Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 97/2016 Y SU ACUMULADA 98/2016. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y MORENA. 5 DE ENERO DE 2017. PONENTE: A.P.D.. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ V.D..

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día cinco de enero de dos mil diecisiete.

VISTOS, para resolver la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Demandas. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el tres de noviembre de dos mil dieciséis, R.A.C., presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del Congreso y gobernador del Estado de Nayarit, por la aprobación, promulgación y publicación del Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el cinco de octubre de dos mil dieciséis.

Posteriormente, por escrito presentado en la oficina ya referida el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, A.M.L.O., en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de M., promovió acción de inconstitucionalidad en contra de las autoridades y decreto mencionados.

SEGUNDO.-Artículos constitucionales que se estiman vulnerados. Los promoventes señalaron que las normas cuya invalidez demandan son violatorias de los artículos 1o., 4o., 14, párrafos segundo y cuarto, 16, primer párrafo, 35, fracciones I y II, 39, 40, 41, primer párrafo, fracción V, apartados C y D, 115, bases I y VIII, primer párrafo, 116, fracciones II y IV, incisos b) y c), 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de esa Constitución en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación de diez de febrero de dos mil catorce.

TERCERO.-Conceptos de invalidez. Los partidos políticos expusieron los conceptos de invalidez que estimaron pertinentes, de cuyo contenido se dará cuenta en cada uno de los considerandos destinados al estudio de fondo.

CUARTO.-Registro del expediente y turno de la demanda del Partido Acción Nacional. Por acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, con el número 97/2016; y, por razón de turno, correspondió al Ministro A.P.D. la tramitación del procedimiento y formulación del proyecto de resolución respectivo.

QUINTO.-Registro del expediente, turno de la demanda de M. y acumulación de las acciones de inconstitucionalidad. Mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de M., con el número 98/2016; así como decretó la acumulación de ésta a la acción de inconstitucionalidad 97/2016, en razón de la identidad en la impugnación de la legislación electoral del Estado de Nayarit; y ordenó turnarla al M.A.P.D., al haber sido designado como Ministro instructor en la acción de inconstitucionalidad aludida.

SEXTO.-Admisión de las demandas. Posteriormente, el Ministro instructor dictó acuerdo de ocho de noviembre siguiente, en el que admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad, por lo que ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nayarit, para que rindieran sus respectivos informes, en términos del artículo 64 de la ley reglamentaria; especificó al Poder Legislativo de dicha entidad que, en su informe, adjuntara copias certificadas de los antecedentes legislativos del decreto impugnado; así como dio vista al procurador general de la República para que antes del cierre de instrucción formulara el pedimento que le corresponde.

De igual forma solicitó a la presidenta de la S. Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que dentro del plazo de diez días naturales, dicha S. expresara su opinión en relación con el presente asunto; requirió al presidente del Instituto Nacional Electoral, para que dentro del plazo de tres días naturales, remitiera copia certificada de los estatutos de los partidos políticos de Acción Nacional y M., así como las respectivas certificaciones de sus registros vigentes, precisando quiénes son los integrantes de sus órganos de dirección nacional; y requirió al consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Nayarit, para que informara la fecha en que inicia el próximo proceso electoral en dicha entidad federativa.

SÉPTIMO.-Auto que tiene por desahogado el requerimiento formulado al Instituto Nacional Electoral. Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, el Ministro instructor tuvo por agregado el oficio y anexos del secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por medio del cual desahogó el requerimiento formulado; así como tuvo por exhibidas las copias certificadas de los estatutos de los partidos políticos actores, las certificaciones de sus registros vigentes y de sus dirigentes.

OCTAVO.-Auto que tiene por rendidos los informes requeridos a las autoridades demandadas, al Instituto Estatal Electoral del Estado de Nayarit y por presentada la opinión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, el Ministro instructor tuvo por rendidos los informes requeridos a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nayarit, así como exhibidas las documentales que acompañaron, incluidas las copias certificadas de los antecedentes legislativos del decreto impugnado; el informe del consejero presidente del Instituto Estatal Electoral del Estado de Nayarit; y por rendida la opinión de la S. Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Cabe agregar que el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral del Estado de Nayarit, informó que el proceso electoral en la entidad inicia el siete de enero del año de la elección, en el caso, el próximo proceso electoral tendrá verificativo en dos mil diecisiete.

NOVENO.-Informes y opinión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las autoridades que emitieron y promulgaron la Ley Electoral del Estado de Nayarit rindieron sus respectivos informes; y la S. Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expuso la opinión que le correspondió, los cuales se tienen a la vista para la resolución de estos expedientes.(1)

DÉCIMO.-Pedimento de la Procuraduría General de la República. El procurador general de la República no formuló pedimento.

DÉCIMO PRIMERO.-Cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción en este asunto, se envió el expediente al Ministro instructor, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los promoventes de las acciones plantean la posible contradicción de diversos artículos de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, reformada mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el cinco de octubre de dos mil dieciséis, frente a la Constitución General de la República.

SEGUNDO.-Oportunidad en la presentación de las demandas. Por razón de orden, en primer lugar, se procede a analizar si las acciones de inconstitucionalidad acumuladas fueron presentadas oportunamente.

El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnados sean publicados en el correspondiente medio oficial.

"Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."

Conforme a este artículo, el plazo para la presentación de la acción será de treinta días naturales y el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó la norma que se impugna, considerándose en materia electoral, todos los días como hábiles.

El decreto por medio del cual se reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno de ese Estado el cinco de octubre de dos mil dieciséis, por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad inició el seis de octubre y venció el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.

Ahora bien, el escrito que contiene la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido Acción Nacional, se presentó el tres de noviembre de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(2) por lo que la demanda se promovió en forma oportuna, conforme a lo dispuesto por el artículo 60 de la ley de la materia.

Lo mismo ocurre con el escrito correspondiente a la acción de inconstitucionalidad promovida por M., ya que se presentó el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.(3)

TERCERO.-Legitimación de los promoventes. Acto continuo se procede a analizar la legitimación de quienes promovieron las demandas de acción de inconstitucionalidad.

Los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, último párrafo, de su ley reglamentaria, son del tenor siguiente:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

"...

"f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro."

"Artículo 62. ...

"En los términos previstos por el inciso f) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considerarán parte demandante en los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, además de los señalados en la fracción I del artículo 10 de esta ley, a los partidos políticos con registro por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, según corresponda, a quienes les será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo 11 de este mismo ordenamiento."

Los artículos transcritos disponen que los partidos políticos podrán promover la acción de inconstitucionalidad, para lo cual deben satisfacer los siguientes extremos:

a) Que el partido político cuente con registro ante la autoridad electoral correspondiente;

b) Que el partido político promueva por conducto de sus dirigencias (nacional o local según sea el caso);

c) Que quien suscribe a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello; y,

d) Que las normas sean de naturaleza electoral.

Ahora bien, se procede al análisis de los documentos y estatutos con base en los cuales los partidos políticos promoventes de las acciones acreditan su legitimación, a saber:

La acción de inconstitucionalidad 97/2016 fue promovida por el Partido Acción Nacional, instituto que se encuentra registrado como Partido Político Nacional, según certificación expedida por el secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral de diez de noviembre de dos mil dieciséis.(4) Asimismo, fue suscrita por R.A.C., en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional, lo que se acredita con la diversa certificación de once de noviembre siguiente.(5)

Por otra parte, de los artículos 53, inciso a) y 57, inciso a), de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional(6) se desprende que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional tiene la atribución de representar legalmente al partido político.

En consecuencia, la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido Acción Nacional fue hecha valer por parte legitimada para ello, toda vez que se trata de un partido político con registro acreditado ante la autoridad electoral correspondiente y fue suscrita por quien cuenta con facultades para tal efecto, en términos de los estatutos que rigen dicho instituto político. Además de que las normas impugnadas son de naturaleza electoral.

Por lo que hace a la acción de inconstitucionalidad 98/2016 fue promovida por M., instituto que se encuentra registrado como Partido Político Nacional, según certificación expedida por el secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, de diez de noviembre de dos mil dieciséis.(7) Y la demanda fue suscrita por A.M.L.O., en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional, quien acredita ese carácter con la diversa certificación de la misma fecha y expedida por la misma autoridad electoral, relativa a la integración de ese comité.(8)

Por otra parte, del artículo 38, inciso a), de los estatutos de M.,(9) se desprende que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional tiene la representación legal de ese partido político en el país.

En consecuencia, la acción de inconstitucionalidad promovida por M. fue hecha valer por parte legitimada para ello, toda vez que se trata de un partido político con registro acreditado ante la autoridad electoral correspondiente y fue suscrita por quien cuenta con facultades para tal efecto, en términos de los estatutos que rigen dicho instituto político. Además de que las disposiciones combatidas son de naturaleza electoral.

CUARTO.-Improcedencia. En virtud de que las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, se procede al análisis de las causales de improcedencia hechas valer por los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nayarit, como se razonará a continuación:

El representante del Ejecutivo Estatal afirma en esencia que la acción es improcedente respecto del acto de promulgación que se le atribuye, en virtud de que corresponde a la conclusión del proceso legislativo y porque no hizo observaciones al dictamen del Poder Legislativo por considerarlo constitucional; para ello, invoca los artículos 19, fracción VIII, 20, fracciones II y III, 64 y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esos preceptos se reproducen a continuación:

"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"I. Contra decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

"II. Contra normas generales o actos en materia electoral;

"III. Contra normas generales o actos que sean materia de una controversia pendiente de resolver, siempre que exista identidad de partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez;

"IV. Contra normas generales o actos que hubieren sido materia de una ejecutoria dictada en otra controversia, o contra las resoluciones dictadas con motivo de su ejecución, siempre que exista identidad de partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez, en los casos a que se refiere el artículo 105, fracción I, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

"V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia;

"VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto;

"VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el artículo 21, y

"VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley.

"En todo caso, las causales de improcedencia deberán examinarse de oficio."

"Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:

"...

"II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;

"III. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe la norma o acto materia de la controversia, o cuando no se probare la existencia de ese último."

"Artículo 64. Iniciado el procedimiento, conforme al artículo 24, si el escrito en que se ejercita la acción fuere obscuro o irregular, el Ministro instructor prevendrá al demandante o a sus representantes comunes para que hagan las aclaraciones que correspondan dentro del plazo de cinco días. Una vez transcurrido este plazo, dicho Ministro dará vista a los órganos legislativos que hubieren emitido la norma y el órgano ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de quince días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad. Tratándose del Congreso de la Unión, cada una de las Cámaras rendirá por separado el informe previsto en este artículo. ..."

"Artículo 65. En las acciones de inconstitucionalidad, el Ministro instructor de acuerdo al artículo 25, podrá aplicar las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 de esta ley, con excepción de su fracción II respecto de leyes electorales, así como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del artículo 20. ..."

De la lectura a los preceptos transcritos se concluye que el argumento en análisis no se encuentra previsto como una causa de improcedencia de la acción de inconstitucionalidad; y, en ese sentido, la invariable injerencia del Ejecutivo Local en el proceso legislativo de toda norma general para dotarlas de validez y eficacia implica que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución Federal; además de que la falta de observaciones al dictamen, no es una causal de improcedencia prevista en el artículo 19 de la ley reglamentaria, según demuestra la lectura de esa disposición.

La conclusión que antecede se sustenta en la tesis P./J. 38/2010, sustentada por este Tribunal Pleno, cuyos rubro, texto y datos de identificación son los siguientes:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES.-Si en una acción de inconstitucionalidad el Poder Ejecutivo Local plantea que dicho medio de control constitucional debe sobreseerse por lo que a dicho Poder corresponde, en atención a que la promulgación y publicación de la norma impugnada las realizó conforme a las facultades que para ello le otorga algún precepto, ya sea de la Constitución o de alguna ley local, debe desestimarse la causa de improcedencia planteada, pues dicho argumento no encuentra cabida en alguna de las causales previstas en el artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al cual remite el numeral 65 del mismo ordenamiento, este último, en materia de acciones de inconstitucionalidad. Lo anterior es así, porque el artículo 61, fracción II, de la referida ley, dispone que en el escrito por el que se promueva la acción de inconstitucionalidad deberán señalarse los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas y su artículo 64, primer párrafo, señala que el Ministro instructor dará vista al órgano legislativo que hubiere emitido la norma y al ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de 15 días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendentes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción. Esto es, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas generales para otorgarle plena validez y eficacia, el Poder Ejecutivo Local se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma impugnada en la acción de inconstitucionalidad, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución General de la República." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 1419, registro digital: 164865)

Por consiguiente, el argumento en estudio debe desestimarse.

Por otra parte, la autoridad legislativa señala que la acción de inconstitucionalidad es improcedente respecto de los artículos que a continuación se enumeran:

a) 23, primer párrafo, en sus cuatro fracciones, porque la reforma cuestionada en relación con este artículo se circunscribió a modificar los rangos del número de electores para la determinación del número total de regidores por cada Municipio, por lo que deja incólume la parte de la que se duele el promovente de la acción.

b) 24, primer párrafo, fracción I, párrafo cuarto, por ausencia de conceptos de invalidez.

c) 124, apartado A, párrafo último, porque la acción se promovió fuera del plazo legal previsto para ello, en virtud de que la porción normativa impugnada no sufrió cambio o modificación, se mantuvo intacta a la redacción de la norma previa a la reforma de cinco de octubre de dos mil dieciséis.

d) 46, porque no fue parte del decreto impugnado en la acción de inconstitucionalidad, de ahí que el partido político no se encuentra dentro del término oportuno para promover el medio de control constitucional.

En relación con el inciso b), se desestima la causa de improcedencia alegada, pues del escrito inicial de la acción se advierte que el promovente partido político M. sí hizo valer concepto de invalidez en contra del artículo 24, primer párrafo, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, para demostrar esto basta la síntesis de los argumentos aducidos por ese partido en su segundo concepto de invalidez, pues adujo lo siguiente:

• El artículo 24, primer párrafo, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, exige a los partidos políticos postular planillas de candidatos en la totalidad de los Municipios del Estado para garantizar la paridad vertical y horizontal de participación de los géneros, condicionando la integración de todos los Ayuntamientos y la postulación partidista del cien por ciento de las planillas de candidatos a integrar los órganos de gobierno de los Municipios, como medio supuestamente, para cumplir con el principio de paridad de género, lo que transgrede los diversos 1o., 9o., 35, fracción II, 41, base I, 115, base I, y 116, fracción IV, incisos a), e) y f) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 1, 2, 16, numeral 1, 23 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;

• Que lo anterior es así, porque en el cuarto párrafo de la fracción I del artículo 24 de la ley reclamada, se parte de la premisa errónea de que sólo se puede garantizar el principio de paridad de género en su doble dimensión imponiendo a los partidos políticos la carga de postular planillas de candidatos en la totalidad de los Municipios del Estado, cuando ése no es el único método para lograr ese objetivo y porque dicha paridad es posible si la postulación se realiza en un número inferior de Municipios, lo que ya garantiza el propio artículo reclamado en el resto de párrafos de la fracción I; y,

• Además, la norma es inconstitucional porque es un derecho de los partidos políticos nacionales participar en las elecciones de las entidades federativas, pero esto no se puede condicionar (con el pretexto de respetar la paridad de género) imponiendo la obligación a los partidos de postular candidatos en todos los Municipios del Estado, ya que el respeto a ese principio se cumple postulando candidatos de ambos géneros, cualquiera que sea el número de postulaciones; por tanto, se está ante un requisito excesivo e innecesario que va en menoscabo del derecho de los partidos políticos de decidir cómo participa en las elecciones.

La síntesis que antecede evidencia que no asiste la razón al Poder Legislativo del Estado de Nayarit; máxime que en todo caso el demostrar la invalidez alegada con los indicados argumentos, es una cuestión que sólo puede ser materia del estudio de fondo del asunto y no de la procedencia del presente medio de control constitucional.

Sirve de apoyo a la conclusión que antecede la tesis de jurisprudencia P./J. 36/2004 de este Tribunal Pleno, que establece:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una acción de inconstitucionalidad se hace valer una causal que involucra una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse y, de no operar otro motivo de improcedencia estudiar los conceptos de invalidez." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T.X., junio de 2004, página 865, registro digital: 181395)

Por tanto, y al implicar dicho planteamiento el estudio de fondo que se haga respecto a la constitucionalidad del artículo 24, párrafo primero, fracción I y párrafo cuarto, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, este Tribunal Pleno estima que no se actualiza el motivo de improcedencia alegado.

En cuanto a los incisos a) y c), la autoridad legislativa señala que es improcedente la acción de inconstitucionalidad al promoverse de manera extemporánea, ya que, por una parte, las normas controvertidas sólo se modificaron respecto de los rangos del número de electores y, por otro lado, se mantuvo intacto el texto de la norma, esto es, no fueron objeto de modificación sustantiva que permita su impugnación.

Al respecto, los artículos 19, fracción VII, 59 y 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son del tenor siguiente:

"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

"VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el artículo 21."

"Artículo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el título II."

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."

Esas disposiciones prevén que la controversia constitucional es improcedente cuando la demanda se presenta fuera de los plazos previstos en el artículo 21; así como que en las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en el título III, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el título II; y, el término legal para la presentación de la acción será de treinta días naturales, cuyo cómputo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó la norma que se impugna, considerándose en materia electoral todos los días como hábiles.

Por su parte, este Tribunal Pleno en cuanto al tema de modificación sustantiva relacionado con lo que debe entenderse por "nuevo acto legislativo" ha formulado diversas interpretaciones, por lo que se seguirá la última de ellas, sustentada en la acción de inconstitucionalidad 28/2015,(10) así como la tesis P./J. 25/2016 (10a.), cuyos título, subtítulo, texto y datos de identificación son los siguientes:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. Para considerar que se está en presencia de un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos en una acción de inconstitucionalidad deben reunirse, al menos, los siguientes dos aspectos: a) Que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material. El primer aspecto conlleva el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación; mientras que el segundo, consistente en que la modificación sea sustantiva o material, se actualiza cuando existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, de este modo una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo. Este nuevo entendimiento, pretende que a través de la vía de acción de inconstitucionalidad se controlen cambios normativos reales que afecten la esencia de la institución jurídica que se relacione con el cambio normativo al que fue sujeto y que deriva precisamente del producto del órgano legislativo, y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa tales como, por ejemplo, variación en el número de fracción o de párrafo de un artículo, el mero ajuste en la ubicación de los textos, o cambios de nombres de entes, dependencias y organismos. Tampoco bastará una nueva publicación de la norma para que se considere nuevo acto legislativo ni que se reproduzca íntegramente la norma general, pues se insiste en que la modificación debe producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema." (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 35, Tomo I, octubre de 2016, página 65, registro digital: 2012802)

D. precedente invocado y del criterio transcrito se advierte que para que se pueda considerar que se está en presencia de nuevo acto legislativo susceptible de impugnar, se deben reunir al menos los dos aspectos siguientes:

• Se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y

• La modificación normativa sea sustantiva o material.

Tratándose del primer enunciado comprende por lo general el desahogo y culminación de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación; esta última, con especial relevancia pues es a partir de ese momento que se da a conocer a través del medio de difusión oficial cuando es posible promover la acción de inconstitucionalidad por parte de los entes legitimados constitucionalmente para ello.

El segundo aspecto implica que la modificación sea sustantiva o material, la que se actualiza cuando existen verdaderos o reales cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto; por lo que, obtenida esta transformación del sentido normativo será posible determinar que se está ante un nuevo acto legislativo.

Entre los ejemplos negativos de lo antedicho, esto es, cuando la modificación no es sustantiva o material, se presenta al reproducir el artículo con similar contenido que el reformado; cuando se varían o se le da coherencia numérica a las fracciones o párrafos de un artículo, que por cuestiones de técnica legislativa deben recorrerse, siempre que las inserciones no impliquen una modificación en el sistema normativo al que fueron adheridas; en igual sentido, se tiene la sola publicación de la norma, reproducir íntegramente la norma general; pues la modificación debe impactar en el alcance o sentido con elementos novedosos que la hagan distinta a la que se encontraba regulada, es decir, debe producir un efecto jurídico en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema, distinto ya sea en mayor o menor intensidad.

Por tanto, no cualquier modificación puede provocar la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, sino que, concluidas las etapas del procedimiento legislativo, éste indefectiblemente debe producir un efecto jurídico; lo que da lugar a determinar que también quedarían excluidas aquellas modificaciones de tipo metodológico propias de la técnica legislativa, en las que, por cuestiones formales es necesario ajustar la ubicación de los textos o la denominación de ciertos entes, dependencias u organismos, por citar algunos supuestos.

A lo anterior se suma, que el objetivo de lo expuesto consiste en que el Tribunal Constitucional de este país se ocupe de controlar o verificar los cambios normativos materiales o verdaderos y no sólo las modificaciones de palabras o cuestiones menores; esto es, de aquellas reformas o adiciones que afecten la esencia del supuesto normativo, que guarden relación directa con ese cambio al que fue sujeto, como producto final de la actividad legislativa que se le encomienda al respectivo Poder.

En ese contexto, este Pleno concluye que se deben desestimar las causas de improcedencia identificadas con los incisos a) y c); esto porque, contrario a lo que afirma la autoridad legislativa estatal, la modificación a las porciones normativas impugnadas sí alteran o inciden de manera significativa la configuración del sistema al que pertenecen.

Para corroborar lo anterior, es pertinente precisar que el partido político promovente pretende impugnar el artículo 23, párrafo primero, fracciones I, II, III y IV, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, pues en su opinión introduce de manera deficiente el principio de representación proporcional en la integración de los Ayuntamientos del Estado de Nayarit.

Esta disposición, antes y después de la reforma impugnada, establece lo siguiente:

Ver disposición

D. análisis comparativo se advierte que si bien el artículo presenta una redacción similar antes y después de la reforma impugnada; también lo es, que el texto impugnado se relaciona con la integración de los Ayuntamientos, en la medida que afecta el elemento cuantitativo o rango de ciudadano por cada Municipio que es la base para determinar el número y peso porcentual de la elección de regidores por el principio de representación proporcional; de ahí, que incide en la configuración del sistema que regula la elección de regidores y, por ende, en la integración del órgano de gobierno municipal.

Por tanto, el precepto en cuestión debe considerarse como un nuevo acto legislativo susceptible de impugnar, porque fue objeto del respectivo proceso y su modificación incide en el elemento cuantitativo que sirve de base para la configuración del sistema normativo al que pertenece.

No obsta a lo anterior, que del cuadro comparativo se advierta que se reproduce la fracción I del artículo en cuestión, en particular, en cuanto al rango de ciudadanos en Municipios; sin embargo, es precisamente el número de ciudadanos lo que determina el número de regidores que serán electos por el sistema del principio de representación proporcional; de ahí que, esta relación directa con ese sistema permite, que al igual que el contenido restante de la norma estatal en estudio, pueda considerarse susceptible de impugnación.

Por otra parte, el partido promovente al intentar controvertir el artículo 124, apartado A, último párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, entre otras cosas, aduce una antinomia con el diverso 24, párrafo segundo, inciso a), de la indicada ley, ya que este último prevé que tratándose de candidatos independientes si fuera del sexo masculino "el suplente podrá ser de cualquier sexo", mientras que aquel precepto establece que tratándose de los indicados candidatos independientes la fórmula de propietario y suplente deberá estar integrada por uno "de género distinto".

Al respecto, el artículo mencionado en primer término, antes y después de la reforma señala:

Ver artículo

De lo trasunto se obtiene que si bien, el artículo impugnado reproduce que "la fórmula de propietario y suplente deberá estar integrada por candidatos de género distinto"; también lo es, incide en la regulación del principio de paridad de género en la integración de la fórmula de candidaturas independientes que contempla la Ley Electoral en estudio, en conjunto con otros preceptos lo que provoca la conformación de un sistema al que afecta en la medida en que debe permitir la unidad y coherencia del mismo.

Por consiguiente, en virtud de que el dispositivo reproducido causa un efecto en el indicado sistema se debe considerar que atiende a los criterios formal y material para considerarlo como un nuevo acto legislativo susceptible de controvertir en esta vía constitucional.

Aquí cabe enfatizar que, aun cuando el texto del artículo 124, apartado A, párrafo último, de la ley reclamada no fue modificado, también lo es que fue objeto del proceso legislativo correspondiente; además de que la reforma al diverso 24, con el que es contrastado, impacta directamente en su sentido y alcance normativo, pues se relacionan con el sistema de paridad de género, lo que quedará evidenciado en los considerandos subsecuentes, en los que se procederá al examen de la validez constitucional de esas disposiciones.

Máxime que, como se indicó, el argumento propuesto por el partido promovente de la acción en relación con el dispositivo en análisis, consistente en que se actualiza una posible antinomia con otro artículo de la referida Ley Electoral, con independencia de lo fundado o no del argumento, es una cuestión que sólo puede ser materia del estudio de fondo del asunto y no de la procedencia del presente medio de control constitucional.

Lo expuesto permite a este Tribunal Pleno desestimar las causas de improcedencia hechas valer respecto de los artículos 23 y 124, apartado A, último párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit.

Igual conclusión opera respecto de la causal de improcedencia mencionada en el inciso d), esto es, por extemporaneidad del artículo 46 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit. Para demostrar esto, resulta útil conocer tanto el texto previo como el vigente de ese ordenamiento, que se reproduce a continuación:

Ver reproducción

La causal de improcedencia por razones de extemporaneidad que se hace valer en contra del artículo 46 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, es infundada porque si bien pareciera que el primer párrafo de ese precepto conserva la redacción que tenía previo a la reforma, también lo es que la redacción actual fijó la facultad del instituto como potestativa, es decir, como la opción, porque ahora alude a que "podrá" realizar gestiones, y con anterioridad era un imperativo, pues se utilizaba el término "realizará". Además, la redacción que perdió vigencia, aclaraba que la facultad del instituto estaba ligada con los efectos del precepto que le antecedía, es decir, con el 45(11) que con el nuevo decreto que se analiza fue derogado en su integridad y aludía precisamente al acceso a medios masivos de comunicación, estableciendo cuáles eran éstos, de donde es claro que la norma tuvo una modificación sustantiva en su hipótesis normativa; incluso, el nuevo decreto eliminó los dos últimos párrafos que antes tenía.

Aún más, esa norma forma parte del capítulo III relativo a las prerrogativas y financiamiento de los partidos políticos y candidatos independientes y todo ese capítulo sufrió modificaciones y quizá la más importante corresponde precisamente a la derogación del artículo 45, que tenía que ver con medios masivos de comunicación social; en este sentido, impera el criterio consistente en que la norma debe leerse como parte del sistema del que forma parte y si éste sufrió modificaciones que inciden en todas las hipótesis que lo conforman, debe concluirse que el partido político actor tiene oportunidad válida de impugnar el supuesto normativo que nos ocupa; incluso, el párrafo segundo del precepto combatido que no sufrió modificación, pero que finalmente forma parte del sistema mencionado.

En consecuencia, no se actualiza la causal de improcedencia hecha valer en contra del artículo 46 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit.

QUINTO.-Precisión de la litis. De la lectura integral a los escritos que contienen las demandas de acción de inconstitucionalidad, se aprecia que en éstas se señalan como disposiciones impugnadas y problemas jurídicos planteados, los siguientes:

Ver disposiciones impugnadas y problemas jurídicos planteados

El Partido Acción Nacional argumenta que los artículos 82, fracción V, 101, 102, 103, 104, 105 y 106 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit transgreden los diversos 41, fracción V, apartado C y 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, en virtud de que incorporan al Instituto Electoral de la entidad, un órgano interno de control, cuyo titular será designado por el Congreso del Estado, lo que vulnera los principios de autonomía e independencia que rigen en la función electoral.

Que lo anterior es así, porque la confección legal reclamada está enfocada en imponer un órgano interno de control no previsto en el marco constitucional federal, el cual además está dotado de facultades y atribuciones que invaden la competencia del Instituto Electoral Local, por lo que dichas disposiciones legales vulneran los principios de independencia y autonomía propios de la autoridad electoral, lo que se corrobora, porque las funciones, facultades y atribuciones que se le otorgan están encaminadas a invadir la competencia constitucional otorgada tanto al Instituto Nacional Electoral, como al órgano electoral local, en materia del responsabilidades de servidores públicos incorporados al Servicio Profesional Electoral Nacional.

Agrega que de conformidad con el artículo 41, fracción V, apartado C, de la Constitución Federal, le corresponde a la autoridad electoral nacional realizar la designación y, en su caso, la remoción de los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos electorales locales; y el diverso apartado D ordena que el Instituto Nacional Electoral deberá emitir la regulación correspondiente al Servicio Profesional Electoral Nacional que comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del propio instituto y de los organismos públicos electorales locales.

Aunado a lo anterior, el artículo 116, fracción IV, inciso c), numerales 1 y 2, de la Constitución Federal, señala que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, así como que tendrán un órgano superior integrado por un consejero presidente y seis consejeros electorales, los cuales serán designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral conforme al procedimiento y términos previstos por la ley, de donde se desprende que se está ante un sistema electoral que precisa la forma en la que se integrarán las autoridades electorales de las entidades federativas, las que de acuerdo con la naturaleza de sus funciones, deben gozar de autonomía e independencia; lo que además se ve confirmado con lo dispuesto en el artículo 99, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; sin embargo, contrariamente a lo que prevé la Constitución y esa Ley General, el Congreso del Estado de Nayarit dispuso de la creación de un órgano de control designado por el propio Poder Legislativo, al cual se le confirieron facultades que atentan contra la autonomía del Instituto Estatal Electoral de la entidad, a pesar de que la reforma de febrero de dos mil catorce a la Constitución Federal, modificó los procedimientos de designación y remoción de los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos electorales locales, reservándolo para la autoridad nacional electoral.

Al respecto, los artículos 41, fracción V, apartado C, y 116, fracción IV, inciso c), numerales 1 y 2, de la Constitución Federal, establecen lo siguiente:

"Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

"...

"V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución.

"...

"Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:

"...

"Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales, en los términos de esta Constitución."

"Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

"...

"IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:

"...

"c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes:

"1o. Los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de dirección superior integrado por un consejero presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto; el secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz; cada partido político contará con un representante en dicho órgano.

"2o. El consejero presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos previstos por la ley. Los consejeros electorales estatales deberán ser originarios de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para el cargo que establezca la ley. En caso de que ocurra una vacante de consejero electoral estatal, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral hará la designación correspondiente en términos de este artículo y la ley. Si la vacante se verifica durante los primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el periodo. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero para un nuevo periodo."

Los artículos transcritos prevén en lo que interesa, que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales; que al primero le corresponde designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de esos organismos; que de acuerdo con lo que ordena la propia Constitución Federal y sus leyes generales, las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones gozarán de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones; que los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de dirección superior integrado por un consejero presidente y seis consejeros electorales designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

De lo antedicho destaca para los efectos de esta acción, el imperativo de que las Constituciones y leyes de los Estados deberán garantizar en materia electoral, que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

En relación con el principio de autonomía de los órganos electorales que, argumenta la demandante, se encuentra vulnerado por los numerales impugnados, conviene recordar que en diversos precedentes este Alto Tribunal ha establecido que los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales, emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes ya sea de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o, incluso, de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.

Lo anterior encuentra su apoyo en la jurisprudencia P./J. 144/2005, que a continuación se reproduce:

"FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO.-La fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo señala que las autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que en materia electoral el principio de legalidad significa la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo; el de imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas. Por su parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, jurisprudencia, Tomo XXII, noviembre de 2005, tesis P./J. 144/2005, página 111, registro digital: 176707)

Por otro lado, los artículos combatidos, a saber: 82, fracción V, 101, 102, 103, 104, 105 y 106 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, prevén lo siguiente:

"Artículo 82. El Instituto Estatal Electoral, para el cumplimiento de sus funciones, contará con los siguientes órganos:

"...

"V.Ó. interno de control."

"Artículo 101. El Instituto Estatal Electoral contará con un órgano interno de control, dotado con autonomía técnica y de gestión, que tendrá a su cargo la fiscalización de todos los recursos y programas con que cuente el instituto.

"En su desempeño el órgano interno de control se sujetará a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

"El titular del órgano interno de control del instituto será designado por el Congreso del Estado, en la forma y términos que determine la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. Durará seis años en el cargo y podrá ser reelecto por una sola vez.

"El órgano contará con los recursos presupuestales necesarios para el debido cumplimiento de sus atribuciones.

"Estará adscrito administrativamente al instituto y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la entidad de fiscalización superior del Estado."

"Artículo 102. El órgano interno de control tendrá las atribuciones siguientes:

"I. Fijar los criterios para la realización de las auditorías, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos a cargo de las áreas y órganos del instituto;

"II. Establecer las normas, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y de archivo, de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto, así como aquellos elementos que permitan la práctica idónea de las auditorías y revisiones, que realice en el cumplimiento de sus funciones;

"III. Evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los programas autorizados y los relativos a procesos concluidos;

"IV. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza administrativa contenidos en el presupuesto de egresos otorgado al instituto;

"V. Verificar que las diversas áreas administrativas del instituto que hubieren recibido, manejado, administrado o ejercido recursos, lo hagan conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y montos autorizados, así como, en el caso de los egresos, con cargo a las partidas correspondientes y con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas conducentes;

"VI. Corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa;

"VII. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos que reciba y administre el instituto;

"VIII. Presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito cometidos por servidores públicos del instituto;

"IX. Revisar que las operaciones presupuestales que realice el instituto se hagan con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables a estas materias;

"X. Verificar las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, para comprobar que las inversiones y gastos autorizados se han aplicado, legal y eficientemente, al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados;

"XI. Requerir a terceros que hubieran contratado bienes o servicios con el instituto la información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria respectiva a efecto de realizar las compulsas que correspondan;

"XII. Solicitar y obtener la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Por lo que hace a la información relativa a las operaciones de cualquier tipo proporcionada por las instituciones de crédito, les será aplicable a todos los servidores públicos del órgano interno de control, así como a los profesionales contratados para la práctica de auditorías, la obligación de guardar la reserva a que aluden las disposiciones normativas en materia de transparencia y acceso a la información pública;

"XIII. Emitir los lineamientos, instruir, desahogar y resolver los procedimientos administrativos respecto de las quejas que se presenten en contra de los servidores públicos del instituto, y llevar el registro de los servidores públicos sancionados;

"XIV. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del instituto;

"XV. Recibir denuncias o quejas directamente relacionadas con el uso y disposición de los ingresos y recursos del instituto por parte de los servidores públicos del mismo y desahogar los procedimientos a que haya lugar;

"XVI. Efectuar visitas a las sedes físicas de las áreas y órganos del instituto para solicitar la exhibición de los libros y papeles indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las formalidades respectivas;

"XVII. Establecer los mecanismos de orientación y cursos de capacitación que resulten necesarios para que los servidores públicos del instituto cumplan adecuadamente con sus responsabilidades administrativas;

"XVIII. Formular pliegos de observaciones en materia administrativa;

"XIX. Determinar los daños y perjuicios que afecten al instituto en su patrimonio y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes;

"XX. Fincar las responsabilidades e imponer las sanciones en términos de los lineamientos respectivos;

"XXI. Presentar a la aprobación del Consejo Local Electoral sus programas anuales de trabajo;

"XXII. Presentar al consejo los informes previo y anual de resultados de su gestión, y acudir ante el mismo consejo cuando así lo requiera el consejero presidente;

"XXIII. Recibir y resguardar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores públicos del instituto, a partir del nivel de jefe de departamento, conforme a los formatos y procedimientos que establezca el propio órgano interno de control. Serán aplicables en lo conducente las normas establecidas en la ley de la materia;

"XXIV. Intervenir en los procesos de entrega recepción por inicio o conclusión de encargo de los servidores públicos que corresponda;

"XXV. Participar, a través de su titular, con voz pero sin voto, en las sesiones del consejo por motivo del ejercicio de sus facultades cuando así lo considere necesario el consejero presidente;

"XXVI. Evaluar los informes de avance de la gestión de programas y proyectos respecto de los autorizados por el consejo;

"XXVII. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza electoral, de capacitación, organización y demás aprobados por el consejo;

"XXVIII. Validar el proyecto de cuenta pública en los términos de la ley de la materia;

"XXIX. Mantener una estrecha relación de colaboración y apoyo con la entidad de fiscalización superior del Estado, y

"XXX. Las demás que le otorgue la Constitución Federal, la del Estado, ésta y las demás leyes aplicables en la materia."

"Artículo 103. El titular del órgano interno de control podrá ser sancionado por las siguientes causas graves de responsabilidad administrativa:

"I.U. en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial en los términos de la presente ley y de la legislación en la materia;

"II. Dejar sin causa justificada, de fincar responsabilidades o de aplicar sanciones pecuniarias, en el ámbito de su competencia, cuando esté debidamente comprobada la responsabilidad e identificado el responsable como consecuencia de las revisiones e investigaciones que realice en el ejercicio de sus atribuciones;

"III. S., destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia o que exista en el órgano interno de control, con motivo del ejercicio de sus atribuciones, y

"IV. Conducirse con parcialidad en los procedimientos de supervisión e imposición de sanciones a que se refiere esta ley."

"Artículo 104. Los servidores públicos adscritos al órgano interno de control y, en su caso, los profesionales contratados para la práctica de auditorías, deberán guardar estricta reserva sobre la información y documentos que conozcan con motivo del desempeño de sus facultades así como de sus actuaciones y observaciones."

"Artículo 105. Los órganos, áreas ejecutivas y servidores públicos del instituto estarán obligados a proporcionar la información, permitir la revisión y atender los requerimientos que les presente el órgano interno de control, sin que dicha revisión interfiera u obstaculice el ejercicio de las funciones o atribuciones legales."

"Artículo 106. Si transcurrido el plazo establecido por el órgano interno de control, el órgano o área fiscalizada, sin causa justificada, no presenta el informe o documentos que se le soliciten, el órgano interno de control procederá a fincar las responsabilidades que correspondan conforme a derecho.

"El fincamiento de responsabilidades y la imposición de sanciones no relevarán al infractor de cumplir con las obligaciones o regularizar las situaciones que motivaron las multas.

"El órgano interno de control, además de imponer la sanción respectiva, requerirá al infractor para que dentro del plazo determinado, que nunca será mayor a cuarenta y cinco días, cumpla con la obligación omitida motivo de la sanción; y si aquél incumple, será sancionado.

"Durante el desahogo de los procedimientos administrativos tendientes, en su caso, al fincamiento de responsabilidades, los servidores públicos tendrán asegurado el ejercicio de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Federal y la Local, y podrán interponer el juicio respectivo para dirimir los conflictos o diferencias laborales."

Los preceptos combatidos establecen lo que a continuación se resume:

• Que el Instituto Estatal Electoral contará, entre otros, con un órgano interno de control, dotado con autonomía técnica y de gestión, que tendrá a su cargo la fiscalización de todos los recursos y programas con que cuente el instituto;

• Que su titular será designado por el Congreso del Estado, durará seis años en el cargo y podrá ser reelecto por una sola vez;

• Que estará adscrito administrativamente a dicho instituto, así como mantendrá la coordinación técnica necesaria con la entidad de fiscalización superior del Estado;

• Que tiene como atribuciones entre otras, la de fijar criterios para la realización de las auditorías, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos a cargo del instituto; evaluar los informes de avance de su gestión financiera, así como del cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los programas de naturaleza administrativa contenidos en el presupuesto de egresos; y corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas;

• Que el titular del órgano interno de control podrá ser sancionado por las causas graves de responsabilidad administrativa que ahí se enumeran;

• Que los servidores públicos adscritos a dicho órgano interno de control y, en su caso, los profesionales contratados para la práctica de auditorías, deberán guardar estricta reserva sobre la información y documentos que conozcan con motivo de sus facultades y actuaciones; y,

• Que los órganos, áreas ejecutivas y servidores públicos del instituto estarán obligados a proporcionar la información, permitir la revisión y atender los requerimientos que les presente el órgano interno de control; así como que transcurrido el plazo para el desahogo de los informes en su caso requeridos, sin causa justificada, se fincará la responsabilidad que corresponda.

Precisado lo anterior, debe decirse que la existencia y regulación del órgano interno de control no es contraria a la Constitución Federal, pues con ello se observa lo dispuesto en los artículos 108 y 109 de ésta, por cuanto prevén la responsabilidad administrativa de los servidores públicos.

En efecto, el artículo 108 de la Constitución Federal enumera quiénes se consideran servidores públicos para efectos de responsabilidades; y el diverso 109 especifica que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones; sanciones que consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones y que la ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.(12)

De donde se desprende que todo servidor público está vinculado a un régimen de responsabilidad administrativa, es decir, aquella en la que puede incurrir por realizar actos u omisiones que afecten la honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Lo que llevado al caso demuestra que aquellas disposiciones que prevén la existencia de un órgano interno de control en el instituto estatal electoral, no son contrarias a la autonomía e independencia de la que gozan dichos órganos, pues se entiende que funcionan con servidores públicos y éstos se encuentran sujetos invariablemente, a un régimen de responsabilidad administrativa; de ahí que si las disposiciones cuestionadas aluden a un órgano interno de control, establecen sus características y atribuciones, así como su vinculación con la entidad de fiscalización superior del Estado, ello no puede calificarse como inconstitucional, por el contrario, se trata de reglas que son acordes con lo que exige la Constitución Federal en sus artículos 108 y 109. Máxime que, por reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de mayo de dos mil quince, se creó lo que se denominó como "Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización", por el cual se acentuó la necesidad de otorgar mayores facultades a los órganos encargados de la fiscalización, a fin de que sus facultades no se limitaran a la realización de auditorías, sino también para llevar a cabo investigaciones donde se presuma responsabilidad administrativa de carácter grave o algún acto de corrupción de servidores públicos o de particulares que manejen recursos públicos.

Cabe agregar que ello no atenta contra las reglas del servicio profesional electoral, pues éstas corresponden a los mecanismos que contribuyen a la profesionalización de los funcionarios electorales, encargados de organizar los comicios; y, en el caso, lo que se examina son las facultades del órgano interno de control y sus atribuciones en materia de fiscalización y responsabilidad administrativa.

Por ende, los artículos 82, fracción V, 101, párrafos primero, segundo, cuarto y quinto, 102, 103, 104, 105 y 106 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, no atentan contra la autonomía e independencia del Instituto Electoral de esa entidad, en tanto se refieren a un órgano interno de control, en cuyas facultades se encuentran las de fiscalización y las de responsabilidad administrativa, las que se entienden acordes con lo dispuesto en los artículos 108 y 109 de la Constitución Federal. De ahí que este Tribunal Pleno reconoce su validez constitucional.

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

"...

"Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos."

"Artículo 72. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, si fueren aprobadas por cuando menos ocho votos. Si no se aprobaran por la mayoría indicada, el Tribunal Pleno desestimará la acción ejercitada y ordenará el archivo del asunto. ..."

En efecto, en la consulta sometida a la aprobación del Tribunal Pleno se proponía declarar la invalidez del precepto ya referido, en cuanto establece que el titular del órgano interno de control del Instituto Estatal Electoral del Estado de Nayarit será designado por el Congreso del Estado, en la forma y términos que determine la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, ya que esa atribución atenta contra los principios constitucionales que defiende el partido político; conclusión que fue apoyada por los Ministros A.G.O.M., J.R.C.D., J.F.F.G.S., E.M.M.I. y A.P.D..

En cambio, votaron en contra los Ministros M.B.L.R., A.Z.L. de L., J.M.P.R., N.L.P.H. y presidente L.M.A.M..

En consecuencia, no se obtuvo la votación calificada a que se ha hecho referencia, de ahí que lo procedente es desestimar la acción de inconstitucionalidad respecto del artículo precisado, en virtud de que no se obtuvo la votación calificada de cuando menos ocho votos exigida por las disposiciones constitucional y legal transcritas, para que se declarara la invalidez de la norma general de que se trata.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 10/99, cuyos texto, rubro y datos de localización se reproducen a continuación:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES SOBRE DISPOSICIONES GENERALES. SE REQUIERE EL VOTO DE OCHO O MÁS DE LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE, PARA DECLARAR SU INVALIDEZ.-De conformidad con el artículo 105, fracción I, penúltimo y último párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 42 de su ley reglamentaria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en Pleno, tiene atribuciones para declarar la invalidez de disposiciones generales, siempre que se alcance, por lo menos, una mayoría de ocho votos; de no alcanzarse esa mayoría calificada, se declarará desestimada la controversia." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, T.I., abril de 1999, tesis P./J. 10/99, página 284, registro digital: 194294)

Así como la tesis de jurisprudencia P./J. 15/2002, que es del tenor siguiente:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EN EL CASO DE UNA RESOLUCIÓN MAYORITARIA EN EL SENTIDO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA IMPUGNADA, QUE NO SEA APROBADA POR LA MAYORÍA CALIFICADA DE CUANDO MENOS OCHO VOTOS EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, LA DECLARATORIA DE QUE SE DESESTIMA LA ACCIÓN Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO DEBE HACERSE EN UN PUNTO RESOLUTIVO.-D. análisis sistemático de los artículos 59 y 73 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en relación con los numerales 41, 43, 44, 45 y 72 de la propia ley, se desprende que al presentarse en una acción de inconstitucionalidad la hipótesis de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare la inconstitucionalidad de la norma impugnada y que no haya sido aprobada por cuando menos ocho votos de los Ministros (mayoría exigida para invalidar la norma), debe hacerse la declaración plenaria de la desestimación de la acción y ordenar el archivo del asunto, en un punto resolutivo de la sentencia, y además en este supuesto, de acuerdo al sistema judicial, si bien no existirá pronunciamiento sobre el tema de inconstitucionalidad, sí podrán redactarse votos por los Ministros de la mayoría no calificada y por los de la minoría, en los que den los argumentos que respaldaron su opinión." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XV, febrero de 2002, tesis P./J. 15/2002, página 419, registro digital: 187882)

En el tercer concepto de invalidez M. impugna los artículos 24, fracción II, párrafos segundo y cuarto y 25, tercer párrafo, fracción III, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, porque:

1. El segundo párrafo de la fracción II del artículo 24 prevé que en los Municipios con número de demarcaciones impar cada partido político postulará fórmulas de candidatos por género hasta el número par máximo posible, y que la fórmula restante, será de género indistinto, entendiendo por esto hombre o mujer, propietario y suplente.

2. En el cuarto párrafo de esa fracción II, el legislador con el pretexto de garantizar la participación política paritaria de mujeres y hombres, impone a los partidos políticos y coaliciones el deber de postular candidatos cuando menos en dos terceras partes de los cargos de elección directa en cada uno de los Municipios del Estado; y,

3. En el artículo 25, fracción III, sanciona con la pérdida del derecho de los partidos políticos a concurrir a la asignación de regidores por el principio de representación proporcional, cuando no acrediten haber participado con candidatos en los cargos de elección directa, en la proporción señalada con antelación en cada Municipio.

Con ello, aduce, las disposiciones reclamadas omiten garantizar la aplicabilidad del principio de paridad de género en su dimensión horizontal; aunado a que la sanción de pérdida del derecho a concurrir a la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional lesiona éste en perjuicio de los partidos políticos por el solo hecho de no acreditar participación en las dos terceras partes con candidatos en los cargos de elección directa en cada uno de los Municipios del Estado, por lo que se transgreden los artículos 1o., 14, último párrafo, 16, primer párrafo, 35, fracciones I y II, 41, base 1, 115, bases I y VIII, primera parte y 116, fracción IV, inciso b) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el diverso segundo transitorio, fracciones I, inciso f), punto 3 y II, inciso h), del decreto de reformas a la Constitución Federal en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación de diez de febrero de dos mil catorce, en relación con los numerales 1, 2, 23 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En efecto, explica que el artículo 24 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit resulta inconstitucional porque pretendiendo el legislador nayarita garantizar a plenitud el principio de paridad de género, al final, en un caso lo conculca en su dimensión horizontal; y, en otro, lo regula a costa de vulnerar la libertad de autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos, con menoscabo de su legítimo derecho de participar en la totalidad o en una parte de las elecciones municipales de la entidad federativa. Aunado a que el diverso 25, tercer párrafo, fracción III, de la misma ley, contrario sensu, dispone como sanción la pérdida del derecho a concurrir en la asignación de regidores por el principio de representación proporcional a los partidos políticos que no acrediten haber participado conforme lo dispuesto en el artículo 24, fracción II, párrafo cuarto, de la misma ley, es decir, cuando no hayan postulado candidatos cuando menos en dos terceras partes de los cargos de elección directa en cada uno de los Municipios del Estado.

Precisa que si bien en principio es plausible la norma del segundo párrafo de la fracción II del artículo 24 de la ley reclamada, que señala que en los Municipios con número de demarcaciones impar, cada partido político o coalición postulará fórmulas de candidatos por género hasta el número par máximo posible, no lo es ya el hecho de que la propia disposición finalice erróneamente con el enunciado normativo que expresa que la fórmula restante será de género indistinto.

También aduce que lo dispuesto en el artículo 24, fracción II, párrafo cuarto, de ley reclamada es inconstitucional, pues la expresión "en cada uno de los Municipios del Estado", puede entenderse tanto en el sentido de que sean postulados en todos los Municipios al menos en las dos terceras partes de los cargos de elección popular directa, como individualmente considerados, postulando los partidos y coaliciones tal porcentaje de candidatos en un Municipio o más de ellos, con independencia de si los postula en la totalidad, habida cuenta que, por antonomasia, toda elección de Ayuntamiento es autónoma e independiente de cualquier otra elección municipal, salvo su celebración en la misma fecha, horarios y condiciones.

Y que en caso de no cumplir con el porcentaje de dos tercios de las postulaciones de candidatos de elección directa en cada uno de los Municipios del Estado, tal supuesto traería aparejada la pérdida del derecho de los partidos políticos a concurrir a la asignación de regidores por el principio de representación proporcional, si se entiende literal y sistemáticamente la norma; luego entonces, considera el partido que se está ante un requisito excesivo e innecesario, consistente en el deber de los partidos políticos y coaliciones de postular planillas y fórmulas, así como listas de candidatos en la totalidad de los Municipios del Estado de Nayarit, bajo la supuesta finalidad legítima de garantizar la paridad vertical y horizontal de participación de los géneros, de ahí la inconstitucionalidad aducida.

Los artículos 24, fracción II, párrafos segundo y cuarto y 25, tercer párrafo, fracción III, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, se reproducen a continuación:

"Artículo 24. La elección de los integrantes de los Ayuntamientos de la entidad, se realizará de la siguiente manera:

"...

"II. Los regidores por el sistema de mayoría relativa, se elegirán por fórmulas constituidas por un candidato propietario y otro suplente, de conformidad al número y territorialización que establezca la autoridad electoral competente, para cada uno de los Municipios.

"En los Municipios con número de demarcaciones impar, cada partido político o coalición postulará fórmulas de candidatos por género hasta el número par máximo posible y la fórmula restante, será de género indistinto.

"D. total de fórmulas que presente cada partido político o coalición en el Estado, el cincuenta por ciento de candidatos propietarios deberá corresponder al mismo género. Las fórmulas que presenten para su registro los partidos políticos y coaliciones, deberán integrarse con candidatos de un mismo género.

"Para garantizar la participación política paritaria de mujeres y hombres, los partidos políticos y coaliciones deberán postular candidatos cuando menos en dos terceras partes de los cargos de elección directa en cada uno de los Municipios del Estado."

"Artículo 25. Para la elección de regidores de representación proporcional, la circunscripción plurinominal corresponde al total de la demarcación del territorio municipal respectivo.

"Sólo los partidos políticos tendrán derecho a concurrir a la asignación de regidores de representación proporcional.

"Para que un partido político tenga derecho a concurrir a la asignación de regidores por este principio, deberá cubrir los siguientes requisitos:

"...

"III.A. haber participado en los términos a que se refiere el cuarto párrafo de la fracción II del artículo anterior."

Los argumentos aducidos en contra del artículo 24, fracción II, párrafo segundo, de la ley reclamada, son infundados por lo siguiente:

Para demostrar lo anterior, es importante en primer término, tener a la vista las consideraciones sustentadas por este Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 36/2015 y sus acumuladas 37/2015, 40/2015 y 41/2015,(22) sobre paridad de género en Ayuntamientos, en donde se sostuvo lo siguiente:

"b) Artículos 23, numeral 2 y 140, numerales 2 y 3, de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas

"El Partido de la Revolución Democrática y diversos diputados integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Zacatecas impugnaron el artículo 23, numeral 2, por considerar que vulnera lo dispuesto por los artículos 1o., 4o. y 41, párrafo segundo, base I, de la Constitución Federal, en relación con diversos tratados internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte, pues no garantiza el principio de paridad de género, en su dimensión horizontal, a nivel de Ayuntamientos, impidiendo hacer efectivo el acceso al ejercicio del poder público de ambos géneros en auténticas condiciones de igualdad. M., además de impugnar el precepto citado, combatió, por las mismas razones, el artículo 140, numerales 2 y 3, referido, de manera general, a la totalidad de las solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a las diputaciones como a los Ayuntamientos.

"Para efectos de su análisis, debe atenderse al siguiente marco normativo aplicable:

"‘Artículo 41.’ (se transcribe)

"‘Artículos transitorios.’ (se transcribe)

"‘Segundo.’ (se transcribe)

"Las bases constitucionales en materia de paridad se encuentran en el artículo 41, base I, que establece como obligación de los partidos políticos prever en sus programas reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.

"El artículo segundo transitorio del decreto de reforma publicado el diez de febrero de dos mil catorce, en la fracción II, inciso h), en relación con la equidad de género, fijó como contenido mínimo para la ley general que regulara los procedimientos electorales, el establecimiento de ‘reglas para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales y locales’.

"Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en desarrollo del tema, de forma genérica, establece, en los artículos 14, numerales 4 y 5, 232, numerales 2, 3 y 4, 233, 234, 241, numeral 1, inciso a), ciertas reglas conforme a las cuales deben presentarse las candidaturas para diputados y senadores del Congreso de la Unión.

"Dicha obligación de garantizar la paridad entre los géneros en las candidaturas a legisladores federales y locales se, encuentra también prevista en los artículos 3, numerales 4 y 5 y 25, inciso r), de la Ley General de Partidos Políticos.

"Sin embargo, para las entidades federativas no hay ninguna norma expresa de conformación de las candidaturas; únicamente se da una directriz en el artículo 232, numerales 3 y 4, en el sentido de que los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad de géneros en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración de los órganos de representación y que los institutos electorales, en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas.

"De acuerdo con lo anterior, las entidades federativas, de manera residual, tienen competencia para legislar en materia de paridad de género, sin obligación de regular en los mismos términos que las normas aplicables para las elecciones federales.

"En ejercicio de su facultad legislativa, el Estado de Zacatecas se encuentra obligado a desarrollar los principios de equidad, a que lo obligan tanto la Constitución como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues, si bien, como se dijo, no se le constriñe al seguimiento de un diseño determinado, el que elija debe satisfacer el requerimiento constitucional.

"Por otra parte, de conformidad con lo resuelto por este Tribunal Pleno en las acciones de inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014; y 39/2014 y sus acumuladas 44/2014, 54/2014 y 84/2014, corresponde a las Legislaturas Estatales emitir leyes que garanticen el absoluto respeto al principio de paridad de género, en la postulación de las candidaturas tanto para legisladores, como para integrantes de los Ayuntamientos, haciendo con ello, una interpretación extensiva para estos órganos de gobierno, en tanto su naturaleza plural y popular lo permite.

"En efecto, la paridad de género es un principio constitucional que se hace extensivo a todo aquel órgano gubernamental que integre representación popular, como los órganos legislativos y los Ayuntamientos, pero sin que esto signifique que dicho principio resulta aplicable a cualquier tipo de cargo de elección popular o designación de funcionarios. Así, se puede concluir que nuestro principio constitucional de paridad de género no resulta aplicable respecto de cargos de carácter unipersonal.

"Por tanto, el principio de paridad en materia de candidaturas a cargos de elección popular siempre se debe extender a las planillas que se presentan para la integración de Ayuntamientos. Ahora bien, la paridad exigida constitucionalmente es aquella que permite avanzar una integración paritaria de los órganos, mediante la presentación y participación del mismo número de mujeres y de hombres para los cargos de elección a órganos de representación popular. A esto se le puede denominar como paridad vertical, mediante la cual se busca intercalar de forma paritaria a los candidatos de distintos género y garantizar que cada suplente sea del mismo género que el candidato propietario a efecto de generar integraciones legislativas o de Cabildos más equitativas.

"La aplicación de la paridad de género a los Ayuntamientos se debe hacer tomando en consideración el órgano constitucional de que se trate, el tipo de elección de sus integrantes y la salvaguarda de otro tipo de principios constitucionales en materia electoral.

"En la acción de inconstitucionalidad 45/2014 y sus acumuladas 46/2014, 66/2014, 67/2014, 68/2014, 69/2014 y 75/2014, el Tribunal Pleno determinó que el principio de paridad de género, contenido en el segundo párrafo de la base I del artículo 41 constitucional, establece un principio de igualdad sustantiva en materia electoral, un derecho humano que el legislador deberá tomar en cuenta al diseñar las reglas para la presentación de candidaturas tanto para legisladores federales como locales. Así, este Tribunal Pleno determinó que, si bien este derecho constituye un mandato de optimización, es susceptible de ser modulado por un interés o razón opuesta, como otros principios rectores en materia electoral, por ejemplo, el democrático o la efectividad del sufragio.

"En el caso concreto, no resulta posible aplicar un principio de paridad de género horizontal respecto de uno de los cargos que integran el órgano, tal como la presidencia municipal, puesto que el principio constitucional de paridad de género lo que pretende es que se tengan las mismas oportunidades de acceso para la integración del órgano representativo, mas no el acceso a un cargo específico.

"Por tanto, es necesario determinar la configuración constitucional de los Ayuntamientos, así como los mecanismos para su integración, a efecto de definir si es posible que les resulte aplicable el principio de paridad de género horizontal.

"El artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal establece que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, el cual estará integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. Para efectos constitucionales, se entiende que es el Ayuntamiento, en su carácter de órgano colegiado, el que ejerce las funciones de gobierno.

"Asimismo, para efectos electorales, se entiende que se vota por una planilla de candidatos para integrar el Ayuntamiento y no de forma individual por cada una de las personas que integran dicha planilla. Por tanto, no se trata de la nominación o elección a un cargo de carácter unipersonal en el que se vote por una persona en específico, sino de la elección entera de un órgano de gobierno mediante una planilla predefinida.

"Los preceptos impugnados contemplan la existencia de reglas para garantizar la paridad de género vertical, con lo cual se asegura que el cincuenta por ciento de las candidaturas de cada una de las planillas y de la lista corresponda a mujeres, en un esquema de alternancia, en el que se coloque, en forma sucesiva, una mujer seguida de un hombre o viceversa, de modo que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos (aplicable a la postulación de candidaturas por los principios de mayoría relativa y representación proporcional).

"No obstante, se reclama que la normatividad electoral es omisa en contemplar la paridad horizontal, consistente en garantizar que el cincuenta por ciento de las candidaturas a un mismo cargo en todas las planillas recaiga en mujeres, de manera que exista igual porcentaje de candidaturas a presidencias municipales, sindicaturas y regidurías en todos los Ayuntamientos de un Estado (aplicable únicamente a la postulación de candidaturas por el principio de mayoría relativa).

"Ahora bien, el principio de paridad horizontal no resulta aplicable respecto de planillas de candidatos para la elección de Ayuntamientos, pues la paridad de género es exigible para garantizar la posibilidad paritaria de participación en candidaturas a cargos de elección popular en órganos legislativos y Ayuntamientos y no propiamente la participación en candidaturas para cargos específicos dentro de dichos órganos.

"En efecto, en el caso de los Ayuntamientos, se emite un voto por una planilla de funcionarios que debe estar conformada de manera paritaria, pero sin que sea posible distinguir la existencia de una votación específica por alguno de los candidatos que integran la misma, es decir, no existe una votación por un cargo unipersonal, sino por un Cabildo.

"En este orden de ideas, el exigir paridad específica respecto de presidencias municipales, no tiene ninguna repercusión de carácter representativo, pues éstas no integran un órgano de representación superior al Ayuntamiento del Municipio. Como ya se dijo, los órganos de gobierno de los Municipios son los Ayuntamientos, los cuales se encuentran conformados por diversos cargos de presidente municipal, síndico y regidores, que cuentan con competencias diferenciadas, pero que no son en sí mismos instancias de gobierno. El órgano de gobierno es el Ayuntamiento, dentro del cual todos estos cargos tienen la posibilidad de votar en igualdad de condiciones.

"De esta forma, la paridad de género no puede ser extendida respecto de la posibilidad de integrar cargos en específico, sino sólo en relación con el acceso paritario a las candidaturas que permitan la integración de órganos representativos legislativos o municipales.

"En este orden de ideas, no se puede sostener que exista alguna omisión legislativa por no preverse a nivel legal el principio de paridad de género horizontal, máxime que el Constituyente Permanente previó la observancia del principio de paridad de género única y exclusivamente para los órganos legislativos o de carácter plural, como expresamente lo señaló; de haber sido su voluntad incluirlo en otros órganos, estuvo en posibilidad de plasmarlo y no lo hizo, lo que se corrobora no sólo con la iniciativa que dio lugar a tal reforma, sino con el proceso legislativo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, pues es precisamente durante el debate en la Cámara de Senadores, en la que a solicitud expresa de incorporar a la discusión el tema de la paridad de género para la designación de titulares de la administración pública estatal, así como de los Poderes Ejecutivo Federal, Estatal o Municipal, los senadores manifestaron su negativa, lo que deja en evidencia la voluntad del Constituyente de no ampliar, por ahora, dicho principio para otros órganos de gobierno de naturaleza electoral.

"En virtud de la competencia residual de la que goza el legislador local, no le está permitido ir más allá de lo ya expresado por la Constitución Federal, pues de lo contrario, no sólo desbordaría su competencia, sino también desconocería el derecho de los partidos a su autodeterminación, provocando con ello el rompimiento de otros principios democráticos fundamentales, como lo es la libertad de postulación y el respeto al sufragio público.

"En tales condiciones, resulta infundado el reclamo de que las normas impugnadas fueron omisas en regular lo relativo a la paridad horizontal en candidaturas a Municipios. ..."

De ese precedente importa subrayar las siguientes conclusiones:

• Las entidades federativas, de manera residual, tienen competencia para legislar en materia de paridad de género, sin obligación de regular en los mismos términos que las normas aplicables para las elecciones federales;

• De conformidad con lo resuelto por este Tribunal Pleno en las acciones de inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014; y 39/2014 y sus acumuladas 44/2014, 54/2014 y 84/2014, corresponde a las Legislaturas Estatales emitir leyes que garanticen el absoluto respeto al principio de paridad de género, en la postulación de las candidaturas tanto para legisladores, como para integrantes de los Ayuntamientos, haciendo con ello una interpretación extensiva para estos órganos de gobierno, en tanto su naturaleza plural y popular lo permite;

• La paridad de género es un principio constitucional que se hace extensivo a todo aquel órgano gubernamental que integre representación popular, como los órganos legislativos y los Ayuntamientos, pero sin que esto signifique que dicho principio resulta aplicable a cualquier tipo de cargo de elección popular o designación de funcionarios.

• El principio constitucional de paridad de género no resulta aplicable respecto de cargos de carácter unipersonal;

• La aplicación de la paridad de género a los Ayuntamientos se debe hacer tomando en consideración el órgano constitucional de que se trate, el tipo de elección de sus integrantes y la salvaguarda de otro tipo de principios constitucionales en materia electoral; y,

• Si bien este derecho constituye un mandato de optimización, es susceptible de ser modulado por un interés o razón opuesta, como otros principios rectores en materia electoral, por ejemplo, el democrático o la efectividad del sufragio.

De lo destacado importa aquella conclusión consistente en que el principio de paridad de género horizontal, no resulta aplicable a los Ayuntamientos, y esto en consecuencia, es el sustento para desestimar la afirmación del partido político en el sentido de que los preceptos reclamados omiten garantizar la aplicación de ese principio en una dimensión horizontal, pues no existe sustento constitucional de ello, sino sólo la obligación de legislar en materia de paridad de género sin directriz concreta alguna, de donde se entiende que existe libertad de configuración legislativa para las entidades federativas, pero sobre todo, que aquella denominada horizontal, no resulta aplicable en Municipios.

En consecuencia, si el artículo 24 alude a la elección de los integrantes de los Ayuntamientos y de esa norma se duele el partido político de una omisión e inobservancia a la paridad de género horizontal, se concluye que el argumento es infundado.

De acuerdo con lo expuesto, este Alto Tribunal reconoce la validez del artículo 24, párrafo primero, fracción II, párrafo segundo, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit.

Por tanto, este Tribunal Pleno determinó desestimar el planteamiento consistente en reconocer la validez de los artículos 24, párrafo primero, fracción II, párrafo cuarto, y 25, párrafo tercero, fracción III, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

M., en el quinto concepto de invalidez, combate los artículos 46 y 137, tercer párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, por deficiente regulación, ya que establecen, en su orden, que el Instituto Estatal Electoral podrá realizar gestiones ante los medios masivos de comunicación social, a fin de que ofrezcan tarifas preferenciales para la difusión de los mensajes de los partidos políticos; y pondrá a disposición de los partidos políticos los espacios y tarifas en estos medios de comunicación social con treinta días de anticipación al inicio de las precampañas y campañas electorales, según corresponda; y que los partidos políticos y coaliciones en ningún momento por sí o por terceras personas podrán contratar o adquirir tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, así como que la contratación o adquisición se hará en los términos que dispone la Constitución General de la República; lo que, en opinión del partido político, viola lo dispuesto en los artículos 1o., 14, último párrafo, 16, primer párrafo, 35, fracciones I y II, 41, base III, apartado A, segundo y tercer párrafos, 116, fracción IV, incisos b) e i), 124 y 133 de la Constitución Federal, en relación con los numerales 1, 2 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Que lo anterior es así, porque el artículo 46, en sus párrafos primero y segundo, no distingue el tipo de medios masivos de comunicación social, respecto de cuyas tarifas y espacios preferenciales el legislador local pretendidamente otorgaría a los partidos políticos el derecho de adquisición o contratación y al instituto la supuesta facultad de gestionar las tarifas preferenciales para la difusión de mensajes de los partidos políticos; no obstante, que como la referencia es a medios "masivos" de comunicación, se podría entender que se trata de los dos principales, es decir, de la radio y la televisión; por lo que existe falta de certeza en dicha regulación, pues podría entenderse indebidamente que abarca a todos los medios de comunicación y no sólo a aquellos distintos a los electrónicos, aunque en interpretación podría entenderse en este último sentido, con exclusión de la radio y la televisión.

Lo anterior es necesario, porque la regulación de la radio y la televisión en materia electoral es competencia exclusiva de la autoridad federal y sólo al Instituto Nacional Electoral le corresponde la atribución de distribuir los tiempos oficiales para fines electorales; de ahí la importancia de formular una interpretación conforme de la norma reclamada o declarar su invalidez.

Por lo que hace al diverso artículo 137, tercer párrafo, su vicio radica en que establece: "Los partidos políticos y coaliciones en ningún momento por sí o por terceras personas podrán contratar o adquirir tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. La contratación o adquisición se hará en los términos que dispone la Constitución General de la República"; no obstante que de acuerdo con el artículo 41, base III, apartado A, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal, los partidos políticos no pueden contratar o adquirir por sí o por terceros tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión; peor aún la norma aclara que la contratación se hará en los términos que dispone la Constitución Federal.

Los artículos 46 y 137, tercer párrafo, parte final, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, se reproducen a continuación:

"Artículo 46. El Instituto Estatal Electoral, podrá realizar gestiones ante los medios masivos de comunicación social a fin de que ofrezcan tarifas preferenciales para la difusión de los mensajes de los partidos políticos.

"El Instituto Estatal Electoral pondrá a disposición de los partidos políticos los espacios y tarifas en estos medios de comunicación social con treinta días de anticipación al inicio de las precampañas y campañas electorales, según corresponda."

"Artículo 137. La propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la campaña electoral deberá contener en todo caso, la identificación del partido político o coalición a que pertenezca.

"...

"Los partidos políticos y coaliciones en ningún momento por sí o por terceras personas podrán contratar o adquirir tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. La contratación o adquisición se hará en los términos que dispone la Constitución General de la República. ..."

Al respecto, los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal establecen en materia de radio y televisión, para efectos electorales, lo siguiente:

"Artículo 41. ...

"...

"III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca la ley.

"Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:

"a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado. En el periodo comprendido entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas, el cincuenta por ciento de los tiempos en radio y televisión se destinará a los fines propios de las autoridades electorales, y el resto a la difusión de mensajes genéricos de los partidos políticos, conforme a lo que establezca la ley;

"b) Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de un minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión; el tiempo restante se utilizará conforme a lo que determine la ley;

"c) Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los partidos políticos y los candidatos al menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo total disponible a que se refiere el inciso a) de este apartado;

"d) Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro del horario de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro horas;

"e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso, de los candidatos independientes, se distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente: el setenta por ciento será distribuido entre los partidos políticos de acuerdo a los resultados de la elección para diputados federales inmediata anterior y el treinta por ciento restante será dividido en partes iguales, de las cuales, hasta una de ellas podrá ser asignada a los candidatos independientes en su conjunto;

"f) A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión se le asignará para radio y televisión solamente la parte correspondiente al porcentaje igualitario establecido en el inciso anterior, y

"g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de los periodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Nacional Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el instituto distribuirá entre los partidos políticos nacionales en forma igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines propios o de otras autoridades electorales, tanto federales como de las entidades federativas. Cada partido político nacional utilizará el tiempo que por este concepto le corresponda en los formatos que establezca la ley. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el horario que determine el instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del presente apartado. En situaciones especiales, el instituto podrá disponer de los tiempos correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido político, cuando así se justifique.

"Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

"Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero.

"Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el ámbito de los Estados y el Distrito Federal conforme a la legislación aplicable.

"Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley:

"a) Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa estará comprendido dentro del total disponible conforme a los incisos a), b) y c) del apartado A de esta base;

"b) Para los demás procesos electorales, la asignación se hará en los términos de la ley, conforme a los criterios de esta base constitucional, y

"c) La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de registro local, y los candidatos independientes se realizará de acuerdo con los criterios señalados en el apartado A de esta base y lo que determine la legislación aplicable.

"Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el tiempo total en radio y televisión a que se refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines, los de otras autoridades electorales o para los candidatos independientes, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera.

"Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.

"Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los Municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

"Apartado D. El Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos en los términos de la ley, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base e integrará el expediente para someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el procedimiento, el instituto podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión, de conformidad con lo que disponga la ley. ..."

"Artículo 116.

"...

"IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:

"...

"i) Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas establecidas por el apartado B de la base III del artículo 41 de esta Constitución;

"...

"k) Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos independientes, garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión en los términos establecidos en esta Constitución y en las leyes correspondientes; ..."

De acuerdo con la base III del artículo 41 constitucional, corresponden en exclusiva al orden federal las cuestiones relativas al uso de los medios de radiodifusión, así como que el Instituto Nacional Electoral es la única autoridad facultada para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión, destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales y estatales.

En el mismo sentido, la fracción IV del artículo 116 constitucional establece que las entidades federativas deberán garantizar, de acuerdo con las bases constitucionales correspondientes y las leyes generales que expida el Congreso de la Unión, el acceso de los partidos políticos, candidatos y candidatos independientes a la radio y televisión.

En relación con esos preceptos constitucionales, este Tribunal Pleno ha sustentado que la Constitución Federal es muy clara en definir que las cuestiones de comunicación electoral relativas a la radio y televisión son de carácter estrictamente federal, sin que sea posible ningún tipo de intervención por parte de las entidades federativas, esto, al resolver la acción de inconstitucionalidad 36/2015 y sus acumuladas 37/2015, 40/2015 y 41/2015;(24) y la acción de inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014.(25)

Cabe agregar que el capítulo I del título segundo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales contiene un catálogo de disposiciones sobre acceso a radio y televisión, esto de los artículos 159 a 186, disposiciones emitidas en cumplimiento a lo ordenado en el artículo segundo transitorio del decreto de reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce. Esos preceptos son del tenor siguiente:

"Artículo 159.

"1. Los partidos políticos tienen derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social.

"2. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, accederán a la radio y la televisión a través del tiempo que la Constitución otorga como prerrogativa a los primeros, en la forma y términos establecidos por el presente capítulo.

"3. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establece esta ley.

"4. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Tampoco podrán contratar los dirigentes y afiliados a un partido político, o cualquier ciudadano, para su promoción personal con fines electorales. La violación a esta norma será sancionada en los términos dispuestos en el libro octavo de esta ley.

"5. Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de propaganda contratada en el extranjero. Las infracciones a lo establecido en este párrafo serán sancionadas en los términos dispuestos en esta ley."

"Artículo 160.

"1. El instituto es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los fines propios del instituto y a los de otras autoridades electorales, así como al ejercicio de las prerrogativas y derechos que la Constitución y esta ley otorgan a los partidos políticos y candidatos independientes en esta materia.

"2. El instituto garantizará a los partidos políticos el uso de sus prerrogativas constitucionales en radio y televisión; establecerá las pautas para la asignación de los mensajes y programas que tengan derecho a difundir, tanto durante los periodos que comprendan los procesos electorales, como fuera de ellos; atenderá las quejas y denuncias por la violación a las normas aplicables y determinará, en su caso, las sanciones.

"3. Previa consulta con las organizaciones que agrupen a los concesionarios de radio y televisión y a los profesionales de la comunicación, el Consejo General aprobará, a más tardar el 20 de agosto del año anterior al de la elección, los lineamientos generales que, sin afectar la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas ni pretender regular dichas libertades, se recomienden a los noticieros respecto de la información y difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos y de los candidatos independientes."

"Artículo 161.

"1. El instituto y las autoridades electorales de las entidades federativas, para la difusión de sus respectivos mensajes de comunicación social, accederán a la radio y la televisión a través del tiempo de que el primero dispone en dichos medios."

"Artículo 162.

"1. El instituto ejercerá sus facultades en materia de radio y televisión a través de los siguientes órganos:

"a) El Consejo General;

"b) La Junta General Ejecutiva;

"c) La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos;

"d) El Comité de Radio y Televisión;

"e) La Comisión de Quejas y Denuncias, y

"f) Los vocales ejecutivos y juntas ejecutivas en los órganos desconcentrados, locales y distritales, que tendrán funciones auxiliares en esta materia."

"Artículo 163.

"1. El Consejo General, a propuesta motivada y fundada de la Comisión de Quejas y Denuncias, podrá ordenar la suspensión inmediata de cualquier propaganda política o electoral en radio o televisión que resulte violatoria de esta ley; lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones que deban aplicarse a los infractores.

"2. La Junta General Ejecutiva someterá a la aprobación del Consejo General el reglamento de radio y televisión. Serán supletorias de la presente ley, en lo que no se opongan, las leyes federales de la materia."

"Artículo 164.

"1. Los organismos públicos locales deberán solicitar al instituto el tiempo de radio y televisión que requieran para el cumplimiento de sus fines. El instituto resolverá lo conducente.

"2. Tratándose del Tribunal Electoral, durante los periodos de precampaña y campaña federal, le será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior. Fuera de esos periodos el Tribunal tramitará el acceso a radio y televisión conforme a su propia normatividad."

"Artículo 165.

"1. Dentro de los procesos electorales federales, a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, el instituto tendrá a su disposición cuarenta y ocho minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión.

"2. Las transmisiones de mensajes en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro del horario de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro horas de cada día. En los casos en que una estación o canal transmita menos horas de las comprendidas en el horario antes indicado, se utilizarán tres minutos por cada hora de transmisión."

"Artículo 166.

"1. El tiempo a que se refiere el párrafo 1 del artículo anterior será distribuido en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión. En los horarios comprendidos entre las seis y las doce horas y entre las dieciocho y las veinticuatro horas se utilizarán tres minutos por cada hora; en el horario comprendido después de las doce y hasta antes de las dieciocho horas se utilizarán dos minutos por cada hora."

"Artículo 167.

"1. Durante las precampañas y campañas electorales federales, el tiempo en radio y televisión, convertido a número de mensajes, asignable a los partidos políticos, se distribuirá entre ellos conforme al siguiente criterio: treinta por ciento del total en forma igualitaria y el setenta por ciento restante en proporción al porcentaje de votos, obtenido por cada partido político en la elección para diputados federales inmediata anterior.

"2. Tratándose de coaliciones, lo establecido en el párrafo anterior se aplicará de la siguiente manera:

"a) A la coalición total le será otorgada la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión establecida en esta ley, en el treinta por ciento que corresponda distribuir en forma igualitaria, como si se tratara de un solo partido. D. setenta por ciento proporcional a los votos, cada uno de los partidos coaligados participará en los términos y condiciones establecidos por el párrafo dos anterior.

"El convenio de coalición establecerá la distribución de tiempo en cada uno de esos medios para los candidatos de la coalición, y

"b) Tratándose de coaliciones parciales o flexibles, cada partido coaligado accederá a su respectiva prerrogativa en radio y televisión ejerciendo sus derechos por separado. El convenio de coalición establecerá la distribución de tiempo en cada uno de esos medios para los candidatos de coalición y para los de cada partido.

"3. El Consejo General emitirá el reglamento relativo al acceso a radio y televisión por parte de las coaliciones y de los partidos que formen parte de las mismas.

"4. Tratándose de precampañas y campañas en elecciones locales, la base para la distribución del setenta por ciento del tiempo asignado a los partidos políticos será el porcentaje de votación obtenido por cada uno de ellos en la elección para diputados locales inmediata anterior, en la entidad federativa de que se trate.

"5. Los partidos políticos de nuevo registro, tanto nacionales como locales, según sea el caso, participarán solamente en la distribución del treinta por ciento del tiempo a que se refiere el párrafo 1 de este artículo.

"6. Para la determinación del número de mensajes a distribuir entre los partidos políticos, las unidades de medida son: treinta segundos, uno y dos minutos, sin fracciones; el reglamento determinará lo conducente.

"7. El tiempo que corresponda a cada partido será utilizado exclusivamente para la difusión de mensajes cuya duración será la establecida en el presente capítulo. Las pautas serán elaboradas considerando los mensajes totales y su distribución entre los partidos políticos."

"Artículo 168.

"1. A partir del día en que, conforme a esta ley y a la resolución que expida el Consejo General, den inicio las precampañas federales y hasta la conclusión de las mismas, el instituto pondrá a disposición de los partidos políticos nacionales, en conjunto, treinta minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión.

"2. Para los efectos del párrafo anterior la precampaña de un partido concluye, a más tardar, un día antes de que realice su elección interna o tenga lugar la asamblea nacional electoral, o equivalente, o la sesión del órgano de dirección que resuelva al respecto, conforme a los estatutos de cada partido.

"3. Los mensajes de precampaña de los partidos políticos serán transmitidos de acuerdo a la pauta que apruebe el Comité de Radio y Televisión del instituto.

"4. Cada partido decidirá libremente la asignación, por tipo de precampaña, de los mensajes que le correspondan, incluyendo su uso para precampañas locales en las entidades federativas con proceso electoral concurrente con el federal. Los partidos deberán informar oportunamente al instituto sus decisiones al respecto, a fin de que éste disponga lo conducente.

"5. El tiempo restante, descontado el referido en el párrafo 1 de este artículo quedará a disposición del instituto para sus fines propios o los de otras autoridades electorales. En todo caso, los concesionarios de radio y televisión se abstendrán de comercializar el tiempo no asignado por el instituto."

"Artículo 169.

"1. D. tiempo total disponible a que se refiere el párrafo 1 del artículo 165 de esta ley, durante las campañas electorales federales, el instituto destinará a los partidos políticos en conjunto, cuarenta y un minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión.

"2. Los siete minutos restantes serán utilizados para los fines propios del instituto y de otras autoridades electorales."

"Artículo 170.

"1. El tiempo a que se refiere el párrafo 1 del artículo anterior será distribuido entre los partidos políticos, según sea el caso, conforme a lo establecido en el artículo 167 de esta ley.

"2. Los mensajes de campaña de los partidos políticos serán transmitidos de acuerdo con la pauta que apruebe el Comité de Radio y Televisión del Instituto.

"3. En las entidades federativas con elección local cuya jornada comicial sea coincidente con la federal, el instituto realizará los ajustes necesarios a lo establecido en el párrafo anterior, considerando el tiempo disponible una vez descontado el que se asignará para las campañas locales en esas entidades."

"Artículo 171.

"1. Cada partido decidirá libremente la asignación por tipo de campaña federal de los mensajes de propaganda electoral a que tenga derecho, salvo lo siguiente: en el proceso electoral en que se renueven el Poder Ejecutivo de la Unión y las dos Cámaras del Congreso, cada partido deberá destinar, al menos, un treinta por ciento de los mensajes a la campaña de uno de los poderes, considerando las de senadores y diputados como una misma."

"Artículo 172.

"1. Cada partido político determinará, para cada entidad federativa, la distribución de los mensajes a que tenga derecho entre las campañas federales de diputados y senadores."

"Artículo 173.

"1. En las entidades federativas con procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la federal, del tiempo total establecido en el párrafo 1 del artículo 169 de esta ley, el instituto, por conducto de los organismos públicos locales, destinará para las campañas locales de los partidos políticos y los candidatos independientes quince minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión de cobertura en la entidad federativa de que se trate.

"2. El tiempo a que se refiere el párrafo 1 anterior será utilizado para la difusión de mensajes de acuerdo a la pauta que apruebe, a propuesta del organismo público local que corresponda, el Comité de Radio y Televisión del Instituto.

"3. Para la distribución entre los partidos políticos del tiempo establecido en el párrafo 1 de este artículo, convertido a número de mensajes, las autoridades electorales locales aplicarán, en lo conducente, las reglas establecidas en el artículo 167 de esta ley.

"4. Para los efectos de este capítulo se entiende por cobertura de los canales de televisión y estaciones de radio toda área geográfica en donde la señal de dichos medios sea escuchada o vista.

"5. El Comité de Radio y Televisión, solicitará al Instituto Federal de Telecomunicaciones el mapa de coberturas de todas las estaciones de radio y canales de televisión, así como su alcance efectivo. El instituto elaborará el catálogo de dichas estaciones y canales y deberá también incorporar la información relativa a la población total comprendida por la cobertura correspondiente en cada entidad.

"6. Con base en dicho catálogo, el Consejo General hará del conocimiento público las estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura de las elecciones locales y federales a que hace referencia el artículo 175 de esta ley."

"Artículo 174.

"1. Cada partido decidirá la asignación, entre las campañas que comprenda cada proceso electoral local, de los mensajes de propaganda en radio y televisión a que tenga derecho."

"Artículo 175.

"1. Para fines electorales en las entidades federativas cuya jornada comicial tenga lugar en mes o año distinto al que corresponde a los procesos electorales federales, el instituto administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate. Los cuarenta y ocho minutos de que dispondrá el instituto se utilizarán desde el inicio de la precampaña local hasta el término de la jornada electoral respectiva."

"Artículo 176.

"1. Para su asignación entre los partidos políticos, durante el periodo de precampañas locales, del tiempo a que se refiere el artículo anterior, el instituto pondrá a disposición de la autoridad electoral administrativa, en la entidad de que se trate, treinta minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión.

"2. Las autoridades antes señaladas asignarán entre los partidos políticos, el tiempo a que se refiere el párrafo anterior aplicando, en lo conducente, las reglas establecidas en el artículo 167 de esta ley, conforme a los procedimientos que determine la legislación local aplicable.

"3. Los mensajes de precampaña de los partidos políticos serán transmitidos de acuerdo a la pauta que apruebe a propuesta del organismo público local competente, el Comité de Radio y Televisión."

"Artículo 177.

"1. Con motivo de las campañas electorales locales en las entidades federativas a que se refiere el artículo 175 anterior, el instituto asignará como prerrogativa para los partidos políticos, a través de los organismos públicos locales, cuarenta y un minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión de cobertura en la entidad de que se trate; en caso de insuficiencia, la autoridad electoral podrá cubrir la misma del tiempo disponible que corresponda al Estado. El tiempo restante quedará a disposición del instituto para sus propios fines o los de otras autoridades electorales. En todo caso, los concesionarios de radio y televisión se abstendrán de comercializar el tiempo no asignado por el instituto.

"2. Son aplicables en las entidades federativas y procesos electorales locales a que se refiere el párrafo anterior, las normas establecidas en los párrafos 2 y 3 del artículo 173, el artículo 174 y las demás contenidas en esta ley que resulten aplicables."

"Artículo 178.

"1. Los partidos con registro local vigente, previo a la elección de que se trate, participarán en la distribución de los tiempos asignados para las campañas locales de la entidad federativa correspondiente, de acuerdo al porcentaje de votos que hayan obtenido en la elección local inmediata anterior para diputados locales, o en su caso en la más reciente en que hayan participado.

"2. Los partidos políticos nacionales que, en la entidad de que se trate, no hubiesen obtenido en la elección para diputados locales inmediata anterior, el porcentaje mínimo de votos para tener derecho a prerrogativas o los partidos con registro local obtenido para la elección de que se trate, tendrán derecho a la prerrogativa de radio y televisión para campañas locales solamente en la parte que deba distribuirse en forma igualitaria."

"Artículo 179.

"1. En las entidades federativas a que se refiere el artículo 175 de esta ley el instituto asignará, para el cumplimiento de los fines propios de los organismos públicos locales, tiempo en radio y televisión conforme a la disponibilidad con que se cuente.

"2. El tiempo en radio y televisión que el instituto asigne a los organismos públicos locales se determinará por el Consejo General conforme a la solicitud que aquéllos presenten ante el instituto.

"3. El tiempo no asignado a que se refiere el artículo 175 de esta ley quedará a disposición del instituto en cada una de las entidades federativas que correspondan, hasta la conclusión de las respectivas campañas electorales locales. En todo caso, los concesionarios de radio y televisión se abstendrán de comercializar el tiempo no asignado por el instituto."

"Artículo 180.

"1. En ningún caso el instituto podrá autorizar a los partidos políticos tiempo o mensajes en radio y televisión en contravención de las reglas establecidas en este capítulo.

"2. Los gastos de producción de los mensajes para radio y televisión de los partidos políticos serán sufragados con sus propios recursos."

"Artículo 181.

"1. Fuera de los periodos de precampaña y campaña electorales federales, del tiempo a que se refiere el inciso g) del apartado A de la base III del artículo 41 de la Constitución, los partidos políticos nacionales tendrán derecho a que sea utilizado para la transmisión de mensajes con duración de 30 segundos cada uno, en todas las estaciones de radio y canales de televisión. El total de mensajes se distribuirá en forma igualitaria entre los partidos políticos nacionales.

"2. Los programas y mensajes antes señalados, serán transmitidos en el horario comprendido entre las seis y las veinticuatro horas.

"3. El Comité de Radio y Televisión del instituto aprobará, en forma semestral, las pautas respectivas.

"4. En situaciones especiales y a solicitud de parte, cuando así se justifique, el instituto podrá acordar que los mensajes que en un mes correspondan a un mismo partido se transmitan en forma anticipada a la prevista en la pauta original. El reglamento establecerá los términos y condiciones en que se aplicarán estas normas."

"Artículo 182.

"1. El instituto, y por su conducto, los organismos públicos locales y las demás autoridades electorales, harán uso del tiempo en radio y televisión que les corresponde, de acuerdo a las reglas que apruebe el Consejo General, y a lo siguiente:

"a) El instituto determinará, en forma trimestral, considerando los calendarios de procesos electorales locales, la asignación del tiempo en radio y televisión destinado a sus propios fines y de otras autoridades electorales. En ningún caso serán incluidas como parte de lo anterior las prerrogativas para los partidos políticos;

"b) Para los efectos del presente artículo, el instituto dispondrá de mensajes con duración de veinte y treinta segundos;

"c) El horario de transmisión será el comprendido entre las seis y las veinticuatro horas;

"d) Los tiempos de que dispone el instituto durante las campañas electorales en las horas de mayor audiencia en radio y televisión, serán destinados preferentemente a transmitir los mensajes de los partidos políticos;

"e) El instituto, a través de la instancia administrativa competente, elaborará las pautas de transmisión de sus propios mensajes. Los organismos públicos locales y otras autoridades electorales propondrán al instituto las pautas que correspondan a los tiempos que éste les asigne conforme a lo dispuesto en este capítulo;

"f) Las autoridades electorales de las entidades federativas entregarán al instituto los materiales con los mensajes que, para la difusión de sus actividades durante los procesos electorales locales, les correspondan en radio y televisión."

"Artículo 183.

"1. Conforme a la base III del artículo 41 de la Constitución, cuando a juicio del instituto el tiempo total en radio y televisión de que dispone fuese insuficiente para sus propios fines o los de otras autoridades electorales, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante.

"2. El tiempo en radio y televisión que determinen las pautas respectivas no es acumulable; tampoco podrá transferirse tiempo entre estaciones de radio o canales de televisión, ni entre entidades federativas. La asignación de tiempo entre las campañas electorales se ajustará estrictamente a lo dispuesto en este capítulo, a lo que, conforme al mismo, establezca el reglamento en la materia, y a lo que determine el Comité de Radio y Televisión del instituto.

"3. Las pautas que determine el comité establecerán, para cada mensaje, la estación o canal, así como el día y hora en que deban trasmitirse.

"4. Los concesionarios de radio y televisión no podrán alterar las pautas ni exigir requisitos técnicos adicionales a los aprobados por el comité; la violación a esta disposición será sancionada en los términos establecidos en esta ley.

"5. En elecciones extraordinarias el Consejo General determinará la cobertura territorial y el tiempo que se destinará a los partidos políticos en radio y televisión atendiendo a los criterios establecidos en este capítulo.

"6. Las señales radiodifundidas que se transmitan en los servicios de televisión restringida, incluyendo las derivadas de la multiprogramación, deberán incorporar, sin alteración alguna, los mensajes de los partidos políticos y las autoridades electorales a que se refiere el presente capítulo, de conformidad con las disposiciones normativas en materia de telecomunicaciones.

"7. Las transmisiones en los servicios de televisión restringida a que se refiere el párrafo anterior deberán suprimir, durante los periodos de campaña, tanto federal como locales, los mensajes de propaganda gubernamental.

"8. Los concesionarios de televisión restringida que distribuyan señales radiodifundidas derivadas de la multiprogramación deberán incluir, sin alteración alguna, los mensajes de los partidos políticos y las autoridades electorales a que se refiere el presente capítulo en cada canal de programación que difundan, de conformidad con las disposiciones normativas en materia de telecomunicaciones.

"9. En cada canal de multiprogramación autorizado a los concesionarios que presten servicios de radiodifusión se deberá cumplir con los tiempos de Estado en los términos de esta ley y las disposiciones en materia de telecomunicaciones."

"Artículo 184.

"1. Para asegurar a los partidos políticos y candidatos independientes la debida participación en la materia, se constituye el Comité de Radio y Televisión del instituto, conforme a lo siguiente:

"a) El comité será responsable de conocer y aprobar las pautas de transmisión correspondientes a programas y mensajes de los partidos políticos, formuladas por la Dirección Ejecutiva competente, así como los demás asuntos que en la materia conciernan en forma directa a los propios partidos. El Consejo General podrá atraer a su competencia los asuntos en esta materia que por su importancia así lo requieran, y

"b) El comité se reunirá de manera ordinaria una vez al mes, y de manera extraordinaria cuando lo convoque el consejero electoral que lo presida, o a solicitud que a este último presenten, al menos, dos partidos políticos.

"2. El comité se integra por:

"a) Un representante propietario y su suplente, designados por cada partido político nacional;

"b) Los consejeros electorales que a su vez, integran la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos a que se refiere esta ley;

"c) El director ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos, que actuará como su secretario técnico; en sus ausencias será suplido por quien designe, y

"d) Serán convocados y podrán acudir al comité, únicamente con voz, los representantes del Poder Legislativo ante el Consejo General, o a quienes éstos designen.

"3. El comité será presidido por el consejero electoral que ejerza la misma función en la comisión a que se refiere el inciso b) del párrafo anterior.

"4. Las decisiones del comité se tomarán, preferentemente, por consenso de sus integrantes. En caso de votación solamente ejercerán el derecho a voto los tres consejeros electorales.

"5. Los acuerdos adoptados por el comité solamente podrán ser impugnados por los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General.

"6. El instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones en materia de radio y televisión.

"7. El instituto dispondrá, en forma directa, de los medios necesarios para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión que apruebe, así como de las normas aplicables. Respecto de la propaganda electoral que se difunda, se deberá realizar el monitoreo tanto en radiodifusión como en televisión restringida."

"Artículo 185.

"1. El Consejo General ordenará la realización de monitoreos de las transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales en los programas en radio y televisión que difundan noticias. Los resultados se harán públicos, por lo menos cada quince días, a través de los tiempos destinados a la comunicación social del instituto y en los demás medios informativos que determine el propio consejo."

"Artículo 186.

"1. El reglamento establecerá los plazos para la entrega, sustitución o puesta a disposición, según sea el caso, a los concesionarios, de las órdenes de transmisión y los materiales, durante los periodos ordinarios. En ningún caso el plazo podrá ser mayor a 5 días hábiles.

"2. El reglamento establecerá los plazos para la entrega, sustitución o puesta a disposición, según sea el caso, a los concesionarios, de las órdenes de transmisión y los materiales, desde el inicio de la precampaña y hasta el día de la jornada electoral. En ningún caso el plazo podrá ser mayor a 3 días hábiles.

"3. El instituto deberá reducir los plazos referidos cuando resulte viable desde el punto de vista técnico, a efecto de garantizar la eficiencia en la operación del propio instituto, así como en la notificación entrega o sustitución de las órdenes de transmisión y los materiales de propaganda electoral para su difusión en los tiempos de radio y televisión.

"4. El instituto dispondrá lo necesario a efecto de garantizar la recepción de los materiales que le sean entregados por los partidos y autoridades electorales, las veinticuatro horas de todos los días del año.

"5. La entrega de los materiales de los partidos y autoridades electorales para su difusión en los tiempos del Estado en radio y televisión, con su correspondiente orden de transmisión y notificación a cada concesionario, se llevará a cabo de manera electrónica, personal o satelital, en los términos y bajo las modalidades que determine el reglamento correspondiente."

Bajo ese marco constitucional y legal, debe decirse que, por lo que hace a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 137 de la ley reclamada, el concepto de invalidez es fundado, ya que si bien en una primera parte de ese párrafo se establece que los partidos políticos y coaliciones en ningún momento por sí o por terceras personas podrán contratar o adquirir tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, lo que corresponde de alguna forma a la redacción del segundo párrafo del inciso g) del apartado A de la base III del artículo 41 constitucional,(26) y agrega que la contratación o adquisición se hará en los términos que dispone la Constitución General de la República, también lo es que esto significa que, finalmente, la disposición cuestionada introduce reglas en materia de radio y televisión, aunque remita a la Constitución Federal y reitere lo que ella prevé, lo que no es correcto, porque de acuerdo con los precedentes indicados, la competencia para legislar en materia de radio y televisión corresponde a la autoridad federal y la administración de los tiempos que corresponde al Estado en esos rubros, también es competencia exclusiva de la autoridad administrativa federal, es decir, del Instituto Nacional Electoral.

Por tanto, si el Congreso del Estado de Nayarit fijó reglas como la prevista en el tercer párrafo del artículo 137 de la ley reclamada, que se refieren a radio y televisión, ello resulta inconstitucional, pues aunque reitere lo ya previsto a nivel federal, finalmente, no tiene competencia para ello; máxime que la regulación específica se encuentra en una ley general.

Similar criterio sostuvo este Tribunal Pleno, al conocer de la acción 129/2015 y sus acumuladas 130/2015, 131/2015, 132/2015, 133/2015 y 137/2015,(27) en la que se examinó la legislación del Estado de Q.R., concretamente legislación que establecía sanciones por infracciones electorales en radio y televisión; y, en el caso, si bien no se trata de ese problema jurídico, sino de una regulación en el rubro de campañas electorales, finalmente, impera el criterio general de falta de competencia para legislar en materia de radio y televisión para efectos electorales.

Por tanto, se declara la invalidez del artículo 137, tercer párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit.

Lo anterior encuentra su apoyo, en lo conducente, en el criterio de este Tribunal Pleno contenido en la acción 27/2009 y sus acumuladas 29/2009, 30/2009 y 31/2009,(28) en la que se expresó lo siguiente:

"Lo anterior en virtud de que, efectivamente la invasión a las facultades del Instituto Federal Electoral se actualiza únicamente en cuanto a la propaganda electoral o los mensajes que son transmitidos en radio y televisión, sin embargo, no debe perderse de vista que tratándose de propaganda electoral o mensajes en otro tipo de formato -tales como publicaciones, imágenes, escritos, Internet, etcétera-, el Instituto Electoral Local será la autoridad competente para sancionar las infracciones que se lleguen a presentar -una vez agotados los procedimientos conducentes-, dado que ello no es facultad del Instituto Federal Electoral.

"En efecto, tratándose de otro tipo de formato de mensajes y propaganda electoral, el Instituto Electoral Local será la autoridad competente para sancionar las infracciones conducentes siempre siguiendo los procedimientos previstos para ello -los que no se analizan aquí, ya que ello no es materia de impugnación-. Esto se corrobora con diversas disposiciones previstas en el propio Código Electoral Local, tales como el artículo 287, fracción IX, que pertenece al libro cuarto, denominado ‘De los regímenes sancionador electoral, disciplinario interno y del Ministerio Público’, título primero ‘De las faltas electorales y su sanción’, que prevé que constituyen infracciones de los partidos políticos al código, la difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas."

De ese precedente derivó la jurisprudencia P./J. 47/2010, que se reproduce a continuación:

"INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. ES LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA SANCIONAR LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA DE RADIO Y TELEVISIÓN, TANTO A NIVEL FEDERAL COMO LOCAL, PERO NO LAS QUE DERIVEN DE PROPAGANDA ELECTORAL O MENSAJES EN OTRO TIPO DE FORMATO.-Uno de los ejes rectores de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007 al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, giró en torno a prohibir a los partidos políticos la adquisición de tiempos, bajo cualquier modalidad, en radio y televisión, así como a condicionar la asignación de tiempos a los partidos políticos en la radio y televisión para que se realizara exclusivamente por el Instituto Federal Electoral como autoridad única para estos fines. En ese tenor, el artículo 41, base III, apartado D, de la Constitución General de la República prevé que es competencia exclusiva del Instituto Federal Electoral sancionar las infracciones cometidas en materia de radio y televisión -tanto en el ámbito federal como en el local-, e incluso ordenar la cancelación inmediata de las transmisiones en dichos medios que resulten violatorias de la Constitución y de la ley. Sin embargo, tratándose de propaganda electoral o mensajes en otro tipo de formato -tales como publicaciones, imágenes, escritos, Internet, entre otros-, serán los Institutos Electorales Locales las autoridades competentes para sancionar las infracciones relativas, siempre y cuando se agoten los procedimientos legales conducentes." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, jurisprudencia, Tomo XXXI, abril de 2010, tesis P./J. 47/2010, página 1572, registro digital: 164767)

D. precedente y tesis que de él derivó se observan, en lo conducente, por cuanto contienen un criterio que reconoce la competencia exclusiva de la autoridad federal en materia de radio y televisión para efectos electorales, pero admite la utilización de otros medios masivos de comunicación que puedan ser usados para fines electorales, respecto de los cuales la autoridad local sí tiene competencia para legislar, siempre y cuando se entiendan en esa regulación como excluidos la radio y la televisión.

Más aún, la interpretación conforme que se da en esta ejecutoria a la disposición reclamada también guarda sustento de su lectura relacionada con el diverso 44, fracción I, de la Ley Electoral que nos ocupa, pues ambas corresponden al título cuarto, capítulo III, titulado: "De las prerrogativas y del financiamiento de los partidos políticos y candidatos independientes", el cual establece que son prerrogativas de los partidos políticos tener acceso a los medios masivos de comunicación social en los términos que establezcan las leyes de la materia y el propio ordenamiento, según se aprecia de la siguiente transcripción:

"Artículo 44. Son prerrogativas de los partidos políticos:

"I. Tener acceso a los medios masivos de comunicación social en los términos que establezcan las leyes de la materia y este ordenamiento."

Esto corrobora la interpretación conforme del precepto cuestionado, pues la norma transcrita, al referirse a los medios masivos de comunicación social en los términos que establezcan las leyes de la materia, está reconociendo la existencia de la legislación general que da competencia exclusiva a la autoridad federal en materia de radio y televisión para efectos electorales.

En consecuencia, se reconoce la validez del artículo 46 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, pero se establece que debe ser interpretado en el sentido de que la referencia a medios masivos de comunicación social no incluye ni a la radio ni a la televisión.

M., en su décimo primer concepto de invalidez, cuestiona la constitucionalidad del artículo 190, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, que prevé como parte del procedimiento de escrutinio y cómputo que, tratándose de partidos coaligados, si apareciera "cruzado" más de uno de sus respectivos emblemas, se asignará el voto al candidato de la coalición, lo que deberá consignarse en el apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo, acción que, aduce, no es la única marca con la que el elector manifiesta su voluntad de votar por uno o más de los partidos coaligados, por tanto, la disposición vulnera los principios de legalidad, certeza y objetividad electorales; máxime que, de prevalecer, podría provocar escenarios como los de recuento de votos, por la posible existencia de diversas cantidades de boletas con votos anulados o, en su caso, no contabilizados; de ahí la violación a los artículos 16, primer párrafo, 116, fracción IV, inciso b) y 133 de la Constitución Federal, en relación con el 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Agrega que el precepto contraviene los invocados principios rectores electorales y las normas constitucionales y convencionales precitadas, porque aun cuando en sí mismo no resulte incorrecto asignar los votos cruzados por más de un emblema de partidos políticos coaligados, tal supuesto o forma de votar no es el único que se puede presentar el día de los comicios al realizar el escrutinio y cómputo de los votos, pues el elector marca su boleta no sólo cruzando en ella más de un emblema de partidos políticos coaligados, sino también, marcándolos con cualquier raya, gancho o signo que evidencie la intención de votar por esa opción política; de ahí que para la debida observancia de los principios que defiende, solicita se declare la invalidez del precepto reclamado en la porción normativa que expresa "cruzado", o bien, se realice una interpretación conforme en la que se aclare que esa expresión no es la única aplicable, sino cualquier otra marca plasmada en más de un emblema de partidos coaligados.

Como se expresó en considerandos que anteceden, el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales serán principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. De ellos, conviene tener presente, para el problema jurídico que se analiza, los relativos al de legalidad y el de certeza, que consisten, respectivamente, en la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley; de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo; y que los participantes en un proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que están sujetas su propia actuación y la de las autoridades electorales; conceptos los anteriores que se encuentran plasmados en la jurisprudencia P./J. 144/2005, ya invocada.(42)

Por otro lado, es necesario transcribir en su integridad el precepto reclamado, a pesar de que M. sólo combate el segundo párrafo de su fracción IV, en cuanto utiliza el término "cruzado", sin embargo, para la conclusión que se obtendrá es importante conocerlo en su integridad. Esa disposición prevé lo siguiente:

"Artículo 190. El escrutinio y cómputo se realizará en la siguiente forma:

"I. El primer escrutador tomará boleta por boleta y en voz alta leerá el nombre del partido político o candidato en favor del cual se haya votado, lo que comprobará el otro escrutador;

"II. El secretario, al mismo tiempo, irá anotando los votos que el escrutador vaya leyendo;

"III. Los escrutadores comprobarán que el número de votos corresponda con el número de electores que sufragaron;

"IV. Se contará como voto válido, aquel que el elector haya marcado en un solo emblema de un partido político o candidato o en el cuadro que lo contenga.

"Tratándose de partidos coaligados, si apareciera cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, se asignará el voto al candidato de la coalición, lo que deberá consignarse en el apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo correspondiente.

"V. Un voto será nulo:

"a) Cuando la boleta haya sido depositada sin marca alguna;

"b) Cuando la boleta aparezca marcada en más de un emblema o rectángulo; y

"c) Cuando no se pueda determinar el rectángulo a que corresponda la marca.

"VI. Estas mismas reglas se aplicarán para cada una de las elecciones;

"VII. Se asentarán los resultados de cada elección en el espacio señalado en el acta de la jornada para el escrutinio y cómputo, la que firmarán los miembros de la mesa directiva de casilla y los representantes, la que contendrá los siguientes datos:

"a) El número de votos emitidos en favor de cada partido político, candidato de coalición o independiente;

"b) El número total de boletas sobrantes que fueron inutilizadas;

"c) El número total de votos nulos;

"d) Una relación de incidentes, si los hubiere, y;

"e) La relación de escritos de protesta presentados por los representantes al término del escrutinio y cómputo.

"En ningún caso se sumarán a los votos nulos las boletas sobrantes que fueron inutilizadas.

"VIII. El presidente de la mesa directiva declarará los resultados de la votación y los fijará en el exterior de la casilla, los que serán firmados por éste y los representantes que así deseen hacerlo."

El artículo cuestionado contiene las reglas sobre la forma en que se realizará el escrutinio y cómputo de los votos, concretamente la fracción IV establece que se contará como voto válido aquel que el elector haya marcado en un solo emblema de un partido político o candidato o en el cuadro que lo contenga; y que tratándose de partidos coaligados, si apareciera cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, se asignará el voto al candidato de la coalición, lo que deberá consignarse en el apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo correspondiente. También destaca de su lectura integral no sólo la utilización del término "cruzado", sino también el de "marcado" y "marca".

Precisado lo anterior, debe decirse que no asiste la razón al partido político actor, es decir, el uso del término "cruzado" no viola las disposiciones constitucionales y convencionales que defiende, pues de una interpretación integral de la norma se concluye que el legislador utilizó la palabra "cruzado" como sinónimo de "marcado", es decir, como aquello señalado con signos distintivos.

En efecto, la lectura integral de la norma demuestra que el legislador del Estado de Nayarit, al referirse a la forma en la que se distingue la expresión de un voto, acudió principalmente al adjetivo marcado(a) y al femenino marca, esto para identificar la voluntad expresada en la boleta electoral; y sólo en el párrafo cuestionado acudió a la palabra "cruzado"; de ahí que ésta se entienda como sinónimo de "marcado", pues finalmente puede representar el signo de la voluntad del elector, es la forma en la que puede plasmar dicha voluntad, que finalmente equivale a una señal.

Por ello, si se atiende a la lectura sistemática y funcional del artículo 190 de la ley reclamada, se entenderá el alcance que el legislador quiso plasmar al utilizar el término "cruzado", que se insiste, se puede tener como una equivalencia de "marcado".

Pero aún más, "cruzado" es también la palabra que ocupó el Congreso de la Unión en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; esto es, en los artículos 288(43) y 290 de ese ordenamiento, se desprende con claridad que en el primero de esos preceptos ocupó los términos "marcado" y "marca", pero en el numeral 2 del diverso 290 se contiene una hipótesis normativa exactamente igual a la que ahora se reclama, según se lee de lo siguiente:

"Artículo 290.

"1. El escrutinio y cómputo de cada elección federal, y en caso de casilla única en cada elección federal y local, se realizará conforme a las reglas siguientes:

"...

"2. Tratándose de partidos coaligados, si apareciera cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, se asignará el voto al candidato de la coalición, lo que deberá consignarse en el apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo correspondiente."

Por ende, esta Suprema Corte declara la validez del artículo 190, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit.

En el décimo segundo concepto de invalidez de la demanda de M. se argumenta que es inconstitucional el artículo 221, fracción VII, de la ley reclamada, por deficiente regulación, pues prevé como infracción a cargo de las autoridades o los servidores públicos, la consistente en reducir a prisión a los propagandistas y otros, pretextando delitos o faltas que no se han cometido, ello por favorecer intereses políticos, lo que califica como inconstitucional, porque dicha falta administrativa podría también configurar algún tipo penal, por tanto, se violan los principios de certeza, legalidad y objetividad electorales, a que se refieren los artículos 6o., 16, párrafo primero, 21, 116, fracción IV, incisos b) y o), y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 2, 5, numeral 1, 7, numerales 1 a 5 y 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En efecto, la conducta clasificada como infracción por el legislador local es de tal gravedad que podría configurar algún tipo penal como el delito de abuso de autoridad previsto en el artículo 212, fracción VII, del Código Penal del Estado de Nayarit, o 215, fracciones VII y XVI, del Código Penal Federal, o el de calumnia regulado en el diverso 297 del Código Penal nayarita, lo que demuestra la deficiente regulación, pues en realidad la conducta podría configurar un nuevo tipo penal, por lo que no es correcto que esté prevista como sanción administrativa, cuando en realidad, insiste, constituye un delito, porque se refiere a reducir a prisión con el pretexto de la comisión de un delito o falta, lo que atenta contra la libertad e integridad de las personas, en franca violación de la convención ya referida.

De ahí que, dada la gravedad de la conducta contenida en la fracción VII del artículo 221 de la ley reclamada, es incorrecto que ésta se clasifique como infracción administrativa, pues en realidad constituye delito, aunado a las implicaciones que su realización trae consigo, por lo que se está ante una franca violación a lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, incisos b) y o), de la Constitución Federal.

El artículo 221, fracción VII, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, se reproduce enseguida:

"Artículo 221. Constituyen infracciones de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes del Estado y de los Municipios, órganos autónomos locales, y cualquier otro ente público a la presente ley:

"...

"VII. Por favorecer intereses políticos, reduzca a prisión a los propagandistas, promotor, aspirantes, precandidatos, candidatos o representantes de un partido político o candidato independiente, pretextando delitos o faltas que no se han cometido."

El precepto transcrito forma parte del título décimo de la Ley Electoral reclamada titulado: "D. régimen sancionador electoral", y comprende la enumeración de aquellas conductas que constituyen infracciones de las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes del Estado y de los Municipios, órganos autónomos locales y cualquier otro ente público, concretamente consiste en la conducta de reducir a prisión a los propagandistas, promotor, aspirantes, precandidatos, candidatos o representantes de un partido político o candidato independiente, pretextando delitos o faltas que no se han cometido, por favorecer intereses políticos.

Ahora bien, el artículo 41, base III, apartado D, de la Constitución Federal(44) dispone que el Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos en los términos de la Ley, investigará las infracciones a lo dispuesto en esa base e integrará el expediente para someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por otro lado, el artículo segundo transitorio del decreto de reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce,(45) como ya se ha expuesto, ordenó la emisión de leyes generales, entre ellas, la que regula los procedimientos electorales, en la que, entre otros supuestos, debe contener los correspondientes a las reglas, plazos, instancias y etapas procesales para sancionar violaciones en los procedimientos electorales.

Como resultado de lo anterior, el Congreso de la Unión emitió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en su libro octavo contiene las disposiciones sobre los regímenes sancionadores electorales y de ese libro sirve para el caso, lo dispuesto en el artículo 440, que ordena que las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores, conforme a las bases que enumera, concretamente la del inciso B) alude a los sujetos y conductas sancionables. Esa disposición se reproduce a continuación:

"Artículo 440.

"1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases:

"a) Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos ordinarios que se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales y especiales sancionadores, expeditos, por faltas cometidas dentro de los procesos electorales;

"b) Sujetos y conductas sancionables;

"c) Reglas para el inicio, tramitación, órganos competentes e investigación de ambos procedimientos;

"d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, al Tribunal Electoral, para su resolución, tanto en el nivel federal como local, y

"e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los organismos públicos locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal como local, entendiéndose por tales:

"I. Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho;

"II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad;

"III. Aquellas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación electoral, y

"IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su veracidad.

"2. La sanción que se imponga, en su caso, deberá de valorar el grado de frivolidad de la queja y el daño que se podría generar con la atención de este tipo de quejas a los organismos electorales."

El precepto que antecede es el fundamento general por el cual el legislador del Estado de Nayarit incorporó a su Ley Electoral, el título décimo correspondiente al régimen sancionador electoral, pues claramente dispone que ese tipo de ordenamientos deberán considerar reglas sobre los procedimientos sancionadores, en las que, por lógica, deben incluir las conductas que constituyen infracción administrativa electoral. Sin embargo, es importante precisar que la ley general sólo fija las bases que orientan el contenido de la ley local, pero no especifica cuáles son las conductas sancionables, lo que implica que queda en la libertad configurativa del legislador, la de establecer cuáles son éstas.

En ese contexto, debe decirse que la norma reclamada se ubica en ese ámbito de libertad de configuración legislativa, es decir, el Congreso Local observó la obligación de legislar procedimientos sancionadores, pero el mandato constitucional lo constriñó a observar las bases, con la libertad de incluir las conductas que pueden constituir infracción administrativa.

Ahora bien, el argumento toral de M. radica en que lo legislado como infracción puede configurar algún tipo penal, alude concretamente al delito de abuso de autoridad y a la calumnia y, en este sentido, debe decirse que la norma no es inconstitucional, porque el Congreso Local, dentro de su libertad de configuración legislativa, decidió incluir como infracción administrativa la conducta que se describe en la fracción VII del artículo 221 de la ley reclamada, pero esta circunstancia no significa que ésta no pueda configurar de manera paralela un delito, sancionable por la legislación penal.

En consecuencia, este Tribunal Pleno determina la validez de la fracción VII del artículo 221 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit.

VIGÉSIMO PRIMERO.-Efectos. De conformidad con los artículos 73 y 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(48) la presente resolución surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Nayarit.

Asimismo, este Tribunal Pleno no considera necesario fijar algún otro efecto, al no ser necesarios ni referirse a cuestiones que trasciendan o afecten aspectos sustanciales del inminente proceso electoral.

Sirve de sustento a lo anterior, la tesis jurisprudencial P./J. 84/2007, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CUENTA CON AMPLIAS FACULTADES PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS ESTIMATORIAS."(49)

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada.

SEGUNDO.-Se desestima la acción de inconstitucionalidad 97/2016, respecto del artículo 101, párrafo tercero, en la porción normativa: "El titular del órgano interno de control del instituto será designado por el Congreso del Estado, en la forma y términos que determine la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit", de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, reformada, adicionada y derogada mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el cinco de octubre de dos mil dieciséis; y de la diversa 98/2016, respecto de los artículos 24, párrafo primero, fracción II, párrafo cuarto, 25, párrafo tercero, fracción III y 165, en la porción normativa "o de orden expresa del presidente de la mesa directiva de casilla respectivo", de la referida ley.

TERCERO.-Se reconoce la validez de los artículos 23, párrafo primero, fracciones I, II, III y IV, 24, párrafos primero, fracción II, párrafo segundo, y antepenúltimo, inciso a), parte final, 46 -conforme a la interpretación consistente en que, cuando éste numeral refiere a medios de comunicación social, alude a éstos con excepción de la radio y de la televisión-, 47, apartado A, fracciones I, párrafo primero, y II, párrafo primero, 81, fracciones XII y XIV, y párrafo último, 82, fracción V, 88, fracción XVII, párrafos primero y segundo, inciso a), 89, 89 Bis, párrafo último, 90, párrafo tercero, fracción XI, 99, fracción X, 101, párrafos primero, segundo, cuarto y quinto, 102, 103, 104, 105, 106, 124, apartado A, párrafo último, 190, fracción IV, párrafo segundo -en términos del considerando décimo octavo del presente fallo-, 202, 221, fracción VII y 243 -con la salvedad precisada en el punto resolutivo cuarto de este fallo- de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, reformada, adicionada y derogada mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el cinco de octubre de dos mil dieciséis.

CUARTO.-Se declara la invalidez de los artículos 24, párrafo primero, fracción I, párrafo cuarto, 86, fracción V, 90, párrafo tercero, fracción VII, 91, párrafo segundo, fracción III, inciso h, 137, párrafo tercero y 243, párrafo primero, en la porción normativa "Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral", de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, reformada, adicionada y derogada mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el cinco de octubre de dos mil dieciséis.

QUINTO.-Las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Nayarit.

SEXTO.-Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, así como en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta.

N.; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

En relación con el punto resolutivo primero:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los Ministros G.O.M., C.D., L.R., F.G.S., Z.L. de L., P.R., P.H., M.M.I., P.D. y presidente A.M., respecto de los considerandos primero, segundo, tercero y quinto relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad en la presentación de las demandas, a la legitimación de los promoventes y a la precisión de la litis.

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los Ministros G.O.M., C.D., L.R. en contra de consideraciones sobre cuándo existe un nuevo acto legislativo, F.G.S. salvo por lo que hace al artículo 124, Z.L. de L. con consideraciones distintas en relación con el artículo 124, P.R. en contra de consideraciones sobre cuándo existe un nuevo acto legislativo, P.H. en contra de consideraciones sobre cuándo existe un nuevo acto legislativo, M.M.I., P.D. y presidente A.M. en contra de consideraciones sobre cuándo existe un nuevo acto legislativo, respecto del considerando cuarto, relativo a la improcedencia. El Ministro Z.L. de L. anunció voto concurrente. El Ministro C.D. reservó su derecho de formular voto concurrente.

En relación con el punto resolutivo segundo:

Se suscitó un empate respecto del considerando sexto, relativo al tema 1, denominado "Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral del Estado de Nayarit", consistente en declarar la invalidez del artículo 101, párrafo tercero, en la porción normativa "El titular del órgano interno de control del instituto será designado por el Congreso del Estado, en la forma y términos que determine la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit", de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, de cinco votos a favor de los Ministros G.O.M., C.D., F.G.S., M.M.I. y P.D., y cinco votos en contra de los Ministros L.R., Z.L. de L., P.R., P.H. y presidente A.M.. El Ministro G.O.M. anunció voto concurrente. Los Ministros Z.L. de L., P.R. y P.H. anunciaron sendos votos particulares.

Se suscitó un empate respecto del considerando décimo, relativo al tema 5, denominado "Paridad de género", consistente en reconocer la validez de los artículos 24, párrafo primero, fracción II, párrafo cuarto y 25, párrafo tercero, fracción III, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, de cinco votos a favor de los Ministros G.O.M., F.G.S., Z.L. de L., P.R. y P.D., y cinco votos en contra de los Ministros C.D., L.R., P.H., M.M.I. y presidente A.M..

Se expresó una mayoría de siete votos de los Ministros C.D., L.R., Z.L. de L., P.R., P.H., M.M.I. y presidente A.M., respecto del considerando décimo séptimo, relativo al tema 12, denominado: "Orden de aprehensión de los integrantes de las mesas directivas de casilla y otros", en el sentido de declarar la invalidez del artículo 165, en la porción normativa "o de orden expresa del presidente de la mesa directiva de casilla respectivo", de la Ley Electoral del Estado de Nayarit. Los Ministros G.O.M., F.G.S. y P.D. votaron por la validez de esa porción normativa, a favor del proyecto original.

Dados los resultados obtenidos, el Tribunal Pleno determinó desestimar los planteamientos consistentes, por un lado, en declarar la invalidez de los artículos 101, párrafo tercero, en la porción normativa: "El titular del órgano interno de control del instituto será designado por el Congreso del Estado, en la forma y términos que determine la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit", y 165, en la porción normativa: "o de orden expresa del presidente de la mesa directiva de casilla respectivo" y, por otro lado, en reconocer la validez de los artículos 24, párrafo primero, fracción II, párrafo cuarto y 25, párrafo tercero, fracción III, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, al no alcanzar una mayoría calificada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En relación con el punto resolutivo tercero:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los Ministros G.O.M., C.D., L.R., F.G.S., Z.L. de L., P.R., P.H., M.M.I., P.D. y presidente A.M., respecto de los considerandos séptimo, relativo al tema 2, denominado: "Remuneración de los consejeros electorales", octavo, relativo al tema 3, denominado: "Representación proporcional en la integración de los Ayuntamientos", décimo primero, relativo al tema 6, denominado: "Candidatos independientes y principio de paridad", décimo tercero, relativo al tema 8, denominado: "Financiamiento público", décimo cuarto, relativo al tema 9, denominado: "Atribución del Instituto Estatal Electoral del Estado de Nayarit de dar fe de actos y hechos en la materia", décimo quinto, relativo al tema 10, denominado: "Regulación de debates", décimo sexto, relativo al tema 11, denominado: "Servicio Profesional Electoral", y décimo octavo, relativo al tema 13, denominado: "Partidos coaligados, voto cruzado", consistentes, respectivamente, en reconocer la validez de los artículos 23, párrafo primero, fracciones I, II, III y IV, 24, párrafo antepenúltimo, inciso a), parte final, 47, apartado A, fracciones I, párrafo primero y II, párrafo primero, 81, fracciones XII y XIV, y párrafo último, 88, fracción XVII, párrafos primero y segundo, inciso a), 89, 89 Bis, párrafo último, 90, párrafo tercero, fracción XI, 99, fracción X, 124, apartado A, párrafo último, 190, fracción IV, segundo párrafo y 202 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit.

Se aprobó por mayoría de siete votos de los Ministros G.O.M., C.D., F.G.S., P.R., M.M.I., P.D. y presidente A.M., respecto del considerando décimo, relativo al tema 5, denominado: "Paridad de género", consistente en reconocer la validez del artículo 24, párrafo primero, fracción II, párrafo segundo, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit. Los Ministros L.R., Z.L. de L. y P.H. votaron en contra. El Ministro Z.L. de L. anunció voto particular.

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los Ministros G.O.M., C.D., L.R., F.G.S. con reservas, Z.L. de L., P.R., P.H., M.M.I., P.D. y presidente A.M., respecto del considerando décimo segundo, relativo al tema 7, denominado: "Difusión de mensajes de partidos políticos en medios masivos de comunicación social", consistente en reconocer la validez del artículo 46 -conforme a la interpretación consistente en que, cuando este numeral refiere a medios de comunicación social, alude a éstos con excepción de la radio y de la televisión- de la Ley Electoral del Estado de Nayarit. El M.F.G.S. anunció voto concurrente.

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los Ministros G.O.M., C.D., L.R., F.G.S., Z.L. de L., P.R. por diversas razones, P.H., M.M.I., P.D. y presidente A.M., respecto del considerando sexto, relativo al tema 1, denominado: "Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral del Estado de Nayarit", consistente en reconocer la validez de los artículos 82, fracción V, 101, párrafos primero, segundo, cuarto y quinto, 102, 103, 104, 105 y 106 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit. Los Ministros G.O.M. y P.R. anunciaron sendos votos concurrentes.

Se aprobó por mayoría de nueve votos de los Ministros C.D., L.R., F.G.S., Z.L. de L., P.R., P.H., M.M.I., P.D. y presidente A.M., respecto del considerando décimo noveno, relativo al tema 14, denominado: "Infracción por favorecer intereses políticos", consistente en reconocer la validez del artículo 221, fracción VII, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit. El Ministro G.O.M. votó en contra y anunció voto particular.

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los Ministros G.O.M., C.D., L.R., F.G.S., Z.L. de L., P.R., P.H. con precisiones, M.M.I., P.D. y presidente A.M., respecto del considerando vigésimo, relativo al tema 15, denominado: "Definición del concepto de calumnia", consistente en reconocer la validez del artículo 243 -salvo su párrafo primero, en la porción normativa: "Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral"- de la Ley Electoral del Estado de Nayarit.

En relación con el punto resolutivo cuarto:

Se aprobó por mayoría de ocho votos de los Ministros G.O.M., C.D., L.R. apartándose de las consideraciones de proporcionalidad, P.R., P.H. apartándose de las consideraciones, M.M.I., P.D. y presidente A.M., respecto del considerando noveno, relativo al tema 4, denominado: "Postulación de candidatos en todos los Municipios del Estado para garantizar la paridad de género", consistente en declarar la invalidez del artículo 24, párrafo primero, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit. Los M.F.G.S. y Z.L. de L. votaron en contra. La Ministra P.H. anunció voto concurrente.

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los Ministros G.O.M., C.D., L.R., F.G.S., Z.L. de L., P.R., P.H., M.M.I., P.D. y presidente A.M., respecto del considerando décimo sexto, relativo al tema 11, denominado: "Servicio profesional electoral", consistente en declarar la invalidez de los artículos 86, fracción V, 90, párrafo tercero, fracción VII y 91, párrafo segundo, fracción III, inciso h), de la Ley Electoral del Estado de Nayarit.

Se aprobó por mayoría de nueve votos de los Ministros G.O.M., C.D., L.R., Z.L. de L., P.R., P.H., M.M.I., P.D. y presidente A.M., respecto del considerando décimo segundo, relativo al tema 7, denominado: "Difusión de mensajes de partidos políticos en medios masivos de comunicación social", consistente en declarar la invalidez del artículo 137, párrafo tercero, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit. El M.F.G.S. votó en contra.

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los Ministros G.O.M., C.D., L.R., F.G.S., Z.L. de L., P.R., P.H. con precisiones, M.M.I., P.D. y presidente A.M., respecto del considerando vigésimo, relativo al tema 15, denominado: "Definición del concepto de calumnia", consistente en declarar la invalidez del artículo 243, párrafo primero, en la porción normativa: "Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos", de la Ley Electoral del Estado de Nayarit.

Se aprobó por mayoría de nueve votos de los Ministros G.O.M., C.D., F.G.S., Z.L. de L., P.R., P.H. con precisiones, M.M.I., P.D. y presidente A.M., respecto del considerando vigésimo, relativo al tema 15, denominado: "Definición del concepto de calumnia", consistente en declarar la invalidez del artículo 243, párrafo primero, en la porción normativa: "con impacto en un proceso electoral", de la Ley Electoral del Estado de Nayarit. La Ministra L.R. votó en contra.

En relación con el punto resolutivo quinto:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los Ministros G.O.M., C.D., L.R., F.G.S., Z.L. de L., P.R., P.H., M.M.I., P.D. y presidente A.M., respecto del considerando vigésimo primero, relativo a los efectos.

En relación con el punto resolutivo sexto:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los Ministros G.O.M., C.D., L.R., F.G.S., Z.L. de L., P.R., P.H., M.M.I., P.D. y presidente A.M..

El Ministro J.L.P. no asistió a la sesión de cinco de enero de dos mil diecisiete por gozar de vacaciones, en virtud de haber integrado la Comisión de Receso correspondiente al segundo periodo de sesiones de dos mil dieciséis.

El Ministro presidente A.M. declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

En términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción XXI, 73, fracción II, 111, 113, 116, octavo y duodécimo transitorios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el segundo párrafo de artículo 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se testa la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: La presente ejecutoria también aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación de 1 de marzo de 2017.

La tesis de jurisprudencia P./J. 25/2016 (10a.) citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de octubre de 2016 a las 10:24 horas.

________________

1. Informe del Congreso del Estado de Nayarit, fojas trescientos ochenta y cinco a cuatrocientos noventa y seis; y cuatrocientos noventa y ocho a quinientos veintisiete; informe del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, fojas trescientos cuarenta y cinco a trescientos cuarenta y nueve; opinión de la S. Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fojas quinientos veintinueve a quinientos cincuenta y cinco.

2. F. veinticuatro vuelta.

3. F. ciento cincuenta y nueve vuelta.

4. F. trescientos treinta y seis.

5. F. trescientos treinta y ocho.

6. "Artículo 53.

"1. Son facultades y deberes del Comité Ejecutivo Nacional:

"a) Ejercer por medio de su presidente o de la persona o personas que estime conveniente designar al efecto, la representación legal de Acción Nacional, en los términos de las disposiciones que regulan el mandato tanto en el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, el presidente gozará de todas las facultades generales y aun las que requieran cláusula especial conforme a la ley, para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio y para suscribir títulos de crédito. Las disposiciones de tales ordenamientos legales se tienen aquí por reproducidas como si se insertaran a la letra, así como los relativos de la legislación electoral vigente."

"Artículo 57.

"La o el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, lo será también de la Asamblea Nacional, del Consejo Nacional y la Comisión Permanente Nacional, con las siguientes atribuciones y deberes:

"a) Representar a Acción Nacional en los términos y con las facultades a que se refiere el inciso a) del artículo 53 de estos estatutos. Cuando el presidente nacional no se encuentre en territorio nacional, ejercerá la representación del partido el secretario general."

7. F. trescientos treinta y cinco.

8. F. trescientos treinta y siete.

9. "Artículo 38. ...

"a. Presidente/a, deberá conducir políticamente al partido y será su representante legal en el país, responsabilidad que podrá delegar en la secretaría general en sus ausencias."

10. Resuelta en sesión de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, en este punto por unanimidad de once votos bajo la ponencia del Ministro J.R.C.D..

11. "Artículo 45. El acceso equitativo de los partidos políticos y candidatos a los medios masivos de comunicación social, tendrá las modalidades que al efecto fije esta ley.

"El Instituto Estatal Electoral es la autoridad exclusiva para administrar los espacios en medios de comunicación social, a excepción de lo que en esa materia compete al ámbito federal.

"Los partidos políticos en ningún momento, por sí o por terceras personas, podrán contratar o adquirir, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, o medios masivos de comunicación social. La contratación o adquisición, en su caso, se hará en los términos que disponga la Constitución General de la República, la particular del Estado y las leyes aplicables.

"Ninguna otra persona física o jurídica, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión o medios masivos de comunicación social dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de precandidatos y candidatos a cargos de elección popular.

"Son medios masivos de comunicación social, aquellos que tengan como fin difundir mensajes, voces, imágenes o cualquier otro orientado a la obtención del voto durante el proceso electoral, conforme las normas y procedimientos establecidos en la presente ley, y se entenderá por tales a los siguientes:

"I.M. impresos, como periódicos, revistas, espectaculares;

"II.M. electrónicos, como pantallas electrónicas, portales de Internet, perifoneo, y;

"III. Publicidad móvil,

"Toda propaganda que se contrate a favor de los partidos políticos y coaliciones, deberá circunscribirse a la promoción del voto, a difundir los principios ideológicos de los institutos políticos, sus plataformas electorales y propuestas específicas de los precandidatos y candidatos.

"Es responsabilidad de los partidos políticos y coaliciones, precandidatos y candidatos, la difusión de mensajes que se realice a través de portales sociales a su favor.

"La promoción de precandidatos y candidatos en medios electrónicos, se realizará exclusivamente en los sitios previamente registrados ante el organismo electoral, por lo que tienen la responsabilidad de retirar o solicitar que se retire cualquier promoción que se difunda contraviniendo las disposiciones legales o reglamentarias."

12. "Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la administración pública federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

"El presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

"Los Ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.

"Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.

"Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley."

"Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

"...

"III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.

"Las faltas administrativas graves serán investigadas y sustanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.

"Para la investigación, sustanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se observará lo previsto en el artículo 94 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.

"La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control.

"Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución.

"Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y ..."

13. "Artículo 116.

"...

"IV. ...

"c) ...

"...

"3o. Los consejeros electorales estatales tendrán un periodo de desempeño de siete años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la ley."

14. "Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

"Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases."

15. "Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

"...

"II. El número de representantes en las Legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra.

"...

"Los Poderes Estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en sus Constituciones Locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación de los presupuestos de egresos de los Estados, establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables."

16. "Artículo 47. Son atribuciones de la Legislatura:

"...

"VI. Examinar, discutir y aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, así como las ampliaciones y modificaciones que se hicieren necesarias, en los términos de esta Constitución."

17. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, jurisprudencia, T.V., noviembre de 1998, tesis P./J. 70/98, página 191, registro digital: 195151.

18. "Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

"I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.

"...

"VIII. Las leyes de los Estados introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de los Ayuntamientos de todos los Municipios."

19. En sesión de diez de septiembre de dos mil quince, bajo la ponencia del M.J.N.S.M., encargado del engrose M.A.P.D..

20. En sesión de once de febrero de dos mil dieciséis, bajo la ponencia del Ministro A.G.O.M..

21. Acción de inconstitucionalidad 63/2009 y sus acumuladas 64/2009 y 65/2009, bajo la ponencia del M.S.S.A.A., resuelta en sesión de uno de diciembre de dos mil nueve.

22. En sesión de treinta y uno de agosto de dos mil quince, bajo la ponencia del M.E.M.M.I.

23. Resuelta en sesión de diez de septiembre de dos mil quince, M.A.P.D., quien hizo suyo el engrose.

24. En sesión de treinta y uno de agosto de dos mil quince, bajo la ponencia del M.E.M.M.I.

25. En sesión de veintisiete de mayo de dos mil quince, bajo la ponencia del M.A.Z.L. de L..

26. "Artículo 41. ...

"...

"III. ...

"...

"Apartado A. ...

"...

"g) ...

"...

"Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. ..."

27. En sesión de once de febrero de dos mil dieciséis, bajo la ponencia del M.E.M.M.I., por mayoría de nueve votos.

28. En sesión de diez de noviembre de dos mil nueve, bajo la ponencia del M.J.R.C.D., por unanimidad de diez votos.

29. En sesión de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, bajo la ponencia del M.J.F.F.G.S., por mayoría de nueve votos.

30. "Artículo 52.

"1. Para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales deberá haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate."

31. "Artículo 51.

"...

"2. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última elección, o aquellos que habiendo conservado registro legal no cuenten con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o en el Congreso Local, por lo que hace a los partidos locales, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme a las bases siguientes:

"a) Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se refiere este artículo, así como, en el año de la elección de que se trate, el financiamiento para gastos de campaña que corresponda con base en lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 del presente artículo, y

"b) Participarán del financiamiento público para actividades específicas como entidades de interés público sólo en la parte que se distribuya en forma igualitaria."

32. En sesión de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, bajo la ponencia del Ministro J.L.P., por unanimidad de diez votos.

33. "Artículo 231. En el ejercicio de la función de oficialía electoral, el secretario Ejecutivo, los vocales secretarios de las juntas distritales y municipales, así como los demás funcionarios en quien se delegue esta función tendrán las siguientes atribuciones, las cuales deberán realizarlas de manera oportuna.

"I. A petición de los partidos políticos, candidatos independientes, representantes ante los órganos desconcentrados y ciudadanos, dar fe de la realización de actos y hechos en materia electoral que pudieran influir o afectar la equidad en las contiendas electorales."

34. "Influir: 1. Intr. Dicho de una cosa: Producir sobre otra ciertos efectos; como el hierro sobre la aguja imantada, la luz sobre la vegetación, etc. U. t. c. tr.

"Afectar: 5. tr. Menoscabar, perjudicar, influir desfavorablemente."

Consultado en la página web: http://dle.rae.es/?id=0wAWT95.

35. "Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

"Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. ..."

"Artículo 13. Libertad de pensamiento y de expresión

"1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. ..."

36. En sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, bajo la ponencia del Ministro A.P.D., por unanimidad de diez votos.

37. Resuelta en sesión de nueve de septiembre de dos mil catorce, bajo la ponencia de la Ministra M.B.L.R..

38. Resuelta en sesión de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, bajo la ponencia del M.J.F.F.G.S., por unanimidad de diez votos.

39. En sesión de veintinueve de septiembre de dos mil catorce, bajo la ponencia del Ministro A.G.O.M., por unanimidad de diez votos.

40. En sesión de dos de octubre de dos mil catorce, bajo la ponencia del M.A.Z.L. de L., por unanimidad de diez votos.

41. "Artículo 206.

"...

"4. Las relaciones de trabajo entre los órganos públicos locales y sus trabajadores se regirán por las leyes locales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución."

42. Ver foja diecisiete de esta ejecutoria.

43. "Artículo 288.

"1. El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, determinan:

"a) El número de electores que votó en la casilla;

"b) El número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos;

"c) El número de votos nulos, y

"d) El número de boletas sobrantes de cada elección.

"2. Son votos nulos:

"a) Aquél expresado por un elector en una boleta que depositó en la urna, sin haber marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político o de una candidatura independiente, y

"b) Cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados.

"3. Cuando el elector marque en la boleta dos o más cuadros y exista coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados, el voto contará para el candidato de la coalición y se registrará por separado en el espacio correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla.

"4. Se entiende por boletas sobrantes aquellas que habiendo sido entregadas a la mesa directiva de casilla no fueron utilizadas por los electores."

44. "Artículo 41. ...

"...

"III. ...

"...

"Apartado D. El Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos en los términos de la ley, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base e integrará el expediente para someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el procedimiento, el instituto podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión, de conformidad con lo que disponga la ley."

45. "Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en el inciso a) de la fracción XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de esta Constitución, a más tardar el 30 de abril de 2014. Dichas normas establecerán, al menos, lo siguiente:

"...

"II. La ley general que regule los procedimientos electorales:

"...

"i) Las reglas, plazos, instancias y etapas procesales para sancionar violaciones en los procedimientos electorales."

46. En sesión de once de febrero de dos mil dieciséis, bajo la ponencia del M.E.M.M.I., por mayoría de ocho votos.

47. "Artículo 324. Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que se considere calumniosa sólo podrán iniciarse a instancia de parte afectada. Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral."

48. "Artículo 73. Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 y 45 de esta ley."

"Artículo 41. Las sentencias deberán contener:

"I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados;

"II. Los preceptos que la fundamenten;

"III. Las consideraciones que sustenten su sentido, así como los preceptos que en su caso se estimaren violados;

"IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada;

"V. Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento, o declaren la validez o invalidez de las normas generales o actos impugnados, y en su caso la absolución o condena respectivas, fijando el término para el cumplimiento de las actuaciones que se señalen;

"VI. En su caso, el término en el que la parte condenada deba realizar una actuación."

49. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, página 777, número de registro digital: 170879.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 07 de abril de 2017 a las 10:11 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, las consideraciones que contiene, aprobadas por 8 votos o más, en términos de lo dispuesto en el artículo 43 de la respectiva Ley Reglamentaria, se consideran de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de abril de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.