La CFC protegió interés público
Confieso que he vencido un rubor al escribir estas líneas. Un espacio tan valioso como las páginas de Proceso debería ser empleado para abordar temas de trascendencia, los que preocupan a los lectores de esta revista, es decir, a los ciudadanos que desean participar en la vida pública y lo hacen a partir de informaciones y análisis que merecen su confianza. Pero el examen de la picaresca política nacional a través de un espécimen que la sintetiza y representa es también una labor de interés público. Aspiraría a que después de conocer la vida de un pícaro los electores se abstuvieran de llevar a las cámaras o a la función pública a alguien más con las mismas características.
INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LA PÓLIZA EXPEDIDA POR UN CORREDOR PÚBLICO EN LA QUE CONSTAN EL PAGO DE ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL DE UNA EMPRESA CON LA APORTACIÓN DE BIENES INMUEBLES, POR SÍ SOLA ES INEFICAZ PARA ACREDITARLO.
Urge una radical renovación generacional y ética de la clase política nacional. Es iluso imaginar que a partir de una serie de reuniones públicas televisadas los mismos políticos de siempre se despertarán y ahora sí trabajarán en función del interés público. Lo que se necesita es un nuevo movimiento juvenil combativo y propositivo que sacuda a los políticos profesionales y prepare el camino para un relevo integral de la clase gobernante.
El ejercicio de la libertad de expresión adquiere un valor preferente cuando se trata de personas públicas y de casos de interés colectivo. En ese supuesto, los derechos de la personalidad reducen su esfera de protección. Hay, con todo, una tensión constante en estos derechos fundamentales en conflicto. Alfredo Rivera Flores, un escritor de Hidalgo y hombre de un prestigio sin mella, está a punto de perder su patrimonio –como han perdido ya él y su familia la tranquilidad durante varios años– por revelar datos de interés público del señor Gerardo Sosa Castelán, una persona pública en un caso de interés general. Veamos por qué.
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