Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito

Número de resoluciónI.6o.T. J/50 (10a.)
Fecha de publicación31 Diciembre 2019
Fecha31 Diciembre 2019
Número de registro29200
LocalizadorGaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo II, 911
MateriaDerecho Laboral y Seguridad Social

AMPARO DIRECTO 9/2019. 28 DE FEBRERO DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: G.R.. SECRETARIA: M.D.R.P.P.A..


CONSIDERANDO:


QUINTO.—Previo al estudio de los conceptos de violación, es de señalar que en el juicio laboral la legislación aplicada es la Ley Federal del Trabajo, anterior a la que entró en vigencia a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce, ya que el actor presentó su demanda laboral el diecisiete de septiembre de dos mil nueve.


Puntualizado lo antes dicho, el análisis de los motivos de inconformidad que por razón de método se realiza en orden diverso al planteado, en términos del artículo 189 de la Ley de Amparo, conduce a determinar lo siguiente:


En una parte del primero de ellos, refiere la quejosa que la responsable incurrió en una violación a las leyes del debido proceso, porque afirma que en los autos no se advierte el proyecto de laudo, lo que sostiene vulnera su garantía de seguridad jurídica, además de que estima violados los artículos del 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo.


Dicho planteamiento es infundado, porque contrario a lo expresado por el promovente del amparo, del sumario laboral se advierte que en autos sí obra el proyecto de laudo, pues éste se encuentra glosado entre las fojas 365 a 368 vuelta, lo que pone de manifiesto que lo alegado por la quejosa carece de sustento y, por tanto, en este aspecto no le asiste razón.


Con independencia de lo anterior, no sobra aclarar que el hecho de que en el expediente laboral no se encuentre agregado el proyecto de laudo, no constituye una violación a las reglas que rigen el procedimiento laboral, de acuerdo con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 86/2011,(1) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:


"PROYECTO DE RESOLUCIÓN EN FORMA DE LAUDO. NO CONSTITUYE VIOLACIÓN A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO EL QUE NO SE ENCUENTRE AGREGADO AL EXPEDIENTE LABORAL.—El proyecto de resolución elaborado por el auxiliar de la Junta de Conciliación y Arbitraje, a que se refiere el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, tiene el propósito fundamental de informar a sus integrantes, detalladamente, sobre los antecedentes del asunto y la posible solución del conflicto, para que puedan discutir y emitir su voto, por lo que la circunstancia de no añadir un ejemplar al expediente laboral no constituye una violación a las reglas del procedimiento, en virtud de que el numeral 889 de la misma legislación no exige esa formalidad. Esto es así, porque si el documento es aprobado sin modificaciones ni adiciones, el proyecto de resolución se convierte, al firmarse por los integrantes de la junta, en el laudo definitivo; en cambio, si se hacen modificaciones o adiciones, el secretario debe redactar el laudo acorde con lo aprobado y recabar las firmas de los integrantes de la Junta, una vez que sea engrosado, pero no existe obligación de agregar al expediente laboral un ejemplar del proyecto de resolución que fue modificado o adicionado, pues la norma jurídica únicamente exige que se redacte el laudo y que el resultado se haga constar en acta. En todo caso, es el contenido del laudo definitivo fallado por las Juntas de Conciliación y Arbitraje lo que puede causar agravios a las partes."


En un segmento del cuarto concepto de violación, la quejosa asegura que la Junta responsable violó las leyes del procedimiento, al omitir proveer respecto del perfeccionamiento de las pruebas y, además, decidió negarles valor probatorio.


Es infundado, en primer término, porque respecto de las que ofreció el actor bajo el numeral 2, incisos a), b), c), d) y e), no le agravia, dado que el demandado las hizo suyas; en lo referente a la 2, incisos del f) al i), fueron objetadas en cuanto alcance y valor probatorio; y por lo que hace a las indicadas en los incisos del j) al l), sólo fueron objetadas en términos generales, por lo que la autoridad de origen determinó que les daría el valor probatorio al dictar la resolución respectiva y si bien no lo hizo así, ello no le irrogó perjuicio alguno al impetrante, dado que de ello no dependió la eficacia o no de sus aseveraciones, como a continuación se verá.


En su segundo concepto de violación, alega que la autoridad responsable vulneró en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, lo que afirma, se traduce en una violación al derecho de impartición de justicia, por no haberse sujetado aquélla a los plazos previstos por la norma laboral, incurriendo, por tanto, en omisiones y dilaciones en el procedimiento.


Es inoperante el anterior argumento, dado que existe imposibilidad material de retrotraer el tiempo transcurrido y reponer al impetrante en el goce de dicha garantía (sic) violada; esto es, si bien dicha disposición constitucional garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley, lo cierto es que aun cuando fueran veraces las dilaciones de las que se duele la quejosa, éstas se encuentran consumadas de manera irreparable, al haber concluido el procedimiento laboral con el dictado del laudo a debate.


Resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.T. J/31 (10a.), emitida por este Tribunal Colegiado de Circuito, que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, Tomo IV, noviembre de 2016, materia común, página 2224, registro digital: 2013005 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 horas», de título, subtítulo y texto siguientes:


"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE COMBATEN LA FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL LAUDO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. La violación a la garantía de acceso a la justicia pronta y expedita establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los artículos 885 a 887, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, por falta de pronunciamiento del laudo en los plazos establecidos en dichos preceptos, deja expedito el derecho del quejoso para exigir la responsabilidad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje; empero, por existir imposibilidad material de retrotraer el tiempo transcurrido y reponer al impetrante en el goce de dicha garantía violada, el concepto de violación que combata la dilación en el dictado del laudo resulta inoperante por no poder ser materia de estudio en el juicio de amparo directo."


En un apartado del cuarto concepto de inconformidad, la peticionaria de amparo sostiene que la autoridad de origen consideró procedente la excepción de prescripción opuesta por el demandado, en términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, lo que es incorrecto, ya que soslayó que existen dos reclamos distintos, uno relacionado al pago correcto de la prima de antigüedad y el otro, relativo al salario que debe integrar con el monto de la pensión jubilatoria.


Es infundado en una parte lo que asevera, pues del escrito de contestación se advierte que el Instituto Mexicano del Seguro Social opuso la excepción de prescripción respecto de las diferencias en el pago de la prima de antigüedad, conforme a la jurisprudencia de rubro: "PRIMA DE ANTIGÜEDAD EN CASO DE JUBILACIÓN, PRESCRIPCIÓN DE LA. TÉRMINO, CORRE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA JUBILACIÓN." (foja 44)


La Junta responsable, al dictar el laudo impugnado, estimó que había prosperado la excepción de prescripción que opuso el demandado, en lo referente al reclamo de la correcta integración de la prima de antigüedad, pues se le concedió la jubilación a partir del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, por lo que a partir de esa fecha comenzó a transcurrir a favor del instituto demandado la excepción de prescripción, por lo que al oponerla, el instituto adujo que había operado tal perentoria, en virtud de que la actora presentó su demanda el diecisiete de septiembre de dos mil nueve, por ello venció el término que tenía para efectuar su reclamo y, por tanto, al resultar procedente la excepción de mérito respecto del pago de las diferencias por prima de antigüedad, decidió absolver al Instituto Mexicano del Seguro Social de esa pretensión.


Esto es objetivamente acertado, ya que al oponer la anotada excepción, el organismo de salud claramente expuso que con fundamento en el artículo 516 de la ley laboral, el término prescriptivo empezó a correr a partir del día siguiente al en que era exigible su reclamo; es decir, un día después del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y cuatro en que a la actora se le otorgó la jubilación y se celebró un convenio mediante el cual se fijó el monto que habría de recibir como prima de antigüedad y que tenía hasta el dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y cinco para solicitar el pago correcto de la liquidación finiquita donde aparece la suma relativa a ese concepto; y sostuvo que si presentó su escrito inicial de demanda el diecisiete de septiembre de dos mil nueve, el término para ejercitar su derecho en ese rubro, había prescrito por haber excedido el término legal de un año; lo que se reitera es exacto, puesto que conforme al dispositivo legal que invocó "las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible..."; de tal suerte que al habérsele jubilado el dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y cuatro y entregado el finiquito correspondiente, tal como lo afirmó la autoridad de origen, tenía un año para inconformarse y reclamar las diferencias a las que la ahora quejosa sostiene que tenía derecho y, al haber presentado su ocurso hasta el año dos mil nueve (2009), es inconcuso que feneció el término del que gozaba legalmente para hacerlo.


A. al tema, se cita el criterio...

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