Ejecutoria num. IV.1o.A. J/26 (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito

EmisorTribunales Colegiados de Circuito
Número de ResoluciónIV.1o.A. J/26 (10a.)
LocalizacionDécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, página 2757.
Fecha de Publicación30 de Junio de 2017

SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA CANCELACIÓN DE LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN PARA OPERAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TAXIS, SI PREVIAMENTE NO SE HA OTORGADO EL DERECHO HUMANO DE AUDIENCIA PREVIA Y SIN EL DESAHOGO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.QUEJA 345/2017. DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN. 4 DE MAYO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: S.E.A. PUENTE. SECRETARIO: F.R.O..CONSIDERANDO:SÉPTIMO.-Análisis sistemático de los agravios. Los motivos de disenso planteados por la recurrente resultan infundados y, por ende, insuficientes para revocar el auto impugnado.En el primer motivo de agravio, la autoridad recurrente se duele, esencialmente, de la inexacta aplicación de lo dispuesto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de A., que establece como requisito para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.Argumenta la autoridad recurrente que el sistema de transporte público es una función que presta el Estado bajo los principios rectores de racionalización, modernización, uso adecuado y el mejor aprovechamiento de las comunicaciones viales en beneficio de la sociedad, por ser un servicio público que tiende a satisfacer las necesidades de la población usuaria del mismo.Asimismo, refiere que el acuerdo reclamado cuenta con la debida fundamentación y motivación legal, ya que fue consecuencia del informe emitido por la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León.Como se adelantó, el agravio de previa reseña es infundado.Para acreditar la anterior calificativa es necesario rememorar que la parte quejosa en el juicio de origen, reclamó la cancelación de la concesión número **********, otorgada para el servicio de transporte público de pasajeros en su modalidad de vehículos de alquiler (taxi).Señaló que el acto reclamado se contiene en el acuerdo de quince de febrero de dos mil diecisiete, emitido por la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público del Estado, en el que se determina la terminación de diversos títulos de concesión, mismo que es del contenido siguiente:"Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público del Estado de Nuevo León"Acuerdo"Monterrey, Nuevo León 15 (quince) de febrero del año 2017 (dos mil diecisiete)."Vistas. Las observaciones realizadas por la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, de fecha 29 de septiembre de 2015, respecto al procedimiento de otorgamiento de concesiones de vehículos de alquiler en las modalidades de taxi metropolitano o taxi municipal no metropolitano, otorgadas en el año 2011."Del cual se advierten diversas situaciones de origen, como lo son: expedientes no localizados; falta de documentos en expedientes de solicitudes, según requisitos de las bases de la convocatoria del plazo establecido en convocatoria; constancias de cartas de no antecedentes penales alteradas; concesiones otorgadas sin vehículos dados de alta; así como diversos trámites sin cumplir con los requisitos legales."Por lo que, esta autoridad determina la terminación de los títulos de concesión, que enseguida se señalan:"...**********"Lo anterior por las razones y fundamentos legales señalados; en consecuencia; comuníquese vía oficio la presente determinación al director de Documentación Vehicular y Coordinación de Informática y Sistemas, ambos de esta agencia; así como al secretario de Finanzas y tesorero general del Estado y al director general del Instituto de Control Vehicular del Estado; a fin de que se sirvan girar las instrucciones necesarias para el debido cumplimiento de la presente determinación."Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones I y V, 19 y demás relativos de la Ley de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León; 1, 4, 5, 18, 22, 26, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 84, 85, 89, 91 y demás relativos del Reglamento Interior de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte."Por último, notifíquese esta determinación a los titulares de las concesiones que se mencionan en la tabla, que se incluye en el presente acuerdo, mediante la publicación del presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado y en algún periódico de circulación en el Estado, notificación que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado de forma supletoria a la presente materia administrativa. Así lo acuerda y firma el C. Arq. J.A.L.T., director general de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León."Solicitó la suspensión de los actos reclamados para los siguientes efectos:"...para el efecto de que se me restituya -en su momento- el derecho de uso, aprovechamiento y explotación de la misma para el servicio de transporte público de pasajeros en su modalidad de vehículos de alquiler [taxi municipal no metropolitano, Municipio de General Zuazua, zona periférica (norte)], hasta en tanto termine la vigencia de mi título de concesión, así como el derecho de renovar por el tiempo que establece la propia ley en comento..." El Juez de Distrito, para conceder la medida cautelar, indicó que la parte quejosa acreditó de manera indiciaria contar con la titularidad de la concesión para prestar el servicio de transporte público en su modalidad de vehículo de alquiler, con vigencia hasta diciembre de dos mil diecisiete, por lo que se desprendía que el acto trascendía a su esfera de derechos.Precisó que de un asomo a lo manifestado por la parte quejosa, le asistía la apariencia del buen derecho pues, de corroborarse el concepto de violación en el que refiere que la autoridad restringe sus derechos de los cuales aduce titularidad, sin que se le hubiese concedido audiencia previa o se hubieren seguido las formalidades esenciales del procedimiento, denotaba la existencia de un acto arbitrario en relación con el cual era posible vislumbrar la protección de la Justicia Federal.Además, estableció que en la estadía procesal en que se encontraba no se advertía que con la concesión de la medida cautelar se contraviniera el interés social o disposiciones de orden público, pues al tener la medida suspensional como efecto el que no se ejecute la orden de cancelación, terminación y/o revocación, respecto del título de concesión para otorgar el servicio de transporte público de pasajeros en su modalidad de vehículo de alquiler, así como sus consecuencias, como que no se le prohíba prestar el servicio indicado o se le impongan multas o sanciones derivadas de tal actuación, únicamente repercutía en la esfera jurídica de la parte quejosa, por lo que con ello no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes o se le infiere un daño.Consideró el Juez Federal que los daños que se le ocasionan al quejoso con la ejecución del acto reclamado, resultarían de difícil reparación, pues podría implicar la privación de los derechos cuya titularidad ostenta, y que se encuentran íntimamente relacionados con la actividad descrita en su objeto social, en transgresión a su derecho de audiencia.Agregó que, atendiendo a que respecto de los actos reclamados en el presente asunto, sí operaba la restitución provisional que refiere el artículo 147 de la Ley de Amparo, dado que derivado de la naturaleza de éstos, el otorgamiento de la medida cautelar restablecería de manera temporal al impetrante en el goce del derecho que alude transgredido, preservando la materia del juicio de amparo, sin agotarla; en cambio, de no darse esos efectos, la medida resultaría estéril frente a los actos de autoridad planteados; además, se consumarían en el tiempo los efectos nocivos de los mismos derivados de la terminación de la concesión aludida, de la cual sí había prueba indiciaria de su existencia.En esas condiciones, concedió la suspensión provisional a la parte quejosa, para el efecto de que no se ejecutara la orden de cancelación, terminación y/o revocación, respecto del título de concesión para otorgar el servicio de transporte público de pasajeros en su modalidad de vehículos de alquiler, así como sus consecuencias, como que no se le prohíba prestar el servicio indicado o se le impongan multas o sanciones derivadas de tal actuación. Ello, hasta en tanto se resuelva en definitiva el incidente.En oposición a las consideraciones en que se sustentó el auto impugnado, la autoridad recurrente alega, esencialmente, que contrario a la apreciación del juzgador, en el caso no se reúne el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de A., con relación a que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.A juicio de este órgano colegiado no le asiste razón a la autoridad recurrente.Para dar claridad al anterior aserto, es necesario reproducir algunas disposiciones de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León, que son del tenor siguiente:"Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de interés público y observancia general en el Estado. Tienen por objeto regular la movilidad de pasajeros y el transporte de carga, el transporte público de pasajeros lo podrá proporcionar el Estado, o lo encomendará a personas físicas o morales, mediante el otorgamiento de concesiones y permisos en los términos que señala esta ley y su reglamento, bajo los principios rectores de racionalización, modernización, uso adecuado y el mejor aprovechamiento de las comunicaciones viales en beneficio de la sociedad.""Artículo 66. Las concesiones sujetas a convocatoria pública se regirán bajo el siguiente procedimiento; estas disposiciones no aplican al SITCA:"El Ejecutivo del...

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