Iniciativa Legislativa de los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, Alfa González Magallanes, Rodrigo González Barrios, Carlos Reyes Gámiz, Fernando Cuéllar Reyes y Valentín Maldonado Salgado, delGrupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear una nueva autoridad electoral, así como condiciones más equitativas en las elecciones y para el fortalecimiento de los principios democráticos., de 14 de Agosto de 2013
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOSPARA CREAR UNA NUEVA AUTORIDAD ELECTORAL ASÍ COMO CONDICIONES MÁS EQUITATIVAS EN LAS ELECCIONES Y PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS Planteamiento del Problema Las sucesivas reformas electorales federales quese han aprobado desde 1977 hasta la última que se aprobó en 2008, se han puesto a prueba en innumerables procesos electorales federales y locales, cuyos resultados arrojan varias lecturas, de las que podría desprenderse que no solamente existen aún varios temas pendientesde resolver, sino que se suman ahora una lista de nuevas asignaturas que ya creíamos resueltos por un amplio consenso, el cuál sin embargo, se ha desgastado al punto de generar un amplio debate sobre la pertinencia de emprender una restructuración de gran calado que involucre tanto la autoridad electoral federal como las locales, en una nueva entidad que revierta con el andamiajes institucional adecuado la intromisión caciquil de los gobernadores en la conducción de los procesos electorales locales y municipales, mediante la cooptación de los órganos electorales de las entidades federativas, el desvíode recursos públicos, la compra y coacción del voto, la operación de estructuras de financiamiento paralelo y el uso político de los programas sociales federales y locales, como se acreditó en los pasados comicios estatales desarrollados durante 2013. Argumentos Debemos recordar que después de la reforma electoral de 1996, vimos en el proceso de 1997 una mucho mayor competencia electoral entre los partidos políticos, fundamentalmente por los mecanismos de financiamiento más equitativosy por todas las implicaciones que tuvo la ciudadanización del máximo órgano electoral del país, en todas las decisiones que adoptaron para la organización y el desarrollo de los comicios, en la probada imparcialidad e incorruptibilidad del Consejo General del IFE que marcó ese proceso de cambio democrático en México. En buena medida, el éxito de la reforma se midió con la pérdida de la mayoría absoluta del entonces partido hegemónico, el Revolucionario Institucional (PRI). Los ciudadanos observaron la recomposición de fuerzas políticas en el Congreso de la Unión y la alternancia franca en el poder, sobre todo en la capital del país, y se quedó con un saldo positivo de las instituciones electorales. En el año 2000, ya muchas voces de la sociedad, de la academia, de los comentaristas políticos alertaron acerca del abusivo uso del dinero para posicionar candidatos y partidos político, sobre todo en televisión. Sin embargo, estas preocupaciones perdieron eco con el triunfo de la oposición en la Presidencia de la República por primera vez en casi 70 años, y ese hecho de alguna manera atenuó las críticas al sistema electoral. Aunque quedaron consignados los casos de gasto excesivo de campaña detectados en el esquema de Amigos de Fox y la enorme corrupción que significó el desvío de fondos de los trabajadores petroleros en favor del candidato del PRI en el escándalo conocido como Pemexgate. Las indagatorias que realizó el IFE sobre ambos casos se toparon con los mismos obstáculos: la negativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a entregar al órgano electoral la información que resultaba necesaria, con el argumento de que estaba impedida para hacerlo, pues sería violatorio de los principios legales de los secretos bancario y fiduciario. En 2003, la presencia del dinero en la política volvió a mostrar su rostro distorsionador y corruptor de la libre voluntad popular, con los gastos excesivos de campaña, las escasas capacidades fiscalizadoras de la autoridad electoral, los escándalos derivados del manejo de dinero para campañas políticas, los casos emblemáticos consignados en los famosos videoescándalos y, como resultado de todo ello, el asombro y el enojo ciudadanos por el dispendio oneroso de recursos y de spots de promoción de partidos políticos y candidatos en radio y televisión. La sospecha de que el interés ilícito de la delincuencia organizada y de los poderes fácticos con todo y su financiamiento penetraban en los procedimientos y mecanismos de competencia política fue confirmándose durante estos años. Todo ello se agravó meses después cuando se renovaron las autoridades del IFE, por una mala formación de las nuevas autoridades electorales en que, lejos de haber sido procesada por un amplio consenso de la representación política nacional, imperó el acuerdo entre el PRI y el PAN, y ambos lograron partidizar las lealtades de los consejeros electorales, y vulnerar la gran autoridad y legitimidad de que había gozado el Instituto Federal Electoral en su primera época, con la cual pudo hacer frente a los grandes desafíos que hemos descrito. Finalmente, todo esto hizo crisis en la elección presidencial de 2006. El manejo indiscriminado del dinero, de los mensajes televisivos, del dolo de algunos notables empresarios contra nuestro candidato, la guerra sucia mediática, la intervención presidencial en favor del candidato oficial, el titubeo de la autoridad electoral debido a deudas e intereses de grupo previamente adquiridos, entre otros muchos factores, infligieron al sistema electoral y político el máximo daño posible: erosionar la credibilidad del sistema y de la legitimidad del proceso y, obviamente, del resultado; sin más, el daño irreversible provocado a la legitimidad de las autoridades surgidas de ese proceso, con el agravante, también, obvio y natural, de no contar con el reconocimiento del competidor más importante, que en democracia, es este último hecho, el que cierra el proceso electoral en cualquier país del mundo. En el Congreso de la Unión, el PRD empezó a alertar acerca de la necesidad de profundizar en las normas electorales, y una y otra vez nuestras bancadas presentaron iniciativas de reforma constitucional y de ley para fortalecer las atribuciones de la autoridad electoral, para limitar los gastos de campaña, para acotarlos, para promover principios de mayor equidad en la contienda electoral, para promover austeridad y mesura en el gasto de campaña, para ir acotando el financiamiento público y prohibir de plano el financiamiento privado. En nuestro grupo parlamentario, estamos convencidos de la necesidad de contar con verdaderas autoridades electorales, que se conduzcan con imparcialidad en sus resoluciones y en la conducción de su función, los casos recientes ligados al proceso electoral de 2012, arrojan resultados muy cuestionables, que han afectado la credibilidad del Consejo General del IFE, y puesto en duda, una vez más la legitimidad de los resultados electorales, por la grave violación de los principios elementales que deben regir toda elección, en particular, la equidad de la contienda ya que se usaron recursos de procedencia desconocida y estructuras de financiamiento paralelo para sostener operativos para la compra del voto, mucho hubiera aportado a nuestra democracia,si la autoridad hubiera actuado como un verdadero arbitro electoral, por ello, y por el agravio causado, es queestamos presentando esta iniciativa para insistir en nuestro compromiso de transitar por una verdadera vía electoral construyendo verdaderas instituciones electorales de un verdadero estado democrático y de derecho. Además de lasinnumerables irregularidades registradas en los procesos electoraleslocales del pasado 7 de julio de 2103, por primera vez en la historia de nuestro país secometieronuna serie de hechos de violencia relacionados con el crimen organizadoque impactaron de manera directa su desarrollo,a tal grado que candidatos de varios partidos fueron obligados a declinar sus candidaturas, yla gente en varias entidades no tuvolas condicionesmínimas de seguridad , para que pudiera salir a votar, por lo que se registró un alto porcentaje de abstencionismo que osciló en un 60% del electorado, superior en más de diez puntos porcentuales al que habitualmente se registra en este tipo de elecciones. Frente a estos hechos lamentables que las autoridadesno han podido esclarecer y mucho menos castigar, es que debemos emprender la ruta de una nueva reforma electoral de gran calado, que evite los abusos de poder de los gobernadores, yen su caso de las autoridades federales, evitando que continúencon el uso indebido de recursos públicos a través de acciones gubernamentalesy de los programas sociales a favor o en contra de un determinado partido político o candidato. Necesitamos una reforma electoral que obligue a la autoridad correspondiente a que se investiguen y sancionen de manera eficaz yoportuna, todo hecho delictivo que se cometa entorno a los procesos electorales que se desarrollan en todo el país, tanto por servidores públicos, funcionarios partidistas, funcionarios electorales, candidatos o cualquier persona. Es imprescindible que los institutos electorales garanticen la equidad en el desarrollo de la contienda, actuando de manera objetiva, dentro del marco de legalidad previamente definido para las elecciones locales y federales futuras. Es necesario recordar que actualmente el Instituto Federal Electoral que fue diseñado por el Constituyente ya contempla una serie de facultades que puede ejercer como autoridad electoral nacional; tal es el caso de las materias referentes al padrón electoral, la credencial de elector, así como supapel central en la administración de los tiempos de radio y televisión dentro del modelo de comunicación política tanto para las elecciones federales como locales, que es uno de los principales logros de la reforma electoral de 2008. En ese sentido, contamos con la norma prevista en la fracción V enúltimo párrafo del artículo 41 constitucional que permite la posibilidad decooperación entre la autoridad federal electoral y las autoridades electorales locales, a través de convenios con el Instituto Federal Electoral para que éste se haga cargo de la...
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