Voto num. 2/2017, Tribunales Colegiados de Circuito

EmisorTribunales Colegiados de Circuito
Número de Resolución2/2017
Fecha de Publicación29 de Septiembre de 2017

Voto particular de la Magistrada G.O.M.S., que no fue aprobado por la mayoría de los Magistrados que integran el Pleno de este Tribunal Colegiado.-Séptimo. Precisa señalar que de los motivos de disenso se advierte que la recurrente no expresa alguno contra la determinación del Juez Federal, relativo al considerando tercero, correlativo del resolutivo primero del fallo impugnado, en el que sobreseyó en el juicio respecto del acto atribuido a las autoridades: Jueces Primero al Tercero, Cuarto al Décimo Cuarto y Trigésimo Cuarto al Cuadragésimo Séptimo Penales de la Ciudad de México; fiscal de M.J. de la Procuraduría General de Justicia, todos de la Ciudad de México; de esa manera, ante la ausencia de impugnación respecto a ese sobreseimiento pronunciado en la sentencia recurrida, debe quedar firme.-Al respecto, es aplicable la jurisprudencia visible en la página ciento ochenta y cinco, Novena Época, registro digital: 174177, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, septiembre de dos mil seis, materia común, tesis 1a./J. 62/2006, que dice: "REVISIÓN EN AMPARO. LAS CONSIDERACIONES NO IMPUGNADAS DE LA SENTENCIA DEBEN DECLARARSE FIRMES.-Cuando la sentencia recurrida se apoya en dos o más consideraciones desvinculadas entre sí y cada una de ellas sustenta la declaratoria de inconstitucionalidad de distintos preceptos o actos, no deben estimarse inoperantes los agravios expresados por la parte recurrente que controvierten sólo una de esas consideraciones, pues al tratarse de razonamientos que revisten autonomía, el recurrente se encuentra en posibilidad legal de combatir únicamente la parte de la sentencia que estime contraria a sus intereses. En ese orden de ideas, cuando alguna consideración de la sentencia impugnada afecte a la recurrente y ésta no expresa agravio en su contra, tal consideración debe declararse firme.".-Octavo. Los agravios son en una parte infundados y, en otra, inoperantes, de acuerdo con las precisiones siguientes: El Juez de Distrito, en cumplimiento a lo dispuesto por el dispositivo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, fijó correctamente los actos reclamados, consistentes en: • La orden de aprehensión dictada el nueve de junio de dos mil dieciséis, en la causa **********, del Juzgado Cuarto Penal de la Ciudad de México y su ejecución. • El auto de dos de junio de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal antes mencionada, en el que se ordenó entrar al estudio de fondo de la orden de aprehensión. • Resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, dictada dentro del toca penal **********, del índice de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y su ejecución.-De la misma manera, la autoridad constitucional legalmente tuvo plenamente probados los actos reclamados a las autoridades Juez Cuarto Penal, procurador general de Justicia, jefe general de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia y director de Cumplimiento y Ejecución de Mandamientos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia, todas de la Ciudad de México, ya que al rendir sus informes justificados, admitieron lo siguiente: La Juez responsable reconoció haber dictado el auto de dos de junio de dos mil dieciséis, en la causa **********, y que el nueve de ese mes, libró orden de aprehensión contra **********, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude procesal.-Las autoridades antes citadas, de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, aceptaron que tenían para ejecutar, la orden de captura antes referida, contra el quejoso en cuestión.-La Magistrada presidente de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, aceptó que el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, de manera unitaria, en el toca penal **********, revocó el auto de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, emitido por la Juez Cuarto Penal de la Ciudad de México, en la causa **********, en la que había declinado la competencia a favor de la Justicia Federal, al estimar que la Juez de origen resultaba competente para conocer de los hechos; en consecuencia, ordenó a la Juez referida entrar al estudio de fondo de la orden de aprehensión citada (foja 8, anexo II).-En este orden de ideas, el Juez de amparo señaló que examinaría, primeramente, la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, dictada unitariamente en el toca penal **********, por la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la que ordenó revocar la resolución de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, de la Juez Cuarto Penal de la Ciudad de México, en la que había declinado competencia en favor del Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.-Respecto de dicho acto, la autoridad constitucional concedió la protección de la Justicia de la Unión al quejoso, por considerar que no está fundado y motivado, debido a que para emitir una orden de aprehensión, se requiere que la autoridad judicial que la dicte tenga competencia legal para ello, lo que en el caso no se actualiza, porque el Magistrado responsable estimó que los agravios del Ministerio Público resultaban fundados, consistentes en los siguientes: • La Juez dejó de atender el contenido del artículo 446 del Código de Procedimientos Penales para la Ciudad de México (sic), porque no se surte algún supuesto que establece la competencia federal a que se refiere el artículo 50, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que resultaba equivocado considerar que el sujeto pasivo en el delito de fraude procesal fuera la Federación, ya que lo cierto es que resultan ser la sociedad y la persona concretamente perjudicada, por tratarse de un delito pluriofensivo. • Debía aplicarse la regla de territorialidad, conforme a la cual es competente la solicitud del Ministerio Público para conocer del delito apuntado. • Era necesario precisar que el sujeto pasivo del delito, es la persona titular del bien jurídicamente tutelado, quien cuenta con interés para determinar la protección de ese bien, pues en el caso, el Código Penal para la Ciudad de México (sic), no aporta información para determinar el bien jurídicamente tutelado por la norma en el delito de fraude procesal, dado que no señala contra qué o de quién se realiza la misma, ya que tutela la administración de justicia en algunos casos, pero a los juzgadores no se les puede incluir en ese supuesto, ya que si bien pueden ser inducidas al error, no significa que el mismo se cometa en su perjuicio, dado que el perjudicado es la sociedad en su conjunto. • En el delito de fraude procesal, al ser los sujetos pasivos la sociedad y la persona moral particular, no se surte la hipótesis en que la Juez del conocimiento declinó la competencia, prevista en el artículo 50, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.-Ahora bien, el Juez de Distrito concedió al quejoso la protección constitucional contra la resolución emitida por la Sala responsable, por considerar que no se encuentra debidamente fundada y motivada, debido a que el acto reclamado fue emitido por autoridad incompetente.-Determinación que se ajusta a la legalidad, tomando en consideración que la conducta imputada al quejoso, consiste en que: "...el inculpado **********, por conducto de apoderados legales, desplegó su actuar de manera voluntaria, al inducir a error a la autoridad judicial, para obtener un beneficio indebido para sí y con el fin de obtener una sentencia contraria a la ley. Lo anterior en virtud de que el 19 (diecinueve) de septiembre de 2014 (dos mil catorce) **********, por conducto de sus apoderados **********, ********** y ********** (en respuesta al poder general para pleitos y cobranzas otorgado por el inculpado **********), demandó en la vía ejecutiva mercantil en ejercicio de la acción cambiaria directa de **********, el pago de: I. La cantidad de $90'000.00 (noventa millones de pesos 00/100 M.N.), que deriva del pagaré suscrito por ********** en fecha 5 de noviembre de 2014. II. El pago de la cantidad de $13'500,000.00 (trece millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), que deriva del pagaré suscrito por ********** en fecha 1 de abril de 2014, con fecha de vencimiento el día 30 de abril de 2014, por concepto de pena convencional, pactada en la cláusula tercera del convenio de reconocimiento de adeudo; entre otras prestaciones. Demanda que fue admitida en la vía ejecutiva mercantil por el Juez Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México mediante auto de veintidós de septiembre de dos mil catorce; asimismo, se ordenó su registro bajo el número **********.-No obstante, ambos pagarés son producto del abuso de una firma en blanco; de tal suerte que al acreditarse que el indiciado, por conducto de terceras personas, en representación de **********, demandó el pago de la cantidad de $103'500,000.00 (ciento tres millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), presentando títulos de crédito con contenido irreal, esta situación indujo a error a la autoridad judicial en la percepción de los hechos puestos en conocimiento del juzgador mencionado, lo que indudablemente motivó una resolución contraria a la ley; acontecimiento típico con el cual el sujeto activo puso en peligro el bien jurídico tutelado, que en el caso es la correcta administración de justicia.-La anterior conclusión deriva de las distintas pruebas que obran en autos y que acreditan los elementos que configuran la descripción de la conducta delictiva de fraude procesal. ..." (fojas 16 a 17, anexo II).-Establecido lo anterior, se determina que el motivo de disenso sintetizado en el dígito 1, es...

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