Voto de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Voto concurrente que formula la Ministra Norma Lucía P.H. en la controversia constitucional 11/2016.

En sesión de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis la Primera Sala, resolvió por unanimidad, la controversia constitucional 11/2016, donde analizó la validez del Decreto 600, emitido por el Congreso del Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad federativa el seis de noviembre de dos mil quince, por el que se fijaron límites territoriales entre los Municipios de Chinameca y Oteapan.

Formulo el presente voto, a fin de expresar las consideraciones que sustentaron mi postura en relación con dicha determinación.

En el proyecto sometido a la consideración de la Sala se propuso declarar procedente y fundada la controversia constitucional, al estimarse, en términos generales, que el Congreso de la Unión vulneró los principios previstos en los artículos 14, 16 y 115, en la emisión del Decreto impugnado.

Se señaló que el Decreto fue emitido en cumplimiento a la resolución de la controversia constitucional 109/2013, en la que este Alto Tribunal declaró la invalidez del diverso Decreto 537 y ordenó al Congreso del Estado de Veracruz emitir una nueva determinación donde sometiera el dictamen con proyecto de decreto a la consideración del Pleno, para su aprobación. En cumplimiento a la ejecutoria en comento, la Legislatura veracruzana emitió el Decreto 600, materia de impugnación en la presente controversia constitucional.

Ahora bien, el proyecto pone de relieve que en el Decreto impugnado no se emitió argumento alguno tendente a revocar el Decreto 537, lo que, se estima, afectó el principio de certeza jurídica, pues éste queda firme y sigue vigente. Asimismo, se concluyó que, dado que en el decreto impugnado no se hizo pronunciamiento respecto de los motivos por los que el diverso Decreto 537 debía revocarse, se afectó también el derecho de audiencia y certeza jurídica del Municipio actor. Por tales motivos, se resolvió la invalidez del Decreto 600 impugnado.

Si bien comparto el sentido de la propuesta de declarar fundada la controversia en cuestión, lo cierto es que llego a esta conclusión por motivos distintos.

En primer término, cabe precisar que, atendiendo a que el Decreto impugnado se emitió en cumplimiento a la diversa controversia constitucional 109/2013, resulta que, en términos de los criterios bordados por la Sala, los conceptos de invalidez del Municipio actor sólo se estudian en lo que se refiere al actuar del Congreso del Estado en libertad de jurisdicción.

Conforme a la sentencia de este Alto Tribunal, el Congreso Local podía, ya sea, someter a votación el mismo decreto que ya se había analizado para efecto de que se cumpliera con el proceso legislativo, o bien, emitir otro, en términos de la normativa aplicable.

El Legislativo Local resolvió aprobar otro decreto distinto al que había analizado la Primera Sala, esto es, resolvió el conflicto de límites territoriales entre los Municipios contendientes de una forma diferente a la que ya había acordado y, en este sentido, es que el Municipio actor se duele que no se tomaron en cuenta sus manifestaciones.

En mi concepto, asiste razón al Municipio promovente cuando alega que, para resolver el conflicto territorial de una manera distinta a la ya acordada, el Congreso Local debió haber seguido nuevamente el procedimiento que para tal efecto prevé el Decreto 279, sobre las reglas procesales para dirimir el conflicto que aquí subyace, y, a la luz de éste, debió darle intervención a los Municipios afectados, entre ellos, al actor.

En este entendido es que comparto la propuesta que concluye que no se respetaron las garantías de debido proceso y audiencia del Municipio actor en la definición de los límites territoriales cuando, el Congreso de Veracruz, sin llamar a las partes, ni justificar su determinación, decidió cambiar su decisión sobre los límites territoriales al emitir el Decreto 600.

Desde mi perspectiva, lo anterior basta para declarar la invalidez del decreto impugnado, pues redunda en una vulneración a los artículos 14, 16 y 115 constitucionales, en perjuicio del Municipio actor, sin que los argumentos en torno a la revocación del decreto previo resulten relevantes en el análisis que esta Primera Sala debe hacer en torno a la libre actuación del Congreso en la emisión del decreto impugnado.