Breves reflexiones sobre la nacionalización de las elecciones en México

AutorRaúl Montoya Zamora
CargoDoctor en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango
Páginas32-42

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I “Nacionalización” y “fedealización” de las elecciones, aspectos semánticos

Al hacer uso a nuestro derecho de estipulación lingüística, entendemos por “nacionalización de las elecciones”, la tendencia a que dentro de un sistema federal, las elecciones se organicen, caliiquen y validen por órganos de carácter central, con el consiguiente desconocimiento de la potestad de las entidades federativas, de poder hacerse cargo de la función electoral dentro de su respectivo ámbito competencial.

Mientras tanto, entendemos por “federalización de las elecciones”, la posibilidad de que la función electoral pueda ser ejercida, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, por autoridades federales y locales.

Así las cosas, nacionalizar o seguir manteniendo el esquema de organización federal de las elecciones en México, fue uno de los debates que se abrió, previo a la aprobación de la reforma constitucional en materia electoral publicada en el Diario Oicial de la Federación (DOF) el 13 de noviembre de 2007.

Prácticamente todas las fuerzas políticas, en el marco de la llamada “Reforma Política”, presentaron diversas iniciativas de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) tendentes a nacionalizar las elecciones en México.

Una de esas iniciativas, fue presentada por la Diputada Mónica Fernández Balboa, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con fecha 31 de julio de 20071. En la citada iniciativa, se proponía crear el Instituto Nacional de Elecciones y Participación Ciudadana, como un organismo público autónomo, per-

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manente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tendría la función estatal de organizar las elecciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación; de las Entidades Federativas y Municipales; de Jefe de Gobierno y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como de los procesos de participación ciudadana, cuyas actividades se regirían por los principios de certeza, legalidad, e independencia.

Al dar a conocer la pretendida iniciativa, muy pronto se formaron opiniones muy caliicadas para echar por la borda su contenido.

Entre los argumentos más contundentes, encontramos aquellos realizados en el sentido de que nacionalizar las elecciones era una franca violación a la soberanía de los Estados y al pacto federal, pues parte de la soberanía estatal radica en poder elegir a sus representante de conformidad con las normas, principios e instituciones creadas por los propios estados, y al crear una legislación electoral nacional, con un ámbito de validez también nacional, se violentaba la soberanía estadual.

No obstante, hoy aparece nuevamente el debate sobre la mesa, tal vez con algunos argumentos nuevos, pero con la misma inalidad: crear un sistema nacional de elecciones para todo el país, con la consiguiente desaparición de los Institutos Electorales y Tribunales Electorales de la República Mexicana.

II Argumentos a favor de la nacionalización de las elecciones y su refutación

Pero ¿Qué es lo que se argumenta para sostener la propuesta?

Se argumenta la existencia de una duplicidad de funciones, entre autoridades electorales federales y locales, y por tanto la factibilidad de que una sola autoridad se haga cargo de la organización de las elecciones en todo el país.

Respecto de este punto, lejos de pensar como la mejor solución la nacionalización de las elecciones, se debe pensar en fortalecer la autonomía e independencia de todas las autoridades electorales, y organizar esquemas de cooperación institucional que permita el desarrollo de la función electoral de manera óptima.

En ese sentido, es digno de mencionar que el Instituto Federal Electoral (IFE), con la inalidad de establecer las condiciones del trabajo de colaboración entre ese Instituto y los 14 institutos electorales locales para las elecciones de presente año (2013), propuso la elaboración de un modelo de convenio único, para:

Establecer relaciones de cooperación con todos por igual, con claridad de criterios, conocidos de antemano y en las mismas condiciones, sin excepción.

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Establecer los campos generales de colaboración.

Fortalecer las relaciones de los órganos electorales locales con los Vocales Ejecutivos del IFE, al ser los mejor capacitados para atender y resolver asuntos en los estados2.

Con ello, se generó el compromiso de irmar, en fechas próximas, el convenio de apoyo y colaboración, con el propósito de lograr el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la organización de los procesos electorales, tanto a nivel federal como estatal.

Así las cosas, necesitamos más acciones contundentes como la mencionada, para ir fortaleciendo la autonomía e independencia de las autoridades electorales federales y locales.

Por otra parte, a favor de la nacionalización de las elecciones, también se argumenta que con la eliminación de los órganos electorales de las entidades federativas, se obtendría un ahorro signiicativo en las elecciones.

Este argumento, sin duda no toma en consideración que el presupuesto del Instituto Federal Electoral (IFE) para el año 2012, en el cual solo organizó las elecciones federales, fue de 15,953 millones, 899 mil pesos -1,222, millones, 989,568, dólares-3.

Mientras el presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), fue de 2,368 millones, 962,800 pesos -181 millones 599,296 dólares-4.

Esto es, el presupuesto de ambas autoridades electorales fue alrededor de más de 18,000 millones de pesos -1,379, millones, 838,976, dólares-.

En las entidades federativas, contamos con la información del gasto en promedio de 26 tribunales electorales del país en año electoral –donde el presupuesto tiende a ser mayor que en años no electorales-, el cual asciende en su totalidad a 656 millones de pesos -50, millones, 287,468, dólares- (Díaz Santana, 2012: 6) Bajo este cálculo, los 32 tribunales no llegarían a 900 millones de pesos.

Solo a manera de ejemplo, en EU, las elecciones costaron aproximadamente 6,000 millones de dólares, según el prestigiado Centro de Política Responsable (CRP)5.

Si solo comparamos el presupuesto asignado al TEPJF -2, 368 millones, 962, 800 pesos-, con el otorgado a 26 tribunales electorales de las entidades federativas -656 millones de pesos-, no necesitamos mucho esfuerzo intelectual, para predecir que si desaparecemos

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de un plumazo los órganos jurisdiccionales...

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