Iniciativa parlamentaria que expide una nueva Ley Minera; y reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal de Derechos, y de Coordinación Fiscal., de 23 de Septiembre de 2014
Que expide una nueva Ley Minera; y reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal de Derechos, y de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD
Planteamiento del Problema
La minería del país ofrece un panorama de claroscuros; su importante dinamismo en lo económico que entrega a manos llenas riquezas a unos cuantos, contrasta con la situación de los mineros y de los integrantes de las comunidades mineras, que ven cada vez más alejada la justicia social, condición que de acuerdo a la OIT es la base de un auténtico desarrollo, bienestar y paz. Desde esta perspectiva, la justicia social es la acción sistemática y permanente a cargo del Estado, basada no en la mera justicia conmutativa, sino en una verdadera equidad, para que todos por igual gocen a plenitud de sus derechos humanos, así como de oportunidades de desarrollo, condiciones necesarias de la dignidad humana.
Partiendo de lo anterior es preciso señalar que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la minería es uno de los sectores más dinámicos de la economía mexicana. Las estadísticas así lo reflejan: la inversión registró un máximo histórico de 25,245 millones de dólares durante el período 2007-2012, y en este último año se alcanzó el más alto valor de producción minero-metalúrgica registrado, con 21,318 millones de dólares. México está entre los diez primero lugares del mundo en la producción de plata, plomo, zinc, oro y cobre.
Según la misma fuente oficial en 2012 se generaron 328 mil empleos formales de manera directa en el sector minero y se crearon 1.6 millones de empleos en forma indirecta. La industria minera es la cuarta generadora de ingresos al país, por encima del turismo, y por debajo de las exportaciones automotrices, la industria eléctrica y electrónica y el petróleo.1
Diversos estudios señalan que si bien la minería en México cuenta con un gran potencial, tanto en sus reservas como en la posibilidad de generar encadenamientos productivos industriales nacionales, éste no ha sido aprovechado satisfactoriamente.
El precio del oro pasó de 409.2 dólares por onza en 2004 a 1 568.6 dólares en 2011.2 El alza en los precios del oro ha favorecido al sector minero mexicano. Asimismo, los gastos en exploración minera, a nivel mundial, se han disparado. En 2011 América Latina fue el principal destino de estos gastos y México ocupó el primer lugar en la región y el cuarto en el orbe.3
En 2011 operaban en México 288 empresas extranjeras, de las cuales 208 eran canadienses, 46 estadounidenses, 8 chinas, 5 australianas, 4 japonesas, 4 coreanas, 3 inglesas, 2 peruanas y 2 hindús. Esas compañías trabajan en 803 proyectos, de los cuales aproximadamente 504, esto es 62 por ciento, tienen por objeto la producción de oro y plata.4
En consecuencia, la producción de oro en México se incrementó notablemente, pasando de 20.8 toneladas en 2002 a 88.6 en 2012, es decir, se más que cuadruplicó en 10 años.5 Actualmente México ocupa primer lugar mundial en la producción de plata y el décimo en la producción de oro.
La producción de plata se elevó a 4 510 toneladas en 2012. Esta cifra colocó a la plata como el principal producto de la minería nacional en términos de valor. El valor de la producción de oro en 2011 fue de 53 220 millones de pesos mientras que el de la plata fue de 58 422.6
No obstante estos resultados, la variación real anual promedio de crecimiento que registró el sector en el periodo 2006-2012 fue de menos 0.4 por ciento, siendo el único de los sectores de la economía que presentó una tasa negativa.7
Adicionalmente, la participación del sector minero en el producto interno bruto (PIB) mexicano no ha tenido prácticamente cambios. En 2003 y 2004 representó poco menos de 6 por ciento y de 2005 a la fecha, alrededor del cinco por ciento.8
Es así que el sector minero, aún con todos sus potenciales, no ha sido palanca del desarrollo económico de nuestro país por varias décadas. Por ejemplo, en 2011 se generaron 309 722 empleos, el dos por ciento del empleo nacional y 0.6 por ciento de la población económicamente activa. Adicionalmente, ese empleo se caracteriza por ser temporal, mal pagado, muy peligroso y por incluir escasamente a la población local.
Este panorama muestra la falta de relación entre, de un lado, la concentración de la actividad en las grandes empresas; los niveles de inversión; los resultados en volumen y valor de la actividad; los elementos de competitividad que dan las leyes nacionales a los empresarios del sector; y, de otro, el decrecimiento del sector; su estancamiento con relación al PIB; mínima generación de empleo; inexistencia práctica de derrama económica al país; y crecimiento de pasivos sociales y ambientales.
La historia nos ha mostrado la inviabilidad de convertir al país en un corredor por el que salen todas sus riquezas, sacrificando el crecimiento económico y sin beneficiar a la población.
Por ello, desde el punto de vista económico, es necesaria una visión de Estado que aplique una política de desarrollo industrial en la que uno de sus objetivos sea la construcción de encadenamientos productivos y en donde la minería aporte los insumos para la producción de bienes de capital y de alta tecnología, nacionales, así como de bienes intermedios y finales. Asimismo, el sector minero contribuiría con divisas para financiar el desarrollo del país.
De acuerdo con los datos disponibles, en la actualidad casi el 30% del territorio nacional, equivalente a 52 millones de hectáreas, se encuentra concesionado o asignado para la minería, a través de más de 27 mil títulos otorgados por el gobierno federal. A pesar de que ésta es una actividad que contribuye al desarrollo económico, aunque aún de forma insuficiente, genera impactos sociales y ambientales negativos, por lo que se deben fortalecer los instrumentos jurídicos que la regulan.
La situación que prevalece en el sector minero, sus retos económicos y productivos en un entorno de competencia mundial creciente y el deterioro social y ambiental que ha causado conducen a una necesaria revisión de la legislación que rige dicha actividad. La Ley Minera en vigor data de 1992 y fue promulgada en un contexto social y económico muy diferente al que vivimos hoy. En aquel entonces la economía mexicana iniciaba su apertura hacia la competencia mundial y se requería de un fuerte impulso a la minería como a otras actividades productivas. Sin embargo, a más de 20 años de distancia, es posible identificar las distorsiones que ha sufrido la actividad minera, en detrimento del desarrollo económico del país, sin beneficiar a los municipios y comunidades donde se asientan las explotaciones y con un alto deterioro social y ambiental como se ha dicho. En estas circunstancias, la revisión integral del marco jurídico que regula esta importante actividad es una tarea inaplazable.
En esa misma ruta las fuerzas políticas que integraron el más novedoso esfuerzo de concertación de los últimos años, el Pacto por México, suscribieron el compromiso de promover una nueva ley. Así se plasmó en el compromiso 61 que señala:
Se expedirá una nueva Ley para la Explotación Minera que revise el esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción. Los recursos emanados de estos derechos se aplicarán prioritariamente en beneficio directo de los municipios y comunidades donde se establezcan las explotaciones mineras. Se llevarán a cabo mecanismos de concertación para respetar las tradiciones y la cohesión social de las comunidades en cuestión. Se prohibirá la explotación minera del carbón mediante tiros verticales, en tanto no se garantice la plena seguridad de los trabajadores mineros que eviten las tragedias que han sucedido en este sector.
Argumentos
La presente iniciativa parte de que es insostenible el actual estado de cosas que priva en la actividad minera nacional. Estamos convencidos de que se requiere una nueva política y una nueva legislación minera, que impulsen la inversión productiva y, en cuanto a la segunda, contenga las regulaciones que permitan su armonía con los derechos de los trabajadores, destacadamente en materia de seguridad e higiene, que preserve la ecología, que escuche y haga copartícipes a las comunidades de la riqueza generada y que entregue al país los beneficios económicos que tanto necesita.
La nueva ley pretende convertir a la minería en la actividad productiva promotora del desarrollo que se armoniza con los derechos a la vida y salud de los trabajadores, a la preservación del medio ambiente, al derecho de las comunidades a ser informadas y a ser respetadas también en sus derechos a la salud, al desarrollo, a su dignidad y a preservar sus valores culturales. En virtud de lo anterior, se señala en el cuerpo del decreto, que esta Ley es de interés social, es decir que tiene por esencia el impulso a la actividad minera y el beneficio, la participación, la tutela, y el desarrollo de la comunidad.
Además se establece que la política minera del Estado mexicano se guía en los principios de eficiencia, competitividad, sustentabilidad, justicia social, racionalidad en la organización y explotación de los recursos minerales de la nación, dentro de un concepto integral del desarrollo regional y de cohesión social. Complementariamente, que esta política será respetuosa de los derechos humanos y laborales, y responsable con la protección del medio ambiente.
En el proyecto se amplían los sujetos que se regularán por la Ley Minera, de manera que tengan acción legal en defensa de sus derechos, para evitar en los posible arbitrariedades en su contra y, al propio tiempo, llevar a cabo las tutelas necesarias: los trabajadores y las organizaciones que los representan, los miembros de las comunidades, ejidos y poblaciones afectadas o que puedan resultar...
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