Iniciativa parlamentaria que reforma el artículo 23 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en beneficio de los hijos de madres reclusas., de 10 de Marzo de 2016

Que reforma el artículo 23 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, Mariano Lara Salazar, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 23 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La niñez, principalmente en los primeros 8 años de vida, es la etapa en la que se forman los valores, las ideas, los conceptos y se desarrolla la personalidad; se reafirma la confianza en sí mismo, se crean los lazos afectivos con los familiares, principalmente con la madre 1 , entre otras características.

Lamentablemente no todos los niños y niñas de nuestro país cuentan con las posibilidades de desarrollarse física y emocionalmente. Algunos de los aspectos fundamentales que impiden su sano crecimiento pueden ser económicos, culturales, demográficos o simplemente porque no se esté garantizando con plenitud el interés superior de las y los niños, en este caso nos referiremos concretamente a los hijos de madres reclusas.

Actualmente no existe una cifra oficial de cuántos niños y niñas se encuentran viviendo dentro de las cárceles junto a sus madres. Lo que sí sabemos, por diferentes estudios, es que la gran mayoría de las internas tiene un promedio de 3 a 3.5 hijos, muchas de ellas se embarazan en las visitas conyugales. 70 por ciento de las reclusas se encuentra en el rango de edad que oscila entre los 18 y 35 años de edad 2 .

Tomando sólo como referencia, y para darnos una perspectiva del problema, en un artículo de El Financiero, en Santa Martha Acatitla se les permite a las reclusas tener a sus hijos con ellas siempre y cuando éstos hayan nacido dentro de las instalaciones. Asimismo, el artículo señala que 60 por ciento de las internas se embaraza en prisión 3 , ahondando con ello la complejidad del tema en cuestión.

Otro dato a mencionar es que en el estudio Niños y niñas invisibles, hijos e hijas de mujeres reclusas , se señala que el delito por el que están purgando una pena las mujeres se distribuye de la siguiente manera: 36 por ciento por delitos relacionados por traslado de drogas; 33 por ciento por delitos relacionados con la propiedad; 14 por ciento por homicidio y 4 por ciento por lesiones; 3 por ciento robo de infante; 2 por ciento por secuestro; 2 por ciento por delitos sexuales y 6 por ciento restante por un conjunto de otros delitos 4 .

También es importante apuntar que ante la falta de oportunidades para ingresar a la educación media superior y superior; y ante la falta de oportunidades de empleos bien remunerados, derivada del deficiente mercado interno y el bajo dinamismo de la economía, muchas mujeres con hijas e hijos delinquen por su precaria situación económica y el deseo de cubrir las necesidades básicas de sus hijos como son la comida, la salud, la vivienda y vestido y por supuesto, la educación.

Actualmente la población penitenciaria 5 es del orden de 257 mil 291 internas e internos. Las entidades federativas que mayor población concentran son la Ciudad de México con 38 mil 668; el estado de México con 25 mil 98 y Jalisco con 18 mil 379 reclusas y reclusos.

De conformidad a las cifras presentadas por la Comisión Nacional de Seguridad a febrero de 2015, a nivel nacional hay capacidad para albergar internos de 203 mil 228 espacios en el Sistema Nacional Penitenciario 6 ; sin embargo, en dicho sistema existe una sobrepoblación de 26.6 por ciento, es decir, hay una saturación de casi 55 mil personas 7 .

Del total de la población en el sistema penitenciario, sólo 5 por ciento, es decir, cerca de 13 mil personas, son mujeres. De esa cifra, 80 por ciento tiene hijos, es decir, 10 mil 400 mujeres tienen 3.5 hijos. Se estima que en las cárceles de nuestro país viven alrededor de 36 mil 500 hijos e hijas que se ven afectados por tener a la madre en prisión 8 .

Actualmente, los centros penitenciarios son focos de infección. Las condiciones en que se “vive” en estos centros violan los derechos humanos de los presos. Los baños siempre se encuentran sucios, deambulan por doquier chinches, piojos, cucarachas; la comida está en pésimas condiciones y, sobre todo, existe mucha corrupción.

Por otra parte, para el ejercicio fiscal de 2016 se le asignaron al programa de Administración del Sistema Federal Penitenciario, recursos por 17 mil 972 millones de pesos 9 . Las necesidades de las penitenciarías son alimentos, uniformes, agua, medicamento, servicios administrativos, de defensoría pública y trabajo social, costo por juicio, etcétera.

Dichos recursos son más que los que se pueden destinar a otros programas relativos a educación, salud, seguridad social, vivienda, de fomento a las Mipymes (tan sólo al Fondo Nacional del Emprendedor se le destina menos de la mitad de ese recurso), programas de capacitación para el trabajo, etcétera.

Además de los costos al erario público, se debe tomar en cuenta los gastos que realizan los familiares de los reclusos. En ese tenor, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) denominado Las mujeres invisibles: los verdaderos costos de la prisión ” 10 , señala que las familias sufren todo tipo de afectaciones que van desde las emocionales hasta las monetarias. La autora, Catalina Pérez Correa, puntualiza algunas de las siguientes conclusiones: • Costos Económicos : en el caso del recluso, se da por la pérdida de algún empleo en que se hubiera desempeñado. En el de los familiares, porque gastan (para sus internos) en comida, agua, ropa, cobijas, zapatos, tarjetas de teléfono, medicamentos, enseres para higiene personal, entre otros. En este sentido, entre algunos de los principales costos se encuentran: - Tan sólo para llegar a los centros penitenciarios, 75 por ciento gasta 50 pesos y el restante entre 51 y 200 pesos. - Cuotas por ingresar comida, ropa, enseres, etcétera, van desde los 5 a los 80 pesos. - Para que el familiar pueda ingresar (y/o para ingreso de acompañante) se le piden entre 51 y 250 pesos. - Las cuotas que se les piden a los familiares por cuestiones relacionadas con la vida de los internos dentro del reclusorio...

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