Voto, Tribunales Colegiados de Circuito

JuezMagistrado J. Martín Rangel Cervantes
LocalizadorGaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, Junio de 2015, Tomo II, 1912
Fecha de publicación01 Junio 2015
Fecha01 Junio 2015
Número de resolución910/2014
Número de registro41752
MateriaDerecho Laboral y Seguridad Social

Voto particular del Magistrado J.M.R.C.: En contra del sentir de la mayoría, el suscrito considero que se debe otorgar la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa al estimarse que debe ser analizado si el despido del que dice fue objeto existe y si éste fue injustificado; ello con la finalidad de pronunciarnos, en su caso, respecto de la condena al pago de los salarios caídos.-Para justificar lo anterior, es dable precisar que la jurisprudencia 2a./J. 160/2013 (10a.) de rubro: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. AL CARECER DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, SU REMOCIÓN ORDENADA POR QUIEN CARECE DE FACULTADES PARA DECRETARLA, NO TIENE COMO CONSECUENCIA QUE SE DECLARE PROCEDENTE EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA Y GUANAJUATO).", en que el criterio mayoritario sustenta su decisión de declarar inoperantes los conceptos de violación y negar el amparo impetrado, no es aplicable al caso concreto, debido a que en éste, se analizó la legislación de los Estados de Baja California y de Guanajuato, mismas que no son acordes a la legislación de esta entidad chiapaneca, como se demuestra en el siguiente comparativo:


Ver cuadro comparativo

Los numerales transcritos de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, no establecen que los trabajadores de confianza carezcan del beneficio de la estabilidad en el empleo, sino solamente disponen que no podrán formar parte de los sindicatos de los demás trabajadores de base, ni serán tomados en consideración en los recuentos para determinar la mayoría en casos de huelga o conflictos intergremiales, no pudiendo ser representantes de los trabajadores en los organismos que se integren en virtud de las disposiciones de dicha ley.-En tanto que los preceptos de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato, definen la calidad de confianza de un trabajador y que los excluye, expresamente (artículo 8) del régimen de dicha legislación, limitándolos al derecho de disfrutar de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social.-Ahora, en la exposición de motivos de la reforma a la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, publicada en el Periódico Oficial 296, el siete de julio de dos mil cuatro, se argumentó lo siguiente: "...Que la reforma a la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios sustancialmente comprende entre otras, la legitimación del pago de aguinaldo que el Estado paga a sus trabajadores, la obligación del patrón de hacer del conocimiento del despido tanto al trabajador, como al tribunal, establece la necesidad de ampliar el término a 180 días para que el tribunal emita su laudo o resolución después de la audiencia de pruebas y alegatos entre las partes, e incorpora el procedimiento de conciliación entre las partes.-Que lo antes descrito resulta necesario para otorgarle mayor certidumbre a las actividades que realizan las instituciones del Estado, así como los Municipios, principalmente en la relación que mantienen con quienes prestan sus servicios o mantienen una relación laboral, a fin de evitar que se generen tramites largos e infructuosos que terminan produciendo erogaciones cuantiosas en pagos de prestaciones que reclaman los trabajadores al servicio del Estado, o a los Municipios, por despidos que en la mayoría de casos resultan ser injustificados que afectan al erario público tanto estatal como municipal.-Igualmente, resulta necesario actualizar el presente ordenamiento legal a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado publicada por decreto 2 de fecha 26 de noviembre de 2002, en el Periódico Oficial del Estado número 140 de fecha 27 de noviembre de 2002, dada la incorporación del tribunal del servicio civil al Poder Judicial del Estado...".-Razones que motivaron, en lo que interesa, la reforma al artículo 32, agregando un tercer párrafo para establecer que la falta de notificación de la rescisión laboral al trabajador o al tribunal, por sí sola bastaría para considerar que el despido fue injustificado.-Lo anterior, se dijo, resulta necesario para otorgarle mayor certidumbre a las actividades que realizan las instituciones del Estado, así como los Municipios, en la relación que mantienen con quienes prestan sus servicios o mantienen una relación laboral, a fin de evitar que se generen trámites largos e infructuosos que terminan produciendo erogaciones cuantiosas en pagos de prestaciones que reclaman los trabajadores, por despidos que en la mayoría de casos resultan ser injustificados.-Además, de la exposición de motivos y de la reforma en comento no se advierte que se haya hecho distinción en cuanto a que su aplicación se realice solamente a los trabajadores de confianza, de base o interinos, sino que se trata de una reforma general, esto es, para todos los trabajadores, sin importar la categoría bajo la cual presten sus servicios.-Así, debe precisarse que la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, en los artículos 31, 31 Ter y 32, establece: "Artículo 31. Son causas de terminación de la relación laboral, sin responsabilidad para los titulares de las dependencias, organismos, Municipios y demás órganos a que se refiere esta ley, las siguientes: ...XI. El cese dictado por el titular de la dependencia, organismo, Municipio o cualquiera de los órganos a que se refiere esta ley, en el que el trabajador haya laborado, por las causas señaladas en el artículo 31 Ter.".-"Artículo 31 Ter. Ningún trabajador podrá ser cesado o despedido sino por causa justificada. El cese de la relación de trabajo y, por ende, la rescisión de los efectos del nombramiento de un trabajador, sólo podrá decretarse, sin responsabilidad para los titulares de las dependencias, organismos, Municipios y demás órganos que señala esta ley, por las siguientes causas: ...". "Artículo 32. Cuando un trabajador incurra en alguna o algunas de las causas de cese a que se refiere el artículo anterior, el jefe inmediato de este procederá a instrumentar acta administrativa, en la que se asentarán los hechos, declaraciones y pruebas que estimen pertinentes, firmándose la misma ante la presencia de dos testigos; para tal efecto, se notificará por escrito al trabajador cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la instrumentación del acta administrativa, haciéndole saber que de no asistir, se llevará a cabo aun sin su presencia, se hará de su conocimiento la causa o causas que se le imputan, así como, el derecho que tiene de ser oído en su defensa, de asistir si así lo desea acompañado de su abogado o persona de su confianza, además, de la posibilidad de ofrecer pruebas a su favor.-La notificación del citatorio la hará el jefe inmediato del trabajador, a través de una persona adscrita a la dependencia, organismo, Municipio y demás órganos que señala esta ley, para la que el trabajador labore; y en caso de que el trabajador se negare a recibir o a firmar de recibido el citatorio, dicha circunstancia se asentará por quien realice la notificación bajo protesta de decir verdad, y ello bastará para tenerlo como notificado formal y legalmente.-El representante del sindicato del trabajador, si lo tuviere, podrá comparecer al levantamiento del acta administrativa a que se refiere éste artículo; si el trabajador no compareciere acompañado de éste en la fecha y hora señaladas, tal circunstancia no invalidará el acta administrativa, y en este caso, al igual que cuando el trabajador no concurra a la instrumentación de la misma, el jefe inmediato sólo quedará obligado a asentar su inasistencia.-De igual forma, el acta administrativa a que se refiere este artículo, no se invalidará si alguno de los que en ella interviene se niega a firmarla, pues bastará para legitimarla, la constancia de tal negativa. La dependencia, organismo, Municipio o cualquiera de los órganos a que se refiere esta ley, para la que el trabajador labore, podrá entregar a éste copia simple del acta administrativa, siempre y cuando el trabajador lo solicite por escrito.-Una vez formulada el acta administrativa, se remitirá con todas las actuaciones practicadas al titular y, si a su juicio se acredita alguna o algunas de las causales a que se refiere el artículo 31 Ter de esta ley, podrá decretar el cese de la relación de trabajo y la rescisión de los efectos del nombramiento del trabajador.-Decretado el cese de la relación de trabajo, el titular o su apoderado legal, remitirá al tribunal el aviso de cese del trabajador, para que sea dicha autoridad la que proceda a notificarlo; para lo cual, el tribunal formará el cuadernillo respectivo y ordenará la notificación del cese al trabajador por conducto del actuario.-El aviso del cese de la relación de trabajo que remita el titular o su apoderado legal, deberá ir acompañado del original del acta administrativa y los documentos que al formularse ésta, se hayan agregado a la misma, además, deberá contener el último domicilio que el trabajador haya proporcionado, para que el tribunal proceda a notificarlo.-En caso de que el trabajador a quien deba notificársele el cese, ya no tenga su domicilio o ya no siga habitando en la casa o laborando en el lugar señalado por la dependencia u organismo que corresponda, el Tribunal del Servicio Civil del Poder Judicial del Estado ordenará, de oficio, que la notificación al trabajador se realice a través de estrados, previa razón y cuenta que de tal circunstancia haga el actuario en autos.-La falta del aviso de cese al tribunal, bastará por sí solo, para considerar que el cese decretado por el titular, fue injustificado.-En el procedimiento administrativo a que se refiere este artículo, las dependencias, organismos, Municipios y demás órganos que señala esta ley, actuarán en su carácter de patrón y no de autoridad...

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