Voto, Plenos de Circuito

JuezMagistrados Fernando Rangel Ramírez, Arturo Ramírez Sánchez, Alejandro Sánchez López, y Víctor Francisco Mota Cienfuegos
Número de resolución13/2016
Número de registro42365
Fecha13 Enero 2017
Fecha de publicación13 Enero 2017

Voto particular que formulan los Magistrados F.R.R., A.R.S., A.S.L. y V.F.M.C., integrantes del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, y el último de los nombrados en su carácter de presidente, con motivo de la resolución de la contradicción de tesis 13/2016, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero, Sexto, Décimo Segundo y Décimo Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, en sesión plenaria de cuatro de octubre de dos mil dieciséis.


Respetuosamente nos permitimos redactar el presente voto particular en contra del criterio sustentado por la mayoría, para dejar asentadas las razones fundamentales de nuestra disidencia, tal como consta en la videograbación de la sesión, a la que nos remitimos, y las cuales consisten, esencialmente, en que: Es improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad jurisdiccional de llamar a juicio a un tercero, dado que no constituye una afectación a derechos sustantivos, a que se refiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, por lo que son inaplicables a la actual legislación las jurisprudencias P./J. 147/2000(1) y 1a./J. 102/2008(2) del Pleno y de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, de rubros:


• "LITISDENUNCIACIÓN O DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. SU NEGATIVA ES UN ACTO DENTRO DEL JUICIO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)."


• "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS SOLICITADA POR CUALQUIERA DE LAS PARTES PROCESALES (ACTOR O DEMANDADO). EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."


En efecto, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.),(3) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se derivan las premisas siguientes:


1. Durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada,(4) no existía alguna disposición que definiera la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de imposible reparación; lo que generaba que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables; si bien durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, puesto que en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal.


2. Una de las razones que dio origen a la última reforma al artículo 107 constitucional -publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once-, fue la necesidad de implementar una estructura más ágil del juicio de amparo y concentrar a través de la vía directa el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles.


3. Una de las bases constitucionales que debía reglamentarse en la legislación secundaria, lo era, precisamente, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución fuera de imposible reparación; aspecto que -finalmente- fue abordado por el Congreso de la Unión, dentro del marco de la libertad de configuración legislativa, con la única condicionante de no hacer nugatoria la regla general prevista en la fracción III del artículo 107 constitucional, en la que existe la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento.


4. Con la definición del concepto de actos de imposible reparación, bajo el nuevo régimen de procedencia del juicio de amparo, el legislador proporciona mayor seguridad jurídica al gobernado al establecer finalmente las condiciones necesarias para la promoción del juicio.


5. En la actualidad, la afectación material a derechos sustantivos debe ser inminente, a diferencia de los de naturaleza formal o adjetiva, en la que -la afectación- no es actual, ya que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento.


Tales premisas dieron lugar a que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación excluyera de la interpretación o aplicación de la actual Ley de Amparo vigente, la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de las violaciones procesales o adjetivas que afectan en grado predominante o superior al quejoso; luego, si el legislador federal -en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa- acotó el concepto de actos de imposible reparación únicamente para daños ocasionados a derechos sustantivos, que responde a un rediseño del juicio de amparo y contribuye a hacer más eficiente el sistema de impugnación que, por disposición legal, no existía con anterioridad a su vigencia.(5)


Incluso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la diversa jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.),(6) reiteró que los actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, deben ser aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, cuya expresión era antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual, sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.


Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.),(7) sostuvo que, tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presentaba la posibilidad de que la autoridad que conociera del asunto resolviera sobre la pretensión sometida a su conocimiento, por lo que debía sujetarse a los plazos y términos que regían el procedimiento, en los que las partes debían obtener respuesta completa a sus pretensiones, aunado que cuando un particular se dolía exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, por regla general, no era procedente el juicio de amparo en la vía indirecta.


Partiendo de lo anterior, la negativa de la autoridad judicial de llamar a juicio a un tercero, no constituye un acto de imposible reparación para los efectos del juicio de amparo indirecto y, por ende, ya no son aplicables a la Ley de Amparo vigente las jurisprudencias P./J. 147/2000(8) y 1a./J. 102/2008(9), del Pleno y de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, por las razones siguientes:


a) Dichos criterios parten de la premisa que el juicio de amparo indirecto procede tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica; lo cual es incompatible con la Ley de Amparo vigente y las jurisprudencias emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


b) Las jurisprudencias califican a la negativa de llamar a juicio a un tercero, como una violación procesal o adjetiva que afecta al particular en grado predominante o superior; lo cual es incompatible conforme al inciso anterior.


c) La vinculación o no al tercero se hace depender de que lo resuelva la sentencia definitiva; lo que significa que la afectación no es inmediata ni sustantiva durante el procedimiento, sino se deja al resultado o a lo que se resuelva en el fallo definitivo.


d) Si bien se determina que afecta el derecho sustantivo de pedir e iniciar la acción de los tribunales, también lo es, que ello partió de la base de que tal negativa constituía una violación procesal o adjetiva que afectaba al particular en grado predominante o superior, por lo que no es factible desvincular esa conclusión con las premisas en que partió ese Alto Tribunal al emitir la jurisprudencia en cita.


Por todas estas razones, expresadas en la sesión correspondiente, es que respetuosamente disentimos del criterio de la mayoría, aunque nos encontramos obligados a...

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