Voto num. 38/2013 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

EmisorPleno
Número de Resolución38/2013
LocalizacionDécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 28, Marzo de 2016, Tomo I.Pág. 95.
Fecha de Publicación 1 de Marzo de 2016

Voto concurrente que formula el señor M.A.G.O.M., en los autos de la acción de inconstitucionalidad 38/2013. Resuelta en sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cuatro de noviembre de dos mil catorce.

En la sesión celebrada el cuatro de noviembre de dos mil catorce, en que este Tribunal Pleno resolvió la acción de inconstitucionalidad 38/2013, expresé mi conformidad con la decisión adoptada, en el sentido de declarar infundada la causal de improcedencia que formuló el procurador general de la República, respecto del artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio dos mil catorce; dicha causal sustentaba la improcedencia de la presente acción en el argumento de que la norma combatida constituía un acto administrativo y no una norma general.

No obstante estar de acuerdo con el criterio unánime de haber declarado procedente la acción de inconstitucionalidad, el objeto del presente voto es expresar la razón que -estimo- soporta la procedencia de la presente vía de control constitucional.

El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal establece:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

"...

"c) El Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas."

No encuentro en la citada porción normativa una delimitación material en el parámetro de regularidad normativa para impugnar leyes o normas generales, sino que, de manera general -sin limitación alguna-, el encabezado de la norma constitucional refiere que esta Suprema Corte conocerá de "las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución."

Desprendo, entonces, que la procedencia de la acción de inconstitucionalidad se encuentra delimitada por el carácter de la norma controvertida, siendo exigencia del precepto constitucional que ésta tenga el carácter de ley o tratado y que sean contrastadas con la Constitución Federal, para ello, es indispensable analizar la naturaleza jurídica del acto que se reclama, a fin de verificar la procedencia de dicha acción.

En el caso concreto, el artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio dos mil catorce -norma reclamada- autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso, mediante la emisión de valores, en los términos de la Ley General de Deuda Pública y para el financiamiento del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, por un monto de endeudamiento neto interno hasta por 570 mil millones de pesos. Asimismo, prevé que el Ejecutivo Federal y las entidades de control directo podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo sea menor al establecido en el presente artículo o en el presupuesto de las entidades respectivas en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. Finaliza precisando que el Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar y ejercer en el exterior créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso, mediante la emisión de valores, para el financiamiento del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, así como para canjear o refinanciar obligaciones del sector público federal, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto externo de 10 mil millones de dólares de los Estados Unidos de América, el cual incluye el monto de endeudamiento neto externo que se ejercería con organismos financieros internacionales.

Aun cuando el acto reclamado pareciera no establecer una norma general, abstracta e impersonal, sino una autorización, que lo calificaría como materialmente administrativo, por constituir una situación individual, considero que no debe sobreseerse frente a normas legales como la analizada, pues para efecto de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad debe privilegiarse a la fuente jurídica de la que emana la norma impugnada.

Esto es, al estar en presencia de un acto que se sujetó al procedimiento de creación de normas legales, no hay duda que se trata de una ley -aunque su contenido puede calificarse como administrativo-, por tanto, con el propósito de atender al fin de integridad de este medio de control constitucional, debe evitarse la existencia de leyes que, por la forma de articulación de su contenido, escapen del escrutinio jurisdiccional a través de este medio de control de constitucionalidad abstracto.

Ésta ha sido mi postura en asuntos similares, tal como lo es la acción de inconstitucionalidad 13/2013, de la que fui ponente.

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