corresponda al Estado en los términos del último párrafo del artículo 2o. de esta ley.
"Las participaciones serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9 de esta ley. Los Gobiernos de las entidades, a más tardar el 15 de febrero, deberán publicar en su periódico oficial, así como en su página oficial de Internet el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados, de las participaciones que las entidades reciban y de las que tengan obligación de participar a sus Municipios o demarcaciones territoriales. También deberán publicar trimestralmente en el periódico oficial, así como en la página oficial de Internet del gobierno de la entidad, el importe de las participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación la lista de las entidades que incumplan con esta disposición. Las publicaciones anteriores se deberán realizar conforme a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
"El incumplimiento a las obligaciones de información previstas en este artículo será sancionado en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos."
"Artículo 7o. El Fondo General de Participaciones se determinará por cada ejercicio fiscal de la Federación, la cual en forma provisional hará un cálculo mensual considerando la recaudación federal participable obtenida en el mes inmediato anterior. En igual forma se procederá con las participaciones a que se refieren los artículos 2o.-A, fracciones I y III, y 3o.-A de esta ley. ..."
32. Fojas 346 y 347 de esta controversia constitucional.
33. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución.
"Artículo 41. Las sentencias deberán contener: ...
"IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidezde una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada;
"V. Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento, o declaren la validez o invalidez de las normas generales o actos impugnados, y en su caso la absolución o condena respectivas, fijando el término para el cumplimiento de las actuaciones que se señalen;
"VI. En su caso, el término en el que la parte condenada deba realizar una actuación."
34. "Artículo 6o. ...
"La Federación entregará las participaciones a los Municipios por conducto de los Estados, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba; el retraso dará lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones; en caso de incumplimiento la Federación hará la entrega directa a los Municipios descontando la participación del monto que corresponda al Estado, previa opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. ..."


Esta ejecutoria se publicó el viernes 14 de agosto de 2020 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

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