Voto num. 13/2018, Plenos de Circuito

EmisorPlenos de Circuito
Número de Resolución13/2018
Fecha de Publicación15 de Febrero de 2019

Voto particular formulado por el Magistrado J. Refugio Ortega Marín, en la contradicción de tesis 13/2018, resuelta por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. No comparto el tratamiento ni el sentido de la resolución dictada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito en la contradicción de tesis 13/2018, en atención a lo siguiente: Coincido con el criterio que sostuvo el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el juicio de amparo directo DC.165/2013, de conformidad con los siguientes razonamientos: I. En primer lugar, se hará referencia al método teleológico como forma de interpretación de la ley. II. En segundo término, se realizará una exposición sobre la estructura de la norma jurídica y su clasificación conforme a la teoría general del proceso. III. Después se analizará la jurisprudencia 1a./J. 80/2006 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. IV. Posteriormente, se efectuará un estudio breve sobre la teoría de la responsabilidad civil y la culpa o negligencia como excluyente de responsabilidad del daño causado. V. Con base en las premisas anteriores se hará la interpretación del artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. I. Método teleológico Este método en su denominación tiene el prefijo "tele", el cual significa fin. El método teleológico es, entonces, el que pretende llegar a la interpretación de la norma a través del fin de la misma, o sea, la razón de ser de la norma o ratio legis, que va más allá del simple texto. Los fines que el creador de la norma intenta alcanzar son por regla general "fines objetivos", esto es, perceptibles, determinables y vinculados a una realidad conocida. No se refiere a los fines subjetivos de alguna persona o de un grupo determinado, sino a los objetivos racionales que son propios del orden jurídico prevaleciente. Esos propósitos podrían ser: aseguramiento de la paz y la justa solución de los litigios; el equilibrio sustancial o procesal; la protección de los bienes jurídicos y un procedimiento judicial justo; la solución de una problemática de carácter general surgida; el mejoramiento de ciertas condiciones de interés colectivo, etcétera. Diversos autores entienden por este método al diverso denominado lógico o, por lo menos, entienden al método teleológico como parte de aquél. II. La estructura de la norma en la teoría general del proceso Una norma jurídica es una regla que regula el comportamiento de los individuos en la sociedad y cuyo incumplimiento se encuentra sancionado por el propio ordenamiento. La norma jurídica tiene la siguiente estructura: una hipótesis o supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, de manera que la concurrencia de ciertas circunstancias determina la aplicación del mandato establecido por la ley. El supuesto de hecho de la norma puede consistir en la descripción de una clase de personas, de objetos, de acciones humanas o de un estado de cosas. La consecuencia jurídica puede ser la calificación de una acción humana como obligatoria, prohibida o permitida, o bien la atribución de una propiedad institucional a una clase de personas, objetos, acciones o estados de cosas. Los operadores deónticos que contienen las normas son: permisión, que permite "hacer" o "no hacer" una conducta; obligación, que implica "hacer" y prohibición, que significa "no hacer". El primero se refiere a derechos y, por tanto, su incumplimiento no implica sanción alguna, mientras que la contravención de las otras dos sí tienen como consecuencia una sanción. Junto a los operadores deónticos, se deben entender los diversos tipos de normas: descriptivas (que definen), prescriptivas (que obligan o prohíben) o atributivas (que permiten), completando así la importancia de los operadores deónticos en la interpretación de las leyes. III. Análisis de la jurisprudencia 1a./J. 80/2006 Al resolver la contradicción de tesis 6/2006-PS, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, que la acción de objeción de pago de cheque prevista por el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito procede, cuando se reclama la devolución de las cantidades que la institución de crédito librada pagó, con base en que la firma fue falsificada, y no así la nulidad o inexistencia del cheque. Lo anterior, al estimar que de aceptar la pretensión de ejercer la acción de nulidad o de inexistencia de un cheque, por: a) la alteración o falsificación notorias y, b) si el talonario o esqueleto se pierden o son robados y se avisa oportunamente de esa circunstancia al banco librado; desaparecería todo...

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