Ejecutoria num. PC.IV.A. J/48 A (10a.), Plenos de Circuito

EmisorPlenos de Circuito
Número de ResoluciónPC.IV.A. J/48 A (10a.)
LocalizacionDécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 4051.
Fecha de Publicación31 de Agosto de 2019

SUSPENSIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL PLAZO PARA OTORGARLA CONFORME AL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.
CONTRADICCIÓN TESIS 3/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 18 DE JUNIO DE 2019. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ C.R.N., J.R.S.P.Y.M.Á.C.C.. PONENTE: J.C.R.N.. SECRETARIA: A.M.H.R..
CONSlDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre el criterio de un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Cuarto Circuito, y el sustentado por un Tribunal Colegiado Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, S., en apoyo del diverso Tribunal Colegiado de este mismo Circuito y especialización.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la formularon los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, S., quienes emitieron la resolución dentro del amparo en revisión 892/2018, en apoyo del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en relación con el amparo en revisión 614/2018, contendiente en la presente contradicción de tesis, lo que actualiza uno de los supuestos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente:
"Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se ajustará a las siguientes reglas:
"...
"III. Las contradicciones a las que se refiere la fracción III del artículo anterior podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito por el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron."
TERCERO.—Criterios de los que deriva la denuncia de la posible contradicción de tesis. Para establecer si existe en el caso denunciado una contradicción de criterios que deba ser resuelta por este Pleno de Circuito, es necesario analizar las consideraciones que informan las ejecutorias involucradas, en los términos siguientes:
I.A. en revisión 892/2018, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, S., en apoyo del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en relación con el amparo en revisión 614/2018.
1. Antecedentes:
La parte quejosa en su calidad oficial de Policía, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del cese, baja y remoción de su empleo como oficial de Policía de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad en el Municipio de Monterrey, Nuevo León; la falta de indemnización constitucional y su baja y la de sus familiares, del servicio de asistencia médica en la Clínica Hospital Municipal del Municipio de Monterrey, Nuevo León; así como todo acto mediato e inmediato que se produzca a consecuencia de tales actos reclamados.
Posteriormente, amplió su demanda de amparo en contra de diversos actos procesales diligenciados en el procedimiento de investigación ********** y de la resolución de veinte de julio de dos mil quince, dictada por el coordinador de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Monterrey, Nuevo León, en el que se determinó la remoción de su cargo, servicio o comisión, por no aprobar las pruebas de control de confianza.
Por su parte, el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, celebró audiencia constitucional, el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho y el doce de julio del mismo año, el Juez de Distrito del Centro Auxiliar de la Sexta Región, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, emitió la sentencia correspondiente, en la que sobreseyó en el juicio de amparo.
Inconforme con la anterior determinación, la parte actora interpuso recurso de revisión, del que tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, quien por auto de presidencia de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, lo admitió a trámite y lo registró bajo el número 614/2018.
Enseguida, en proveido de nueve de octubre de dos mil dieciocho, y con apoyo en el oficio STCCNO/836/2018, se ordenó la remisión de autos del asunto al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, S., quien lo registró bajo el número de expediente 892/2018, y, previos los trámites correspondientes, el tres de enero de dos mil diecinueve dictó la sentencia respectiva, en la que modificó la sentencia y, por una parte, sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte actora.
2. Consideraciones del Tribunal Colegiado:
Para llegar a tal conclusión, y sobre el tema de la denuncia de contradicción el nombrado órgano colegiado estimó que era fundado el agravio del quejoso, recurrente, en el sentido de que se actualizó un motivo de excepción al principio de definitividad, aunque por motivos distintos a los manifestados en el recurso.
Al respecto, el Tribunal Colegiado destacó que, contrario a lo resuelto por el juzgador federal, en el caso se actualizó un supuesto de excepción al principio de definitividad previsto en el primer párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, establece un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión que el previsto en la Ley de Amparo para conceder la suspensión provisional.
Para evidenciar dicho aserto, trajo a colación las consideraciones vertidas por la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 120/2018, en la que se analizó la legislación del Estado de Colima, que a su consideración, regula en términos muy similares a la legislación del caso, el trámite relativo a la suspensión de los actos reclamados en el juicio contencioso administrativo, en donde se llegó a la conclusión de que no era necesario agotar dicho medio ordinario de defensa previo a la promoción del juicio de amparo, porque aquella legislación establece un plazo mayor al previsto para la suspensión provisional.
Indicó que, la Segunda S. del Alto Tribunal fijó el punto de contradicción en determinar si, de conformidad con lo establecido en las disposiciones de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, era necesario o no agotar el principio de definitividad, el cual se traducía en promover el juicio contencioso administrativo local previo a acudir al juicio de amparo.
Precisó, que la aludida S. estimó que, de conformidad con el texto constitucional y con las disposiciones relativas de la Ley de Amparo, una de las razones para que opere la excepción al principio de definitividad, consiste en analizar si el juicio, recurso o medio de defensa que proceda contra el acto reclamado no prevea un plazo mayor al previsto en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional, ya que en caso de que el referido plazo sea mayor, el particular no tendría la obligación de agotar dicho juicio, recurso o medio de defensa de forma previa y, en consecuencia, podría acudir directamente en demanda de amparo ante el Juez de Distrito competente a solicitar la protección constitucional.
Sostuvo que el Máximo Tribunal indicó que de la interpretación a los artículos 112 y 139 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe pronunciarse sobre la suspensión provisional del acto reclamado, dentro del plazo de veinticuatro horas posteriores al momento en que se presentó la demanda de amparo o, en su caso, desde que tal petición le fue turnada.
Luego, el Tribunal Colegiado indicó que la Segunda S. sostuvo que la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, en cuanto al mismo tópico, en sus numerales 41 y 42, prevé que la suspensión de los actos impugnados podrá concederse en el auto en que se admita la demanda, aunado al hecho de que la referida suspensión podrá pedirse en cualquier momento, siempre que no se hubiere dictado la sentencia correspondiente y, precisa que los efectos de tal figura jurídica será mantener las cosas en el estado en que se encuentren hasta en tanto no se pronuncie la sentencia definitiva; sin embargo, de tales preceptos y del resto de las disposiciones de dicho cuerpo normativo, no se advertía que se expresara cuál es el plazo con que cuenta el órgano jurisdiccional que conozca del juicio contencioso administrativo local, para proveer sobre la admisión de la demanda, ni tampoco se especifica el término en que debe dictarse la medida suspensiva solicitada.
Además, al órgano colegiado destacó que el Máximo Tribunal estimó que ante la falta de disposición expresa en la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima y, de conformidad con el artículo 3 de dicho ordenamiento jurídico, estimó necesario acudir a las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el...

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