Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito

Número de resoluciónXVII.1o.P.A. J/22 (10a.)
Fecha de publicación31 Mayo 2019
Fecha31 Mayo 2019
Número de registro28639
LocalizadorGaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, 2188

AMPARO EN REVISIÓN 472/2017. 10 DE MAYO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: M.O.T.A.. SECRETARIA: R.M.C.G..


CONSIDERANDO:


OCTAVO.—Son fundados los agravios vertidos en el sentido de que:


• Han transcurrido más de tres años desde el aseguramiento, sin que la autoridad responsable haya seguido procedimiento en contra de persona alguna.


• La propiedad pertenece a los menores quejosos, desde antes de que el referido inmueble fuera asegurado.


• Se les priva de un ingreso o disfrute de su propiedad, con lo que se afectan sus derechos fundamentales, sin que la expresada responsable justifique de manera fundada y motivada.


En efecto, la subsistencia del aseguramiento del inmueble materia de la litis es suficiente para conceder la tutela constitucional, en virtud de que se argumenta que se transgredieron sus derechos fundamentales, establecidos por los artículos 14 y 16 constitucionales.


Así, el acto reclamado consiste en un acto de molestia, para el cual debe existir un mandamiento de autoridad competente que funde y motive legalmente su proceder, siempre y cuando existan causas para ello, de acuerdo con las disposiciones y condiciones establecidas previamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


Ahora bien, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, dice:


"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento."


De la disposición constitucional transcrita, se advierten los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe resguardar.


Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para considerar que los actos de molestia están apegados a la Constitución Federal, resulta necesario que cumplan con los requisitos establecidos en su artículo 16, esto es, que sean emitidos por escrito, por una autoridad competente y que se encuentren fundados y motivados.


En tanto que, respecto de los actos privativos, resulta necesario que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional antes enumerados; también es imprescindible que se observen las disposiciones relativas del diverso 14 de la propia Constitución, esto es, que sean emitidos previo juicio seguido ante los tribunales establecidos, en los que se observen las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; siendo dichas formalidades aquellas que permitan a la parte afectada el conocimiento del procedimiento, la oportunidad de ofrecer y expresar alegatos.


Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia P./J. 40/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de publicación, rubro y texto son:


"Registro digital: 200080

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Tesis: jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo IV, julio de 1996

"Materia: común

"Tesis: P./J. 40/96

"Página: 5


"ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.—El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional."


El derecho fundamental contenido en el artículo 16 constitucional descansa en el llamado principio de legalidad, que consiste en que las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite y en la forma y términos que ésta determine. Con base en esta disposición, deben verificarse todos los actos de molestia definidos como aquellos que sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho, con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, como en el caso acontece con el aseguramiento del inmueble, cuyas características se dejaron precisadas con antelación.


Así, los requisitos que deben contener los actos autoritarios son:


• Constar por escrito, es decir, que pueda ser mostrado gráficamente al destinatario, a fin de que pueda verificar si fue emitido o no por autoridad competente y si se encuentra o no fundamentado y motivado; además de que las atribuciones de las autoridades del Estado se materializan, precisamente, hasta que constan escritas;


• Provenir de autoridad competente, es decir, de aquella a la que corresponde su emisión, precisamente, porque así le faculta la normativa que rige su actuar, el cual debe ajustarse a la propia norma; y,


• Contener la adecuada fundamentación y motivación, que implica apoyar la determinación respectiva en razones legales, contenidas en la norma y explicar los motivos que conducen a su emisión, en el entendido de que, entre ambas exigencias, debe existir congruencia.


Ahora bien, las constancias remitidas por la autoridad responsable, atinente a la averiguación previa **********, valoradas anteriormente, permiten advertir que la resolución combatida no reúne la última de las mencionadas exigencias, en virtud de que carece de la debida fundamentación y motivación.


Así es, conforme al transcrito artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad que implique alguna molestia para los gobernados, debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, en el entendido de que lo primero es la cita precisa de las disposiciones legales aplicables al caso concreto y, lo segundo, la expresión de las razones o causas que se hubieren tenido en consideración para el...

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