El asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa el pasado lunes 12 en la Autopista del Sol confirmó el talante autoritario y represor del gobierno guerrerense, el mismo que en su afán de exculparse de los homicidios hizo una tibia purga en el gabinete. No fue suficiente. Videos, testimonios y peritajes no dejan lugar a dudas y el mandatario Ángel Aguirre Rivero deberá asumir los costos de la barbarie, que podrían incluir un juicio político. Por lo demás, ya son muchas las ocasiones en que ha ignorado las demandas de los normalistas, cuya tradición de lucha es tan grande como las carencias de las escuelas normales del país.
El secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, y la canciller Patricia Espinosa se reunieron en privado con integrantes de la comisión bicamaral de Seguridad Nacional; ante ellos reconocieron que sí hay agentes estadunidenses en México, pero aseguraron que tienen funciones acotadas y su actuar no viola la soberanía nacional. Incluso el Cisen, afirman, “los monitorea”. Sin embargo, para el senador petista Ricardo Monreal la operación de esos extranjeros sí es violatoria de la Constitución y el asunto es tan grave que hace a Felipe Calderón “sujeto de juicio político”.
, tiene como propósito presentar un análisis genérico del procedimiento del Juicio Político mexicano, mismo que es agotado tanto por la Cámara de Diputados, como por la Cámara de Senadores; evidenciando deficiencias tanto técnicas, como impedimentos políticos para su eficaz aplicación, cuestión por la cual, desde la mirada de la autora resultan necesarios determinados ajustes precisamente en su procedimiento. Palabras claves: Constitución, poder, control constitucional y defensa constitucional Aspects of the impeachment procedure in Mexico has the purpose to present a generic analysis of the Mexican impeachment procedure, which has been extensively approached by both the Deputies Chamber, as well as by t...
La inmunidad es un privilegio del que disfrutan diplomáticos, legisladores y altos funcionarios de un gobierno para evitar ser perseguidos judicialmente por motivos políticos; es decir, se establecen previsiones especiales que hacen que dichos servidores públicos sean sujetos a procedimientos legales excepcionales para protegerlos de una persecución política. Esto no quiere decir que no pueden ser castigados por sus acciones; únicamente que hay un procedimiento especial (juicio de desafuero o juicio político) antes de enfrentar a los tribunales o instancias ordinarias.
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