Voto, Plenos de Circuito

JuezMagistrados Rolando González Licona, Carlos Ronzon Sevilla, Pablo Domínguez Peregrina, José Arturo Camero Ocampo, Urbano Martínez Hernández, Marco Antonio Cepeda Anaya, Carlos Alfredo Soto y Villaseñor, Guadalupe Ramírez Chávez y Guillermina Coutiño Mata
LocalizadorGaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, 1320
Fecha de publicación08 Febrero 2019
Fecha08 Febrero 2019
Número de resolución22/2018
Número de registro43099
MateriaDerecho Laboral y Seguridad Social

Voto de minoría que, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 43 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, formula el Magistrado R.G.L. y se adhieren a este voto las señoras y los señores M.C.R.S., P.D.P., J.A.C.O., U.M.H., M.A.C.A., C.A.S. y V., G.R.C. y G.C.M., en relación con la resolución pronunciada en la contradicción de tesis 22/2018.


I.A. que dan origen al voto.


1) En la octava sesión ordinaria del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, celebrada el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se presentó a discusión de sus integrantes la contradicción de tesis 22/2018, sustentada entre los Tribunales Colegiados Décimo Cuarto y Décimo Noveno, respecto del criterio del Décimo Tercer Tribunal, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo tema fue determinar si la condición de trabajador es indispensable para acceder al beneficio de exención al pago del impuesto sobre la renta a que se refiere el artículo 109, fracción VIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil trece, o si este beneficio también resulta aplicable para los pensionados.


2) En la resolución a la denuncia de contradicción, los Magistrados de la mayoría concluyeron que:


a) Los ingresos de un jubilado provenientes de las cajas de ahorro sí deben considerarse exentos del pago del impuesto sobre la renta, en términos del artículo 109, fracción VII, de la ley que lo rige, vigente en el ejercicio fiscal de dos mil trece, porque el empleado jubilado adquirió el derecho a la exención cuando fue trabajador en activo e hizo sus aportaciones, además de que, por tratarse las cajas de ahorro de una prestación extralegal, al igual que los fondos de ahorro, excepcionalmente se pueden proporcionar a jubilados y pensionados por acuerdo de la asociación conforme a las reglas generales y de operación que las rijan.


b) Los ingresos que provienen de las cajas de ahorro tienen su origen en las aportaciones de los trabajadores cuando estaban en activo y, por ello, es indistinto que, al momento de su retiro, no subsista la relación laboral con motivo de la jubilación, porque esto no cambia el origen de las aportaciones ni la calidad de quien las hizo.


c) Si el artículo 109, fracción VIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que no se pagará dicho impuesto por la obtención de los ingresos provenientes de las "cajas de ahorro de trabajadores", sin distinguir si se trata de trabajadores en activo o jubilados, donde no distingue la ley no tiene porqué hacerlo el juzgador.


II. Parte expositiva de los argumentos jurídicos del voto.


a) Tratándose de las cajas de ahorro de trabajadores previstas en los artículos 97, 110, fracción IV, y 132, fracción XXIII, de la Ley Federal del Trabajo, la condición de trabajador es indispensable para acceder al beneficio de la exención prevista en el artículo 109, fracción VIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil trece, toda vez que el legislador, en aplicación del principio de la autonomía calificadora del derecho tributario, que le permite dar a los términos por él utilizados en la ley el contenido que, en cada caso, estime conveniente, determinó que para la procedencia de la exención, ésta debe ser respecto a ingresos provenientes de "cajas de ahorros de trabajadores", esto es, de ingresos de los trabajadores como beneficiaros de los fondos, sin incluir a los jubilados, y esa acotación en materia tributaria tiene su justificación objetiva en que las cajas de ahorro de los trabajadores no tienen por objeto socioeconómico la subsistencia digna de quienes se separan del trabajo por edad y tiempo de servicios, sino el fomentar el ahorro entre los trabajadores, y una vez cumplido dicho objetivo con las aportaciones de los trabajadores efectuadas a las cajas de ahorro a través de descuentos durante la relación de trabajo, no existe razón legal que justifique que se libere a los jubilados de la obligación de pagar el impuesto sobre la renta por los ingresos que obtengan con posterioridad a la conclusión de la relación laboral provenientes de las cajas de ahorro.


b) Por ende, los ingresos que obtengan los pensionados con posterioridad a la conclusión de la relación laboral provenientes de las cajas de ahorro conforme a los artículos 9o. y 158 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán considerarse como ingresos por intereses de las personas físicas, o rendimientos de créditos, acumulables en la declaración del ejercicio, sin que pueda considerarse que exista un derecho adquirido en favor del pensionado con base en las reglas generales y de operación de la caja de ahorros de la cual sea miembro o asociado, puesto que las disposiciones estatutarias de una asociación civil son convenciones entre particulares, que no pueden ir en contra del objetivo socioeconómico de la exención prevista en el artículo 109, fracción VIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil trece, ni de las obligaciones fiscales de pago que establecen los artículos 9o. y 158 del citado ordenamiento jurídico.


Las manifestaciones contenidas en los dos párrafos que anteceden se sustentan en los siguientes argumentos jurídicos:


Para determinar si, tratándose de las cajas de ahorro de trabajadores previstas en los artículos 97, 110, fracción IV, y 132, fracción XXIII, de la Ley Federal del Trabajo, la condición de trabajador es indispensable para acceder al beneficio de la exención prevista en el artículo 109, fracción VIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil trece, resulta necesario acudir a la interpretación jurídica de lo dispuesto en dicho artículo, tomando en cuenta las disposiciones que rigen la interpretación de las leyes tributarias, la naturaleza de la exención en comento, y las causas y fines que tuvo el legislador para conceder ese beneficio.


La interpretación de las leyes tributarias debe efectuarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, el cual prevé:


"Artículo 5o. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.


"Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal."


Conforme a lo establecido en este último numeral, para desentrañar el alcance de lo dispuesto en las normas que establecen el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de una contribución y las excepciones a ésta, como es el caso de la exención, las respectivas hipótesis jurídicas deben aplicarse de manera estricta, y la interpretación del resto de las disposiciones fiscales podrá realizarse aplicando cualquier otro método de interpretación jurídica.


La interpretación estricta prevista en el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación descansa en dos etapas.


La primera etapa de la interpretación jurídica tiene por objeto precisar cuál es el significado de la norma que se estudia, para lo cual debe acudirse a su análisis gramatical, sistemático, histórico, causal y teleológico, entre otros, lo que permite determinar con precisión qué dice la norma, cuál es la proposición que ella contiene, cuál es su exacto significado y, por ende, dejar al descubierto la voluntad e intención del legislador.


Una vez concluida esa etapa debe abordarse la siguiente, a través de la cual se aplicará o concretará a un caso específico la hipótesis cuyo sentido se desentrañó, para lo cual debe atenderse a otros criterios interpretativos, que se encuentran diseminados en el orden jurídico, que permiten que prevalezca la estructura orgánica del sistema normativo y su aplicación no puede tener lugar cuando se desentraña el significado de la disposición de observancia general sino, únicamente, cuando se realiza su aplicación al caso concreto.


Entre esos criterios interpretativos destacan:


a) A las hipótesis jurídicas que prevén excepciones, el intérprete debe darles una aplicación estricta, es decir, circunscrita a la situación específicamente regulada por el legislador; por lo que, cuando la norma jurídica está prevista para regir una específica situación de hecho, el que pretenda aplicar la norma al caso concreto, está constreñido a realizarlo únicamente en el caso de que se actualice esa o esas precisas circunstancias.


b) La ley especial prevalece sobre la general, una vez desentrañado el alcance de las normas general y especial que aparentemente regulan una misma situación, la especial será la aplicable al caso concreto, siempre y cuando, éste se ubique en la precisa hipótesis que se regula por ella, aun cuando pudiera encuadrar en lo dispuesto en la diversa norma general.


c) Cuando la ley no distingue no es dable al intérprete distinguir, precisado el alcance de la disposición solamente podrá aplicarse a los casos concretos que encuadran en ella, mas no a situaciones que no se rigen por la misma.


d) El que está facultado por la norma para realizar lo más, está facultado para realizar lo menos, por lo que, una vez desentrañado el alcance de la norma, el intérprete podrá aplicarla a casos no previstos en ella, cuando la autorización que contiene lleva implícita la potestad para realizar otros que, por su naturaleza y por orden lógico, se encuentran inmersos en aquella autorización.


e) Cuando el caso concreto se asimila en lo accesorio y no en lo esencial al supuesto de hecho previsto en la norma, tendrá lugar una aplicación negativa de la consecuencia...

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